https://revistacon-secuencias.com

Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–

No. 10, enero - abril, 2025   Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica

Abordaje registral y catastral de la distribución del excedente de la tierra para la reactivación del agro en El Salvador

Land registry and cadastral approach to the distribution of surplus land for the reactivation of agriculture in El Salvador

 

Resumen

Hasta la fecha, no se había realizado una investigación sobre la distribución del excedente de la tierra, sin embargo, hay abundante investigación sobre el uso y tenencia de la tierra desde el punto de vista histórico, la cual es de suma importancia para comprender el fenómeno actual. El país tiene una balanza comercial deficitaria en la importación de alimentos provenientes del agro, significa, que la población salvadoreña se alimenta en un setenta por ciento, con hortalizas, cereales, frutas, verduras y lácteos provenientes del extranjero; para lograr la soberanía alimentaria es necesario realizar la distribución del excedente de las 245 hectáreas, tal y como lo estipula la Constitución de la República de El Salvador, para que la distribución, no sea otro fracaso más, debe ser un elemento de una política pública dirigida a reactivar el agro salvadoreño, asimismo, tomar en cuenta los errores del pasado. El país cuenta con alrededor de cien mil hectáreas de excedente, que pueden ser distribuidas entre los trabajadores del campo que no sean propietarios de minifundios, además de reactivar el agro se estaría combatiendo el desempleo y la pobreza rural. Para realizar la investigación se recurrió a archivos históricos, bibliotecas, repositorios digitales, al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas del Centro Nacional de Registros de El Salvador (CNR).

Palabras claves: Agricultura de subsistencia, Economía de la tierra, Estructura agraria, Reclamación de tierras, Reforma de la tierra.

 

Abstract

 

To date, there has been no research on the distribution of surplus land, however, there is abundant research on the use and tenure of land from the historical point of view, which is of utmost importance to understand the current phenomenon. The country has a deficit of trade balance in the importation of food from agriculture, which means that the Salvadoran population feeds seventy percent on vegetables, cereals, fruits, and dairy products from abroad; to achieve food sovereignty, it is necessary to distribute the surplus of the 245 hectares, as stipulated in the Constitution of the Republic of El Salvador, so that the distribution is not another failure, it must be an element of a public policy aimed at reactivating Salvadoran agriculture, likewise, taking into account the mistakes of the past. The country has around one hundred thousand hectares of surplus, which can be distributed among farm workers who are not owners of smallholdings, in addition to reactivating agriculture, unemployment and rural poverty would be fighting. In order to carry out the research, historical archives, libraries, digital repositories, the Real Property and Mortgage Registry of the National Registry Center of El Salvador (CNR) were used.

Key words: Land, Agricultural properties, Agrarian reform, Agricultural reactivation, Land transfer.

 

Introducción

El propósito de este trabajo radica en conocer, si existen las condiciones materiales y jurídicas para realizar una distribución de la tierra a los trabajadores del campo, que no sean dueños de propiedades agrícolas, estén organizados en cooperativas, con el objetivo de lograr una reactivación del agro, que permitirá aumentar la producción agrícola para consumo interno, y exportar el excedente.

La reactivación del agro conducirá a disminuir considerablemente la dependencia del extranjero de los productos agrícolas, a la vez, que se evitará la fuga del circulante, y se sentarán las bases para construir las estructuras agrícolas tendientes a lograr la soberanía alimentaria. El Salvador, es “un país que el 70 % de la comida la importa, de afuera viene toda la carne, la mitad de los lácteos y el 60 % de las hortalizas”(Abarca, 2020, párr. 5).

La investigación sobre la distribución de los excedentes de las 245 hectáreas, que como límite establece la Constitución de la República de El Salvador, en el Art.105, se efectuará a nivel nacional. ¿Existirán inmuebles que excedan los límites de tenencia de la tierra establecidos en la Carta Magna?, de ser positiva la respuesta, en dónde se encuentran, cuánto es el excedente en hectáreas, los propietarios serán el Estado, personas naturales o jurídicas.

