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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 11, mayo - agosto, 2025 Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
Reconfiguración estructural de relaciones de clases sociales: el caso de la formación social de Honduras
Structural reconfiguration of social class relations: the case of the Honduran social formation
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Este trabajo tiene la licencia
Recibido: 01/02/2025 Aprobado: 23/05/2025
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Roberto Briceño Jiménez[78]Universidad Nacional Autónoma de Honduras Docente e investigador |
Resumen
El objeto de este análisis es explicar las transformaciones de las relaciones entre formas de clases sociales en, el periodo de instauración neoconservadora del Estado burocrático autoritario en Honduras 1990- 2021. El espacio del antagonismo de clases es el impacto del modelo de explotación extractivista neoliberal, imposición de plustrabajo, ocupación territorial y desposesión de comunidades o unidades de economía doméstica, producción y apropiación de plus producción, en condiciones de espacios privilegiados de acumulación y poder.
Este análisis verifica que el antagonismo entre clases dominantes y subalternas ha reconfigurado las relaciones sociales, erigiéndose dirigente la burguesía financiera articulada a la industrial extractivista y propietaria de medios de información. El Estado autoritario neoconservador militarizado, se ha instaurado como representación de forma democrática, garante de reproducción, expansión y concentración de capital. El dominio
neoconservador combina ideología fundamentalista con represión militar y control individual, con capacidad de reducir el Estado funcional a sus exclusivos intereses.
Palabras claves: Capitalismo, Control gubernamental, Dictadura, Opresión, Obstáculos al desarrollo.
Abstract
The purpose of this analysis is to explain the transformations of the relations between forms of social classes in the period of neoconservative establishment of the authoritarian bureaucratic state in Honduras 1990-2021.The space of class antagonism is the impact of the neoliberal extractives model of exploitation, imposition of surplus labor, territorial occupation and dispossession of communities or units of domestic economy, production and appropriation of surplus production, in conditions of privileged spaces of accumulation and power.This analysis verifies that the antagonism between dominant and subordinate classes has reconfigured social relations, with the financial bourgeoisie emerging as the leader, linked to the extractives industry and owner of the media. The militarized neoconservative authoritarian state has established itself as a democratic representation, guarantor of reproduction, expansion and concentration of capital. Neoconservative rule combines fundamentalist ideology with military repression and individual control, with the ability to reduce the functional state to its exclusive interests.
Keywords: Capitalism, Government control, Dictatorship, Oppression, Obstacles to development.
Relaciones estructurales de clases sociales, relaciones sociales de poder
La lucha de clases reconfigura espacios de poder y relaciones entre clases sociales. El espacio en el que se disputan medios y posiciones de poder es el Estado. En el sistema de relaciones sociales capitalistas, los fundamentos de poder son la propiedad privada sobre los medios de producción y el poder de posesión de valores producidos por el trabajo, en relaciones de explotación y sobreexplotación del trabajo, cosificado en mercancías ajenas a sus productores directos.
En Honduras las relaciones de poder, han sido históricamente relaciones primarias y las formaciones de clase dominante fueron grupos constituidos en forma de oligarquía con base terrateniente primero y desde el periodo posguerra, desplazada por la burguesía agraria e industrial y financiera, que constituida en clase dirigente local y trans nacionalizada, ha surgido de la nueva división internacional del trabajo, por expansión capitalista primario_ exportadora, de crecimiento y acumulación y concentración, por diversificación productiva del capitalismo agroindustrial.
Hasta la década de los años 1980, la formación de clase dirigente de la burguesía agroindustrial, neooligárquíca y la burocracia militar, local controlaban y se disputaban medios de dominación y espacios privilegiados de poder en el Estado, garante de los intereses del capital transnacional y de la burguesía local.
Sin embargo, la burguesía local basada en la producción industrial comercial y financiera constituyó formaciones de clase representada en asociaciones empresariales, todas coaligadas con el COHEP, como su máxima representación desde 1967, asociadas ahora al Concejo Empresarial de América Latina, CEAL.
Desde su constitución, el COHEP ha sido la representación de clase dirigente o hegemónica de los intereses de la burguesía en el país. En el Estado los grupos en posiciones burocráticas, incluyendo los estamentos de alto estatus jerárquico, de la burocracia militar, se han constituido en las formas del bloque de poder de clases dominantes, dirigente.
Cuando el sistema de relaciones de poder, constituido en el Estado ha sido amenazado por fuerzas de coaliciones antihegemónicas, las formas de clase dirigentes se han coaligado en bloque de poder, apoyadas en los organismos de dominación del Estado, alternando en la estrategia de conservación del sistema de dominación, entre formas institucionales democráticas y reformistas a regímenes políticos burocrático, autoritarios y coherentes con modelos de desarrollo capitalista.
Quienes han estudiado los procesos de reforma y la constitución del Estado social de derecho, atribuyen a estos cambios, la particular diferencia de la formación social hondureña, donde los movimientos revolucionarios que surgieron no se internalizaron en representaciones sociales de colectividades de clases subalternas, como fuerza social insurgente, por efecto de las reformas que limitaron las bases sociales de apoyo para la transformacion social.[79]
En la década de 1980, la amenaza sistémica, fue su propia crisis cíclica, afectando de modo diferenciado a la economía y las relaciones sociales en el país, por su condición subordinada al capitalismo desarrollado y a la estrategia hegemónica del imperialismo estadounidense.
Esta crisis se caracterizó por la reducción de la participación en el mercado internacional, la insolvencia crediticia, por alto endeudamiento externo a extremos impagables y profundización de las relaciones de dependencia con Estados Unidos y los organismos financieros internacionales.
Las contradicciones de la crisis en las singularidades de sociedades de capitalismo subalterno o dependiente , las relaciones con el capitalismo expansivo e imperialista, en el caso hondureño, hicieron surgir fuerzas insurgentes atomizadas y dispersas del fraccionamiento de movimientos políticos de clases dominadas, contra fuerzas hegemónicas de las oligarquías locales coaligadas con la burguesía transnacional y sus organismos de gobierno hegemónico imperialista: el Banco Mundial, (BM) Fondo Monetario Internacional, (FMI) la Organización Mundial de Comercio, (OMC) y el Departamento de Estado con su comando sur Estados Unidos, sus fuerzas de ocupación regional.
La solución a la crisis capitalista y de las contradicciones antagónicas de clases, era inherente a la solución política de la conflictividad regional en la razón de seguridad nacional de Estados Unidos. La presión de los movimientos sociales en el país por el retorno a la forma constitucional republicana obligó al liderazgo burocrático del régimen militar a instaurar los órganos institucionales para elegir la constituyente que restaurara la forma de Estado liberal, constitucional de derecho y el sistema económico en estado de crisis, adoptando el consenso de Washington.
