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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–

No. 11, mayo - agosto, 2025 - Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica

 

Ensayo sobre la educación superior pública en El Salvador

 

Essay on public higher education in El Salvador

 

 

Reposicionar la Educación Superior pública, una deuda ética - política y

una urgencia para el desarrollo de la nación salvadoreña

 

Resumen

 

El epígrafe de este artículo sintetiza el propósito con el cual se ha escritos: la necesidad, no solo como propósito institucional, sino como objetivo estratégico país, de redimir la Universidad de El Salvador para fortalecerla como instancia ineludible para el desarrollo de la nacional. Dicho desafío tiene un alto contenido ético y político, vinculado a la perentoria reconstrucción del Estado salvadoreño que ha resurgido como esperanza –en su actual etapa histórica–, dada la expresión soberana del pueblo salvadoreño.  Pero también por el enorme adeudo ético y político que el Estado tiene con esta institución. La turbación de los gobiernos contrainsurgentes, durante la guerra civil, la convirtieron en objetivo militar y, durante los regímenes de posguerra, la UES, universidad nacional, fue marginada de las políticas públicas. Lejos de ser valorada, en tanto recursos esencial para formar el capital humano que requiere el desarrollo nacional, se vio enfrentada a la incapacidad de los políticos y a los interese comerciales de quienes ofertaron una educación mercantil como opción frente a las propias y evidentes dificultades qua manifestaba la educación superior pública.

Palabras claves: Ambiente educacional, Relación docente-administración, Educación y cultura, Política educacional, Estado y Educación.

 

Abstract

The epigraph of this article summarizes the purpose for which it was written: the need, not only as an institutional objective but as a strategic national objective, to redeem the University of El Salvador and strengthen it as an essential institution for national development. This challenge has a high ethical and political content, linked to the urgent reconstruction of the Salvadoran state, which has reemerged as a hope—in its current historical stage—given the sovereign expression of the Salvadoran people. But it is also due to the enormous ethical and political debt the state owes this institution. The turmoil of counterinsurgency governments during the civil war turned it into a military target, and during the postwar regimes, the UES, the national university, was marginalized from public policies. Far from being valued as an essential resource for developing the human capital required for national development, it faced the incompetence of politicians and the commercial interests of those who offered a commercial education as an option in the face of the obvious difficulties facing public higher education.

Keywords: Educational environment, Teacher-Administration relationship, Education and culture, Educational policy, State and Education.

 

Introducción

La pregunta o dilema esencial que guía y motiva este ensayo se sintetiza en la pregunta –ineludible en el momento histórico actual– sobre si el Estado salvadoreño y la Universidad de El Salvador (UES), en tanto institución pública de educación superior y de desarrollo científico, seguirán dándose la espalda o, por el contrario, se asumirá la perentoria y cardinal ruta de interactuar y apoyarse mutuamente para consolidar el proceso de desarrollo sociocultural, político y económico, crónicamente postergado, que demanda la sociedad salvadoreña.

Le corresponde a la universidad pública –apoyada en una autonomía responsable y un autogobierno transparente– contribuir a generar el conocimiento necesario para iluminar ese proceso de desarrollo, apoyado en los avances del conocimiento universal, de la ciencia y la técnica actual; así como, aportar en la formación del recurso humano que los desafíos de ese desarrollo plantean en la actualidad, tanto a los sectores productivos como al mismo Estado; debe, a su vez, acompañar a los distintos grupos poblacionales, particularmente a los más postergados, en su particular desarrollo socioeconómico. Debe contribuir a fortalecer los lazos culturales de la sociedad salvadoreña, perpetuamente fragmentada, y aportar a la consolidación de una identidad nacional basada en la autoestima y la solidaridad.

Al Estado, sustentado en un sistema democrático, le corresponde conducir el proceso político y crear los consensos necesarios en los que se identifiquen las metas y las urgencias del desarrollo socioeconómico orientado al desarrollo humano integral; liderar el desarrollo de un sistema productivo socialmente incluyente, tecnológicamente sólido, actualizado y ambientalmente responsable; garantizar y desarrollar una infraestructura necesaria para dicho desarrollo; generar los servicios de educación, salud y seguridad social indispensables para garantizar el desarrollo integral de la ciudadanía. Tareas y responsabilidades en las que la universidad pública pueden y deben aportar significativamente.

Urge un nuevo pacto social entre el Estado salvadoreño y la universidad nacional, la UES, que asegure una interacción productiva y sólida.

No se trata de desconocer otras instituciones que pueden aportar, o con seguridad aportan, a este cometido. Lo que se pretende es identificar y precisar el rol que la universidad pública, la UES, en concreto, debe y puede jugar en ese proceso, a partir de identificar su rol histórico, sus fortalezas y debilidades, en el marco del contexto de las actuales condiciones del desarrollo de la educación superior en el país.

La hora del cambio: una nueva reforma universitaria

Toca, con fuerza, a las puertas de la Universidad de El Salvador (UES) la urgencia de responder, según los signos de los tiempos, a las exigencias de una desafiante realidad sociopolítica y a las perentorias demandas del desarrollo nacional. La nación salvadoreña y el mundo entero enfrentan grandes desafíos. La UES no puede ignorar ese reto.

Una nueva realidad sociopolítica se ha configurado ante el fin del régimen de posguerra civil, es decir del régimen político que se conformó luego de los Acuerdos de Paz de 1991 y llega a su fin en el 2019, con las contundentes derrotas electorales de 2019 y 2021.

Que esta nueva etapa histórica se convierta en una oportunidad para la Universidad de El Salvador depende de la creatividad, el compromiso y la claridad con la que se formule un proyecto universitario acorde a los signos de los tiempos nacionales y geopolíticos. Lo que implica a su vez, trabajar por un renovado y revalorado pacto social con el Estado salvadoreño.

En este escrito se sostiene que la UES, como universidad pública, que ha sobrevivido tanto a intervenciones militares, como a políticas contrainsurgentes, y que ha hecho frente a las políticas neoliberales en sus distintas manifestaciones, debe asumir –con conciencia preclara– que está obligada a ser una institución clave en la construcción de una democracia fundada en una ciudadanía sólida[2], así como, para el desarrollo socioeconómico de la nación salvadoreña. Para ello debe asumir, con responsabilidad, que su autonomía y autogobierno es un compromiso con la sociedad salvadoreña, con su Estado, para constituir un espacio de deliberación sin ataduras con las élites de poder ni el mercado ni con los gobiernos, como tampoco con las propias élites institucionales; conceptos identitarios e irrenunciables de la universidad pública latinoamericana (Torres Novoa, 2021).

Se sostiene también, en este escrito, que dada la magnitud y características de los procesos sociopolíticos que atraviesa la nación salvadoreña, la geopolítica actual y el acelerado cambio científico y tecnológico que experimenta la humanidad, apremia un proceso de fortalecimiento de la educación superior y de la Universidad de El Salvador en particular. Esa reforma debe genera la capacidad para responder, responsablemente, a esos desafíos.

El proceso de fortalecimiento de la educación superior y de la Universidad de El Salvador, en tanto universidad pública, debe de estar guiado éticamente por el compromiso de responderle –a la altura de los tiempos– a los jóvenes que tocan las puertas de la universidad en busca de alcanzar un mayor nivel educativo.

Las instituciones de educación superior y la universidad púbica en particular deben entregar a la sociedad salvadoreña el conocimiento, los avances científicos y tecnológico que cultiva en su seno y, de esa manera, poner todo su conocimiento y desarrollo científico institucional al servicio de los desafíos país –sociales, culturales, políticos, ambientales y económicos– para así acompañar el desarrollo humano integral y ambientalmente sostenible.

Este desafío ético implica entregar, a las generaciones que acoge, los saberes y las herramientas que exigen las profesiones de la sociedad actual, compleja y cambiante; así como los valores éticos necesarios para actuar con justicia, solidaridad y responsabilidad.

La misión de la universidad pública es irremplazable, así lo debe entender y asumir un Estado responsable y comprometido con su ciudadanía. Esto es más evidente para una sociedad que –para el caso de El Salvador– a su vez, debe asumir la urgente responsabilidad de enfrentar las desigualdades, injusticias y desequilibrios acumulados por décadas, ante el fracaso de políticas públicas ineficientes y debilitadas por los intereses de las élites gobernantes. La universidad pública es imprescindible para un Estado que está obligado a abrir oportunidades de formación universitaria a sus jóvenes generaciones ampliamente excluidas y empobrecidas. La universidad pública también se torna sustancial para una Estado que se propone impulsar el desarrollo científico y tecnológico imprescindible para el progreso del país, medido en términos de productividad y estándares internacionales. Estas proyecciones demandan recursos humanos altamente calificados, indispensables para lograr una inserción exitosa en la sociedad del conocimiento y en la denominada cuarta revolución industrial.

La oferta de las universidades privadas es una realidad social, en El Salvador y en América Latina; por consiguiente, deben considerarse como un factor en toda propuesta de fortalecimiento de la educación superior en el país. Sin embargo, esta no debe levantarse sobre los escombros de la universidad pública, como parecieran apostar algunos intereses mercantiles. Como veremos adelante, esta tiene su origen en procesos sociales y políticos muy definidos y tiene una cobertura significativa en términos de matrícula y de graduados. Pero también, a lo largo ya de casi 60 años de existencia y de 50 de la explosión de la oferta académica privada, éstas muestran limitaciones claras en su aporte a las exigencias del desarrollo de la educación superior nacional: en términos de cobertura de la población que demanda formación profesional, así como en la cobertura territorial; también evidencia carencias en la calidad académica de su oferta y en la diversidad de ésta, particularmente en lo referente al poco desarrollo de las profesiones vinculadas a las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas[3]. Esto se refleja, a su vez, en muy pobres aportes al desarrollo científico y tecnológico que requiere el país.

En este trabajo se sostiene y se presentan evidencias sobre las siguientes realidades: que la oferta académica de las universidades privadas ha estado orientada principalmente a atender un mercado de formación profesional no cubierto por la universidad pública; como también a cooptar el vacío dejado por ésta en la oferta de servicios y los contratos con el Estado. En algunos casos particulares, algunas de estas universidades privadas, también han asumido el rol de respaldo ideológico de la construcción del Estado de posguerra.

Lo anterior se explica por razones coyunturales: las invasiones militares y los consecuentes cierres de la UES. Desde una perspectiva más estructural, esto no es más que una ruptura del pacto social de ésta con el Estado, lo que se expresa tanto en la política contrainsurgente durante la guerra civil, como en las políticas neoliberales de los gobiernos de posguerra, las que menospreciaron el desarrollo de la educación superior bajo la responsabilidad del Estado. Esto se ve reflejado en dos elementos claves: el debilitamiento o cese de servicios o contratos prestados por la UES al Estado y el estancamiento o merma del aporte del Estado a su presupuesto.

Esta tesis se sostiene aun cuando la UES ha mantenido, hasta la fecha, un débil apoyo financiero del Estado, lo cual se explica solamente porque el rol de la universidad pública es irreemplazable, debemos insistir en ello. La historia de la misma Universidad de El Salvador así lo demuestra.  Su capacidad de sobrevivencia, ante la perversa persecución de fuerzas sociales retrogradas y los propios errores de conducción interna, se explica por la fuerte demanda social de educación superior, confirmada por realidades incuestionables. A pesar de las adversidades que ha enfrentado y la proliferación de universidades privadas, la UES ha atendido en las últimas décadas, de manera sostenida, el 30% de la matrícula universitaria del país, entre 50 y 60mil estudiantes (Dirección de Educación Superior, 2020); ha ampliado su cobertura geográfica con sedes regionales o facultades multidisciplinarias, ofrece 169 carreras profesionales[4] y ha logrado mantener viva la llama de la investigación científica. Sin duda, esto se ha logrado por la heroicidad de su comunidad académica. Esta atalaya frente al oscurantismo, no solo ha significado sacrificio, también ha significado lucidez y tenacidad que, en momentos claves de su historia, ha proyectado visión de futuro y fortaleza académica. Así se ha forjado la UES, en sus más de 180 años de existencia. Pero ya no son suficientes los laureles del pasado, no es hora de pasividad y conformismo, es hora de responderle al país, a la sociedad salvadoreña frente a sus desafíos actuales, es hora de renovar la universidad pública, la UES, para ponerla al servicio y la vanguardia de la construcción de una sociedad que cree en sus posibilidades, que se enrumbe hacia un desarrollo equitativo, económico, social y ambientalmente sostenible.

Los desafíos país, relacionados con la educación superior y el desarrollo científico son enormes: La cobertura de la población salvadoreña con edad de universitaria sigue siendo muy baja, solo el 11% de los jóvenes en esa edad (entre 18 y 24 años) logran acceder a las instituciones de educación superior[5], por lo que habrá que hacer frente a una demanda creciente.

Pero los desafíos no son solo sociales o demográficos, la economía y la convivencia social –en el ámbito mundial[6]– se encamina por un crecientemente proceso de digitalización, la sociedad del conocimiento, la cuarta revolución industrial es ya una realidad. La enseñanza, en todos sus niveles, es desafiada por el acelerado y sostenido cambio en las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que hay que enfrentar el reto de un uso adecuado e incluyente de ellas. La calidad, de la mano de procesos de internacionalización, se vuelve una condición ineludible. El mundo del trabajo se transforma aceleradamente por lo que es indispensable contar con una institucionalidad y una oferta académica flexible y adaptable a las cambiantes demandas profesionales. Asegurar un recambio generacional sólido y justo también es un desafío relevante.

Más allá de ser exhaustivos, la enumeración anterior solo pretende presentar un panorama sobre la responsabilidad y desafíos de la educación superior en la actualidad. Retos que se suman a los propios del país y de la institucionalidad de la UES, que detallamos adelante.

Ante estos compromisos que surgen de la realidad mundial, nacional e institucional, los profesores y estudiantes deberán exigirse académicamente y convertirse así en factores de cambio, las autoridades deberán a su vez dejar la rutina burocrática para acompañar, académicamente este proceso de renovación y cambio institucional.   

Algunos referentes conceptuales e históricos

El ideal de universidad y la universidad pública

En América Latina, la universidad pública, para los efectos de este trabajo, también identificada como la universidad nacional, se configura históricamente como componente indisociable de los procesos de la construcción y modernización de los Estados nacionales y sus sistemas productivos; acompañándoles también, en las crisis recurrentes de dichos Estados, prácticamente de manera sincrónica.

Este proceso de construcción y crisis, para el caso de la universidad pública, se desarrolla en el marco de una dialéctica entre la visión ideal de universidad, su rol y sus funciones, es decir, en tanto aspiración y demanda social y, por otra parte, las realidades sociopolíticas, culturales y económica de cada país, las cuales a su vez se configuran en el marco de los procesos geopolíticos cambiantes.

Al respecto, Marcos Kaplan, refiriéndose al mundo occidental y a América Latina en particular, sostiene que  “La universidad es resultado y parte del progreso general de la modernidad, …en contextos configurados por la emergencia y avance del Estado nacional, el capitalismo, la industrialización, los conflictos de clases, grupos e instituciones, los cambios y conflictos culturales-ideológicos y políticos, la democratización (como totalidad compleja y como proceso), la internacionalización de la economía y el sistema político interestatal.” (Kaplan, 2000).

Desde esa perspectiva, siempre recurriendo a Kaplan, se debe reconocer que: “A medida que el poder político y militar y el estatus internacional se basan cada vez más en el potencial productivo y en la capacidad científica y tecnológica, la industria va siendo penetrada por la ciencia y el sistema educativo se vuelve crucial. Desde entonces resulta imposible que un país carente de educación masiva y de una adecuada educación superior llegue a disponer de una economía moderna” (Kaplan, 2000).

En ese proceso histórico, el ideal de universidad se construye y concibe, siempre en palabras de Kaplan, “como sede de la razón, de la búsqueda de la verdad­ ­­–como una comunidad de cultura que forma maestros y estudiantes– mediante la investigación. La innovación, la producción y difusión de conocimientos y cultura, la formación de intelectuales, profesionales y especialistas, la elaboración de elementos y modelos culturales e ideológicos.”

Pero, como ya hemos sostenido, el ideal de universidad se materializa, de manera concreta y adquiere vida e institucionalidad tangible, en su interacción con condicionamientos y determinantes de la sociedad y el Estado históricamente establecido.

Aunque existen diferentes criterios sobre la actual realidad nacional, no es posible negar que el país pasa por un momento de profundo cambio sociopolítico. Algunos echan de menos el pasado y quisieran volver atrás, otros estarán conformes con el presente; pero, desde una perspectiva universitaria, desde las responsabilidades atinentes a la Educación Superior, estamos obligados a ver hacia el futuro e identificar o construir las condiciones de enseñanza aprendizaje y desarrollo científico de cara al devenir.

Una visión de futuro requiere reconocer el pasado y caracterizar el presente. Este ejercicio lo hacemos –como hemos indicado– tomando como referente la Universidad de El Salvador (UES) y el desarrollo de la Educación Superior en el país y encontramos que la UES ha acompañado, con diferentes niveles de éxito y modalidades de oferta pedagógica cambiantes, las demandas que le ha exigido la sociedad salvadoreña en distintos momentos históricos. Sin embargo –y aun cuando sea evidente o de Perogrullo– no en pocas ocasiones, en esa relación universidad  sociedad, ha estado presente el conflicto y la confrontación del pensamiento con la resistencia al cambio por parte de las estructuras de poder establecidos, en el marco de profundas crisis sociales que marcan y caracterizan la sociedad salvadoreña, particularmente en los últimos cien años.