La tenencia y uso de la tierra ha sido un denominador común en los principales conflictos políticos del país, por ejemplo, en 1833, 1932, 1980. Asimismo, los principales cultivos han sido históricamente mono productos de exportación, entre otros, el cacao, añil, bálsamo, café, algodón, caña de azúcar. Sin embargo, a partir de 1989, los gobiernos neoliberales de la época privilegiaron el sector servicios; el sector agrario, no fue objeto de importancia en la producción nacional, es más se emitieron leyes lesivas a la agricultura.

Hasta la fecha, no se han realizado investigaciones sobre los excedentes de tierra de las 245 hectáreas, estipulados constitucionalmente, tampoco, existe algún registro de los inmuebles que poseen más del límite de tenencia de la tierra. A nivel de hipótesis, podemos plantear que existen tierras excedentarias en los 14 departamentos del país, y que se le puede aplicar el Art. 105 de la Constitución de la República de El Salvador.

Materiales y Métodos

Se tomaron en cuenta los inmuebles que poseen una extensión mayor a 245 hectáreas, el Art. 105, inciso segundo de la Constitución de la República de El Salvador expresa, que ninguna persona natural o jurídica puede ser propietario de un inmueble mayor a dicha extensión, exceptuándose las asociaciones cooperativas o comunales campesinas.

El recurso empleado para encontrar las escrituras de los bienes inmuebles consistió en acudir  al Centro Nacional de Registro (CNR),  a las diferentes bibliotecas del área metropolitana de San Salvador, por ejemplo: Biblioteca Nacional “Francisco Gavidia”, Biblioteca Central de la Universidad de El Salvador, Biblioteca del Archivo General de la Nación, Biblioteca Florentino Idoate de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, Museo y Biblioteca Luis Alfaro Durán - Banco Central de Reserva y la Casa de la Cultura de Santa Tecla; Asimismo, se visitó sitios webs para realizar la consulta bibliografica.

La metodología tiene como objetivo principal, conocer la ubicación catastral y quiénes son los propietarios que poseen extensiones de terreno mayores a 245 hectáreas en el año 2019, la Dirección de Tecnología de la Información (DTI) del CNR, proporcionó un listado de 418 matrículas de escrituras, en donde habían filtrado, todos aquellos datos de inmuebles que tenían una extensión mayor a 245 hectáreas.

Se procedió a analizar cada una de las 418 matrículas de las propiedades proporcionadas por la DTI, y se clasificaron según los parámetros requeridos para la investigación, para lo cual, se recurrió a la búsqueda mediante Sistema de Información de Registro y Catastro (SIRYC), Folio Personal (Libros de Propiedad) (web1) y (web2), y Registral I y II, se pudo observar ciertas irregularidades, por ejemplo, en relación con la extensión, dirección y nombre del inmueble. Después de contar con el listado corregido de las haciendas, se colocaron en el Mapa de El Salvador, mediante el programa QGIS que es el Sistema de Información Geográfica (SIG) de código abierto.

Abordaje Teórico

En El Salvador, el modo de producción durante la colonia y posindependencia se circunscribió a las estructuras económicas, sociales y políticas de la mayoría de los países de América Latina, y su relación con la península ibérica. El modo de producción está determinado por el tipo de relaciones de producción que tiene a su base el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, entre los trabajadores que ponen su fuerza laboral y los propietarios de los medios de producción, y de estos últimos con los Poderes del Estado, asimismo, por la naturaleza de las relaciones diplomáticas y comerciales internacionales. Según Ciro Cardoso (1975), “En la definición de los modos de producción, el elemento esencial lo constituyen la relaciones de producción …”(p. 91).

Para el caso de El Salvador, no se utilizará ninguna tipificación teórica de modo de producción, porque no se emplearán categorías europeas a una realidad específica centroamericana, sin embargo, podemos referirnos al modo de producción precolombino, colonial y capitalista, que han estado íntimamente vinculados al uso y tenencia de la tierra, no obstante, a partir de 1989, se encuentra articulado al sector financiero y servicios.