De la restauración conservadora a la instauración del Estado autoritario neoliberal de la reacción neoconservadora
El antagonismo que polarizó la crisis capitalista y la solución imperialista surgió en correspondencia con los intereses de la burguesía y sus representaciones de clase dirigente configurada en la estrategia del modelo neoliberal-extractivista, de crecimiento y acumulación de capital por ocupación territorial, depredación de recursos, sobreexplotación del trabajo, concentración de capital e imposición del modelo de Estado autoritario neoliberal, por medio de la estrategia contra revolucionaria, basada en la doctrina de seguridad nacional, una guerra de baja intensidad contra las acciones colectivas de movimientos de clases subalternas en resistencia.
La presión de los movimientos sociales, y el surgimiento de potenciales fuerzas insurgentes en estado de guerra de baja intensidad con ocupación militar estadounidense, hizo que el Estado de forma transicional democrática, no pudiera ocultar su esencia antidemocrática, represiva autoritaria y violenta. Los resultados fueron las violaciones sistemáticas a los derechos civiles, sociales y culturales con prácticas represivas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones de potenciales enemigos del sistema, por fuerzas paramilitares y militares.
Las formas dirigentes de clases dominantes constituyeron organismos de mediación y legitimación, de aparente reforma democrática, incluyendo la restitución y actualización de emergentes partidos políticos, con el fin estratégico de la ocupación y desposesión de los medios de consumo colectivo y los espacios territoriales vitales para las comunidades más antiguas, a través de la restauración neoconservadora, mistificada como modernización del Estado.
La perspectiva se fundamentó en el “Consenso de Washington” el año de 1986. El referido consenso modifica el modelo neoliberal de Estado social de derecho, por la regulación del sistema mundo capitalista, debido al predominio del capital financiero y la desconcentración del capital invertido, más la concentración de las ganancias.
Las reformas estructurales transformaron las relaciones Estado-sociedad civil, por medio de la intervención directa sectorial. Dávalos,[80] explica que por medio de los proyectos sectoriales el Banco Mundial, al mismo tiempo que privatiza al Estado, impone disciplina a la sociedad en las lógicas mercantiles del neoliberalismo. Se refiere a las relaciones basadas en la racionalidad de libre mercado, la libertad del individuo y la imposición hegemónica de control biopolítico.
El modelo racionaliza instrumentalmente la estrategia de acumulación y concentración de capital estableciendo regímenes de ejercicio de poder que combinan formas de legitimidad democrática con violencia y corrupción funcionales a la reproducción del sistema de explotación.
La estrategia es geopolítica de gobierno, basada en las regulaciones de mercado global y a nivel de biopolítica local, la disciplina social se impone con medios de control social, que difunden un pensamiento homogéneo fundamentalista, auspiciado por agencias ideológicas de tradición religiosa, en el cristianismo católico-protestante, incluye negación y abolición de los derechos sociales colectivos, esta mediada por la propaganda política de libre iniciativa individual y la criminalización de las luchas o protestas sociales.
Las luchas son entre formas o grupos sociales de clases dominantes y dominadas. Las reformas estructurales son coherentes con los intereses de las clases hegemónicas y dominantes. La instauración del modelo de Estado neoliberal es un triunfo de la burguesía financiera, industrial-extractivista y propietaria de medios de información, constituida en clase dirigente, local y transnacional.
La reforma estructural del sistema instituyó e instauró una nueva división del trabajo y ocupación territorial, para producir y acumular capital en condiciones de sobre explotación del trabajo, concesión de recursos naturales y espacios públicos reducidos a espacios privados.
El cambio normativo o institucional, tiene la perspectiva estratégica de consolidar el régimen de propiedad privada reduciendo al Estado limitado, por relaciones de mercado, pero al mismo tiempo facilitador, garante burocrático eficiente de las relaciones de explotación para la acumulación de capital por medio de la explotación del trabajo precarizado y la apropiación de plus producto.
Las reformas institucionales se programaron en la racionalidad de la acumulación y desconcentración de capital y en correspondencia con políticas de liberalización de operaciones de mercado. Forman parte de procesos de expansión capitalistas y lucha de clases, en disputa por el control y liberalización de las fuerzas productivas y la privatización del Estado.
La concepción implícita en la estrategia capitalista global, es la nueva división internacional del trabajo, en la que las economías periféricas son reducidas a la reprimarización de actividades económicas extractoras de recursos exportables y espacios de reconversión industrial en zonas libres, o parques industriales, de productos de exportación, por medio de la sobre explotación de fuerza de trabajo en relaciones de mercado laboral tercerizado o en condiciones laborales precarias, todo en beneficio de la producción de plus producto y la acumulación absoluta y concentración de capital.
La sobreexplotación de fuerza de trabajo está determinada por la exclusión de relaciones de trabajo instituidas y por la expulsión de fuerza de trabajo de las comunidades, lo que cambia las formas de producción preexistentes y residuales, destruye las relaciones de trabajo concreto por relaciones de trabajo asalariado, transforma los campesinos expulsados, de productores directos en asalariados o trabajadores explotados por subsunción formal en el mercado, más fuerza de trabajo excluida de las formas de sociales de producción.
La implantación institucional, del modelo incluye la instauración estructural del Estado, de forma que sea funcional a las relaciones de libre empresa y libre mercado. En este caso, la modernización institucional implicó reformas constitucionales para des territorializar espacios estatales o públicos, priorizando los intereses privados.
El programa de ajuste y modernización incluyó cambios institucionales en el Estado para facilitar el funcionamiento del libre mercado y la privatización del Estado, en beneficio de los explotadores. En contradicción con las otras formas de vida social, preexistentes instituyó la exclusión social, por desposesión de las formas sociales de clases dominadas: comunidades en territorios costeros y yacimientos mineros o cuencas hidrográficas. También instituyó las relaciones de sobreexplotación del trabajo por tercerización y precarización de derechos sociales de trabajadores.
Las políticas de articulación al mercado mundial, por producción primario extractivas son históricas, pero de mayor expansión en áreas de extracción mineras, agua, energía hidroeléctrica, eólica y otras. La particularidad del modelo, en este caso es que la inversión es libre de obligaciones de inversión o reinversión en políticas sociales y ambientales, sin condicionalidades de transferencia de tecnología: prioriza ventajas para las corporaciones y es excluyente por desposesión de territorios y de los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
Las políticas privatizadoras incluyen la ocupación y desposesión territorial, la transferencia de empresas de servicios públicos. Esta inversión extranjera directa -IED más que aportar a la generación de empleo e incremento del ingreso, reducen el espacio público, privatizando el Estado e incrementa las obligaciones del mismo Estado con las empresas, precariza derechos sociales y culturales e incrementa la exclusión social, concentrando la función estatal subordinada al libre funcionamiento del mercado, en demanda de servicios y construyendo infraestructura para viabilizar condiciones de reproducción ampliada de capital.
