ONU, pandillas y derecho en El Salvador

Resumen

Este artículo examina la convergencia entre las resoluciones recientes de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre terrorismo y derechos humanos y el marco jurídico salvadoreño construido para enfrentar el fenómeno pandilleril en supuestos normativamente definidos. La hipótesis central es que el problema jurídico salvadoreño no puede ser comprendido si el análisis comienza únicamente en la fase coercitiva del Estado. Antes de la captura, del requerimiento y del juicio existió un déficit prolongado de protección frente a estructuras que afectaron de manera sistemática la vida, la integridad, la propiedad, la residencia, la movilidad, la educación y la actividad económica de amplios sectores sociales. A partir de una metodología dogmático-jurídica y de una lectura sistemática de fuentes primarias y de doctrina académica relevante, el trabajo reconstruye la línea que va de las resoluciones A/RES/76/169, A/RES/78/210 y A/RES/80/213 —con apoyo contextual explícito en A/RES/79/122— a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la sentencia 22-2007 AC, el Decreto Legislativo No. 551, el Decreto Legislativo No. 803 y el régimen de excepción declarado por el Decreto Legislativo No. 333. El estudio concluye que la protección reforzada de la población y el debido proceso no constituyen categorías incompatibles: la primera solo resulta jurídicamente sostenible cuando opera dentro de legalidad estricta, control judicial, imputación personal, defensa técnica, contradicción y motivación individualizada.