La formación económica social de El Salvador, desde la época de la colonia, predominó la relación entre terratenientes (peninsulares y criollos) y trabajadores del campo (indígenas y mestizos), fue a partir de principios de siglo XX, con el incipiente progreso de las fuerzas productivas, se perfiló el embrionario desarrollo de sectores artesanales, industriales, comercio y servicios, los que mantuvieron una relación de subordinación a los terratenientes. Según Everett Wilson (1978); “Un análisis de las varias clases en la República alrededor de 1920, revela su naturaleza y composición e indica la relación de cada clase con la principal industria y con cada una de las otras”(p. 155).

La clase terrateniente tuvo el control y dirección de los tres Poderes del Estado, desde la independencia hasta 1989. “La tierra fue considerada como un símbolo de prestigio y como una manera de perpetuar el linaje”(Florescano, 1978, p. 394), y el control del Estado en su exclusivo beneficio, por ejemplo, “crédito barato y a largo plazo, hasta el control del poder político del Estado para ponerlo al servicio de sus intereses (bajos salarios, leyes represivas para los trabajadores, ilegalización de la “organización campesina”(Cuenca, 1962, p. 54). Según Rafael Guidos Véjar (1988), el Estado, “desde el punto de vista formal era republicano, según su régimen político, pero su contenido era autoritario, exclusionista y personalista”(p. 65).

El poder económico y político de los terratenientes se erigió sobre la explotación de la mano de obra de los trabajadores del campo, y de la acumulación primitiva de capital que se llevó a cabo, desde la colonización, con la apropiación de las tierras de los indígenas. Según Karl Kautsky (2018); “La acumulación del capital significa la renovación de las condiciones previas del capital. Marx llama acumulación primitiva a la formación original de las condiciones básicas del capital, que precedió su desarrollo” (p. 123).

La acumulación de capital se dio con el monocultivo de exportación del café, la élite terrateniente “nacida de la acumulación de capital que la economía cafetalera hizo posible” (Cuenca, 1962, p. 75), se fortaleció en lo económico y en lo político, con “una acumulación “originaria” a la acumulación capitalista (“previous accumulation”, la denomina Adam Smith); una acumulación que no es resultado, sino punto de partida del régimen capitalista de producción” (Marx, 2020, p. 482).

Los cafetaleros obtuvieron una bonanza comercial que no tuvo una distribución justa, sino, que se concentró en la élite beneficiadora y exportadora del café. De acuerdo con Edelberto Torres Rivas (1973); “El proceso original a través del cual se ha desarrollado el capitalismo supone una forma anterior de sociedad clasista y en esencia la transformación del trabajo servil en trabajo asalariado (como forma decisiva del modo de producción)”(p. 81).

La élite terrateniente, en este proceso histórico al apropiarse de las tierras de los indígenas, a estos los convierte en asalariados agrícolas, es decir, en “libres” para vender su fuerza de trabajo a los hacendados. Según Rafael Menjívar (1978), los terratenientes; “Poco a poco aumentan sus posibilidades de amasar cierta fortuna y de convertirse en futuros capitalistas”( p. 93).

Los asalariados del campo debido al subdesarrollo de la producción agrícola del país, no se convirtieron en proletarios rurales, debido a que no fueron los que produjeron los alimentos para satisfacer la demanda de los obreros urbanos, porque el salario que recibían ambos sectores, el salario que recibían, era por debajo de la reproducción de la fuerza de trabajo, el proletariado rural “se constituye a partir del crecimiento del proletariado urbano que amplía la demanda de alimento”(Arroyo, 1979, p. 25).

La proletarización del campesinado o minifundista es debido a que la producción de subsistencia de su parcela que realizaba la unidad familiar, a veces con la ayuda de trabajadores de su misma localidad era insuficiente para sus miembros, y para completar la diferencia, trabajaban por salarios exiguos en las propiedades de los terratenientes.