En consecuencia, la lucha de clases que resurgió contra las políticas neoliberales de privatización, desposesión y abolición de derechos sociales y culturales de las comunidades y otras formas de coaliciones de clases subalternas, tiene particularidades y rasgos comunes que analiza el presente estudio. Las particularidades son inmanentes a intereses por medios, espacios económicos y poder, en disputa entre formaciones coaligadas de clases hegemónicas y dominantes, por la privatización del Estado y espacios territoriales más los privilegios concesionarios disponiendo de medios instituidos de dominación política.
La burguesía dirigente instaura el Estado burocrático neoliberal autoritario
La instauración institucional se inició en 1990 – 1994. El gobierno presidido por Rafael Leonardo Callejas legalizó reformas monetarias, devaluación reducción del déficit fiscal por medio de la reducción (Zárate, 2003)presupuestaria del gasto corriente e inversión pública, el efecto inmediato fue el incremento del desempleo, empobrecimiento, en beneficio del incremento y el aumento de plustrabajo e incremento de plusvalor, transferido por la producción exportadora al capital transnacional.
El modelo de desposesión por privatización impone con violencia, hace viable la corrupción burocrática vinculada a los grupos de clase dominantes. Los resultados valorados en esta etapa inicial se reducen a compensación de crédito internacional por medio de condonación de una parte de deuda externa bilateral con Estados Unidos, leve crecimiento económico a la tasa de 1.5% y relativa reducción de la tasa inflacionaria.[81]
La continuidad de la instauración neoliberal se justificó con los efectos producidos por el desastre en riesgo social causado por el fenómeno atmosférico huracán Mitch. Las políticas de reconstrucción se articularon al incremento de la IED, lo que explica por qué en este intervalo de 1997 a 2004, es el periodo de mayor incremento de capital transnacional en Honduras.
En términos de significado ambiguo, el régimen que presidieron Carlos Flores y Ricardo Maduro, se propuso fortalecer la democracia participativa, por medio de políticas descentralizadoras equivalentes a la participación de las iniciativas individuales o privadas, en sentido diferente a la apertura institucional de participación ciudadana. Opciones que se limitan y reducen en la razón de privatización del Estado y el espacio público.
En relación con la forma de gobierno se propuso fortalecer la democracia mediante la participación pública y la toma de responsabilidades por la ciudadanía. Sin embargo, la desposesión de espacios colectivos des territorializan las comunidades, la participación se reduce a individuos privilegiados con derechos de propiedad. Las políticas del modelo se imponen autoritariamente en gobierno de formalidades democráticas con participación ciudadana de formas poliárquicas de clase dirigente en antagonismo con formas de coaliciones de clases subalternas en protestas colectivas antineoliberales
Los resultados de la gestión autoritaria durante el periodo de gobierno se describen a continuación: En agosto de 2001, la relatora de Derechos Humanos de la ONU verificó las denuncias del CODEH, señalando ejecuciones extrajudiciales sumarias y arbitrarias, aparte de los crímenes ejecutados por las maras y el crimen organizado que desafiando la política de tolerancia cero, cometieron asesinatos múltiples en medios de transporte colectivo y en diferentes lugares.[82]
La valoración de la política autoritaria de cero tolerancias, que impuso el Estado autoritario, resulta que incrementa la violencia e inseguridad ciudadana. Esta se concentra en la seguridad de reproducción del capital, más que en la seguridad humana, reduce los espacios públicos de los que se posesionan las organizaciones criminales. Los órganos represivos imponen terror para establecer control social aboliendo de hecho, la vigencia de los derechos humanos. En sucesos como el incendio del presidio de San Pedro Sula, donde fallecieron 107 privados de libertad, verificado y sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, impuso demanda al Estado que, obligado, admitió su responsabilidad en 2010[83]. Las denuncias de ejecuciones de hecho continúan impunes por omisión, o por disfuncionalidad institucional, la consecuencia es negación de justicia.
En economía se registró un crecimiento medio de 4.5% anual entre 2004 y 2005. Como resultado del fomento a la producción y exportación de la industria maquiladora y el incremento de las agroexportaciones, café y bananos.[84]
Priorizó la reducción del déficit fiscal, la estabilización macroeconómica y el cumplimiento de obligaciones por servicio de deuda sobre promesa de reducción de la pobreza extrema.
La reducción de déficit fiscal resultó por disminución y congelamiento de los salarios, ajustes y reducción de empleo público e incremento tasa tributaria e ingresos fiscales. El año 2005 los tecnócratas del gobierno celebraban la reducción del déficit fiscal a 2.7% y el FMI con otros organismos financieros, reconociendo esos resultados concedieron condonaciones equivalentes a un 64% de la deuda externa.[85]
Otro logro celebrado por el gobierno fue la firma del tratado de Libre Comercio de Centroamérica con República Dominicana y Estados Unidos CAFTA-RD. Viabilizado por reducida oposición entre las organizaciones de clases subalternas y la ausencia de un movimiento popular que impugnara y rechazara el tratado, más con el apoyo del Partido Liberal en el congreso se aprobó el Tratado.
El régimen mantuvo la continuidad de política exterior subordinada a los intereses estratégicos de Estados Unidos, ordenó enviar 370 soldados a Irak, sumándose a las fuerzas de ocupación de EU, otros contingentes de Centroamérica y España entre 2003 y 2004.En correspondencia con ese apoyo subordinado, EU concedió 215 millones de dólares en el acuerdo de la cuenta del milenio firmado en junio de 2005, destinada a inversión en reconstrucción de infraestructura.[86]
El programa de ajuste fue valorado exitoso por el gobierno y los organismos financieros internacionales, OFI auspiciados por EU, pero provocó el rechazo popular contra los despidos masivos de trabajadores. El deterioro de los derechos sociales, las concesiones de recursos naturales, fuentes de agua y minas, las privatizaciones y los hechos de corrupción denunciados: el pasaportazo, y el gasolinazo o las redes de tráfico de combustibles y nacionalidades. (tráfico de pasaportes y de documento nacional de identificación).
Las políticas privatizadoras y los hechos de corrupción conocidos estimularon el resurgimiento de protestas populares, constituyendo una coalición de formas sociales de clases subalternas, dirigidas por la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular (CNRP) en 2003 en movilizaciones sincrónicas por la recuperación de recursos naturales de los territorios.