Pero también, la dinámica interna de la educación superior, está signada por el hecho de que el conocimiento, la ciencia y los avances tecnológicos están íntimamente orientadas al cambio, mientras las instituciones establecidas, incluidas las universidades, tienden a esclerosarse y a conformarse con el estatus quo de las propias instituciones e incluso de su contexto social. Este conformismo o autoprotección, en el caso de la universidad, alcanza otro ámbito de conflicto, cuando su quehacer no logra satisfacer los objetivos de su propia misión: ser, por medio de su oferta de formación profesional, una ruta de movilidad y ascenso social para sus estudiantes; ofrecer y facilitar a las comunidades, través de la proyección social, propuestas de mejora de su calidad de vida; o, generar conocimiento e innovación, para el desarrollo, por medio de la investigación científica.

Asumiendo esta perspectiva, en una reflexión sociológica sobre la Educación Superior se vuelve indispensable reconocer que –en tanto las universidades son también estructuras sociales¬– estas tienden a ser conservadoras, a mantener su propio status quo y los privilegios de ciertos sectores, algunos obtenidos legítimamente, otros menos. Por ello, los procesos de Reforma Universitaria, en tanto momentos de profundo cambio institucional, son inherentes al devenir universitario e ineludibles en su progreso, superación y búsqueda de respuesta a las nuevas demandas que surgen de la propia sociedad.

Las demandas de cambio institucional, en consonancia con lo que ya hemos sostenido, surgen asociados a determinadas circunstancias históricas. En consecuencia, puede observarse que, las distintas demandas de procesos de reforma universitaria también han respondido a momentos históricos particulares y han estado orientados por paradigmas que le dan sustento conceptual. En esos momentos, en el ámbito de la educación superior, afloran con fuerza exigencias de actualización de su oferta académica, de generación de conocimiento actualizado con relación al desarrollo científico y filosófico mundial y pertinente a la realidad y las exigencias de su propio desarrollo nacional; así como de renovación de sus vínculos con la sociedad.

Desde la perspectiva nacional, por tanto, el cambio social también se torna una constante que presiona a sus instituciones y, con mayor razón, a las de educación superior. Esto por cuanto, la construcción inacabada de los Estados y la inequidad en su estructura social y económica, como se evidencia en el caso salvadoreño, demandan una permanente búsqueda por superar las caducas formas de convivencia social y las desigualdades sociales; desafío al que la Universidad no puede dejar de responder con propuestas de tipo académico que tengan capacidad de resolver esas demandas que surgen de la realidad nacional.

Al incorporar la variable de la situación mundial se vuelve imperioso reconocer que el cambio es una de las constantes más relevantes de la época actual; de allí surge, hoy por hoy, la perentoria demanda de actualización del conocimiento científico y de la reflexión filosófica, acorde a las particularidades y dinámicas de su desarrollo en el ámbito internacional.

En consecuencia, como lo reafirma la CEPAL, debe partirse de reconocer que “La Educación cumple un papel esencial en el desarrollo sostenible, inclusivo y con igualdad, y puede tener así mismo un papel central en la estrategia de recuperación transformadora, por cuanto invertir en educación es invertir en el activo más importante que tiene los países, sus ciudadanos y ciudadanas, y en la prosperidad de la sociedad en su conjunto” (CEPAL, 2022, p. 145).

A diferencia de los paradigmas que han predominado en otros estudios de organismos internacionales, en los que se margina la Educación Superior como factor del desarrollo, dentro del análisis ya mencionado de la CEPAL se sostiene, citando a Valenzuela y Yáñez, 2022, que la educación superior constituye un eje central en una política de inclusión y desarrollo sostenible y ratifica que “La educación superior, que incluye los programas de formación técnico-profesional y universitarios, representa importantes beneficios tanto a nivel individual, para quienes alcanzan este nivel educativo, como para el conjunto de la sociedad. Aumenta las oportunidades de acceder a empleos de mayor calidad y mejores remuneraciones, al tiempo que permite contar con mejores condiciones de salud y participar más activamente en los desafíos y estrategias de desarrollo sostenible. Asimismo, este nivel educativo se asocia con la posibilidad de construir un proyecto personal de desarrollo, facilita la participación en la sociedad del conocimiento y en los procesos de educación continua a lo largo del ciclo de vida, y permite contar con mejores habilidades de adaptación para enfrentar los cambios cada vez más acelerados a nivel global. Para la sociedad en su conjunto, la educación superior favorece un mayor desarrollo (económico y social) y bienestar, al ser una de las principales fuentes de producción de conocimiento y fomentar el progreso y la innovación. Más aún, la educación superior facilita la transmisión intergeneracional de este desarrollo y bienestar. A nivel mundial, en los últimos años se ha puesto un mayor énfasis en la promoción del acceso a la educación superior por su estrecha vinculación con la innovación y la sociedad del conocimiento, dos elementos indispensables para un desarrollo sostenible.” (CEPAL, 2022, p. 153).

Algunos antecedentes históricos

Cabe, por tanto, particularmente para entender el caso de la Universidad de El Salvador, en tanto universidad nacional, conceptualizar y profundizar en esta compleja interacción entre el proyecto universitario, expresado como aspiración y demanda social compleja, y las determinantes sociopolíticas, culturales y económicas que la han configurado en su concreción diacrónica. En ese ejercicio, sin obviar algunos hitos históricos, nos detendremos particularmente en esa interacción con las determinantes que la perfilaron en el período de la guerra civil y la posguerra.

De esta manera, se busca identificar el reto del cambio requerido por la UES, en tanto única universidad pública, ante la desafiante coyuntura salvadoreña actual; cambio que debería enrumbarse a asumir la misión que, en tanto universidad nacional, ha de desempeñar en la construcción de una nueva realidad, concretamente en la urgente cimentación de un proyecto nacional orientado a un desarrollo equitativo y justo, tecnológicamente avanzado, sustentado en una democracia de ciudadanía, es decir, con plena vigencia de sus derechos fundamentales y empoderada para hacerlos valer. De hecho, una de las funciones más preciadas de la universidad en general y de la universidad pública en específico, se refiere a la preparación de las personas y la ciudadanía para su desarrollo integral, es decir el ejercicio de la libertad con responsabilidad solidaria y de su capacidad racional, crítica. La relación de la universidad pública salvadoreña con el Estado y el modelo económico, desde su fundación hasta la actualidad, puede esquematizarse en etapas o períodos históricos claramente identificables caracterizados desde la perspectiva económica, política y social, entrelazadas cada una de ellas por momentos de crisis y de ruptura que se proyectan como una recurrente o asidua crisis de hegemonía y gobernabilidad. En dichos momentos de crisis, se generan cambios en las modalidades de los regímenes políticos, mientras las élites económicas se acomodan o mudan hacia otros ámbitos de la actividad productiva. (Ver anexo: Cronología relación Universidad pública / Estado salvadoreño)

En cada uno de esos períodos la UES ha asumido un rol, en tanto institución de educación superior, pero también, en tanto institución/actor social ha estado inmersa en dichas crisis y sus dirigentes y estudiantes han sido también actores en esos procesos. 

La UES surge como universidad pública, en 1841 y durante 125 años[7] fue la única institución de educación superior en el país. Precisamente, fue fundada en el período postcolonial, para aportar en la construcción del Estado nacional emergente. Su desarrollo, particularmente en ese período estuvo signado por la confrontación entre el pensamiento liberal racionalista con el pensamiento conservador de corte clerical, contradicción que, como es sabido, acompañará los procesos de construcción del Estado y la República de los países que llegarán a conformarse en el Istmo centroamericano. 

Así, durante ese primer período, postcolonial, en el que las autoridades de la Universidad se confundían con los líderes del gobierno de turno, la universidad nacional –con las determinantes del momento y la coyuntura histórica– aportará conocimiento para conformar el Estado y la República y facilitará los recursos humanos para ese fin. Su aporte, en este período, se hizo desde la “Catedra de Cánones y Jurisprudencia”, creada en 1843, que a su vez aportará a la conformación de un incipiente sistema judicial. También desde el Protomedicato, que se funda en 1849, con sus cátedras de medicina, que es otro de los centros académicos pioneros en el quehacer universitario y que hará su aporte desde dos perspectivas: una, la atención privada o liberal a los sectores con recursos económicos y dos, de acuerdo a los cánones morales de la época, desde el servicio de beneficencia a la población de bajos recursos. Paralelamente a la medicina y el derecho se desarrolla la enseñanza teológica y la de filosofía, las vinculadas a la educación, para entonces denominada instrucción pública, cuyo énfasis se acentuaba o disminuía según gobernaran los conservadores o los liberales.

El modelo colonial, en tanto modelo económico, llegó a su fin con la conocida extinción de los ejidos, uno de los baluartes de aquel sistema productivo; pero también con el cambio, a propiedad privada, de las encomiendas, sistema en el que tierras y personas –siendo propiedad de los reyes– se le encargaban a un encomendero para que las explotara, a cambio de renta y servicios a la corona. Este cambio fue indispensable para la expansión del cultivo del café, que requeriría fundamentalmente mano de obra libre, y que da origen a la economía agroexportadora, sustentada –para el caso de El Salvador– en la concentración de la propiedad de la tierra.

Durante este período, la Universidad va a mantener un rol discreto, elitista, formadora tanto de cuadros para el naciente Estado nacional, en las áreas ya mencionadas como el Derecho, la Salud, la Educación como, a su vez, de profesionales liberales al servicio de las clases con poder económico. Así, las limitaciones del desarrollo universitario serán consecuencia de la escaza de demanda que surge de la propia sociedad. Por ejemplo, en el área de ingeniería, las cátedras de trigonometría y agrimensura serán suficientes para satisfacer las demandas de medición de terrenos, levantamiento de planos y cálculos de superficie. Las grandes obras de ingeniería, como construcción de carreteras, puentes o edificios públicos o comerciales fueron contratados a profesionales o compañías extranjeras.  Por lo que el perfil de la Universidad será de tipo napoleónico o profesionista.

El régimen político, que se conformó acompañando aquel modelo productivo agroexportador, fue acumulando contradicciones hasta que, a finales de los años 1920, explotó el conflicto a consecuencia de la incapacidad e indiferencia de las élites económicas y del Estado salvadoreño para encontrar solución a la pauperización y creciente proletarización de la población rural, la exclusión de la población indígena originaria, que perdió sus tierras y su identidad; a esto se vino a sumar la crisis del sistema capitalista mundial.

Este proceso de ruptura del estatus quo, o crisis sociopolítica adquiere caracteres dramáticos con la sublevación indígena y campesina de 1932. Este alzamiento concluirá con el consecuente asesinato de sus dirigentes y líderes y la masacre de 30 mil indígenas y campesinos. De esta manera se instaura la dictadura del General Hernández Martínez (1931 -1944), que luego dará paso a los gobiernos militares oligárquicos que se apropiarán del Estado hasta 1989.

En dicho alzamiento se vieron comprometidos dirigentes estudiantiles de la Universidad y ellos serán objeto de persecución y represión. Así seguirá ocurriendo durante los conflictos político-sociales del período histórico que le sucederá. Sin embargo, la UES como institución, –más allá de que algunas de sus unidades académicas fueran un espacio de resguardo de ideales de cambio y de intelectualidad avanzada– seguirá siendo un conjunto de facultades dispersas con escasa o nula coordinación y elitista en cuanto a su oferta de formación profesional. Esto sólo cambiará en los años 1960, con la reforma universitaria de esa década.        

En consecuencia, puede sostenerse que durante la vigencia del modelo agroexportador, de las dictaduras y los gobiernos militares, la Universidad Nacional fue poco demandada por el Estado salvadoreño para que ésta jugara un rol significativo en el desarrollo del país, a no ser como recurso para formación de los profesionales requeridos por el Estado y los que ejercerían liberalmente.

No es sino hasta finales de los años 1940 que se inicia un nuevo proceso que convocará, no sin contradicciones, a la Universidad de El Salvador. La llamada Revolución de los Mayores, en 1948, que debe entenderse como un parteaguas entre, como lo destaca Roque Baldovinos , “el viejo régimen político en el que el ejército era el modelo de organización de la nación, generador de lealtades ante la ausencia de un sistema escolar incluyente” y, a partir de aquel año, “una nueva apuesta en la que el Estado, aunque siempre conducido por los militares”, pasa  a ser un agente modernizador, responsable de propiciar las condiciones para que el país se convirtiera en una economía capitalista, postergando para un futuro incierto la construcción de la democracia (Roque Baldovinos, 2015).   

En lo concreto, esta nueva visión dará paso a un relevante proceso de modernización, como señalamos, siempre controlado por los gobiernos militares, pero cuyos alcances fueron relativamente significativos, particularmente en lo referente al desarrollo del Estado, aunque su desarrollo no logró impactar en la cohesión social necesaria para estabilizar el país, dada la oposición de las élites económicas conservadoras. En todo caso el Estado, sus servicios y áreas de influencia se ampliaron considerablemente con la creación de instituciones como el Seguro Social (ISSS), el Instituto de Colonización Rural (ICR), la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVU), entre otros. Debe destacarse, dentro de este proceso de ampliación del Estado, la apuesta por una política cultural que, también con sus limitaciones, se impulsó desde el Ministerio de Educación y las iniciativas para ampliar la oferta educativa de la escuela primaria, que rápidamente presionaría sobre demandas de educación secundaria y consecuentemente sobre la universitaria. Debe considerarse también que este proceso va a ser acompañado de los cambios en el sistema productivo de El Salvador, como consecuencia del desarrollo del Mercado Común Centroamericano, orientado por el modelo de sustitución de importaciones y el regionalismo abierto, que buscó captar inversión extranjera, en principio con miras a un desarrollo endógeno que, muy rápidamente, se orientó a la exportación, particularmente hacia países del Istmo centroamericano.

En consecuencia, y como respuesta a esta nueva realidad, la Universidad de El Salvador amplía su oferta académica. Para muestra la Facultad de Ingeniería, en los años 1950 se diversifica y ofrece además de Ingeniería Civil, Electromecánica y Arquitectura[8]. Ya para los años 60, bajo el impulso de la Reforma Universitaria se desarrollará la Ingeniería Industrial y se creará la Facultad de Ciencias Agronómicas. La oferta académica en el área de la economía, que estaba restringida a la contaduría, bajo la tutela de la Facultad de Derecho, pasa a conformarse como Facultad de Economía a partir de 1946. Como dato relevante de esta interacción y acompañamiento, en la Facultad de Derecho se creó el departamento de Integración regional, que contó con profesores como Francisco Villagrán Kramer y Manuel Colom Argueta, de Guatemala; a Javier Ángel de Colombia; y a los salvadoreños Guillermo Manuel Ungo, Alejandro Dagoberto Marroquín y Rene Fortín Magaña, entre otros.

La Reforma Universitaria desarrollada durante la rectoría del Dr. Fabio Castillo Figueroa que se inicia en 1963, va a constituir un intento por ir más allá de una respuesta mecánica o refleja a las demandas de ese proceso modernizante del Estado y la sociedad salvadoreña. Para ello se propuso ampliar su capacidad para generar conocimiento científico y humanista, actualizando su oferta en consonancia con el desarrollo académico internacional. De allí la iniciativa de abrir sus puertas a intercambios con otras universidades del mundo y a la llegada de científicos de alto nivel que acompañaran ese proceso y apoyaran su actualización curricular. Para ello también se impulsó la formación de unidades o departamentos en las ciencias físicas y matemáticas, naturales y sociales.

Pero también, había que hacerle frente al desafío de los niveles de formación de los estudiantes de primer ingreso, para lo cual se ideó la propuesta de las Áreas comunes que introducirían a estos en el método científico y en el pensamiento humanista. A su vez, la Universidad buscó asumir un liderazgo en el ámbito general de la educación nacional, generando programas de formación de docentes y de propuestas pedagógicas.

En síntesis, en dicha Reforma Universitaria, se construirá la Ciudad Universitaria, con obras prioritarias: Facultades de Medicina, Ciencias y Humanidades, Ciencias Económicas, Ciencias Agronómicas, Laboratorios; se reorganiza los planes de estudio desde una perspectiva científica y holística y se crean departamentos para generar mejores condiciones para la creación de conocimiento científico y fortalecer la docencia y la investigación. Se promueve la contratación de profesores de tiempo completo y se ofrece capacitación y actualización e intercambio internacional. Se desarrollan las Áreas Comunes como recurso de formación integral y a su vez para elevar el nivel del nuevo ingreso. Se incorporan programas de Extensión y Proyección Social, así, de arte y la cultura y se inicia un proceso de cobertura del territorio nacional que pretende poner la universidad pública al servicio del desarrollo del país, pero particularmente poner la educación superior al servicio de la juventud, para lo que se crearon sistema de becas y residencias estudiantiles. De 3 mil estudiantes, al inicio de este proceso, la UES alcanzó una matrícula cercana a los 10 mil.

Sin embargo, este proceso se verá brutalmente entorpecido con la intervención militar de 1972 y las que le siguieron durante la guerra civil; en otras palabras, se verá truncado por las condiciones sociopolíticas y económicas propias de la sociedad salvadoreña y su devenir histórico.

En este trabajo no solo hacemos énfasis en las limitaciones que las características de la formación social salvadoreña le impone al proyecto universitario de la universidad pública; también identificamos y profundizamos en  las limitaciones socioeconómicas que la propia sociedad salvadoreña le impone a las universidades privadas para aproximarse a aquellos ideales de universidad, plasmados en la cita de Kaplan, antes enunciada; pero, de manera más profunda, revisamos las condicionantes sociopolíticas y económicas que inciden en la universidad pública, la Universidad de El Salvador, para cumplir con su cometido y retomar la propuesta de la Reforma Universitaria de 1963, truncada por la guerra civil y abandonada durante los regímenes políticos de posguerra civil. Esto, lo enmarcamos en la realidad de los procesos sociales configurados durante los prolegómenos de la guerra civil y durante esta (1970  1990), así como en el período del régimen político y económico de la posguerra civil (1991 ­ 2019).