El costo de la fuerza de trabajo tiende a mantenerse a niveles de miseria extrema, que se reproduce todavía en buena parte bajo condiciones no capitalistas, la economía minifundista (entendida como parte del trabajo necesario para la subsistencia del trabajador) tiene la función de mantener las condiciones que permiten el menos costo de las fuerza de trabajo empleada por el terratenientes exportador (Solórzano, 1981, p. 115).

Los minifundistas carecían de políticas gubernamentales que los beneficiara para aumentar la producción en el agro, tampoco contaban con asesoría técnica, ni créditos preferenciales, con el agravante, de que sus familias estaban constituidas por númerosos miembros, lo que produjo una pauperación permanente del campesinado. Para Víctor Brodersohn ( 1981), “en una economía muy simple, predominantemente agroexportadora, esa tasa de salarios agrícolas tenderá a ser baja en la medida en que exista una abundante oferta de trabajo en el período de cosecha”(p. 39).

Los trabajadores de campo al demandar salarios dignos a los hacendados, la acción era considerada por estos últimos como acto subversivo, de igual forma, al exigir a los gobiernos de la época mejoras sociales, eran calificadas como acciones desestabilizadoras contra el orden “democrático”. Los terratenientes “como están acostumbrados a solicitar y recibir en forma gratuita, o casi gratuita, los servicios de la mano de obra de sus trabajadores… ven en estas demandas de mejores salarios un ataque contra su status y prerrogativas”(Feder, 1975, p. 118).

Entre los trabajadores agrícolas, se encontraban los jornaleros sin tierra, a algunos de ellos, los terratenientes les entregaban una pequeña parcela para que sembraran cultivos de subsistencia y se les entregaba una diminuta vivienda, en calidad de pago de sus servicios complementario al salario, con la condición, que fueran mano de obra permanente de la hacienda o de la finca, a este sector se le denominó colonos, por estar adscritos a la tierra, sin embargo, eran obreros agrícolas. Por otra parte, el arrendamiento consistía en que trabajadores agrícolas alquilaban una parcela al terrateniente, y los arrendatarios le pagaban con parte de la cosecha, o con los ingresos que obtenían de la venta de esta.

Cuando se hace alusión al terrateniente se refiere a los latifundistas, según Santiago Ruíz (1979), “los grandes terratenientes acaparan las tierras mejores”(p. 74). ¿Cuál es la extensión del latifundio, para considerarlo como tal? Según Abelardo Torres (1960),  “en relación con la pequeñez geográfica del país, puede considerar que existen latifundios, si llamamos así a las haciendas de más de mil hectáreas”(p. 2). En este trabajo se tomará esta definición para delimitar el latifundio. Los latifundistas, a partir del cultivo del café crearon un capitalismo agrario que llegó hasta 1989.

Los terratenientes eran una élite, en especial, los propietarios de inmuebles de más de 1,000 hectáreas, y debido a la riqueza económica acumulada en el siglo XIX, gracias, entre otros, a las exportaciones de café, esta élite, en el primer cuarto de siglo XX, se constituyó en oligarquía agraria.

Breve Esbozo Histórico

La historia del Centro Nacional de Registros se remonta al Código Civil de 1860, con la inscripción de hipotecas, en lo que se le denominó folio real. Sin embargo, el primer antecedente del Centro Nacional de Registros fue el Registro Inmobiliario, se creó en 1873, con fuerte influencia de la Ley Hipotecaria Española de 1861. El sistema de folio real pasó a convertirse en folio personal con la creación del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, en 1881, permitió, además de inscribir hipotecas, bienes inmuebles.