Contradicciones inter oligárquicas: intento de cambio post -neoliberal del gobierno de José Manuel Zelaya Rosales -2006 a 2009
El presidente José Manuel Zelaya Rosales, asumió por triunfo electoral de Partido Liberal que representaba, ganó las elecciones con 47 por ciento de la ciudadanía participante entre cinco partidos políticos de la contienda el 27 de noviembre de 2005, esa participación electoral que lo eligió es igual al 25 por ciento de la ciudadanía apta para elegir, inscrita en el padrón electoral del año de referencia. [87]
Esa representación relativa es indicadora de reducida legitimidad en la dirección política del Estado por la clase dirigente para sostenerse hegemónica con capacidad de representación formal, en las instituciones que, articuladas funcionalmente en el sistema político, tuvieran capacidad de establecer un régimen de unidad política estratégica. La tendencia deslegitimadora surgió de las contradicciones al interior de la clase dominante por intereses divergentes entre formas de clase, que se han disputado el control del Estado para imponerse dirigente y realizar sus intereses exclusivos de acumulación y concentración de capital.
La forma oligárquica de clase dirigente se dividió desde la configuración dominante de la burguesía financiera, industrial, extractivista y mediática, relavando a la antigua forma tradicional oligárquica terrateniente, representada en los espacios políticos partidarios por caudillos locales nacionalistas y liberales.
El sistema de partidos políticos de Honduras surgió instituido con orientación ideológica burguesa liberal, su referente primario siguen siendo fundamentos y pautas formales, del liberalismo político burgués, aún con relativas diferencias interpartidarias entre liberalismo clásico, de representación formal democrática y liberalismo neoconservador autoritario, expandido y representación hegemónica de la globalización capitalista neoliberal.
El gobierno que presidió José Manuel Zelaya Rosales inició su gestión con el dilema entre la continuidad autoritaria neoconservadora de imposición neoliberal o la estrategia de restaurar el Estado social de derecho liberal democrático burgués, el primer año de gobierno se veía continuidad de régimen político autoritario, las manifestaciones populares eran reprimidas, pero expresó contradicciones con representaciones de la nueva clase dirigente.
En diciembre de 2006, el gobernante Zelaya fue convocado a reunión por un grupo de capitalistas invitados por Miguel Facusé, el más influyente líder burgués agroindustrial, la sesión se realizó en su finca Farallones, el objeto de la reunión fue la presentación de un plan de inversión pública privada en la que el Estado sería el mayor inversionista disponiendo de fondo de reserva del Banco Central que tenía un balance de reserva monetaria en incremento.[88]
Los actores principales de organización de gobiernos y estrategias de regímenes políticos históricamente ha sido atribución de hecho asumida, por grupos corporativos de clase dirigente que cooptaron los espacios estatales para privilegiar sus intereses, subordinando los intereses generales de la sociedad, a sus fines exclusivos. Esas formas de clase dirigente establecen espacios de lobby para imponer decisiones políticas, legalizando prácticas y procedimientos de corrupción que les permite operar habilitados por escudos de impunidad e inmunidad y protección para apropiarse recursos del Estado- Nación.
La exclusividad de ocupación y apropiación de espacios públicos por cooptación de instituciones u organismos burocráticos de gobierno anarquiza y priva de soberanía al Estado, inhabilitado de su función unificadora de clase burguesa, divide a la clase dominante, genera tensiones y contradicciones internas, disputándose espacios y medios de poder entre grupos o formas de clase dominante, provoca el antagonismo con las colectividades coaligadas de clases subalternas.
Los antagonismos se relacionan con la división oligárquica, las demandas populares de coaliciones de clases subalternas en resistencia antineoliberal y la demanda histórica de clase dirigente para garantizar y sostener la continuidad del sistema de explotación capitalista neoconservadora.
El gobierno liberal que presidió José Manuel Zelaya pretendió restaurar el Estado liberal democrático social de derecho, legitimarse instituyendo espacios de participación directa que sustituyera las formas de representación establecidas en la forma de gobierno por la democracia participativa mediante consulta ciudadana para elegir asamblea constituyente originaria que aprobara y emitiera el decreto de nueva constitución.
La intención de cambio institucional provocó la reacción neoconservadora, al decretar políticas de gestión contradictorias con la estrategia neoliberal de instauración y consolidación del modelo de posesión y explotación capitalista, privilegiando la acción individual privada en correspondencia con intereses de la nueva clase dirigente.
La contradicción interna del gobierno del Presidente Zelaya es que las representaciones de clase dirigente rechazan hasta elementales reformas que limiten sus posesiones de espacios para ejercicio de relaciones de poder, de hecho, cualquier intento de cambio en esas relaciones provoca reacciones contra potenciales amenazas a sus intereses y la primera reacción es la unidad de clase dirigente cooptando todos los organismos de gobierno, conspirando contra las políticas de reforma institucional para instaurar las formas que viabilizaran la participación democrática y ampliación del espacio social público de intervención estatal. Paradójica y simultáneamente el gobierno continuó incrementando presupuesto militar, principal fuerza de ocupación garante de control o poder de clase dirigente en redes de control ideológico político, comparativamente según norma internacional instaurada por ONU, el presupuesto militar no debe ser mayor que 01%, uno por ciento del PIB, en este caso “el presupuesto militar entre 2000 y 2009 tuvo variación positiva de 104.2% del PIB”[89].
El control de la industria extractiva decretó una moratoria oficial de las concesiones mineras, reforma agraria con la emisión del decreto 2008-2018. Que ordenaba la redistribución y entrega de títulos de propiedad al campesinado que ocupaba y cultivaba tierras desde una década anterior.[90]
Limitó términos de contratos con empresas quimico farmacéuticas que siendo privilegiadas por gobiernos anteriores proveian de medicamentos, materiales y equipo de salud a la secretaria correspondiente, argumentando fraude por la baja calidad y eficacia de los productos que incluían medicamentos vencidos.
A principio de 2009 el gobierno intentó hacer convenio de importación de genéricos de Cuba incluidos en los acuerdos de la Alternativa Bolivariana para las Américas, (ALBA). Esta intención provocó la oposición de las corporaciones farmacéuticas que mediante una campaña mediática apoyada por el Colegio Quimico Farmacéutico demandaban la restitución de la relacion contractual y denunciaban la relación con Cuba y Venezuela.[91]
.Modificó la fórmula de la relación de intermediación de los oligopolios de importación y distribución de productos derivados del petróleo, por acuerdo vigente desde el año de 1992, con cuatro corporaciones transnacionales que en relación oligopólica proveian energéticos al Estado y distribuidores privados.