 Universidad nacional: aporte al desarrollo, conflicto social y dinámicas institucionales

El ideal de universidad, así lo evidencia la historia, sigue siendo una aspiración que logra concretarse o alejarse según las particularidades de la formación social de cada país; es decir, según los avances en su desarrollo socioeconómico y político, así como los niveles de conflictividad social que, ineludiblemente, inciden en el desarrollo institucional y académico de la educación superior.

Esto se torna más que evidente al estudiar el complejo rol de la universidad pública en su interacción con el sistema político, la economía, la cultura y las clases sociales, es decir con la sociedad y el Estado; en tanto ella es siempre parte del proceso de reproducción social o del cambio social, por lo que su rol o función social oscilara presa de una antinomia: su aporte al desarrollo de la nación versus su participación en los eventos o procesos históricos nacionales e internacionales, en tanto actor institucional, parte del entramado del Estado nacional.

En consecuencia, se torna imposible separar el proyecto universitario, sus actores y su institucionalidad de los modos de producción y sistemas o regímenes políticos que –pocas veces exentos de conflicto– se desarrollan y configuran en un país determinado, y El Salvador no es precisamente una excepción. Confundir esta interacción dialéctica con una responsabilidad exclusiva de la universidad ha dado origen a las respuestas desmedidas o desproporcionadas de los gobiernos de turno y sus políticas contrainsurgentes. 

Es en esta interacción que se estructura la antinomia: desarrollo nacional, conflicto social y proyecto universitario, particularmente para la universidad pública, dado el rol que está llamada a desempeñar, el cual se puede caracterizar así: La universidad pública hace parte de un sistema educativo nacional que debe atender las demandas que surgen de los distintos sectores sociales, en el ámbito meramente educativo, peor también en forma de demandas propias de su estructura económica, de servicios culturales, de reivindicaciones sociales y procesos políticos relacionados con la construcción y operación del Estado.

Marcos Kaplan, en la obra ya citada, destaca: “…la universidad es siempre parte del proceso de reproducción y cambio social. Opera como instrumento de selección y distribución de estudiantes profesores e investigadores… Contribuye a la organización y los controles del saber en cuanto a su producción y su contenido, a su distribución y uso.” (Kaplan, 2000).

La aspiración democrática, en cuanto anhelo irresuelto, también genera a la universidad pública latinoamericana, ya que esta asume el sueño de la educación universal gratuita y obligatoria como derecho de todos, designio de la nación y responsabilidad del Estado. Este ideal adquiere relevantes niveles de conflictividad. En este ámbito, los niveles de escolaridad, la exclusión social y la calidad del sistema educativo preuniversitario, son déficit crónico de la sociedad salvadoreña que van a incidir en el sistema de educación superior.

La universidad pública, a su vez, tiene la responsabilidad de incidir en la mejora de capacidades sectoriales y nacionales para el desarrollo endógeno y para su inserción internacional a través de la formación profesional, la actualización del conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico guiada por la investigación y orientada a la innovación y el fortalecimiento de la cultura y la identidad nacional.

En este ámbito destaca la tensión entre el funcionamiento de los modelos económicos, o modos de producción, y la posibilidad de alcanzar niveles de desarrollo humano, en cuanto a la capacidad y debilidad de tales modelos para absorber recursos humanos de alto nivel, conocimiento, ciencia y tecnología. Esto condiciona el propio desarrollo universitario y es origen de conflictividad.

Ante estos desafíos, cabe preguntarse: ¿En qué medida la universidad puede marcar la pauta del desarrollo nacional a través de sus propios avances en el campo del conocimiento, el desarrollo científico tecnológico, la innovación y la formación de profesionales? o, de otra manera, ¿En qué medida el modelo económico limita o determina el desarrollo de la propia universidad?[9]

La universidad en general y la pública con mayor razón, debe jugar un rol preponderante en la creación, producción y reproducción ampliada de la cultura nacional, de su historia, su idioma, su arte, su literatura y fortalecer su institucionalidad y su acervo: archivos, museos, biblioteca, hemeroteca, editoriales y órganos de difusión. En este ámbito, en tanto la identidad cultural es un espacio en construcción y en disputa, la universidad queda nuevamente en un campo de conflicto, ante la antinomia del aporte a la Nación y la conflictividad social, propia de estos procesos. Con mayor razón, en sociedades en las que sus modelos económicos, sociales y políticos son excluyentes.

Frente a estas situaciones contradictorias, “A la universidad pública se le pide, y ella cumple en grados variables, funciones, tareas y resultados que un desarrollo integral, hasta ahora frustrado, debería haber producido o incorporado como condiciones o componentes. ”[10] (Kaplan, 2000). Ante esa exigencia, la universidad nacional viene cumpliendo –y esto es propio de los países de América Latina– funciones y tareas que las universidades privadas no han querido o no han podido cumplir, particularmente (para el cado de El Salvador) en el campo de cobertura de la demanda nacional de educación superior de los estudiantes provenientes de familias de bajos recursos, pero también en materia de innovación científica y tecnológica y creación cultural. Mientras, las instituciones privadas de educación superior, la clase política y el Estado, se nutren de los recursos humanos que la universidad pública forma.

En esa dinámica contradictoria y conflictiva, en la universidad pública se concretan fenómenos como la masificación de la enseñanza, en tanto la universidad nacional se ve como el recurso para ascenso y, por qué no, supervivencia para las mayorías sociales, tradicionalmente excluidas, que buscan asegurarse empleo e ingresos, pero también rango y participación en los espacios de poder. Esas presiones se agravan dada la baja, escolaridad, límites en el cupo, requisitos académicos, etc.; que podrían ser los diques de contención, fracasan estruendosamente ante la debilidad de políticas públicas.

A partir de allí, se opta por una educación superior con insuficiencias y de menores cualidades frente a otra que se perfila como de mayor calidad, pero elitista. Esta opción, que no es correcta, solo contribuye a legitimar y, aceptar como única alternativa: la mercantilización de la educación superior[11].

Esto se ve acompañado de otras limitaciones al desarrollo de la educación superior, justificadas desde las élites de poder ahincadas en el Estado. Los procesos de desestatización y la privatización y la fe irresponsable en el mercado, propios del modelo neoliberal hegemónico, se traduce en procesos de mercantilización de la educación superior y de políticas de regulación y vigilancia por el Estado.

Pero, estos procesos, propios de esa relación universidad sociedad que hemos venido describiendo, también tiene su correlato conflictivo, al interior de la propia institución universitaria.

En ese ámbito, nuevamente recurriendo a Kaplan, “La contradicción entre demandas crecientes de educación superior y recursos menguantes para satisfacerla, junto con el consiguiente desvanecimiento de esperanzas de ascenso social mediante el estudio y la profesionalización, crean o refuerzan fenómenos y tendencias de conflictividad en el seno de la universidad.”(Kaplan, 2000)  En ese ámbito surgen las categorías de lumpen intelectual y lumpen profesional, más como una crítica al modelo socioeconómico y político prevaleciente que a la misma universidad. Esto en tanto hacen referencia a aquellos colectivos sociales frustrados en su aspiración por una carrera profesional que les de ingreso, empleo y participación social y política, así como un status académico, en el caso de los mismos profesores universitarios.

Así, desde una perspectiva sociológica, es de esperar que un sólido proyecto de universidad pública debería hacerle frente a ese ambiente universitario, preso de politización en el que el proyecto académico se desdibuja ante una súper ideologización y mistificación que se expresa en grados diversos de irracionalidad y regresión. En un renovado proyecto de universidad pública será necesario encarar ese ambiente negativo en el que se multiplican fuerzas y élites que ven en la institución un botín con valor político, menospreciando su valor académico. Urge evitar que la academia se transforme en una plataforma de lanzamiento de carreras políticas de proyección nacional y no de carreras profesionales. Esas prácticas institucionales, están a la base del desprestigio institucional y debilitan no solo su autonomía, sino su rol en el desarrollo de la cultura y la ciencia, así como su liderazgo en el ámbito del sistema nacional de educación.

La UES como sujeto de cambio: desafiar la impronta de la historia

Los anteriores conceptos y criterios permiten reflexionar sobre la UES y su desarrollo histórico y académico.

De sus ya más de 180 años de existencia y a 60 de su última gran Reforma Universitaria (1962 -1972)[12] (Valle, 1991), los últimos 50 años, de la Universidad de El Salvador, han estado marcados por el conflicto.  Esto que ha dejado una impronta en su relación con la sociedad (o sea entre el proyecto de nación y el proyecto universitario); pero, también el conflicto se expresa en su vida institucional, es decir en su proyecto universitario u oferta académica/científica y en las modalidades de gestión de dicho proyecto; con las debilidades y carencias que ello implica, más allá de los esfuerzos y, como señalamos, actos heroicos que de manera particular pueda haber hecho algún sector del personal académico y centros de excelencia.

Superar esa historia de conflicto es sin duda el gran desafío, la urgencia del cambio se transforma en una exigencia acuciante si se considera que de 1972 a 1989, la Universidad de El Salvador fue intervenida militarmente en los años 1972, 1980 y 1989. Durante esos nefastos procesos, la UES sufrió períodos de lógica perturbación y desorganización, incluso fue varias veces cerrada, su presupuesto se redujo de manera significativa[13]. A esto hay que agregar que, en 1986, la Ciudad Universitaria fue parcialmente destruida por un terremoto.

Una breve recapitulación sobre aquellos eventos pone en evidencia que la notable Reforma Universitaria de los años 60 se interrumpió definitivamente con la primera ocupación militar de 1972[14]; la cual no solo cercenó –en el acto– la cúpula de las autoridades universitarias[15] y saqueó sus valores más preciados, bibliotecas, laboratorios, equipos científicos y material docente; a la vez, trajo consigo el deterioro de sus instalaciones, edificios, auditorios, aulas y áreas verdes. Pero no solo el saqueo y el deterioro físico de su infraestructura debe considerarse, sino también, lo más difícil de cuantificar, su impronta en el cuerpo académico y en sus estudiantes.

En 1979, ante el debilitamiento del gobierno del General Romero, se configura un frágil interregno en la conducción de la UES. Un tortuoso camino para formalizar autoridades legítimas[16] concluyó con la elección del Ing. Félix Ulloa como Rector, pero ese esfuerzo culmina con su asesinato, por los escuadrones de la muerte, al año siguiente, 1980.  Así, y por varios años más, que coinciden con el recrudecimiento de la guerra civil, imperó la inestabilidad y la débil cohesión institucional, en medio de una dinámica de sobrevivencia digna de un análisis sociológico que podría arrojar muchas luces sobre ese período de la historia salvadoreña.

Luego del asesinato del Rector Ulloa, la UES sufre una nueva intervención militar, que duró hasta 1984. Como señala Valle Monterrosa, reproduciendo las palabras del Rector Mártir, “período en el cual la Universidad se negó a morir[17] y funcionó, aunque con muchas dificultades, en instalaciones alquiladas o prestadas por diversas instituciones.” (Valle, 1991).

Esta intervención militar de la UES, en 1980, como indicamos, coincide con lo que muchos cronistas identifican, a partir del asesinato de Monseñor Romero, en el mismo año, como el inicio de la Guerra Civil en El Salvador. Durante el período de esta guerra fratricida, el panorama de la educación superior cambió por completo. De acuerdo con el autor ya citado, Valle Monterrosa, “La guerra contribuyó al fraccionamiento de la educación universitaria. Los cierres y asedios a la Universidad de El Salvador …generaron vacíos; las personas calificadas para seguir estudios universitarios y obtener diplomas necesitaban nuevas opciones para matricularse; los docentes sin empleo, necesitaban donde colocar su fuerza de trabajo intelectual. Y, así, ofertas y demandas fueron encontrando causes y niveles y se generó la educación universitaria fraccionada que se tiene actualmente en El Salvador, como uno de los legados de los 1980’s.”

Para llegar al momento actual de la UES, hay que destacar que estando por finalizar la guerra civil, en 1989 la UES es nuevamente intervenida. El fardo de esta larga confrontación es sin duda muy pesado. Al respecto, el número 20, monográfico, de la revista de la UES, “El Universitario” sostiene que “Hasta finales de la Guerra Civil de El Salvador (1991), la UES sufrió un período de decadencia” (Hernández, 2013). Hay otros estudios, de diversos autores, que expresan afirmaciones semejantes. De hecho, a esa conclusión puede llegarse si se apartan los actos heroicos de la comunidad académica que le permitieron a la UES, durante ese período, subsistir como institución de educación superior. Pero se torna ineludible trascender a este tipo de apreciación para destacar el hecho sociológico de que, aún en las peores condiciones de existencia para una universidad, la UES no solo sobrevivió, sino que atendió la demanda social de educación superior de una población que así lo requería, aún en plena guerra civil e incluso socavando su contrato social por el Estado contrainsurgente de la época. No obstante, las intervenciones militares señaladas y su consecuente deterioro institucional, la UES, como ya lo dejamos señalado, ha atendido, de manera sostenida, aproximadamente al 30% de la población universitaria del país.

El 12 de noviembre de 1989, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN[18], el día anterior, la UES fue objeto de una última intervención militar que la mantendría cerrada hasta el año siguiente.

Podría suponerse que este calvario de la UES debió haber empezado a cambiar a finales de aquella guerra civil, particularmente a partir del proceso de negociación y firma de los Acuerdos de Paz. De hecho, en ese lapso se inició el segundo período rectoral (1991-1995) del Dr. Fabio Castillo Figueroa, que había liderado la épica Reforma Universitaria de los años 60. Ciertamente, a partir de ese momento, la UES intenta salir de aquel largo período de oscuridad, casi 20 años de martirio para su comunidad académica, larga noche creada por la bota militar.

Pero, es a partir de ese momento, en la posguerra civil, que – por una parte– aflora una compleja conflictividad interna institucional, que tiene su explicación en aquel largo drama. A su vez, es a partir de ese momento que la universidad pública, encarnada en la UES, ha debido subsistir en un ambiente político particularmente adverso para las instituciones públicas de servicio. Es decir, a procesos de desmantelamiento del Estado, privatización de instituciones y control burocrático estatal. Más adelante abordaremos de forma precisa, la relación entre este modelo neoliberal y, lo que ha dado en llamarse, el “sistema de educación superior” que surge en la posguerra.

A pesar de esas circunstancias, ciertamente, aun cuando el gobierno seguía negando un aumento al presupuesto de la universidad, limitándolo al pago de salarios y aportando un escuálido fondo de funcionamiento, la gestión del Rector Castillo Figueroa, en el período 1991-1995, da paso a un esfuerzo por rescatar y reconstruir la instalaciones, zonas recreativas y áreas verdes de la Ciudad Universitaria, se reactivaron préstamos para infraestructura y renovaron líneas de cooperación internacional. La reconstrucción de varios edificios, mejoras en la gestión de la institución y la construcción emblemática de la Biblioteca central, son ejemplos de ese esfuerzo. La reconstrucción del Campus logrará un importante impulso al culminar las negociaciones para que este fuese la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, proceso que culminó durante la administración de la Dra. María Isabel Rodríguez como Rectora.

No es posible dejar de resaltar que, no obstante, esas condiciones adversas, y la brutal historia de intervenciones, cierres y precaria subsistencia, la UES logró mantener su oferta docente y, a partir de 1991, ha anidado el desarrollo de programas de investigación y relevantes programas de proyección social. Según lo sostiene Luis Alemán, hasta el año 2001, la UES tenía una partida para hacer investigación de 100 colones; sin embargo, en el 2013 se inicia un proceso de desarrollo y en poco tiempo se logra inscribir 182 proyectos de investigación aprobados con un presupuesto de 611 mil 415 dólares (Alemán, 2011).

Pero este intento de recuperación de la UES, ubicado en el marco de la posguerra va a ser limitado, no solo por ese ambiente externo de políticas neoliberales, sino también con valladares propios de las dinámicas sociopolíticas institucionales heredadas de su subsistencia en condiciones de guerra civil. Estas se han manifestado con crudeza desde los primeros intentos del Alma Mater por recuperar su fortaleza y liderazgo académico, es decir desde el segundo período de Castillo Figueroa como Rector (1991-1995); pero esto no cambiará durante el transcurso de los 30 años de los gobiernos de posguerra de ARENA[19] y el FMLN.

Distintos análisis y opiniones de actores institucionales, de la propia UES, hacen referencia a   dinámicas sociopolíticas de posguerra, reflejadas en la vida institucional de la UES, que se contraponen a su desarrollo académico. Entre esas dinámicas, heredadas del agudo conflicto político miliar que prevaleció durante la guerra civil, se identifican procesos de politización e ideologización o sectarismo; gremialismo endogámico y cooptado políticamente; así como procesos de burocratización y existencia de élites políticas privilegiadas que manipulan las bases universitarias.

Estas expresiones alcanzaron su máximo nivel recién finalizada la guerra civil, configuradas como oposición y resistencia al cambio por parte de las estructuras de poder establecidas.  Precisamente, en 1991, cuando –como lo dejamos indicado– surge una propuesta de recuperación académica, acorde a la aspiración de reconstruir el país una vez firmados los Acuerdos de Paz. Es decir, esa propuesta de un nuevo proyecto universitario, se formula e impulsa, simultánea a las negociaciones para ponerle fin a la guerra civil que debieron haber abierto el camino al desarrollo nacional. Esa iniciativa surge de un movimiento llamado “Universidad al servicio de la Nación” y propone un Plan de trabajo para el segundo ejercicio[20] del Rector del Dr. Fabio Castillo Figueroa, 1991 -1995.