En Santa Ana, San Salvador y San Miguel, se puede encontrar las primeras escrituras de propiedades, inscritas a partir del año de 1881, al no existir mucha demanda de inscripciones de propiedades, solamente existían tres dependencias del Registro para el control de las mismas, fueron creadas simultáneamente con base a la Ley Hipotecaria en 1881, y se expresaron en el artículo 1 de dicha ley, fue publicada en el Diario Oficial, Tomo 10, el 1º de mayo del mismo año.

En el año 1986, se emitió la Ley de Reestructuración del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el folio personal pasó a ser el folio real manual, y con el propósito de digitalizarlo se creó la Unidad del Registro Social de Inmueble en 1992, posteriormente el Centro Nacional de Registros se creó por Decreto Ejecutivo No.62, de fecha 5 de diciembre de 1994, publicado en el Diario Oficial, No.227, Tomo No.325, del 7 de diciembre de 1994 (O. M. Peñate, 2020, p. 3).

Actualmente, en la propiedad seccional podemos encontrar los primeros inmuebles que fueron inscritos ya como institución de registros inmobiliarios, con la entrada en vigencia de la Ley Hipotecaria en el año 1881. Casi todos los documentos que fueron inscritos, ahora se pueden ver en formato digital, excepto, los que no fueron escaneados por su grado de deterioro.

Existían tres seccionales, las cuales fueron:

1-    La Sección de Occidente

Ubicada en el departamento de Santa Ana, se encuentran inscritas las propiedades de los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y del mismo departamento de Santa Ana. El libro seccional cuenta con 70 libros y cada libro con 315 inscripciones aproximadamente.

2-  La Sección de Oriente

Situada en el departamento de San Miguel, se encuentran inscritas las propiedades de los departamentos de Morazán, La Unión, Usulután y San Miguel. Este libro de propiedad seccional tiene la particularidad, de que no todas las inscripciones se pueden ver en la base de datos y algunos documentos no han sido escaneados por su grado de deterioro, solamente hay 24 libros escaneados y son los siguientes: 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 48, 51 y 53, por cada uno hay 174 inscripciones aproximadamente.

3-    La Sección Central (llamada Propiedad General)

Se encuentra en el departamento de San Salvador, en el que se puede encontrar propiedades inscritas de Chalatenango, Cabañas, Cuscatlán, La Libertad, La Paz, San Vicente y San Salvador. El libro de propiedad general de San Salvador tiene 52 libros y cada uno cuenta con 442 inscripciones aproximadamente.

Con la revisión de las escrituras, se puede observar, que, desde la colonia hasta la fecha, el minifundio fue el predominante y no el latifundio, a la misma conclusión llegaron autores como Aldo Lauria-Santiago (2003); “Entre las décadas de 1820 y 1870. El Salvador se convirtió en un bastión de productores campesinos en pequeño” (p. 76),  por ejemplo en la producción de añil (Wilson, 1978, p. 165), y el café (Acosta, 2014, p. 131).

Los latifundios más extensos en 1900 se ubicaban en la zona oriental y costera del país, la hacienda de Nancuchiname tenía una extensión de 463 caballerías, 20,742.4 hectáreas, 29,632 manzanas, del municipio de San Agustín, departamento de Usulután. El departamento con más latifundios encontrados en el país es Santa Ana, con 20 inmuebles, y el que menos poseía era La Unión y Cuscatlán con tres latifundios cada uno.

Las familias propietarias de varios latifundios que tenían relación con el poder político (Dueñas, Meléndez), o económico (Guirola) no eran propietarias de los latifundios más extensos, pero sí de los más productivos, situados en el valle de San Andrés y Zapotitán o la zona costera.

Las formas de adquisición fueron diversas, desde títulos otorgados por el rey de España, así como la mayoría por compraventa o herencia. Uno de los datos más curiosos, según lo registrado en las escrituras, es que el uso que se le daba a la mayor parte de los latifundios en el año 1900 era la ganadería, pastizales y potreros, no era el café ni el añil.