Habilitado por el acuerdo de asociación al ALBA, el gobierno hizo convenio de importación de energéticos con PETROCARIBE. Esta medida provocó la oposición del COHEP y el Departamento de Estado, a través de la embajada del gobierno de Estados Unidos,se pronunció amenazando con suspender la ayuda al gobierno de Honduras.
En enero de 2007, el Presidente Zelaya denunció que el principal problema del sistema politico hondureño es que ha conferido privilegios, en leyes, contratos y concesiones que benefician a determinados grupos, pero discriminan segregando inmoralmente a las mayorías.
El intento de construir el aeropuerto internacional en Palmerola ocupado por la principal base militar de Estados Unidos aqui, fue objeto de impugnación por la corporación administradora de Aeropuertos, INTEREIPOR, que simultaneamente ha sido beneficiaria privilegiada de contratos para generación de energía térmica, por medio de la empresa LUFUSA, más la oposición velada de la embajada de Estados Unidos.
Decretó el incremento al salario mínimo para todos los trabajadores, entre 2006 y 2009,en 60 por ciento ese año y en promedio el incremento anual fue de 19.3,[92] justificado por la reducción de salarios reales, efecto de incremento de precios de productos de consumo básico y congelamiento de salarios, en contexto de ajuste económico neoliberal.
El ajuste de salarios provocó reacción de oposición antagónica de la clase dirigente, representada en sus organizaciones, COHEP y ANDI, expresando rechazo, en campaña mediática, propaganda deslegitimadora contra el gobierno.
Reducción de las tasas de encaje bancario desde 35% al 10% con el objetivo de incentivar la inversión privada en la industria de la construcción principalmente.[93]
La iniciativa de reforma política que elevó la tensión inter oligárquica, fue la de una encuesta o consulta ciudadana que se haría en cuarta urna simultanea de las elecciones generales de noviembre de 2009, por medio de la cual se consultaría a la ciudadanía si estaban de acuerdo con la elección de una Asamblea Constituyente, que decretara una nueva constitución.
La encuesta se realizaría en consulta popular ciudadana en la que se preguntaba si o no estaba de acuerdo en que en las elecciones generales se instalara una cuarta urna en la que votaría si estaría de acuerdo o en contra de que se convocara a una asamblea Nacional Constituyente que aprobaría un nuevo decreto de constitución de la República.
La oposición a la encuesta referida fue la principal justificación del golpe de Estado, el 28 de junio de 2009. Para la clase dirigente resultaba contrastante que el gobierno representante de su clase, estuviera ejecutando políticas que en su razón de fines afectaba intereses privados, las dirigencias de los trabajadores, organizaciones campesinas y comunitarias más partidos de oposición, valoraban con dudas y crítica las acciones de politcas redistributivas del gobierno.
Golpe de Estado, actores Consecuencias
El Gobierno presidido por José Manuel Zelaya no pudo instaurar unidad politica de su gobierno, la forma gobierno con poderes independientes era realmente de poderes instituidos pero divergentes en relacion con el poder ejecutivo: El Congreso Nacional la Corte de Justicia y las Fuerzas Armadas estaban cooptados por grupos de clase dirigente que conspiraban contra el Ejecutivo.En consecuencia la fragmentación y antagonismos vulneró la legitimidad y unidad politica del gobierno central, para sostenerse y establecer bases seguras de continuidad en su estrategia de desarrollo capitalista postneoliberal.
Contra esa estrategia en proceso de estructuración participativa posneoliberal y critica del modelo de acumulación capitalista, se constituyó la coalisión de fuerzas sociales de clase dirigente neoconservadoras antidemocráticas, para derrocar el gobierno constitucional que presidia Manuel Zelaya Rosales.
La coalición neoconservadora fue dirigida por el departamento de Estado de Estados Unidos, representado por su embajada y el Comando Sur, internamente el Estado mayor de las Fuerzas Armadas, las representaciones de partidos politicos Liberal, Nacional Demócrata Cristiano, en el Congreso Nacional, la Corte de Justicia, formas corporativas de la burguesía financiera e industrial extractivista y propietaria de medios de informacion y control social lideres religiosos fundamentalistas, se coludieron conspirando contra las politicas que valoraban como amenaza a sus intereses y privilegios exclusivos[94].
El golpe de Estado militar configuró claramente dos coaliciones de clases sociales antagónicas: la burguesía dominante unida defendiendo sus intereseses y privilegios, las formaciones de clases subalternas coaligadas y movilizadas en Frente Nacional de Resistencia Popular contra el golpe de Estado, en estrategia de revertir el golpe de Estado y restituir el gobierno Constitucional.
El antagonismo de clases movilizadas entre ressistencias, reacción neoconservadora y represesión, incrementó violencia extrema en ejecuciones selectivas y operaciones de represión masiva usando armas letales y explosivos contaminantes, con elementos quimicos.
El informe de la Comisión de la Verdad presenta verificadas 20 muertes, 12 causadas por uso de armas letales y gases lacrimogenos contra manifestaciones multitudinarias y 8 ejecutadas selectivamente por la represión militar durante las protestas y movilizaciones contra el golpe de Estado.[95] Este hecho provocó la coalición movilizada de colectividades de clases subalternas en resistencia popular, coordinadas por el FrenteNacional de Resistencia Popular, en todo el país, demandando la resttitución del gobierno Constitucional y restauración de derechos fundamentales.
El Estado fue sancionado por la OEA y excluido temporalmente del sistema de Naciones Unidas, excluido de acceso a fuentes de financiamiento, por lo que el régimen de facto optó por crédito interno de alto costo financiero en beneficio especulativo de la nueva burguesía financiera; incremento de empobrecimiento por excclusion social de la mayoria de hogares de acceso a medios de consumo colectivo y espacios laborales.
La deuda interna se incrementó en 60%, el año 2009, todos los indicadores sociales negativos se incrementaron en tendencia regresiva : desigualdad de ingresos, pobreza y pobreza extrema, expulsión de población en variable movimientos de forma multitud éxodos migratorios,incremento de la desigualdad económica,el 20% de población de mayores ingresos tiene ingresos veinte veces mayor que el ingreso del 20 por ciento de los hogares de menores ingresos.[96]
Unidad politica y continuidad de regimen politico de clase dirigente neoconservadora
El Presidente Zelaya Rosales con algunos Secretarios de Gobierno en contradicción con representaciones de clase dirigente neoconservadora intentó constituir coalición de organizaciones y movimientos de base social, en clases subalternas y gobiernos postneoliberales, críticos de la hegemonia estadounidense; pero no logró constituir unidad de regimen politico que impulsara la estrategia posneoliberal de desarrollo alternativa al modelo neoconservador, antidemocratico autoritario. Las fuerzas neoconservadoras acelararon y ejecutaron el golpe de Estado militar, el dia 28 de junio, dia en que se realizaría y verificaria la consulta popular.