Tal resistencia queda documentada, en el Prefacio de la Segunda Edición del folleto “Balance y perspectivas de la Universidad de El Salvador”, a partir del Plan de trabajo propuesto por el movimiento citado (Castillo Figueroa, 1995). En dicho escrito, el propio Dr. Castillo sostiene: “Esta propuesta de trabajo presentada en 1991, contiene interesantes e importantes planteamientos orientados particularmente a la reestructuración académica y al desarrollo científico de la Universidad, proponiendo además, que esta institución contribuyese a transformar el sistema educacional del país”[21] (Castillo Figueroa, 1995). Pero en seguida añade: “Algunos de los sectores de la Comunidad Universitaria, en vez de estudiar y discutir el contenido de esta propuesta, concibieron el desarrollo de un Congreso Universitario, que debía haber sido orientado hacia el cumplimiento de un plan de desarrollo científico. No obstante, algunos grupos lo orientaron hacia la obstaculización del trabajo, y muchos lo concibieron como un medio que eventualmente podía serles útil para destituir al Rector…”.

Henríquez Chávez y Alan Marcelo, al analizar el rol del movimiento estudiantil universitario en la posguerra destacan distintas manifestaciones de expresiones políticas predominantes, tanto en las autoridades universitarias como en el liderazgo estudiantil (Henríquez Chávez, 2018). Entre ellas: autoridades universitarias alineadas al partido FMLN; vacío generacional de líderes dentro del movimiento estudiantil y la proliferación de organizaciones cada vez más radicales dentro de la universidad.

Textualmente, estos autores reportan que “El primer fenómeno señalado por los participantes (Hace referencia a dirigentes estudiantiles) con respecto al papel de la AGEUS[22] durante el período de posguerra es el vacío generacional producido por la extracción de cuadros de liderazgo de la Universidad Nacional (léase UES) que realizó el FMLN para su consolidación como partido político. Dicha extracción es posible debido a la línea de mando, consolidada durante la guerra civil, que atravesaba tanto a las organizaciones político-militares como al movimiento social.” (Henríquez Chávez, 2018).

Los niveles de politización y sectarismo en la UES son también auto reconocidos por algunos funcionarios. Precisamente, en el documento oficial de Autoevaluación institucional del 2010, es decir luego del intento de recuperación académica impulsado en el período rectoral de 1991 a 1995, y luego de tres períodos rectorales[23], las propias autoridades de ese año, 2010, sostienen: “Desde la década de 1950, la Universidad de El Salvador, se convirtió en el principal referente de pensamiento de la izquierda salvadoreña y uno de los más importantes núcleos de oposición a los gobiernos autoritarios y militaristas del país, por esta actitud, muchos de sus estudiantes y catedráticos fueron víctimas de la represión militar.” (UES, 2012).

Esta frase, que refleja más un discurso político que uno académico, pone en evidencia la pobreza de pensamiento y análisis sociológico y político, de algunas de sus autoridades, para explicar tal fenómeno. Es relevante anotar que, para la fecha en que se realiza el mencionado ejercicio de autoevaluación, siendo rector Rufino Quezada y estando en la presidencia Mauricio Funes y una bancada mayoritaria del partido FMLN en la Asamblea Legislativa, la UES fue tomada por organizaciones radicales, con el apoyo, sino directo, tácito de ese partido. El rector Quezada, siendo afín al FMLN en el gobierno; llegó a pedir la intervención de la Fiscalía General de la República y responsabilizó a dicho partido de no actuar frente a esa situación.

En esa coyuntura, el fondo del problema, según el análisis de las propias autoridades universitarias de ese período, se explica por la limitada capacidad del sistema de educación superior del país en su conjunto y, consecuentemente, de la universidad nacional en particular, para atender la alta demanda de formación profesional, dado el bajo presupuesto destinado a la UES. En dicho año, las solicitudes de ingreso a la universidad pública, a la UES, fue de 26 mil y solo tuvo capacidad de admitir 9 mil estudiantes. Su presupuesto llegaba a 1.5% del PIB, mientras en otros países centroamericanos, dicho porcentaje alcanzó entre el 5% y hasta aproximadamente el 7%.

Las razones de ese fenómeno sociopolítico, tanto en sus expresiones institucionales internas, como en las externas, ya las hemos enunciado, pero se sintetizan en las trabas que el mismo modelo económico y político nacional le impone a la sociedad salvadoreña para su progresión o desarrollo, así como en las limitaciones al rol de las instituciones pública o del Estado que el mismo régimen político se ha impuesto. Estas se expresan en un intento por imponer, a la universidad pública, pautas y fines que son más propios de universidades privadas y empresas, es decir procesos de mercantilización de la educación, frente a procesos reales de masificación y pauperización, en tanto las demandas a la universidad pública sobrepasan la capacidad instalada y el costo y gasto por alumno y una consuetudinaria insuficiencia de recursos.

La ruta del cambio: un nuevo pacto social

Existen distintos paradigmas de cambio para las instituciones de educación superior. En las últimas décadas ha predominado la metodología de “autoevaluación y acreditación de la calidad”[24]. Sin pretender despreciar dicha metodología, los hechos ponen en evidencia sus limitaciones cuando dicho ejercicio se convierte en una mera rutina exigida por instancias burocráticas o políticas, en tanto recurso para ejercer vigilancia y supervisión sobre las instituciones de educación superior.

La alternativa a los ejercicios de evaluación y acreditación lo constituyen los procesos de Reforma Universitaria. En tanto, en el primer caso, lo que se busca es mejorar la calidad de una institución de educación superior debidamente establecida; en el segundo caso se trata de renovar el propio modelo institucional con el que se ha venido funcionando. En esta última alternativa entran en juego temas o variables intangibles, no por ello menos relevantes, como el propio liderazgo y compromiso de las fuerzas sociales que impulsan la renovación institucional, sus alianzas, la claridad del proyecto y su relación con procesos sociopolíticos y económicos externos.

Para el caso de la universidad pública, históricamente, estos procesos han estado orientados a renovar la misión de la universidad frente a nuevas demandas del desarrollo y consecuentemente, hacia la actualización del contrato social con el Estado y con la sociedad misma; contrato social que también debe conducir a renovar y revalorizar principios tan preciados como la misma autonomía y la fe pública del Alma Mater.

Cuando el objetivo es renovar el modelo institucional, categóricamente, se interpela el papel que juega la voluntad política institucional o de sus autoridades y de la misma comunidad universitaria en el proceso de cambio; también se reivindica la disposición al cambio de una cultura institucional que, normalmente, tiende a la inamovilidad y a asegurar la estabilidad personal o de grupos entronizados. Esta demanda, hoy por hoy, viene regida por la autocrítica, la renovación y la transparencia, o sea, la disposición a rendir cuentas a la sociedad en su conjunto, que vaya más allá de un ejercicio reducido a dar explicaciones al gobierno de turno.

En consecuencia, esta opción implica, para un verdadero cambio institucional, retomar el paradigma de la Reforma Universitaria, recurso impregnado de historia, particularmente en América Latina. Asumido ese compromiso, puede recurrirse a técnicas de autoevaluación; pero siendo consciente que la profundidad de la reforma va más allá de la calidad, por cuanto se orienta a una reforma institucional de cara a los cambios que la sociedad está exigiendo y experimentando. Desde su trasfondo teológico, trasciende el ejercicio endogámico y se propone contribuir al cambio estructural.

Dos enfoques han predominado en el análisis y propuestas sobre la Reforma Universitaria. Uno calificado como de carácter “histórico”, que asume los modelos clásicos de Universidad, para el caso el napoleónico o profesionista y el humboltiano o científico para realizar una evaluación institucional comparativa, con el objetivo de identificar si la institución de educación superior responde más a uno u otro. El otro enfoque, caracterizado como “sociológico”, concibe las universidades como sistemas, estrechamente relacionadas con las sociedades en las que están inmersas, en tanto estructura social que debe cumplir con funciones (calificadas como sustantivas en la jerga universitaria) de investigación, docencia y extensión o proyección social (Rifo, 2019).

Ambos enfoques no son necesariamente contradictorios, ya lo dijimos, pero su diferenciación configura un ejercicio que facilita la reflexión. De hecho, particularmente para la universidad pública, la aparente paradoja entre formación profesional y el desarrollo científico se supera con una complementariedad en la que la producción científica apoya y fortalece la docencia para la formación profesional, así como la producción de tecnología. En consecuencia, en la complementariedad de tales modelos históricos encontramos un referente que fortalece el análisis que identificamos como sociológico, vinculado a las funciones sustantivas asignadas a la universidad.

Para cumplir con el propósito de repensar la universidad pública, para el caso la Universidad de El Salvador, en el marco del desarrollo de la educación superior en el país, estamos obligados a realizar esa reflexión –más que desde un modelo preestablecido– a partir de las inmanentes exigencias que se les plantean a sus funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la proyección social, en el contexto de realidades cambiantes: lo nacional y lo mundial y, dentro de cada uno de esos ámbitos, a partir de los requerimientos que provienen de variables sociales, políticas, culturales, tecnológicas y económicas.

A su vez, esta compleja dinámica exige plantear una actualización de su estructura organizacional, gerencial, financiera y de planificación[25] capaz de sustentar un plan estratégico y de desarrollo institucional, orientado al fortalecimiento y actualización curricular, pedagógica[26], del bienestar estudiantil, de su proyección social y el desarrollo científico.

Esta dinámica, a su vez, debe estar regida por valores éticos que constituyan la fortaleza institucional y de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, investigadores y administrativos. Tales valores se derivan de la responsabilidad social que proviene de su misión: contribuir al desarrollo humano integral, a la sostenibilidad ambiental, al desarrollo económico, cultural y moral de la Nación. Tales valores son: la excelencia, el servicio público, la pertinencia, la solidaridad, la equidad y la justicia social.

“La transformación educativa exige un nuevo pacto social, político y fiscal, amplio y a largo plazo, fortalecer el rol de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como en los sistemas de gestión, abordar desafíos específicos de cada nivel educativo, promover la articulación intersectorial y asegurar la sostenibilidad financiera de la mano de instituciones educativas fortalecidas para una mayor equidad y eficiencia del gasto” (CEPAL, 2022, p. 145).

“La transformación educativa exige un nuevo pacto social que posicione a la educación como un derecho humano y un bien común central para el desarrollo sostenible. Este acuerdo social y político, amplio y a largo plazo, debe ir acompañado de nuevos contratos fiscales que permitan otorgar sostenibilidad financiera a la reestructuración de los sistemas educativos para transformarlos en sistemas más inclusivos y resilientes, que garanticen el acceso a procesos de formación pertinentes y relevantes a lo largo de todo el ciclo de vida. La investigación y la innovación han de estar al servicio de este nuevo contrato social y fiscal, sustentándose en una agenda que incluya no solo la producción de conocimiento relevante, sino también el desarrollo de las competencias necesarias para abordar los desafíos presentes y venideros del mundo contemporáneo, reconociendo las distintas formas de crear conocimiento y acceder a él, y haciendo hincapié en la reducción de las desigualdades existentes.” (CEPAL, 2022, p. 160).

Un nuevo contexto ¿un sistema nacional de educación superior?

Una propuesta de reforma Universitaria dentro de la actual realidad de la Universidad de El Salvador, en cuanto universidad pública, requiere de un análisis de la Educación superior del país. Desde esa perspectiva, en este capítulo ensayamos un análisis de las principales variables que componen hoy el ecosistema de la educación superior en El Salvador.

Esbozo de un Sistema de Educación Superior

De los hechos históricos antes referenciados – para el período de la guerra civil y la posguerra– surge, en El Salvador, una nueva realidad en la institucionalidad de la educación superior. Esta se configura desde dos vertientes: una, la explosión del mercado de la educación universitaria privada, y otra, un prolongado deterioro del pacto social entre el Estado y la universidad pública. Ambas se traducen en un cambio en la relación de las instituciones de educación superior con el Estado salvadoreño o, lo que puede identificarse también como un reposicionamiento, un tanto equívoco o de resultados dudosos, del Estado frente a las instituciones de educación superior.

Todo ello bajo dos expresiones de la política estatal: en un primer período, la represión contrainsurgente durante la guerra civil, fundada en razones de seguridad nacional para intervenir la Universidad de El Salvador como respuesta ­ ­–sin duda desproporcionada­– al rol de esta institución en las luchas sociales de la época. Este fue el momento propicio para el surgimiento explosivo de universidades privadas. En un segundo período la educación superior, tanto pública como privada, se desarrolla en el contexto de las políticas neoliberales que predominaron en la posguerra y que cambiaron la configuración del Estado salvadoreño y sus relaciones institucionales, particularmente con las instituciones de educación superior.

Dentro de esta apresurada apuesta neoliberal, se pueden observar dos tipos de políticas públicas. Una, las modalidades de regulación y supervisión de las instituciones de educación superior, desde la cúpula burocrática estatal y, otra, la propuesta de impulsar instituciones de educación superior o terciarias, de carácter técnico. Ciertamente, este es un fenómeno de menor magnitud en sus alcances concretos, pero relevante para comprender y valorar la eficacia de las políticas gubernamentales vigentes. Junto a esto, hasta ahora únicamente como acto normativo digno de ponerle atención cuidadosa, debe considerarse también la inclusión, en la Ley de Educación Superior, de la posibilidad de crear otras universidades estatales[27].

A los hechos históricos anteriores debe agregarse que, en los últimos años (2018 -2023), particularmente a partir de la nueva denominación del Ministerio de Educación, MINED, como Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología MINEDUCYT[28], por una parte y por otra del lanzamiento de una Propuesta de Política Pública de Educación Superior, se observa una iniciativa –de carácter declarativo hasta ahora– que pretende fortalecer el desarrollo de capacidades nacionales en el campo de la ciencia y la tecnología. Esto nos lleva a incorporar dichas categorías, en esta reflexión y análisis, particularmente desde la perspectiva de la capacidad de las instituciones de educación para generar conocimiento, lo que obviamente, trasciende la función docente de las universidades o la orientación profesionalizante, conocida como napoleónica en los análisis de la educación superior y nos coloca de cara a los desafíos de la universidad científica o humboltiana. Paradigmas que no necesariamente deben verse como antípodas, sino como complemento obligado. Esta aparente antinomia, solo puede resolverse de cara a las demandas del desarrollo nacional y por consiguiente de cara a un nuevo pacto social de las universidades con el Estado, particularmente de la universidad pública.

En ese contexto se constituye, para la educación superior en El Salvador, una arquitectura institucional diversificada, que incluye –hasta la fecha– la histórica Universidad de El Salvador, las universidades privadas y los Institutos técnicos y especializados. Institucionalidad a la que hay que agregar los órganos creados por ley y adscritos al Ministerio de Educación, es decir la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) y el Consejo de Educación Superior (CES) y sus respectivas  normativas[29]. De esta manera se conforma lo que las autoridades gubernamentales, en su momento, bautizaron como un Sistema de Educación Superior (SES).

Merece poner atención a que las leyes salvadoreñas no mencionan ese concepto de Sistema de Educación Superior. Por el contrario, tanto en la Ley de Educación Superior, Art. 76, como en su Reglamento, en el Art. 18, se reconoce la autonomía de la Universidad de El Salvador y que esta se regirá por su propia Ley orgánica. Por su parte, las universidades privadas, también conforman unidades independientes, tal como lo reconoce el Art. 26 de la Ley de Educación Superior. Desde un punto de vista sistémico propiamente dicho, la institucionalidad de la educación superior salvadoreña no funciona como tal.

Lo anterior se deduce de la normativa, pero, como lo indicamos, sí existe una política pública impulsada por las autoridades gubernamentales, desde los gobiernos de posguerra, orientada a formalizar la institucionalización de ese pretendido sistema.  Así, en agosto del 2018, se presentó una propuesta denominada Política Nacional de Educación Superior (Machuca, 2018). Esta propuesta fue elaborada por los miembros del Pacto Multisectorial para la construcción de dicha política, integrado por: MINED, MINEC, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Don Bosco (UDB), Universidad Francisco Gavidia (UFG), Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), Consejo de Educación Superior (CES), Comisión de Acreditación de Calidad del MINED, Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES), Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y la comisión legislativa de cultura y educación.

En esta propuesta de política, precisamente en el apartado de “Visión” se estipula que “se aspira a la creación de un Sistema de Educación Superior” (SNES) y se reconoce que el funcionamiento del SNES requiere de un marco jurídico actualizado y que “una institucionalidad rectora[30] es fundamental para dirigir de manera articulada la aplicación de esta propuesta, para ello se plantea la creación del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCYT” (Pacto Multisectorial para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior, 2018).

Ilustración 1 Cronología de la institucionalidad de la Educación Superior ES

 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2020
Tipo	Públicas	Matrícula	%/total	Privadas	Matrícula	%/total	TOTAL	Matrícula	%
Universidades	1	55.227	29	23	122.258	64	24	177.458	93
Institutos especializados	5	7.068	3,7	6	3.348	1,75	11	10.416	5,50
Institutos técnicos	3	880	0,46	3	452	0,23	6	1.332	0,75
TOTAL	9	63.175	33	32	127.639	67	41	190.814	100
FUENTE: Dirección Nacional de Educación Superior, reporte 2020 SNIEES

 

 

 

 

 

Sobre la expansión de la oferta universitaria privada

La configuración del actual espectro de la educación universitaria en El Salvador, más que un carácter sistémico refleja una atomización, que tiene como punto de partida la expansión de la oferta de universidades privadas. Para finales de los años 1990 se habían creado 41 (Martínez Rocha & Lázaro Girón, 1998). En el año 1995, el gobierno de la República tuvo que intervenir y se redujeron a 23, que existen en la actualidad.

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), fue la primera en crearse, en 1965, en el marco de una propuesta conservadora y elitista, para competir con el desarrollo y protagonismo que la Reforma Universitaria, a partir de 1963, le imprimió a la UES. En este primer período, la UCA se configura como una opción de estudios profesionales para jóvenes provenientes de familias con capacidad de pago y que buscaban un espacio que los apartara del compromiso social que significaba, en aquella época, estudiar en la universidad pública.