Tabla 1

Inmuebles con extensión mayor a las 1,000 hectáreas, año 1900

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de escrituras en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registro de El Salvador (CNR)

El micro y mediano productor cultivaba el jiquilite (añil) en su parcela, vendían la cosecha ya procesada en sus obrajes al terrateniente, y este lo exportaba, para el caso del café, le vendían su cosecha al terrateniente, este la beneficiaba y luego la exportaba,  “el 75% de la producción del café era proporcionado por pequeños productores”(Guidos, 1988, p. 63),  en este mismo sentido, Abel Cuenca (1962, p. 57) al igual que Aldo Lauria (2003, p. 41) afirmó que según el censo agrícola de 1950, había más micro y medianos productores, significaba, que el terrateniente se quedaba con la mayor parte de la ganancia, porque le pagaba bajos precios al pequeño y mediano productor en la compra del café y le daba bajos salarios como obrero en su hacienda o finca.

Para la siembra del cultivo del jiquilite y del café se deforestaron grandes extensiones de bosques y tierra cultivada, es decir, las mejores tierras. Sin embargo, con el café, se eliminaron amplias zonas de agricultura de subsistencia, por ejemplo, cereales, hortalizas y frutas. “Ahora no hay nada más que café en las tierras altas y pasto en las tierras bajas, que continúan desplazando a los bosques y a las milpas” (Wilson, 1978, p. 194). El área de cultivos de subsistencia se redujo considerablemente, y ocupó las tierras marginales y de menor calidad (Ruiz, 1979, p. 75).

A consecuencia de primar en importancia a los monocultivos de exportación, y de haber disminuido considerablemente las siembras de alimentos, entre otros, ha producido un déficit, el cual se ha compensado con la importación de alimentos de los países vecinos. Ante la carencia alimentaria, históricamente se ha recurrido a la importación (Torres, 1960, p. 3).  De acuerdo con David Browning (1975); “Ha duplicado la importación de alimentos entre 1950 y 1962”(p. 485). Incluso, posterior a la reforma agraria de 1980, se continuó con la insuficiencia del cultivo de granos básicos, y esta situación se solventó de la misma manera, con la importación (Cabrales, 1990, p. 288).

Tabla 2 Uso de los inmuebles mayores a 1,000 hectáreas por departamento en el año de 1900
Depto.	Arroz	Bálsamo	Coco	Añil	Café	Maíz	Zacate	Cacao	Caña de azúcar	Banano	Ganado	Inculto	Árboles frutales	Otros usos*
Ahuachapán							1				1			1
Cabañas
Chalatenango			1				1							1
Cuscatlán				1							1			1
La Libertad		1			1		5	1			5	3	1	7
La Paz						1	2				2			3
La Unión								1	1	1	1
San Miguel				3							2			2
Morazán
San Salvador
San Vicente				1							1			1
Santa Ana	1			1	1	1	1		1		3	1	1	1
Sonsonate					1				1		3			5
Usulután				3			1	1						3
Total	1	1	1	9	3	2	11	3	3	1	19	4	2	25

*Otros usos: Minas de cal, caballares, herrería, corrales, labranza, casas, tejas, madera, lana y obraje.

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de escrituras en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registro de El Salvador (CNR)

 

Los principales cultivos de El Salvador, durante el siglo XX fueron el café, caña de azúcar y el algodón, los gobiernos de la época continuaron dándole importancia a los cultivos de exportación en detrimento de los de primera necesidad, no se tuvo la visión estratégica, de construir un mercado interno para alimentos provenientes del agro nacional.

Antecedentes de la Distribución de la Tierra

En El Salvador, en el siglo XX, se materializaron iniciativas encaminadas a lograr la reactivación económica, a través de la distribución de la tierra, entre se puede mencionar, la creación de la Junta de Defensa Nacional, el 24 de octubre de 1932, en el informe de labores de ese año, la Junta afirmó que, “la existencia de pequeños propietarios, es beneficiosa para la economía del país” (Browning, 1975, p. 443), los resultados de esta Junta fueron exiguos (Guidos, 1988, p. 17).