El Presidente fue despojado de representación de su partido Liberal, en alianza con el Partido Nacional y otras representaciones de la nueva oligarquía, conspiraron desde los organismos de gobierno para expulsarlo de la presidencia de la República y secuestraron trasladándolo, via Palmerola, base militar de Estados Unidos, a San José de Costa Rica, donde lo recibió el Presidente Oscar Arias. Ese hecho presentó caracteristicas de operación sincronizada y se interpreta que fue planificado y ejecutado por actores externos e internos dirigidos desde el Departamento de Estado y su Comando Sur que dispone fuerzas de ocupación en Honduras.
Régimen político pos golpe de Estado
La oligarquía emergente de la burguesía financiera, agroindustrial extractivista apoyada en el alto nivel burocrático de las Fuerzas Armadas y el departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de su embajada y el Comando Sur impuso la instauración e intensificación de políticas autoritarias, antidemocráticas de militarización y de privatización del Estado, por desposesión territorial de patrimonios contra las comunidades, espacios públicos y transferencias a grupos privados para explotación capitalista.
En noviembre de 2009, bajo control militar y el abstencionismo de la oposición, se impuso la continuidad del régimen. El departamento de Estado de Estados Unidos, por medio de su embajada, apoyó la campaña de promoción y reconocimiento formal por la forma representación aparente, del gobierno autodenominado de “Conciliación Nacional”. Presidido por Porfirio Lobo Sosa del Partido Nacional.
El 22 de abril de 2010, por Decreto 17-2010, se incrementó las tarifas de consumo de energía eléctrica, las tasas tributarias de importación de vehículos ampliaron la base tributaria, gravando los ingresos medios y bajos, reduciendo la cobertura a los grupos de mayores ingresos; en el país 0.02% de las unidades económicas más grandes, están exentas de pagar tributos por más de 50 años. La diferencia en razón de carga tributaria es 18 % los de mayores ingresos 42% los de menores ingresos. Este es indicador de reproducción de desigualdad de obligaciones e ingresos y diferencias de privilegios entre grupos de la burguesía inclusive.[97]
Las medidas corresponden al acuerdo avalado por el Ejecutivo, con el FMI y el Departamento del Tesoro del gobierno estadounidense, con el compromiso de incrementar la recaudación fiscal, para tener crédito por un monto de entre 2,500 a 3,000 mil millones de dólares.
La presión de los OFI es reducir la inversión social, reduciendo la burocracia estatal e incrementar cobertura de tasas tributarias, para reducir déficit fiscal en perjuicio de trabajadores pequeños y medianos productores y privilegiando la exclusividad exenta de grandes unidades económicas capitalistas.
En agosto del año referido el congreso aprobó 41 proyectos entre ellos, concesionarios de cuencas hídricas para extracción de energía renovable, que implican expropiación y desposesión de fuentes de agua y territorios de comunidades. Restituyó la prórroga de contratos a las empresas generadoras de energía térmica, LUFUSA y ELCOSA.
El gobierno restauró el régimen policial militar, con asesoría de inteligencia militar y policial de Colombia, ha establecido un sistema de espionaje, control coactivo y de eliminación selectiva en acciones de crímenes impunes categorizados como “falsos positivos”.
La primera acción represiva fue ejecutada por fuerza militar del X batallón, contra unas 600 familias campesinas que, organizados en cooperativas agrícolas, ocupaban tierras nacionales cultivadas de maíz donde también habían construido sus viviendas. Las que el burgués agroindustrial Miguel Facusé se adjudicó propietario.
La militarización se impuso ocupando comunidades y fincas del campesinado del Aguán, para habilitar de propiedades agrarias a los burgueses agroindustriales, que se atribuyen propiedad privada esas áreas cultivadas en posesión de campesinos.
El informe presentado por una delegación internacional de comunicadores sociales, en conferencia de prensa, en el COFADEH, el 20 de diciembre de 2010, informaron que fueron testigos de violentos desalojos de familias campesinas, en el Bajo Aguán norte del país y en Zacate grande, costas de la bahía de Fonseca, en el sur, señalando responsabilidad del mismo terrateniente, Miguel Facusé Barjún, apoyado por fuerzas militares y paramilitares.[98]
La represión policial militar y paramilitar, más las organizaciones criminales incrementó la violencia en muertes por homicidios de 66.8% a 77.5% Los años de mayor frecuencia de homicidios en el país fueron entre 2009 y 2016 y entre ese intervalo los años 2011 y 2012, se registraron las mayores tasas de violencia extrema, estos dos años la tasa de homicidios como indicador extremo de violencia fue de entre 86 y 87 por cada 100mil habitantes.
Entre 2009 y 2021 hubo 68,038 muertes por homicidios en tasas de variación anual de entre 41 y 87 por ciento.[99]Más del 90% de las víctimas son jóvenes de entre 20 y 30 años de edad con el agravante de que entre el 90 y 95% de los casos de violencia se guardan y ocultan en impunidad por deficiente sistema de seguridad y justicia acotada por representaciones organizaciones de mafias criminales camufladas de agentes de gobierno.
Los incrementos de violencia en los años de referencia se relacionan con represión política selectiva, crimen organizado por mafias de narcotraficantes coludidos con autoridades civiles y militares que han infiltrado los organismos de defensa, seguridad y justicia instrumentalizando las instituciones para protegerse en escudos de impunidad. Organismos de gobierno desde la Presidencia de la República, el hecho ejemplar es que el ex gobernante Juan Orlando Hernández está siendo juzgado en Cortes de New York por dirigir operaciones de narcotráfico, más 41 extraditadas y extraditados, entre ex policías, alcalde y diputados, aparte de los demás narcotraficantes, pendientes de captura, para extradición a Estados Unidos.
Antes fue enjuiciado el expresidente Rafael Leonardo Callejas acusado de recurrentes hechos de corrupción en ejercicio de la presidencia de la Republica, privado de su libertad murió en Estados Unidos, en abril de 2020.
En Honduras la totalidad de esos corruptos, criminales, narcotraficantes han estado libres, limpios sus expedientes de registro de sus actos de corrupción y crímenes en apariencia hasta de simples infracciones. La represión de organizaciones criminales y sus agentes ha estado dirigida en los términos de los intereses de la organización que cooptó los organismos de gobierno para el saqueo de recursos públicos, dominios territoriales, espacios de dirección política y vínculos de asociación con grupos de la burguesía financiera, industrial y mediática.
La sucesión del régimen político neoconservador continuó dirigida por el Partido Nacional que se impuso en elecciones de noviembre de 2013 con su líder Juan Orlando Hernández, máximo jefe de mafia de narcotraficantes, paradójicamente apoyado por el gobierno de Estados Unidos.