Pero, el conflicto social creciente y la negación de las reformas sociales y políticas en El Salvador; aunado al giro que dará la Iglesia católica –luego del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM)– conducirán a un cambio en la orientación pastoral de la Compañía de Jesús.  Así, en los prolegómenos de la guerra civil y durante su período más agudo, bajo el liderazgo del teólogo Ignacio Ellacuría y su comunidad de sacerdotes jesuitas, con el apoyo de profesionales laicos, le dieron un giro a esta universidad que, para entonces, asumió la Teología de la Liberación y la opción preferencial por los pobres como fundamento de su compromiso institucional. Esto en consecuencia con el pensamiento y el trabajo que el propio Ellacuría había venido generando en el seno de la Compañía de Jesús en Centroamérica y en El Salvador en particular.   Así ha quedado registrado en la biografía de Ignacio Ellacuría que se encuentra en el sitio Web de la UCA (UCA, s. f.).  En este período, además de ser una institución de enseñanza, desde una visión profundamente crítica de la realidad sociopolítica salvadoreña, la UCA va a generar capacidad de reflexión, estudio, análisis y, sobre todo compromiso, con la transformación social de las injusticias estructurales que predominan en la sociedad salvadoreña.

Esta tendencia se cortó radicalmente a partir de 1989, con el brutal asesinato de los jesuitas. Así, durante los años 1992–2019, esta universidad va a establecer una alianza cada vez más cercana y preponderante con los gobiernos del período de posguerra civil. Particularmente, a través de convertirse en lo que su actual Rector, Andreu Oliva S.J., identifica como implementadores de proyectos del Ministerio de Educación, hasta transformarse en socios estratégicos de dicho ministerio. El Rector Oliva, en su comparecencia ante la Comisión de la Asamblea Legislativa, además de expresar esos conceptos, hace una presentación detallada de los proyectos que el Ministerio de Educación de El Salvador le asignó (MBN Noticias El Salvador, 2022). Estos giraron en torno a formación continua, especialización y actualización de los profesores; estudios sociológicos sobre cobertura e inclusión; atención a estudiantes en situaciones especiales; elaboración de pruebas para distintos niveles y las Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES); la acreditación de centros de educación;  desarrollo del Sistema integrado de Educación Inclusiva, como estrategia para enfrentar el fenómeno de las pandillas y la producción de materiales educativos y lúdicos para la juventud.

Este rol de la UCA, consolidado durante el período de posguerra civil, evidencia un pacto de dicha universidad privada con el Estado salvadoreño, en desmedro del pacto natural que debiera prevalecer entre este y la universidad pública, es decir la Universidad de El Salvador. Paradójicamente, mientras la UCA se fortalece como un aparato del Estado de posguerra civil, el pacto natural de la universidad pública, la UES, con el Estado salvadoreño, fue deteriorándose durante las intervenciones militares y así seguirá, como ya lo reseñamos, incluso en el período de posguerra civil.

Retomando el proceso de desarrollo de las universidades privadas en El Salvador, debemos anotar que luego de las intervenciones castrense de la UES en 1972 y los años siguientes, se crearon tres universidades más, la Albert Einstein (1978), la Matías Delgado (1978), y la Politécnica (1979); puede sostenerse que esta fue la alternativa que encontraron un número importante de docentes, ante la inestabilidad y cierres de Universidad de El Salvador intervenida militarmente. A su vez, estas universidades van a captar la matrícula de los jóvenes, de sectores medios de la sociedad, con capacidad de pago.

            El crecimiento exponencial de las universidades privadas continuó en los años siguientes, al amparo de una ley que ha sido calificada como “laxa y permisiva” (Rodríguez, 2002), emitida en 1965, precisamente para facilitar la creación de la universidad jesuita o UCA. Así se llegan a crear 41 universidades privadas; al punto que el gobierno salvadoreño –como lo hemos indicado– en 1995, debió intervenir para regular esas instituciones. “La falta de pertinencia de los programas de estudio en general, incluyendo los programas de formación de los profesores… fue elemento importante para considerar conveniente intervenir para que éstas fuesen determinados y supervisados directamente por el Ministerio de Educación.” En este mismo artículo, se sostiene que: “Conforme al proceso de reforma del nivel terciario desarrollado con la aprobación de la Ley de Educación Superior y su Reglamento, se desarrolló una profunda transformación cuyas implicaciones fueron: a) la derogación de la Ley de Universidades Privadas (1965), una ley laxa y permisiva; b) el cierre de al menos 21 instituciones que no cumplían con requisitos establecidos en la nueva Ley; c) la implementación de un innovador Sistema de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior (Calificación, Evaluación y Acreditación); d) la creación de entes consultivos, proposititos y de apoyo (Consejo de Educación Superior y Comisión de Acreditación); e) el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la nueva Ley, particularmente el cumplimiento del Art. 34 (requisitos mínimos de funcionamiento); entre otros logros (Rodríguez, 2002).

Debe notarse que, si bien el argumento que dio paso a esta nueva legislación lo fue el crecimiento desordenado y la mala calidad de las instituciones privadas de educación superior, los legisladores que la concibieron no hicieron una nueva ley para las universidades privadas, que sustituyera a la ya mencionada de 1965, sino que aprobaron una Ley general para la Educación Superior (LES), incluyendo así a la Universidad de El Salvador o universidad pública, aun cuando fuese regulada por su propia Ley Orgánica, lo que marcará una contradicción latente o solapada entre el accionar de la Dirección de Educación Superior, las universidades privadas (particularmente las llamadas acreditadas) y la UES.

Este carácter de la LES, lo reconoce Ligia Rodríguez, antes citada, desde la Dirección de Educación Superior, cuando identifica como elementos notorios y novedosos de la nueva legislación (1995), entre otros, los siguiente: la unificación del marco regulatorio de la educación superior que hoy abarca tanto a las instituciones estatales como a las privadas; la organización institucional del nivel en instituciones tecnológicas, instituciones especializadas y universidades; la creación del Consejo de Educación Superior (CES) como un organismo consultivo y propositivo; así como, la creación de normativas de supervisión y seguimiento de esa institucionalidad: el establecimiento del Coeficiente de Unidades de Mérito (CUM), requisitos mínimos que deben cumplir las instituciones para mantener su autorización de funcionamiento y, mecanismos obligatorios de seguimiento y de verificación: calificación Institucional, proceso que se realizará anualmente, y evaluación institucional que se lleva a cabo cada año alterno y mecanismo voluntarios de acreditación institucional de la calidad.

La nueva legalidad, cambios en el pacto social de la universidad pública

Como se ha visto en el acápite anterior, la legalidad para las instituciones de educación superior en El Salvador –que surge en la posguerra– ha pretendido dar respuesta a las consecuencias, ya descritas, de la guerra civil. Particularmente al amplio proceso de privatización de la oferta universitaria, para lo cual, en 1995, el gobierno inicia la construcción de un sistema de vigilancia y control de las instituciones de educación superior, a través de un proceso de evaluación y acreditación.

Esto creó, por una parte, una dicotomía o división indebida entre universidades “acreditadas”, por lo general, las de mayores recursos y las “no acreditadas”, que no obstante esa categoría, siguen funcionando. En este caso, por lo general, se trata de instituciones con menos recursos para cumplir con las exigencias derivadas de las propias exigencias de los parámetros de la acreditación. Esto responde también a que, dentro de esta política estatal, no se ha promovido la acreditación por carreras o programas.

Por otra parte, en la creación y la finalidad expresa de la LES se puede leer que la UES queda en una desventaja significativa en el contexto de las instituciones de educación superior del país. Una simple muestra de esto es la conformación del CES, en el que se incluyó a la UES, representada por el rector, pero en una condición minoritaria con relación a las universidades privadas, sin importar ninguna consideración como puede ser su antigüedad, su matrícula y su cobertura territorial. La respuesta de las autoridades de la UES, ante esta situación, ha sido ausentarse de dicho organismo, aunque eventualmente haya optado por una presencia formal de no compromiso. 

Lo expuesto nos permite reafirmar lo que ya dejamos indicado, en el transcurso de los gobiernos de posguerra, (que se inician en 1991 luego de los Acuerdos de Paz y que se cierra con la elección del Presidente Nayib Bukele, que se da inicio a un nuevo ciclo político), no hubo intencionalidad política para reconstruir el pacto social de la universidad pública con el Estado, pacto sumamente debilitado o prácticamente roto, durante el período de la guerra civil, que para la UES inició con la intervención militar de 1972 y concluyó luego de su última intervención y cierre en 1989.

Para comprender el fundamento de esta nueva legislación debe considerarse que esta se da en el marco de las políticas neoliberales, que se consolidan luego de los mencionados “Acuerdos de Paz”, 1991. Precisamente esas políticas van a reconfigurar las viejas relaciones de poder e implicarán una nueva relación del Estado con las instituciones de educación superior.

Hay dos expresiones entre las que se debate el paradigma neoliberal, y que tiene implicaciones directas con las instituciones de educación superior.  En un caso, el modelo apunta a la privatización o tercerización de servicios y, por otra parte, a fortalecer la función de supervisión y control indirecto de las instituciones educativas. Estos prototipos, no se aplican mecánicamente, sino que se implementan según las particularidades de los Estados, las sociedades y la viabilidad política.

Por tanto, asumimos tales referencias –recurriendo a Max Weber[31]– como modelos o “Tipo Ideal” de las políticas neoliberales, pero estos, al implementarse en el ámbito de realidades concretas sufren modificaciones y adquieren particularidades propias de esa realidad sociopolítica y económica. Así, en el caso de El Salvador, las tendencias a la privatización de las instituciones educativas estatales topa con el hecho social de que una amplia población en edad de cursar la educación superior no tiene los recursos ni otras condiciones sociales necesarias para acceder a la formación universitaria pagada. Pero también, la misma economía o sistema de acumulación de capital salvadoreño, no tiene la capacidad de generar una oferta de educación superior privada que logre cubrir esas necesidades.

 

 

Por consiguiente, lo que se ha dado en llamar “Sistema de Educación Superior” presenta incongruencias o realidades altamente dispares, como resultado de ese choque de las políticas neoliberales con la realidad social. Lo que evidencia los límites del alcance de tales políticas.

Desde el punto de vista del financiamiento, como puede verse en la gráfica adjunta, existen dos modelos dicotómicos. Los ingresos de la única universidad pública, la Universidad de El Salvador, depende casi exclusivamente del presupuesto del Estado, por cuanto ésta no cobra arancel o mensualidad, es decir es una universidad gratuita[32]. Por otra parte, los ingresos de las universidades privadas provienen del pago de colegiatura de los estudiantes o su familia. No obstante, debe señalarse que el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior privadas se refuerza con un 25% del aporte estatal a la educación superior (Dirección de Educación Superior, 2020).

Este primer dato nos induce a sostener una primera hipótesis: en las condiciones socioeconómicas de la población salvadoreña, el Estado no puede desatender la oferta de educación pública universitaria.

Por otra parte, se hace evidente que los procesos de privatización de las instituciones de educación superior en El Salvador evidencian un tope en cuanto a su capacidad para absorber o atender la población salvadoreña en edad universitaria; esto nos conduce a formular una segunda hipótesis: los procesos de acumulación del modo de producción salvadoreño, o las particularidades del desarrollo de su economía, no permiten una privatización más amplia de la oferta de educación superior. 

Estas hipótesis, se sustentan en evidencias muy claras: la Universidad de El Salvador –aún luego de sufrir intervenciones militares, cierres y la indiferencia de los gobiernos de posguerra civil– ha mantenido una población estudiantil cercana al 30%, del total de la matrícula de la educación superior del país.

Matricula según universidades privadas y universidad pública *
Año	2010	2011	2012	2013	2014	2020
Universidad de El Salvador	50.171 33,4%	54.154 33,8%	54.900 32,3%	55.781 31,7%	54.373 30,8%	55.227 31,1%
23 Universidades privadas	99.841 66,6%	106.220 66,2%	114.960 67,7%	120.282 68,3%	121.920 69,1%	122.285 68,0%
TOTAL	150.012	160.374	169.860	176.063	176.293	177.512
*No incluye Institutos técnicos o especializados que representan el 6% del total de la matrícula de las IES Elaboración propia datos: Dirección Nacional de Educación Superior, reporte 2020 y anteriores SNIEES

 

Por su parte, solo hay dos universidades privadas que se acercan al 10% de esa matrícula, lo que –si se considera las condiciones favorables en que estas se han desarrollado– es un indicio de las limitaciones estructurales que estas evidencian para absorber una mayor población de educandos.  

Esto adquiere un significado más profundo si se tiene en cuenta que, de la población de salvadoreños jóvenes, en edad de recibir educación superior, solo 11,8% está asistiendo a las universidades o institutos de educación terciaria.

Tasa neta de matrícula Educación Superior / Jóvenes entre 18 y 24 años
	Matrícula	Población	Tasa neta
Total	113.996	959.463	11,88%
Fuente Dirección Nacional de Educación Superior, reporte 2020 SNIEES

 

Aunque no se trate de datos absolutamente comparables, es posible evidenciar diferencias sustantivas, si observamos tasas similares en otros países, por ejemplo, Costa Rica, la población joven entre 25 y 34 matriculada en instituciones de educación superior asciende 28%, tasa que es aún menor en 16 puntos al promedio de los países de la OCDE[33], que es de 44%. Para una aproximación más precisa, más de 40% de la población entre 19 y 20, en los países de la OCDE, asiste a instituciones de educación superior.

Recalcamos que, no obstante, las condiciones adversas de la UES para ofrecer sus servicios universitarios a la sociedad salvadoreña, si se le considera, vis a vis cada una de las 23 universidades privadas, ella sigue siendo la institución que atiende­ la mayor población, en edad universitaria.

Alcances y limitaciones de la educación superior no universitaria vs. proliferación de programas universitarios

Las demandas de educación superior no universitaria, que adquieren la figura de institutos tecnológico o especializados, no siempre aparecen como políticas públicas explícitas o asumidas francamente por el Estado, pero si son ideas fuerza –traducidas en propuestas e iniciativas– provenientes, particularmente de actores socioeconómicos que demandan mano de obra calificada, es decir surgen desde sus propias necesidades de recursos humanos o desde modelos particulares de desarrollo. Sin duda, estas iniciativas o demandas son relevantes en el ámbito del debate sobre el desarrollo de la educación superior, pero sobre todo desde la perspectiva del modelo de desarrollo que demanda el país. Por tanto, es importante dedicarle algunas líneas a analizar las limitaciones y alcances que han tenido las propuestas de diversificación de la educación superior o el desarrollo de centros o institutos de educación superior no universitaria.

La Ley de Educación Superior (LES), ya citada, incorpora estos conceptos en el Art. 4 y define la educación superior como “todo esfuerzo sistemático de formación posterior a la enseñanza media y comprende: la Educación Tecnológica y la Educación Universitaria”. Y agrega, “La educación tecnológica, tiene como propósito la formación y capacitación de profesionales y técnicos especializados en la aplicación de los conocimientos y destrezas de las distintas áreas científicas o humanísticas.”

Es muy relevante, detenerse a analizar los alcances de esta propuesta y preguntarse a qué se debe su paupérrimo desarrollo. Por otra parte, con los datos presentados por las propias instancias del MINED, pueden identificarse signos claros de la debilidad de un pretendido sistema de educación superior que, en esta rama, muestra asimetrías significativas y áreas de desarrollo muy desigual.  Como puede verse en el cuadro siguiente, la llamada “Educación tecnológica”, incluida como rama de la educación superior, tiene un muy limitado desarrollo. Particularmente si se considera su cobertura o matrícula y el financiamiento tanto público como privado, con relación a la “Educación Universitaria”.

 

Matricula promedio por sector y tipo de IES
Sector/Tipo de IES	Matrícula
SECTOR PÚBLICO	63.115
Universidades	55.227
Institutos especializados	7.068
Institutos tecnológicos	880
SECTOR PRIVADO	127.639
Universidades	122.285
Institutos especializados	4.379
Institutos tecnológicos	615
TOTAL	190.814
Elaboración propia. Fuente Estadísticas, Dirección de Educación Superior   Reporte 2020

 

Según estos datos, es muy evidente el escaso desarrollo de la llamada “educación superior no universitaria”. Si condensamos las cifras del cuadro anterior encontramos que la matrícula total de la educación universitaria pública y privada es de 177.512 y la no universitaria, pública y privada, es apenas de 12.942, para constituir el 7% de la matricula total.

Al revisar los datos sobre la financiación de este tipo de institutos tecnológicos o especializados encontramos el mismo patrón. 

La falta de voluntad del Estado y del sector privado para desarrollar este tipo de oferta académica es muy notoria y reitera la hipótesis sobre las limitaciones y particularidades de la estructura productiva del país para hacer una oferta de formación profesional robusta. Las limitaciones del Estado son también obvias y claramente delimitadas por las políticas neoliberales imperantes, orientadas a minimizar los servicios del Estado y a promover la privatización de estos, conjugándose con las limitaciones ya señaladas de la estructura productiva o modalidades de acumulación de riqueza hegemónicas en el país.

Por otra parte, también debe considerarse que la inversión extranjera, estimulada en los últimos años, bajo el paradigma del libre mercado y la globalización, ha favorecido la presencia de empresas transnacionales o franquicias de estas que incluyen paquetes tecnológicos cerrados y la preparación de sus propios recursos humanos para la instalación, mantenimiento y reparación de sus marcas patentadas.

Producción del conocimiento, desarrollo de ciencia y tecnología, realidad actual y proyecciones.

El modelo de desarrollo preponderante en Centroamérica y, en particular, en El Salvador se basa en la atracción de inversión extranjera, la promoción de exportaciones y la apertura comercial. En este marco, el mejor escenario posible sería aquel en el que dicho modelo se orienta a atraer un tipo de inversión de mediana y alta tecnología. Para lograr eso el país deberá alcanzar niveles importantes de innovación, basada en la conocida dupla de factores de desarrollo: investigación y desarrollo (I+D).