La Junta Nacional de Defensa Nacional a consecuencia de su disfuncionamiento, se transformó en Mejoramiento Social, Sociedad Anónima, en 1934, una de las propiedades que adquirió, fue la hacienda de Zapotitán. Sin embargo, en el año 1945, se eliminó Sociedad Anónima, y se nombró solamente Mejoramiento Social (Torres, 1960, p. 39), con el propósito de continuar con la distribución de la tierra, denominada colonización rural, el gobierno de la época, dispuso de tierras del Estado y procedió a la compra de haciendas, para redistribuir tierra a los trabajadores del campo. Sin embargo, fue otro fracaso (Ching y Tilley, 2007, p. 123). La distribución de tierras que hizo la Junta Nacional de Defensa y el Mejoramiento Social, ascendió a 42,575 manzanas (Torres, 1960, p. 39).

Ante el fracaso de Mejoramiento Social, de reactivar el agro y disminuir la pobreza en el país, se transformó en el Instituto de Colonización Rural (ICR), en 1950, teóricamente, se iban a tomar en cuenta los factores de fracaso de las instituciones anteriores, para garantizar en cierta medida el éxito, además, en sus objetivos se plasmaron medidas modernizantes para el sector agropecuario, sin embargo, no se le otorgó presupuesto para llevar al feliz término lo formulado en sus objetivos. El ICR no tuvo la solvencia económica para comprar las suficientes tierras, tampoco se adoptó la expropiación de inmuebles, aunado a una gerencia incompetente y una administración deficiente. El proyecto símbolo del ICR fue la distribución de tierras de la Hacienda Metalío, que al final “naufragó”.

Ante el fracaso del ICR para reactivar el sector agrario y mejorar las condiciones de vida de la población rural, se sustituyó por el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), en 1975 (ISTA, 2020, párr. 4). El historiador Roberto Jovel (2014), explica que; “Dicha institución tenía la capacidad para adquirir inmuebles, expropiar y adjudicar tierras, contratar préstamos y capacitar a los campesinos” (p. 362).

El ISTA realizó la reforma agraria, la cual, resultó ser, otro fracaso, debido, a que fue concebida por el gobierno de turno, como un instrumento de contrainsurgencia en el conflicto armado salvadoreño (1980–1992), y no con el propósito principal de reactivar el sector agropecuario y mejorar las condiciones de subsistencia de los trabajadores del campo (Martínez, 2013, p. 55).

Tabla 3.

Cobertura de la Reforma Agraria de El Salvador

Decreto No.	1992 Hectáreas	Beneficiarios Directos
154	196,176.5	31,137
207	69,604.9	52,819
842	18,996.3	5,080
839	9,972	5,729
713	1,508.0	824
Total	296,257.8	95,589

 

Fuente: Evaluación del Proceso de Reforma Agraria, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Oficina Sectorial de Planificación, 1993. Tomado de, (García, 1995, p. 26)

 

Los fracasos en la distribución de la tierra han sido recurrentes, y por lo general, con distintos niveles, de acuerdo con el momento histórico; se adoptaron medidas formales y no reales, para que los cultivos fueran rentables financieramente, hacer eficientes en la siembra, cultivo y recolección de las cosechas, de igual forma, para aumentar la producción y la productividad. Para el caso de la reforma agraria, además, encontramos factores determinantes, que consistieron en la “corrupción, incapacidad gerencial, autoritarismo, e instrumentalización política”(Arene, 1995, p. 5) . Sin embargo, con la llegada al poder del partido político Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), la reforma agraria y el sector agrícola nacional recibió el “tiro de gracia” con la imposición del modelo neoliberal.