El 6 de setiembre de 2013, puso en vigencia la Ley orgánica de las ZEDES, Decreto ley 120-2013, (Poder legislativo., 2013) en el que se impone la ocupación territorial y desposesión de comunidades de sus territorios para convertirlos en enclaves de desarrollo capitalista autónomo del Estado nacional, violando la constitución de la República y las leyes secundarias del Estado hondureño.
El principal fundamento constitucional que viola esta ley de ZEDES, es el artículo 107 de la Constitución de la República, que delimita los espacios territoriales inalienables, más la ley que regula la adquisición de terrenos en los espacios delimitados. La aprobación de la Ley Orgánica de las ZEDES implica que el Estado concesiona soberanía a colonias o enclaves coloniales autónomos regidos por derecho inglés.[100]
El régimen politico autoritario instaurado postgolpe de Estado impuso sus propios códigos y protocolos para legalizar prácticas de corrupcion y criminalidad en forma de representación institucional; pretendiendo adecuar la instauracion legal de su regimen dictatorial imponiendo reformas constitucionales y leyes secunadarias que permitiera operar con apariencias de legalidad:
· El gobierno que presidió Porfirio Lobo Sosa “impuso una nueva reforma constitucional que en criterio de ellos habilitaría las Ciudades Burbujas y acompañó la reforma con la emisión de la Ley Orgánica de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”[101]
· La ley de ZEDES es inconstitucional porque legaliza dominios territoriales por propietarios extranjeros en espacios que la Constitución delimita inalienables y solo pueden ser ocupados por nacionales, territorios fronterizos dentro de cuarenta kilómetros, igualmente en áreas insulares del mar territorial.
· El régimen impuesto pretendía establecer espacios acotados de uso exclusivo de extranjeros para sobreexplotación laboral, lavado de capitales narcotráfico, construidos escudos para protección de grupos corporativos libertarios y mafias criminales.
· La ley de ZEDES da “facultades propias del Estado a un equipo mayoritariamente extranjero, como es el caso del CAMP cuya composición es técnicamente de extranjeros. El CAMP usurpa facultades y atribuciones de otros Poderes del Estado”[102]
Pretendiendo legitimidad decretaron programas sociales focalizados condicionados a la reproducción social y acumulación de capital: el 28 de febrero de 2014, por decreto ejecutivo aprobó el programa “Con Chamba vivís mejor” focalizado a grupos sociales desempleados y con discapacidades:
a. Jóvenes que no estudian ni trabajan,
b. Jefes de hogar desempleados y en situación de pobreza,
c. Personas con discapacidades,
d. Los desempleados que no han podido encontrar trabajo formal.
El artículo 7 del decreto citado, especifica que los recursos serán los del “Fondo de Solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema”.[103]
La política es coherente con categorización focalizada de los beneficiarios en la racionalidad instrumental de costo beneficio, la inversión es de fuente pública a privada, empresas seleccionadas participantes en el programa reciben los recursos. El Gobierno invierte recursos públicos, en empresa privada, con la justificación de producir demanda de fuerza de trabajo y reducir el desempleo, mistificando la inversión pública con inversión de capital privado, que realmente es subsidio más exoneraciones tributarias sumando beneficios a la reproducción ampliada de capital, por el Estado, que asume obligaciones crediticias con organismos financieros externos.
La política laboral descrita resulta coherente con la ideología del modelo, porque en su razón legitimadora, libera al Estado de inversión en la producción, pero hace excepción de facultad de transferir recursos públicos al capital privado, con el agravante que estos recursos son financiados por crédito externo que el Estado suma a la deuda pública socializada e impuesta como obligación de la generalidad social.
La violencia y la militarización por seguridad refuerzan el régimen autoritario: el Estado reduce el espacio público, en beneficio de las formas de capital privado que ocupan los espacios públicos y comunes, pero simultáneamente, el régimen concentra y refuerza el autoritarismo, para seguridad del capital privado.
La emergencia decretada por inseguridad y violencia fue el argumento para legalizar la policía militar que impone el orden. La estrategia de consolidación del régimen autoritario es coherente con la estrategia de seguridad regional de los Estados Unidos y el capital transnacional. La justificación de la militarización es defensa de la frontera sur de Estados Unidos y el control del narcotráfico.
La militarización incluye el militarismo socializado, como representación social, por disciplina y obediencia impuesta a niños de barrios empobrecidos, para instruirlos en actividades de seguridad y defensa e ideología militar con el programa de “Guardianes de la Patria” denunciado por organizaciones de derechos humanos, por violación a los derechos de la niñez y la adolescencia.
Militarización de la seguridad ciudadana, el 24 de agosto de 2013 por decreto 168-2013 creó la Policía Militar y del Orden Público con atribuciones de seguridad en cooperación con la policía Nacional constituida por las Fuerzas Armadas para defensa de la soberanía y mantenimiento del orden público.[104] El año 2015 pretendió atribuirle rango constitucional a esta policía, pero la oposición política en el Congreso Nacional lo rechazó negándole aprobación.
El régimen político se impuso concentrando atribuciones de otros órganos de gobierno asumiéndose autoritario con poder para abrogar la constitución en lo referente a forma de gobierno y derechos fundamentales viabilizar su reelección presidencial. Así se impuso gobernante, Juan Orlando Hernández en noviembre de 2017 para ejercer la presidencia dos periodos consecutivos.
Desde la vigencia de la actual constitución de la República, Decreto 131 de 1982 fue primera vez que el gobernante en funciones, Juan Orlando Hernández, líder del Partido Nacional hizo que la Corte Suprema de Justicia en 2015, declarase suspensión de aplicación de los preceptos constitucionales que prohíben la reelección presidencial,[105] artículos 4 y 239. La oposición política protestó contra la reelección, sin embargo, inscribieron candidatos y concurrieron a las elecciones, reconociendo a su oponente candidato de facto, que por denunciadas prácticas de fraude se impuso reelecto gobernante en 2017.
Los resultados negados y rechazados por la oposición provocaron movilizaciones contra fraude electoral. Sin embargo, fueron validados por el Tribunal Supremo Electoral con la aprobación del Consulado de Estados Unidos representado por la funcionaria cónsul Heide Fulton.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos cifró en al menos 22 las víctimas mortales durante las protestas post-electorales, 13 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad. La oposición denunció casos de tortura, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales […] Se produjeron numerosos cortes de carreteras. También, en algunas zonas del país, saqueos de comercios y negocios.[106]
Las imposiciones de aceptación autoritaria de resultados de procesos electorales develan la esencia dictatorial del régimen con monopolio concentrado para sí, de organismos de ejercicio de poder y dominación antagónica, con las expectativas democráticas de las mayorías de representaciones de clases subalternas.