Desde esa perspectiva, así como desde el paradigma de desarrollo endógeno, como lo destacan Monge-González, Crespi y Beverinotti, citando al propio Crespi (2010) debe valorarse que “los modelos recientes de crecimiento económico “endógeno” han asignado un papel central a la I+D como motor del crecimiento de la productividad y, por ende, del crecimiento económico.” (Monge-González et al., 2020).

En esa misma publicación se sostiene, citando a Rouvinen (2002), “que las inversiones en I+D son un insumo crítico para el crecimiento a largo plazo y no un ‘lujo’ que pueden darse solamente los países más ricos. Otro resultado importante de este trabajo es que no es posible esperar resultados de las inversiones en I+D en el corto plazo, sino que en muchos casos los impactos transcurren dentro de tres o cuatro años de haber acontecido la inversión inicial”.

Siendo así y dadas las elevadas tasas de retorno a la innovación, reportadas por distintos estudios, las políticas públicas para promover la I+D se tornan imprescindibles. 

En la relación entre políticas públicas orientadas a la Educación Superior y las que buscan impulsar la I+D existe un lazo muy estrecho. Para comprender esto baste con poner atención en los denominados factores externos a las empresas[34] que inciden en el avance de I+D, entre los que se identifican: la calidad del capital humano, el acceso a información y tecnología, el acceso al financiamiento, el clima de negocios y el marco institucional.

De estos factores, sin lugar a duda, los 3 primeros están directamente relacionados con el quehacer universitario y, en consecuencia, con las políticas públicas de educación superior. No obstante, podemos adelantar que, tanto la Política Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (PNICT) presentada en mayo del 2018, por el gobierno de El Salvador y la Política Nacional de Educación Superior (PNES), entregada oficialmente el 16 de agosto del mismo año no contemplan, de manera precisa, una estrategia de fortalecimiento de la universidad (o si se quiere del llamado Sistema Nacional de Educación Superior) con una estrategia de fortalecimiento y avance de la I+D.

La PNICT, define como objetivo “fortalecer el marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y tecnológica” y, reconoce que El Salvador aparece, entre los países de América Latina y el Caribe (ALC), según los indicadores revisados, con el menor volumen de inversión destinados a I+D. (Ver gráfica adjunta) (Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, 2018). No se cuenta con una evaluación de los resultados de esta PNICT, la cual sería difícil realizarla pues este documento es relativamente reciente y, a su vez, muy general, solo tiene lineamientos para oficinas o instituciones gubernamentales y no presenta indicadores de seguimiento. Sin embargo, llama la atención que, en esta política, ni la universidad pública, la UES, ni las privadas, aparecen como actores relevantes.

Figure 12.7. Inversión en I+D en países seleccionados (millones de dólares PPC) http://www.ricyt.org/wp-content/uploads/2022/11/El-estado-de-la-ciencia-en-im%C3%A1genes-2022.pdf

 

Como ya hemos indicado antes, la PNES se formuló, en el marco del llamado Pacto Multisectorial para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior, firmado el 8 de abril de 2016, bajo el auspicio del Proyecto de USAID[35] de Educación Superior para el Crecimiento Económico, desarrollado por el MINED junto a un grupo de Instituciones de Educación Superior, IES. Este documento, aun cuando asume la investigación como una de las funciones sustantivas de las universidades, no se centra en el desarrollo científico como eje estratégico en la creación del conocimiento, elemento central para conformar una universidad de alto nivel académico. De esta manera, observamos que se establecen ciertas coincidencias conceptuales o paradigmáticas con Política de Ciencia y Tecnología antes reseñada, en la que el rol del desarrollo de Investigación y desarrollo (I+D) parece no descansar en las Universidades.

Proponemos como indispensable, considerar la necesidad de un giro conceptual que valore el rol estratégico de las universidades en el desarrollo de las ciencias y las tecnologías. Entendido el desarrollo científico como un proceso de adquisición sistemático de conocimiento, base para una actualización del pensum académico como para la innovación y el aporte al desarrollo tecnológico.

Esto por cuanto I+D, según el Manual de Frascati, engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo experimental. “La investigación básica consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. La investigación aplicada consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. El desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o de la experiencia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes.

Esto constituye un gran desafío para las universidades en general, pero dado lo que hemos sostenido antes, particularmente para la universidad pública.

Perfil institucional de la UES. tres autorretratos

Existen diferentes documentos, tales como planes de desarrollo e informes de autoevaluación[36] que pueden sustentar un diagnóstico institucional de la UES. En este acápite tomaremos como referencia, para caracterizar el perfil académico de esta universidad, tres documentos que por su secuencia histórica permiten llegar a una visualización de factores críticos que se constituyen en desafíos de cambio para la propia universidad, estos son: 1) Balance y Perspectivas de la Universidad de El Salvador, 1991  1995 (Castillo Figueroa, 1995); 2) Universidad de El Salvador, Autoevaluación Institucional Sede Central 2010-2012 (UES, 2012); 3) Informe sobre la acreditación institucional otorgada a la Universidad de El Salvador 2019  2021 (UES y HCÉRES, 2021).

Balance y perspectivas de la Universidad de El Salvador, 1991  1995

El análisis del documento adquiere particular relevancia por cuanto contiene elementos y criterios sobre la UES, precisamente en el momento histórico en el que se negociaba el fin de la guerra civil y se inicia la etapa de los gobiernos de posguerra.

Este documento toma como referencia el Plan de Desarrollo Integral de la Universidad de El Salvador, que fue propuesto[37] para implementarse en la segunda gestión como Rector del Dr. Fabio Castillo, precisamente para esos años.

Los elementos centrales de ese Plan son:

      I.         Punto de partida, diagnóstico

A causa de las ocupaciones militares y el alto grado de conflicto social y políticos, incluida la guerra civil (1972 a 1992):

·       La universidad pierde la mayor parte de sus recursos académicos: profesores, recursos de información, bibliotecas, laboratorios docentes y científicos.

·       Aunado a lo anterior la UES sufrió el embate de terremotos que afectaron seriamente su infraestructura.

    II.         Objetivo

Recuperar y fortalecer las funciones docentes, el desarrollo científico y la proyección social de la UES, actualizando y renovando al personal académico, restaurando los espacios físicos y los sistemas de información/bibliotecas y reequipando los laboratorios

  III.         Áreas[38]

·     Reorganización, actualización y formación de personal académico

·     Reorganización del sistema bibliotecario

·     Equipamiento de los laboratorios

·     Restauración de espacios físicos e infraestructura

·     Reorganización del sistema administrativo

·     Apoyo a la investigación científica.

Como ya lo hemos dejado indicado, el desarrollo de este Plan fue todo un desafío y encontró serias dificultades para implementarse. Precisamente, en nota del Editor del documento analizado, se señala que: “No ha sido fácil para el Rector desempeñarse en la actual Universidad, existen en ella no pocos vicios que se arraigaron principalmente durante las ocupaciones militares de esta Casa de Estudios.” A estos factores internos se agregaron la falta de apoyo presupuestario y la indiferencia y recelo de las autoridades de los gobiernos de posguerra.

No obstante, debemos reiterarlo, aun cuando el gobierno seguía negando un aumento al presupuesto de la universidad, limitándolo al pago de salarios y un escuálido fondo de funcionamiento, la gestión del Rector Castillo Figueroa, en el período 1991-1995, da paso a un esfuerzo por rescatar y reconstruir la instalaciones, zonas recreativas y áreas verdes en la Ciudad Universitaria, se reactivaron préstamos para infraestructura y renovaron líneas de cooperación internacional. La reconstrucción de varios edificios, mejoras en la gestión de la institución y la construcción emblemática de la biblioteca central, son ejemplos de ese esfuerzo. La reconstrucción del Campus logrará un importante impulso al culminar las negociaciones para que este fuese la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, proceso que culminó durante la administración de la Dra. María Isabel Rodríguez como Rectora. Así que la propuesta y el esfuerzo por llevar adelante ese Plan y los logros alcanzados perfilan una ruta aún valiosa, pertinente y pendiente de recorrer.

  IV.         Factores críticos identificados en esta experiencia

·       Cultura institucional deformada por el conflicto sociopolítico, organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones estudiantiles y gremiales) cooptadas por partidos políticos y vacío de liderazgo.

·       Falta de apoyo e indiferencia de los gobiernos de posguerra y obstaculización a iniciativas propias impulsadas por las autoridades de la UES

·       Bajo presupuesto estatal para la universidad pública

·       Creciente demanda de ingreso a la universidad nacional.

·       Desfase entre demandas y proceso de recuperación de las condiciones académicas para atenderlas.

Universidad de El Salvador, autoevaluación institucional, Sede Central 2010-2012

Este documento resulta de la aplicación de lo que establece el Manual para la Elaboración de la Autoevaluación Institucional, Ministerio de Educación de la República de El Salvador MINED noviembre de 2009. Su valor está dado por ser un ejercido interno, realizado a 10 años de establecidos los Acuerdos de Paz que dan origen a los gobiernos de posguerra.

Lo primero que puede observarse en este ejercicio de autoevaluación es que está orientado a satisfacer un requerimiento de supervisión y vigilancia burocrático, es decir no surge de la dinámica de las propias fuerzas internas de la institución, pero es avalado por sus autoridades. Por consiguiente, no se identifican objetivos y propósitos que reflejen una disposición o búsqueda de renovación endógena.

En consecuencia, la evaluación realizada toma como línea base lo establecido en la leyes y normativas de la UES y no las aspiraciones o las demandas de la comunidad académica, como tampoco se propone evaluar el ejercicio de sus autoridades y funcionarios ni busca identificar las condiciones concretas en las que se ejercen las funciones sustantivas de la universidad.  Con todo, el documento adquiere valor en cuanto ejercicio de consulta a la comunidad académica en la que se refleja la percepción de los entrevistados.

Esta evaluación se efectuó por medio de una encuesta que consultó a distintos sectores de la comunidad universitaria: autoridades, administradores, académicos, administradores financieros, directores de escuela o departamento, egresados y graduados y empleadores de las nueve facultades. Totalizando 1281 personas consultadas.

    V.         Los criterios para el análisis que se abordan en el informe analizado son:

·     Misión

·     Gobierno y administración

·     Estudiantes

·     Académicos

·     Carreras y otros programas académicos

·     Investigación

·     Proyección social

·     Recursos educacionales

·     Administración financiera

·     Infraestructura física

·     Integridad institucional

  VI.         Resultados de la autoevaluación institucional

Sin pretender agotar el análisis de ese documento, que tiene muchas aristas, pasamos a destacar algunos de los resultados más relevantes, para los efectos de este ensayo:

·       Sobre la “Misión institucional”[39]

En lo referente a la Misión, tal como está descrita en los documentos oficiales, como la Ley Orgánica de la UES, la aceptación de esa declaración, al compararse con los otros ítems evaluados es el que tiene los mayores niveles de aceptación. En este caso, solo hay 10 % de los consultados que manifiesta estar en desacuerdo con tal enunciado. Sin embargo, 40% se pronuncia por que debe revisarse.

Por otra parte, pero vinculado a este tema, al consultar sobre si los Objetivos institucionales están sirviendo de guía para el desarrollo de la universidad, un porcentaje también cercano al 40% manifiesta estar en desacuerdo. Según estos datos, puede deducirse que un alto porcentaje de los consultados expresa que existe una incongruencia entre Misión y Objetivos y la gestión institucional.

Otros resultados similares a este punto de vista aparecen también al consultar sobre el último de los criterios o ítems: la Integridad institucional, en el que se evalúa el compromiso interno y externo de cumplimiento de los enunciados de la Misión y de los otros criterios afines. En este caso, solo 38% de los encuestados se manifestó de acuerdo con que existe una relación coherente entre las intenciones planteadas en la Misión y la realidad en la que se desarrollan las actividades de la institución; pero 62% expresó que no hay coherencia entre el ideal planteado en la Misión y la realidad.

·     Sobre la “Administración”

Solo 32% de los encuestados está de acuerdo con la afirmación de que los jefes de las unidades académicas y administrativas de la Institución son idóneos y desarrollan sus funciones de manera eficaz; el restante 68% se manifiesta en contra de esa afirmación. De éstos, 26% considera que la idoneidad profesional de quienes ostentan esos cargos no garantiza que los procesos sean claros y agiles y 42% se manifiesta totalmente en contra de la afirmación de que los funcionarios son idóneos y desarrollan sus funciones de manera eficaz.

·      Sobre la idoneidad de los encargados de “Gestión académica”,

Solo 30% de los consultados manifiesta estar de acuerdo con el desempeño de los funcionarios administrativos. 27% consideran que se necesita mayor capacitación para dichos funcionarios, con el fin de elevar el nivel de eficacia en el desempeño de sus funciones y 43% cree que la selección de los funcionarios y el desempeño de sus funciones carece de la evaluación pertinente a las responsabilidades inherentes de las funciones que desempeñan.

·       Sobre la cantidad y calidad del “Personal académico”

Al consultar sobre si la institución cuenta con personal académico para el cumplimiento de las funciones básicas de la educación superior las opiniones se dividen por mitad. 54% de la población encuestada está de acuerdo con esta afirmación y 56% sostiene lo contrario, de éstos 23% creen que la distribución de carga académica y la falta de más docentes contratados a tiempo completo no permiten que pueda desarrollarse la investigación y proyección social de calidad y otro 23% considera que los docentes se concentran en la docencia, descuidando las otras funciones. Ambos grupos coinciden en que la falta de capacitación incide en gran medida en que los docentes no investiguen y no integren Investigación y Proyección Social con Docencia, en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

Sobre la idoneidad, si bien 57%  de los  encuestados  concuerda que  la  planta  docente  de  la  Universidad  es  la  idónea para  el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, 21% opina que la idoneidad se ve afectada porque  se  necesita  mejorar  los  programas  de  inducción  para  las  nuevas contrataciones y 32% considera que deben desarrollarse planes de formación y actualización pedagógica de la planta docente, particularmente en el ámbito de las nuevas metodologías aplicadas a la enseñanza.

·      Sobre “Programas de actualización y capacitación” del personal docente

En esta categoría, solamente 39% de los encuestados  considera que  la  Universidad desarrolla  programas de actualización y capacitación para su personal académico, 29% consideran que estos programas no son suficientes ni son tomados como  un  requisito  fundamental para la carrera docente; a estos debe agregarse 32% que señala que no se cuenta con dichos  programas, que en la práctica la capacitación  es  exclusiva  responsabilidad  del  mismo  docente,  quien invierte recursos y tiempo, que no son facilitados por la institución, lo que redunda en una  lenta actualización de la planta docente y por ende, en falta de estímulo profesional.

·        Sobre la “Investigación”

Para evaluar este criterio, de manera semejante a los anteriores, la pregunta es si la institución cuenta con una política de investigación y si tiene definidas línea y estrategias en este campo. Al respecto, cerca del 45% de los consultados manifiesta que esa política sí existe, pero el restante 55% manifiesta desconocer dicha política, líneas y estrategias para la investigación en la universidad.

Para establecer una comparación que permita contar con un criterio más objetivo sobre este tema o criterio evaluado, elaboramos el cuadro siguiente, a partir de datos reportados en el Informe de evaluación que venimos analizando:

 

A partir de estos datos, reportados para la Sede Central de la UES, se vuelve evidente la carencia y la debilidad en el ámbito de la investigación, para el período evaluado 2010 / 2012. Porcentualmente, del total del personal académico con grado, solo desarrolla proyectos de investigación 1.6% de los docentes y, si se consideran solamente los que tiene posgrado, se eleva a 5%.

·     Sobre “Proyección social”

Si bien, en esta categoría aproximadamente 60% de la población encuestada manifiesta que la UES tiene definidas las normativas institucionales y que cuenta con políticas pertinentes, cerca del 40% expresa que dichas normas y políticas o son insuficientes o no existen.

Pero al consultárseles sobre la dotación de recursos materiales para el desarrollo de la proyección social, los que consideran que es suficiente se reducen a 33% y el restante 67% la considera insuficiente para satisfacer la demanda social.

·     Sobre el “Sistema bibliotecario”

Si bien la UES cuenta con un Sistema Bibliotecario, la satisfacción con la dotación de recursos, el servicio y la capacitación del personal solo se manifiesta en 33% de los consultados, 36% se siente parcialmente satisfecho y 31% expresaron su desaprobación.

·     Sobre la “Administración financiera”

Tres aspectos destacan con relación a este tema en la evaluación: Uno, la desigual ejecución del presupuesto, a partir de lo que se identifica como predominio de las Facultades[40] en la   planificación, ejecución   y   proyección   financiera   de   la   Universidad de El Salvador. El segundo tema, tiene que ver con la consideración mayoritaria de que el presupuesto asignado por el gobierno a la UES no es suficiente. El tercer tema tiene que ver con la idoneidad y competencia de los funcionarios responsables de la administración financiera. En cifras, esto se expresa así: 24% de los consultados manifiesta desconocer los perfiles académicos y el desarrollo profesional de los funcionarios responsables de la administración financiera, el 40% señala que dicho personal necesita mayor capacitación para responder a las exigencias de su cargo; mientras que solo 36% los considera idóneos y competentes. Si bien 32% de los encuestados considera aceptable la ejecución presupuestaria, 40% considera que dichas políticas se desarrollan localmente en las facultades, lo que dificulta que el crecimiento y desarrollo sea continuo y al mismo ritmo para todas las unidades académicas; 32% restante, manifiesta desconocer la existencia de políticas financieras.

·      Sobre “Infraestructura física e instalaciones

El campus universitario fue remozado y mejorado en un compromiso con el Estado, particularmente con el Instituto de Deportes (INDES).

 

VII.         Factores críticos identificados en este estudio

A 20 años de la primera rectoría (1991-1995) del período de posguerra civil y después de cuatro gestiones rectorales[41], según se deduce de la propia autoevaluación institucional, el desarrollo académico de la UES encuentra serios factores críticos para su avance, algunos ya se perfilan desde aquel primer período y otras se ponen en evidencia por este ejercicio.

·        Alta percepción, en la propia comunidad universitaria, sobre un significativo déficit en la gestión y funcionamiento administrativo de la UES.

·        Significativo nivel de desconfianza, por parte de la comunidad universitaria, sobre la capacidad de las autoridades para el ejercicio de sus funciones, tanto para la gestión académica estratégica, como administrativa y financiera.

·        Un porcentaje relevante de la comunidad universitaria encuentra debilidades en la capacidad institucional para cumplir con las funciones sustantivas de la universidad, tanto en la docencia como en la proyección social, pero de manera más significativa en la investigación científica.

·        Demanda de fortalecimiento de los servicios de apoyo académico, particularmente del Sistema de servicio de información documental o bibliotecas.

·        Necesidad de actualizar y fortalecer el cuerpo académico en el ámbito docente y científico.

·        Alcanzar una mayor coherencia entre objetivos y políticas de proyección social y la práctica real.

·        Mejorar la capacidad de generar conocimiento, fortaleciendo la investigación científica y las condiciones para desarrollarla.

·        Asegurar un presupuesto estatal coherente con el servicio que la universidad pública le presta al país.

Informe sobre acreditación institucional otorgada a la Universidad de El Salvador 2019  2021

Este estudio ha sido seleccionado por ser la más reciente de las evaluaciones institucionales y fue generado durante la administración actual de la UES. Además, es el primer informe de autoevaluación que se somete al criterio externo, en este caso, ante el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres)  Francia. Todos los anteriores autoestudios, aun cuando fueron hechos para cumplir con los requisitos del Ministerio de Educación, no fueron considerados para efectos de acreditación. Es relevante notar que en El Salvador no se practica evaluación con fines de acreditación por carreras o programas, únicamente se realizan autoestudios de carácter institucional.

En este ejercicio se tomaron como referente los siguientes ítems o “Dominios”, los cuales se subdividen en subcategorías o Factores, para la autoevaluación y acreditación externa.

 VIII.         Gobierno y gestión universitaria

·       Factor: La misión y visión institucional y su posicionamiento estratégico

·       La organización interna y la puesta en marcha del plan estratégico

·       La identidad y comunicación de la institución

·       Investigación y docencia

·       La política de investigación

·       La política de formación (o docencia)

·       Vínculo entre investigación y docencia

·       Recorrido del estudiante

·       Los recorridos de los estudiantes, la orientación e inserción profesional

·       Recursos del aprendizaje

·       Ambiente de aprendizaje

·       Relaciones exteriores e internacionales

·       Las políticas de alianzas locales

·       Las relaciones internacionales

 

        IX.         Dirección

·       Las finanzas de la institución

·       Los recursos humanos de la institución

·       Sistemas de información

·       Patrimonio inmobiliario de la institución

·       Calidad y ética

·       Política de calidad y mejoramiento continuo

·       Ética y deontología

 

    X.         Proyección social

Este informe tiene la particularidad de que está orientado a identificar propuestas de mejoras que, en el formato escogido, se identifican como “puntos a tener en cuenta para impulsar su mejora”, también se incluyen “recomendaciones” formuladas por parte del Comité o panel de expertos que realizó la evaluación externa. Sin duda, estas recomendaciones parten, necesariamente, de la identificación de debilidades. A continuación, en una muy apretada síntesis, se recogen los elementos diagnósticos y recomendaciones más relevantes para conformar un cuadro o perfil de la UES, comparativo con la síntesis de los otros documentos antes reseñados.

 

  XI.         Gobierno y gestión universitaria

En este ítem se reconoce que el sistema existente de convivencia de poderes no favorece la coherencia de la toma de decisiones y la gestión de la UES. Esto en razón de las diferencias de criterios sobre el quehacer universitario que persisten entre las propias autoridades; pero también, por la descoordinación de las autoridades centrales con la de las facultades y centros regionales. En este mismo sentido se reporta escaza fluidez y falta de interacción entre las vicerrectorías, las secretarías y las 12 facultades, en tanto órganos de poder.

A su vez, se observa una redundancia de estructuras organizativas, duplicidad de funciones y de unidades, no solo entre los órganos centrales de toma de decisiones sino también entre las Facultades y Centros regionales, lo que aumenta enormemente la burocratización e ineficiencia de los procesos.

Un aspecto muy relevante, aunque puntual, se refiera a la carencia de datos estadísticos, lo que impide medir los impactos y resultados de los proyectos y acciones impulsadas por las autoridades. A su vez, se reconoce que el Plan estratégico (2013 -2023) evidencia claras insuficiencias y debilidades.

Las recomendaciones, en este caso, están orientadas hacia una reflexión a fondo sobre los órganos de toma de decisiones de la UES, revisar la vigencia y validez del Plan estratégico, mejorar los instrumentos de planificación estratégica y asumir una cultura de planificación.

 

XII.         Investigación y docencia

Es en el ámbito de la investigación en el que se identifican mayores carencias. Se destaca que la composición y estructura de los órganos de gobierno frenan el crecimiento de la investigación, predomina una excesiva burocratización que dificulta el trabajo de investigación, que se carece de políticas de incentivos para la investigación y la financiación es limitada. Por lo tanto, predomina una baja actividad investigadora del personal académico de planta.

Se resalta que el presupuesto de la Universidad para temas de investigación es muy limitado, el que representa el 0,6% del presupuesto total de la institución. Respecto al nivel de formación del personal permanente de la UES, 31.8% cuenta con grado de maestría y un poco más de 2% con doctorado de nivel PhD. 88% del personal académico no ha participado ni está involucrado en proyectos de investigación científica en el período 2000  2016.

En la última década –señala este informe– las políticas de investigación no han estado basadas en un proyecto de universidad sino en iniciativas y esfuerzos de investigadores individuales y de planes de desarrollo que se han gestado en los centros e institutos de investigación, en muchas ocasiones enfocados a conseguir fondos de cooperación internacional.

Las recomendaciones del Comité, en este caso, proponen modificar la estructura de gobierno y crear una vicerrectoría de investigación y posgrado; establecer un plan de formación y carrera de investigación para el personal académico.  Mejorar la articulación investigación, docencia y proyección social.

En el ámbito de la docencia, se destaca la oferta de 169 carreras en total, con dos líneas de desarrollo: una de ciclo corto (técnico y profesorado); en esta esfera, el Informe destaca que la UES tiene una tarea esencial, como es la de capacitar a profesores en número y con nivel suficiente para el sistema educativo nacional. La otra línea, es la formación académica de largo plazo (84 licenciaturas, 49 maestrías y 8 doctorados). Se destaca que la oferta de doctorados es aún muy limitada y en proceso de desarrollo y aún no cubre todas las ramas que debería cubrir.

Entre las recomendaciones más relevante del Comité evaluador deben citar: la necesaria definición de una política de formación académica de los docentes de la universidad con ejes claros y concretos que pueda dársele seguimiento y evaluarse periódicamente.  Establecer un Plan de formación permanente del personal académico (docentes e investigadores en particular).

 

XIII.         Recorrido del estudiante

En éste ámbito, el informe en cuestión, destaca la limitada capacidad para cubrir la demanda de ingreso, lo que se acentúa en determinadas áreas de formación profesional como las ingenierías.

Se identifica un bajo rendimiento académico en las estudiantes de nuevo ingreso y rigidez en la posibilidad de cambiar carrera. También se destaca la falta de seguimiento a los estudiantes, particularmente los de bajos recursos y la falta de estudios socioeconómicos, lo que incide en el rendimiento del estudiante a lo largo de sus años de estudio. En consecuencia, se detecta una deficiente labor de la Secretaría de asuntos estudiantiles.

En este ítem, también se subraya que existe una asignación de becas socioeconómicas inferior a lo estipulado normativamente. Falta de residencias o servicios de alojamiento.  Se recomienda la creación de un órgano encargado de la vida estudiantil y la asignación de becas socioeconómicas según lo establecido en la normativa.

 

XIV.         Relaciones exteriores e internacionales

En este punto, se señala que la UES no tiene una estrategia definida de alianzas académicas nacionales y que, en consecuencia, el liderazgo de la UES es débil. Las Secretaría de relacionas nacionales e internacionales (SRNI) no tiene mayor relación con la Secretaría de Proyección Social (SPS).

En cuanto a las relaciones internacionales, el autoestudio que sirve de base para esta evaluación externa y acreditación reconoce que la institución debe mejorar los procedimientos, la gestión interna y externa; y, señala la gran burocratización y lentitud en la implementación y práctica en éste ámbito del quehacer académico.

Por tanto, concluye el panel de expertos externos que las relaciones internacionales parecen desarrollarse según oportunidades puntuales, pero no aparece explicitado cuáles son los lineamientos generales de la política de relaciones internacionales de la UES. En consecuencia, el Comité recomienda que la UES defina una política general de relaciones internacionales a mediano y largo plazo al servicio de un proyecto general de la Universidad.

 

XV.         Dirección

Bajo este rubro se evalúan varios temas y se retoma el de las finanzas de la institución. Se destaca que el presupuesto no tiene una única unidad de elaboración pues en cada una de la Facultades y Sedes regionales se elabora un presupuesto con base en necesidades y disponibilidad presupuestaria; que el peso del pago de salarios ronda el 70% del importe total, por lo que la disponibilidad presupuestaria para la organización de actividades es reducida, por ejemplo, para investigación, se señala en este mismo estudio.

También se reporta una duplicidad en los procesos de ejecución presupuestaria, al realizarse la orden de pago de forma descentralizada, mientras el registro contable y la orden de tesorería se efectúa desde la Sede Central. No obstante, se reconoce que, a la vista de los Estados Financieros, la situación financiera es saneada (sic) y no existe endeudamiento que pueda comprometer el futuro de la institución. No obstante, al abordar el siguiente rubro, el de recursos humanos, al analizar el Pasivo Laboral, se señala que actualmente existe una deuda en torno a los 18 millones de dólares que va aumentando anualmente y los actuales planes para intentar reducir esa deuda con base en el ahorro en la contratación, no son suficientes para garantizar la cancelación de la deuda, ni para que deje de generarse.

En el análisis de los recursos humanos de la UES, este estudio destaca que la planilla de profesores se encuentra estancada y se detecta un importante aumento de profesores con base en hora-clase, lo que dificulta el desarrollo de la actividad investigadora.

En cuanto al sistema de información destaca que actualmente los servicios de información de la UES tienen todos los procedimientos administrativos académicos en línea, para lo cual recurre a la aplicación PROMETEO. Sin embargo, existen varios procedimientos administrativos, sobre todo los relacionados con temas de asuntos económicos, que deben generarse en papel y con firma manuscrita. Se propone desarrollar un proyecto de “universidad en línea” por lo que la infraestructura informática se ha mejorado y es la misma que el resto de las facultades y centros de la UES.

Las recomendaciones en este ámbito se orientan a mejorar la coordinación entre las unidades de gasto para Recursos Humanos y el establecimiento de un plan global para la reducción de la deuda del Pasivo Laboral. Elaborar normas de contratación general para toda la institución, agilizar el proceso de coordinación entre la sede central y las facultades para firma de contratos, integrar y automatizar la confección de planillas para el pago de nóminas, elaborar un programa de educación y evaluación para el personal administrativo y establecer un programa de formación para el personal de mantenimiento.

 

XVI.         Proyección Social

En este ámbito se parte de reconocer que la proyección social es un valor de gran importancia y esencial para la UES. Sin embargo, la evaluación apunta a reconocer que la estrategia desplegada se basa en acciones mayoritariamente de asistencia, con base en necesidades locales, y se carece de una estrategia iniciada directamente por la universidad promoviendo desarrollos originales y de alto valor agregado; también destaca una coordinación insuficiente entre la Secretaría de proyección social (SPS) y las Unidades de Proyección Social (UPS), así como entre la SPS y la Secretaría de Investigación y Posgrado (SIP); se reporta, a la vez, un escaso presupuesto dedicado a la SPS.

En consecuencia, se recomienda que la UES formule una estrategia para promover el desarrollo de la Proyección social de manera original e innovadora, para responder a las demandas del contexto, sin limitarse a acciones de asistencia. Para ello debe de mejorarse la articulación entre Vicerrectoría, Facultades, Proyección social, Investigación y Posgrado, respaldado por un presupuesto dedicado a la SPS. 

 

XVII.         Puntos críticos identificados para este estudio

En este caso, por mayor legitimidad, reproducimos las debilidades identificadas por la Comisión de Evaluadores Externos, con base en el autoestudio presentado por las autoridades universitarias:

·       Excesiva atomización de los órganos de poder de la Universidad, lentitud de la toma de decisiones, tensiones y conflictos.

·       Organización demasiado burocrática que no favorece la visibilidad y apropiación interna de las estrategias de gestión.

·       Falta una política global de investigación adecuada a los estándares internacionales. Limitado presupuesto de funcionamiento al respecto. Poco desarrollo de medidas de incentivo a los investigadores. Deficiente articulación entre investigación y docencia.

·       Muy baja la matrícula de estudiantes de posgrado e insuficiente el programa de seguimiento a graduados.

·       Insuficiente desarrollo de la formación del personal docente. La plantilla de profesores se encuentra estancada y va aumentando el número de profesores contratados bajo la modalidad de hora-clase.

·       Falta de lineamientos generales para desarrollar una política de relaciones internacionales.

·       El Código de Ética no está suficientemente difundido entre la comunidad universitaria

Ejes estratégicos para una reforma universitaria: hacia un nuevo proyecto universitario acorde a un nuevo proyecto de nación

Las distintas evaluaciones de la UES y el análisis de otros documentos sobre esta y la educación superior en El Salvador, en general, revisadas en este estudio, permiten identificar claras fortalezas institucionales y serias debilidades o puntos críticos que urge superar para recuperar su estatus de universidad pública al servicio del desarrollo nacional, su liderazgo en la educación superior del país y en el sistema educativo en general, así como fortalecer y actualizar su oferta académica, tanto en la docencia y formación profesional, como en la generación de conocimiento científico.

Ese salto hacia una universidad pública, académicamente responsable, pertinente, con capacidad de responder a las demandas que surgen de la realidad nacional e internacional y a los avances del conocimiento y la ciencia exige una profunda renovación institucional. Esta puede lograrse si se valora y asume con responsabilidad sus fortalezas y se enfrentan con talante y decisión las debilidades.

Fortalezas

·       La UES es la Universidad más importante del país por su larga trayectoria histórica, por su número de estudiantes y oferta de formación, por su cobertura geográfica a través de las tres sedes regionales. Así como por sus instalaciones, sus campus y por los servicios de apoyo al proceso docente. La oferta académica de 169 carrera abarca los principales campos del conocimiento y carreras tecnológicas.

·       La UES ha demostrado ser una necesidad para la sociedad salvadoreña, lo que se evidencia en la matrícula que ha mantenido a lo largo de la guerra civil y de la posguerra, cercana al 30%; así como por su fuerte resiliencia ante las crisis políticas que han afectado al país y que se han manifestado en intervenciones militares, cierres y, durante la posguerra civil, políticas neoliberales y consecuente abandono e indiferencia estatal.

·       A pesar de dificultades, producto de la escasez presupuestaria, según el informe de Acreditación externo realizado por el Alto Consejo de Evaluación de la Investigación y la Educación Superior (Hcéres)  Francia, la situación financiera de la UES resulta globalmente sana, con la relevante situación del déficit acumulado en el pasivo laboral.

·       Cuenta con recursos básicos de apoyo a los estudiantes como bibliotecas, servicios de Internet e infraestructuras deportivas.

·       Las acciones de Proyección Social constituyen un paradigma institucional y están institucionalizadas.

·       Se cuenta con un proceso formal de representatividad estudiantil en los órganos de gestión.

·       No menos importante es el antecedente de la gran Reforma Universitaria de los años 1960, que demuestra la capacidad de responder académica y científicamente a las demandas sociales de educación superior, ciencia y cultura.

Por otra parte, partiendo de los puntos críticos identificados en los tres estudios de autoevaluación antes indicados, deben destacarse las siguientes debilidades que urge superar:

Debilidades

·        Debilidades internas en la gestión institucional

El primer esfuerzo de posguerra (1991 -1995), por colocar a la UES en un alto nivel académico, según el documento analizado para ese período, puso en evidencia la existencia de una cultura institucional deformada por el conflicto sociopolítico, organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones estudiantiles y gremiales) cooptadas por partidos políticos y vacío de liderazgo.

En el segundo estudio analizado (2010  2012), esta situación institucional se manifiesta en la alta percepción, en la propia comunidad universitaria, de un relevante déficit en la gestión y funcionamiento administrativo de la UES, lo que se traduce en un significativo nivel de desconfianza, por parte de la comunidad universitaria, en la capacidad de las autoridades para el ejercicio de sus funciones, tanto para la gestión académica estratégica, como administrativa y financiera.

En el tercer estudio de autoevaluación y evaluación externa (2019 -2021), sobre este mismo tema, identifica una excesiva atomización de los órganos de poder que representan las vicerrectorías, secretarías y facultades; lo que dificulta la flexibilidad del funcionamiento general de la Universidad, provocando lentitud de la toma de decisiones, generando una posibilidad de tensiones y conflictos. La organización demasiado burocrática del organigrama no favorece la visibilidad y apropiación interna de las estrategias de gestión.

En consecuencia, por lo anterior, se produce un desfase entre la demanda de procesos de recuperación académica y las condiciones institucionales para atenderlas

·        Fracturada relación de la UES con el Estado

El primer estudio analizado (1991 -1995) destaca la falta de apoyo e indiferencia de los gobiernos de posguerra y, más aún, obstaculización a iniciativas propias impulsadas por las autoridades de la UES y, consecuentemente, el comportamiento de la clase política y de los gobiernos se manifiesta en un bajo presupuesto para la universidad pública.