El régimen dictatorial pos golpe consolidó el poder dictatorial de clase dirigente
Los cambios de posición estructural se relacionan con cambios o movimientos en las disputas por la posesión de recursos o medios de ejercicio de poder cristalizado en el Estado. Lo esencial en el análisis de relaciones entre clases sociales, son los cambios estructurales en las relaciones sociales de explotación de clases por sus contradicciones y luchas. Las actividades de mayor dinamismo en el periodo de referencia fueron las de intermediación financiera las agropecuarias, industriales las comunicaciones, electricidad y distribución de agua. La tendencia de movimiento ascendente es el capital financiero. La burguesía financiera se ha situado en la posición dominante en condición de uso del capital financiero como medio de acumulación y de dominación en las relaciones de circulación y reproducción ampliada de capital, articulada a la burguesia industrial extractivista y de medios de información. Las políticas de liberalización de mercado programadas y ejecutadas con base en amplias ventajas comparativas desde el programa de ajuste estructural oficializado en 1990 privilegiaron la expansión y autonomía del sistema financiero. En este contexto se aprobaron los “Acuerdos de Basilea” que tenían la intensión de constituir un sistema financiero global, adecuando, la fusión de las transnacionales financieras y en Honduras el capital se concentró en seis grupos constituidos en redes familiares: Banco Atlántida asociado a Chase Manhattan Bank, Banco de Occidente, BANPAIS, BAMER, asociado a General Eléctric, FICOHSA y BGA.El sistema financiero hondureño está en la categoría de magnitud mediana, por la clasificación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en relación con las dimensiones del sistema financiero regional. La articulación del sistema local a las redes financieras transnacionales implicaría que los efectos de las crisis financieras impactarían negativamente en el sistema financiero local. Sin embargo, el modelo está diseñado anticrisis financieras, para proteger y fomentar el crecimiento y acumulación del capital. Los indicadores de incremento de capital financiero acumulado muestran esa propiedad y tendencia en relación con la crisis de 2009: “en 2010, la cartera del sistema representó un 47.8% del producto interno bruto, (PIB) y en depósitos aumentó a un 48.5%, del PIB”. [107]El año 2010, había 83 instituciones financieras, mucho mayor que el número de grupos financieros que operaban en la década de los años 90. El informe especifica que entre 1998 y 2010, hubo un proceso de consolidación del sistema financiero reduciéndose de 23 instituciones a 17 bancos entre capital hondureño y extranjero. La consolidación implica fusiones de capital entre los grupos o redes financieras y cierre de algunas empresas que resultaron eliminadas por la competencia. El efecto en los grupos financieros de Honduras es el cierre de unos y la consolidación de otros, por fusión en sociedades financieras globales. El año de 1999, uno de los 23 bancos fue liquidado y se reportó siete bancos con problemas financieros para recuperarse. Los grupos financieros optan por incrementar su capital o fusionar con otros grupos de capital extranjero, principalmente salvadoreño. Entre otros son los casos de BAMER y el Banco de la Producción (del que su principal socio es un líder político empresarial), el que también se fusionó con el banco agrícola comercial de El Salvador.[108]
La crisis en consecuencia fue atribuida a la deficiente supervisión o fiscalización bancaria local, el sobreendeudamiento, la reducción de la capacidad competitiva en el mercado internacional el incremento de las tasas de interés. Solamente en la liquidación de dos bancos el gobierno aportó en fideicomiso, mil 600 millones de Lempiras de los que solamente recuperó 114 millones en propiedades confiscadas. Los responsables del fraude financiero nunca fueron enjuiciados quedando en impunidad[109].Se evidencia que el Estado instaurado tutela la impunidad del fraude y transfiere capital Estatal producido en el país por la clase trabajadora.
La recuperación de la burguesía financiera, en la primera década se relaciona con el crecimiento económico ascendente hasta la crisis de 2009, y no obstante esta, continúa en ascenso y expansión que después de 2010, llegó a ocupar la primera posición por incremento y acumulación de capital. En coyuntura postgolpe el sistema financiero privado ha monopolizado el crédito interno beneficiándose del incremento de la demanda de financiamiento público por bloqueo de las fuentes de crédito externo, más las exoneraciones privilegiando grandes unidades de explotación con promedios anuales de entre nueve y diez mil millones anuales, reduciendo la recaudación de tributos en beneficio de la estrategia de privatización de gestión pública, en forma de coinversión pública privada, por medio de fideicomisos con lo que incrementó, la deuda pública interna a un monto de 11 mil millones de dólares.[110]
Esa relación dominante, de la burguesía financiera con el Estado limita su autonomía y condiciona sus funciones fortalecer poder y unidad de la burguesía financiera, industrial extractivista y mediática posesionada clase dirigente, sobre el Estado cooptado para ser garante de seguridad de la reproducción exclusiva de la gran burguesía local y transnacionalizada.
Conclusiones
· La lucha de clases sociales define formaciones de clases, reconfigura relaciones entre clases sociales en los campos de disputa por poder,
· El campo de la lucha de clases es el Estado Neoliberal autoritario o neoconservador garante de la reproducción exclusiva y privilegiada de la burguesía financiera, industrial extractivista y oligopólica de medios de capital ingrávido e informático,
· Las coaliciones de clases subalternas han sostenido movimientos de resistencia territoriales anti neoliberales y en perspectiva de democracia liberal contra dictadura autoritaria neoliberal. Sin embargo, en procesos políticos electorales, las representaciones de clases hegemónicas les desmovilizan coyunturalmente para legitimar formas de reinstauración instituida de Estado burgués, social y democrático de derecho,
· La instauración del Estado autoritario neoliberal, militarizado garante de la reproducción y acumulación expansiva del capital financiero es un triunfo de la burguesía financiera erigida en clase dirigente
· La violencia, corrupción crimen organizado en formas de mafias de con poder territorial para control de producción y rutas de narcotráfico resultaron funcionales a la reproducción en condiciones de ganancia absoluta para la acumulación e incremento expansivo y concentrado de capital financiero,
· El Estado neoconservador, autoritario militarizado instaurado pos golpe de Estado consolidó la dictadura de clase dirigente. Sin embargo, la imposición autoritaria y antagonismos con las expectativas de las coaliciones de clases subalternas, es evidencia de la crisis de hegemonía aun disponiendo de sus medios de poder mediático y agencias ideológicas fundamentalistas.
· Los movimientos de resistencia popular y desobediencia civil, han develado las “máscaras democráticas” y sus representaciones fetichizadas, situándoles en sus espacios de representación esencial antidemocrática acotada a intereses de clase dominante.
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