En el Segundo y Tercer estudio analizado, este señalamiento se mantiene, particularmente cuando se hace referencia a la relación entre presupuesto estatal y la magnitud de la demanda que, desde la propia sociedad salvadoreña, se le exige a las labores sustantivas de la universidad pública, es decir la docencia, la investigación y la proyección social; además de lo que se refiere a los servicios que deben brindarse a los estudiantes en su proceso formativo.

En este apartado, es indispensable hacer notar el cambio profundo, que en la guerra civil y en la posguerra, se da en la oferta, en la legislación y en la arquitectura institucional de la educación superior en el país e identificar el comportamiento de la UES o sus dirigentes frente a estas tendencias. Si bien los estudios de autoevaluación analizados no hacen referencia a este tema crucial, sí ha quedado documentado ampliamente para este ensayo. Al respecto, consideramos que la ausencia de este tema en el discurso de las autoridades de la UES, conduce a interrogarnos sobre el por qué tal ausencia. Si la UES, sus órganos, sus autoridades no tienen posición sobres este importante asunto, podemos concluir que han actuado de manera omisa, sin liderazgo, sin capacidad de hacerse presente de manera activa en ese proceso de cambio.

·        El desafío de la creciente demanda de ingreso a la Universidad Nacional

Los datos oficiales del Ministerio de Educación de El Salvador y de la Dirección Nacional de Educación Superior, reconocen la baja capacidad del llamado Sistema de Educación Superior del país, incluyendo las IES técnicas, para cubrir la demanda de jóvenes en edad universitaria. Como lo dejamos consignado solo 11% de los jóvenes en esa edad (entre 18 y 24 años) logran acceder a las instituciones de educación superior^[42], por lo que hay una urgente necesidad de hacer frente a una demanda creciente, que las universidades privadas no están en condiciones de cubrir.

·        Déficit en la actualización y desarrollo del cuerpo académico

La urgente necesidad de actualizar y fortalecer el cuerpo académico, en los ámbitos docente y científico es una necesidad sentida de la comunidad universitaria. Los reportes de autoevaluación identificados reconocen que un porcentaje relevante la comunidad universitaria encuentra debilidades en la capacidad institucional para cumplir con las funciones sustantivas de la universidad, tanto en la docencia como en la proyección social, pero de manera más significativa en la investigación científica. A nivel de los recursos humanos, no parece suficientemente desarrollada la actualización continua del personal docente. La plantilla de profesores se encuentra estancada y va aumentando el número de profesores contratados bajo la modalidad hora-clase

·        Insuficiente desarrollo de la investigación y generación de conocimiento.

Se reporta baja capacidad para generar conocimiento, dada el débil desarrollo de la investigación científica y las condiciones para impulsarla. Según se consigna, en las autoevaluaciones institucionales, hace falta una política global de investigación adecuada a los estándares internacionales; que es demasiado limitado el presupuesto de funcionamiento al respecto y no se han desarrollado todavía eficaces medidas de incentivo a los investigadores y que resulta deficiente la necesaria articulación entre investigación y docencia. Una de las expresiones de esta debilidad es la muy baja matrícula de estudiantes de posgrado.

·  Falta de coherencia entre la declaración sobre la proyección social como función sustantiva de la UES y la realidad.

Los documentos generados en torno a la UES y las consultas a la comunidad universitaria reconocen que debe alcanzarse una mayor coherencia entre objetivos y políticas de proyección social y la práctica real.

·  Descuido de las relaciones internacionales

Falta de lineamientos para desarrollar una política de relaciones internacionales.

·  Debilidades en los servicios académicos, particularmente del Sistema de servicio de información documental o bibliotecas, becas y residencia estudiantiles.

Supuestos estratégicos

Esta transformación que, por su contenido, por su orientación a responder a demandas urgentes y por su oportunidad en el contexto nacional la identificamos como un proceso de reforma universitaria, suponen transformaciones estratégicas orientadas a:

·     La renovación en las estructuras de poder y de gestión institucional

·     El fortalecimiento y actualización de su oferta académica docente y científica.

·     La generación de capacidad de respuesta de alto nivel y planificación estratégica acorde a las demandas actuales de la nación y al servicio del desarrollo humano integral de la juventud salvadoreña y, particularmente, de los sectores sociales más desfavorecidos o excluidos.

·     Concretar un nuevo pacto con la sociedad salvadoreña y su Estado, que renueve y fortalezca su autonomía sobre la base de planes estratégicos, trasparencia, rendimiento de cuentas, capacidad de impulsar proyectos de impacto nacional y procesos de fortalecimiento de su capacidad académica, de mejora de la calidad de su oferta y la pertinencia de sus servicios en lo docente, investigación y proyección social.

·     Desarrollar y cimentar un compromiso con ese nuevo pacto social, Para lo que la comunidad universitaria y, especialmente, sus autoridades institucionales deben actuar con transparencia, entereza, sabiduría y formular planes, proyectos y los requerimientos de financiamiento público que garanticen la confianza de la sociedad salvadoreña y su Estado. Un liderazgo dispuesto a comprometerse con este proyecto de universidad pública debe presentar un presupuesto realista, que garantice el funcionamiento de la institución, pero que incluya proyectos estratégicos para ese salto histórico.

Ejes de renovación académica

Tomando en consideración el diagnóstico expuesto en este ensayo, se proponen los siguientes ejes para una renovación y fortalecimiento de la educación superior pública en El Salvador y de la UES en particular.

·        Renovación de la estructura de gobierno y la gestión universitaria, particularmente orientada a una representación equilibrada de los actores reales de la comunidad universitaria y, según su incidencia, en las funciones sustantivas de la universidad. Estos son: los docentes y los estudiantes que deberán ser representados paritariamente y una representación del personal administrativo, en una proporción de 2, 2, 1 respectivamente, por cada unidad académica.

·        Desarrollo de una gestión por vicerrectorías, según las funciones sustantivas y servicios esenciales de la universidad: Docencia, Investigación y Posgrado, Proyección social, Vida estudiantil y Planificación y gestión.

·        Estudio y Planificación estratégica de la educación superior: con base en identificación y planificación de programas y proyectos de desarrollo académico y científico, de cara al desarrollo nacional; con objetivos y metas identificadas que permitan una sana y transparente rendición de cuentas

·        Modernización de la administración financiera, que coadyuve al logro de los programas y proyectos, y fortalezca la transparencia y la fiscalización por la propia comunidad universitaria y la comunidad nacional.

·        Fortalecer alianzas que permitan canalizar la producción académica y científica a la comunidad nacional para el desarrollo del país; pero de manera particular para atender las urgentes necesidades de los estratos sociales más necesitados, desde sólidos programas de proyección social.

·        Actualizar la oferta de formación profesional de la UES, de grado y posgrado y el fortaleciendo de centros de excelencia para la Investigación científica,

·        Desarrollar programas de actualización, apoyo, fortalecimiento y renovación del personal académico; en alianza con universidades de reconocido prestigio y desarrollo científico en el ámbito internacional.

·        Establecer sólidas y permanentes alianzas con centros académicos de alto nivel, orientadas actualizar la generación de conocimiento, fortalecer la docencia, la investigación científica y la innovación, a través del intercambio de estudiantes, de docentes e investigadores; así como la incorporación a redes académicas internacionales, particularmente en aquellas áreas que puedan contribuir al desarrollo del país y al desarrollo humano integral de la población salvadoreña.

·        Potenciar la regionalización territorial de la oferta académica: docencia, investigación y proyección social, fortaleciendo los centros regionales y generando una estructura nacional de educación superior pública, desconcentrada, pero altamente cohesionada por su misión e identidad.

·        Ligado a lo anterior, a fin de potenciar una real desconcentración territorial, sería oportuno crear un consorcio descentralizado de Universidades Públicas, a partir de las propias sedes de la Universidad de El Salvador: la Central y las regionales de Oriente, Occidente y Paracentral, dirigido por las máximas autoridades de cada sede, que conformarían un Consejo de Rectores de la Educación Superior Pública de El Salvador (CRESPES)  pero a su vez, deberá de integrarse consejos  de vicerrectores, para cada una de las funciones sustantivas de las universidades: Docencia, Investigación y posgrado, Proyección social y vida estudiantil. Este tipo de coordinación podrá desarrollarse a otros niveles, de manera que su desarrollo permita constituir un verdadero Sistema de Educación Superior Pública en El Salvador.

·        En concordancia con el fortalecimiento de la oferta académica desconcentrada, formular un plan de largo plazo que contemple la ampliación de la matrícula y el nuevo ingreso

·        Avanzar en la digitalización de los servicios y recursos de apoyo a los estudiantes, particularmente de las bibliotecas o unidades de información, los programas de becas de apoyo a los sectores de escasos recursos, así como comedores y espacios deportivos y recreativos.

 

Conclusión y nota prospectiva

Desde su creación, la UES ha acompañado el desarrollo del país, de manera natural, marcada por las limitaciones y crisis propias de los proyectos hegemónicos y los conflictos sociales que le han acompañado y que han marcado la historia del país. Los modelos de desarrollo, desde la variable económica o de su modo de producción de carácter oligárquico, dependiente y subdesarrollado, han requerido muy poco de una educación superior que alcance todo su potencial para contribuir al desarrollo nacional. Desde la perspectiva política, el desarrollo limitado del Estado salvadoreño tampoco ha generado mayor demanda a la educación superior pública, más allá de un tímido desarrollo burocrático durante el periodo reformista militar de 1950 a 1970.

Por tanto, el pacto Universidad Pública / Estado, se ha circunscrito a la formación profesional y a satisfacer las limitadas demandas de un Estado excluyente y del modelo productivo concentrador de riqueza. Esto, con la muy clara excepción de la década de Reforma Universitaria (1962 -1972), en la que la UES asume el liderazgo para impulsar, desde la académica y con una visión científica de la educación superior, una universidad al servicio de la nación y su desarrollo.

No obstante, las élites hegemónicas, tanto en la política como la economía, que han estado siempre opuesta a procesos de modernización y distribución equitativa de la riqueza nacional, ofrecieron resistencia a esa proyección y dinámica universitaria, así como a todas las demandas de reforma sociopolítica, por el temor a los cambios y a perder sus privilegios.

Un segundo factor incidió, en que este proyecto universitario, que pudo haber sido de un enorme impacto en el cambio y desarrollo nacional, no se desarrollara plenamente.  Ante la torpeza y resistencia al cambio, por parte de las élites oligarcas y la cúpula militar, se gesta un proceso insurgente que se desarrolla apelando a las injusticias sociales y favorecido por las dinámicas internacionales. Pero sus dirigencias no vieron, en el desarrollo del proyecto universitario, más que un espacio para promover sus aspiraciones de poder. Esto queda claro cuando, esos mismos dirigentes al asumir el gobierno de la república, son incapaces de apoyar un proceso de renovación y cambio de la UES.

Teniendo en cuenta estos antecedentes y considerando el fracaso y la ruptura (2019) del régimen político de posguerra civil, queda planteado el desafío de la renovación de un proyecto universitario para la educación superior pública en El Salvador. En consecuencia, queda planteada la interrogante colocada al inicio de este ensayo:  el Estado salvadoreño y la Universidad Nacional, en tanto institución pública de educación superior y de desarrollo científico, seguirán dándose la espalda o, por el contrario, se asumirá la perentoria y cardinal ruta de interactuar y apoyarse mutuamente, bajo un nuevo “pacto social”, para consolidar el proceso de desarrollo sociocultural, político y económico, crónicamente postergado, que demanda la sociedad salvadoreña. Gran parte de una respuesta asertiva a este dilema le corresponde a la UES enfrentarla con entereza, con talante y talento, para crear ese nuevo proyecto universitario acorde a los tiempos; pero la otra corresponde a los liderazgos nacionales, políticos, sociales y económicos y su compromiso y visión para avanzar por el camino del desarrollo socio económico, inclusivo, equitativo, sustentable, consolidado sobre una estructura económica moderna, acorde también al desarrollo tecnológico y las particularidades de la actual geopolítica mundial.

 

ANEXO

Cronología: Relación universidad pública / Estado salvadoreño

La relación de la universidad pública salvadoreña con el Estado y el modelo económico, desde su fundación hasta la actualidad, puede esquematizarse en etapas o períodos históricos claramente identificables caracterizados desde la perspectiva económica, política y social, entrelazadas cada una de ellas por momentos de crisis y de ruptura que se proyectan como una recurrente o asidua crisis de hegemonía y gobernabilidad. En dichos momentos de crisis, se generan cambios en las modalidades de los regímenes políticos, mientras las élites económicas se acomodan o mudan hacia otros ámbitos de la actividad productiva.

Período	Modelo económico o de producción: Postcolonial	Régimen político	Demandas del Estado y el régimen político a la UES	Oferta y rol de la universidad pública
1821 1880	Se desarticula al modelo productivo y político colonial, con la extinción de los ejidos y la transformación la encomienda real, en apropiación privada de la tierra. De esta manera, se generan las condiciones para la economía agroexportadora: concentración de la tierra y mano de obra libre.	Se inicia la conformación del Estado salvadoreño, sobre un régimen político inestable, élites en conflicto, caudillista, militarista. Contexto las guerras intestinas centroamericanas. Predomina la lucha por la hegemonía oligárquica, el control del Estado y de los recursos de la producción: tierras y mano de obra. Lo que se expresa en una larga pugna – con características particulares– entre las concepciones conservadoras y liberales.	Escaza demanda de profesionales, poco interés en las élites oligárquicas por el desarrollo académico, científico y tecnológico de la Nación.	La UES se fundada en 1860 controlada por la iglesia católica. Formas profesionales elitistas, ilustrados, pero de tendencia conservadora.  Se propone cubrir la escaza demanda del Estado y del servicio profesional liberal, en campos indispensables para las funciones del nuevo Estado: leyes, medicina, filosofía y teología.
	Crisis y Ruptura Como consecuencia de la ruptura del modelo colonial (extinción de los ejidos y fin de la encomienda) se generará la proletarización y exclusión de población indígena y campesina, lo que dará inicio a un largo período de inestabilidad sociopolítica.

 

Período	Modelo económico o de producción: Agroexportador	Régimen político	Demandas del modelo económico y el Estado a la UES	Oferta y rol de la universidad pública, la UES, fundada en 1860
1880  1932	En esta etapa surge y se desarrolla el modelo agroexportador de monocultivo, el café. Se consolida una estructura agraria asentada en el latifundio y el minifundio. La tención intraoligárquica persiste; se agrava el conflicto social ante la falta de opciones para una población (indígena y campesina) que perdió sus medios de subsistencia: la tierra	Dada la inestable política, el Golpe de Estado es el recurso reiterado en la disputa por el poder. Los ejércitos son mercenarios y de caudillos. Surge el ejército como estructura del Estado y la dictadura (autoritarismo militar) como alternativa de estabilidad y modernización.	Este modelo no cambió el tipo de demanda a la UES. Se requerían, básicamente, profesionales para un Estado muy poco desarrollado, así como para la atención de un reducido sector con recursos para pagarlos y para los servicios de caridad. Las obras de infraestructura más relevantes fueron construidas recurriendo a profesionales extranjeros.	Consecuente la oferta universitaria no varía mucho, sin embargo, al tenor de las corrientes mundiales un núcleo de intelectuales encuentra, en algunas facultades de la UES, un espacio para su reflexión y organización y grupos estudiantiles un espacio para la crítica social y la militancia. La UES sigue siendo un conjunto de Facultades dispersas.
	Crisis y ruptura La insurrección indígena campesina y su masacre fue el desenlace natural para un Estado sustentado en el control militar de una población mayormente excluida, debilitado por las permanentes crisis de gobierno; que, además, carecía de alternativas de inclusión para la población despojada de sus tierras.

 

 

 

 

Reforma universitaria universidad de El Salvador 1963, programas ejecutados [43]

a. REFORMAS ACADÉMICAS:

1) Creación del Departamento de Ciencias (Acuerdo del CSU 29/ 1/64)

2) Creación de la Facultad de Ciencias Agronómicas (Acuerdo del CSU 29/8/1964)

3) Creación del Departamento de Biología (Acuerdo del CSU, 15/ 3/63)

4) Creación del Centro Regional de Occidente (Acuerdo del CSU 25/6/65)

5) Centralización bibliotecaria, diversificación de carreras, etc.

 

b. REFORMAS DOCENTES:

1) Pensum de Áreas Comunes (para estudiantes de nivel indiferenciado con prerrequisitos de ingreso (Acuerdo del CSU 22/3/1965)

2) Sistema de Unidades Valorativas y de Crédito (flexibilidad del currículo) (Acuerdo del CSU 26/6/1965)

3) Aumento de profesores de tiempo completo

4) Selección y admisión con criterio pedagógico moderno (pruebas de aptitud, vocacionales, etc.)

5) Institutos de Investigación, Seminarios, publicaciones, adquisición de bibliotecas especializadas (Biblioteca Schook de Antropología, etc.)

6) Intercambio científico con todas las Universidades del mundo (Acuerdo del es.u. 02-10-1964);

7) Becas Externas de Posgrado,

 

c. PLANIFICACIÓN:

1) Plan Quinquenal de 1963 (Estudio de recursos, programación educativa.)

2) Construcción funcional de la Ciudad Universitaria;

 

d. EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL

1) Trabajo para la comunidad

2) Trabajo voluntario para la construcción del campus universitario; 3) Becas internas, comedores, residencias estudiantiles, Centros Universitarios Obreros.

 

e. PARTICIPACIÓN DE AYUDA INTERNACIONAL Y PRIVADA

1) Donaciones y préstamos no lesivos a la autonomía (Acuerdo del CSU 20/3/1964).

 

En 1963 el número de alumnos había sido de 3,263; en 1967 fue de 5,523; el personal docente de tiempo completo creció en un 50%.

 

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