La reactivación del agro no se logra con el simple hecho de repartir tierras a los trabajadores del campo, individual o colectivamente, porque, por lo general, lejos de aumentar la productividad, la disminuye, genera más pobreza rural, y los trabajadores agrícolas terminan vendiendo la propiedad asignada, y emigrando a la ciudad o al extranjero. Alberto Arene (1995), concluye que la reforma agraria, creó “una nueva estructura de la tenencia de la tierra, probablemente mejor distribuida que la anterior, pero más improductiva, menos generadora de  riqueza y más pobreza”(p. 4).

La última distribución de tierras que realizó el Estado salvadoreño, fue como resultado de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin al conflicto armado, en el Capítulo V, en el tema económico y social, en el apartado del problema agrario, se estipuló, “El Gobierno de El Salvador asegurará la transferencia de las tierras rústicas con vocación agrícola que aún no hayan sido transferidas de conformidad con el Artículo 105 y Artículo 267, de la Constitución de la República”(ONU, 1992, p. 43).

El resultado del Programa de Transferencia de Tierras (PTT) contemplado en el Acuerdo de Paz, en esta ocasión no hubo expropiaciones, sino que se creó un Banco de Tierras que compró las propiedades, para luego ser distribuidas a los beneficiarios, sin embargo, fue otro fracaso más (Navas, 2015, p. 26), el requisito indispensable, era que el beneficiario fuera excombatiente de origen rural y que no fuera propietario de ningún título, sin tener en cuenta  la experiencia y conocimiento agrícola, “aparte de que algunos beneficiarios no tenían mucho interés en dedicarse a la agricultura”(PNUD, 2002, p. 22), aunado a la repetición de los errores, que prácticamente se han convertido en comunes denominadores históricos del fracaso en la distribución de tierras. “El PTT distribuyó 3,305 propiedades a 36,100 beneficiarios, en un área que abarcaba, aproximadamente, 100,000 hectáreas” (Banco Mundial, 2012, p. 11).

Distribución del Excedente de la Tierra

La distribución del excedente de la tierra a los trabajadores del campo sin propiedades agrícolas, se circunscribe a: una política pública para reactivar el agro; acompañada por normativas jurídicas; participación sistémica de la institucionalidad del Estado que tenga relación con el tema;  elaboración de gobernanzas para la participación coordinada y sistematizada de la sociedad civil, organismos internacionales de cooperación, instituciones especializadas de las Naciones Unidas y de las instituciones del Estado. La distribución del excedente de la tierra es una parte constitutiva de la política pública para reactivar el agro, significa, que abarca a todos los productores nacionales.

En el sector agrícola se debe buscar la reactivación, a través, no solo de la asistencia técnica y financiera, sino con asesoría en la comercialización de la producción a nivel nacional e internacional; distribución de tierras a asociaciones y cooperativas de trabajadores agrícolas; brindar importancia a los cultivos de subsistencia; industrialización de la producción agropecuaria; disminuir o eliminar los aranceles de importación a los insumos agrícolas; creación de huertos escolares, familiares y municipales o locales. Estas acciones encaminadas a lograr el autoabastecimiento y alcanzar la soberanía alimentaria(O. Peñate, 2020, p. 36).

El propósito es lograr rentabilidad financiera y producción de excedente para el consumo nacional y la exportación con lo que se atraerían divisas, por extensión, se crearían empleos y se contribuirá al desarrollo local y obviamente al crecimiento económico nacional, mejoraría la redistribución del ingreso, y beneficiaría de esta manera a la hacienda pública.

La reactivación del agro es de importancia estratégica para el país, es una necesidad de que El Salvador tenga soberanía alimentaria, los gobiernos del pasado adoptaron (ARENA) y administraron (FMLN) un modelo económico neoliberal, lo importante era el capital sobre el ser humano, consideraron que el agro no tenía importancia, primaron el comercio y los servicios, con la idea de convertir al país en una zona franca. El Salvador importa sus alimentos, tiene un comportamiento de nación del hemisferio norte, y es un país del Tercer Mundo, que teóricamente debería producir sus alimentos y exportar el excedente, sin embargo, tiene una balanza comercial deficitaria (BCR, 2020a).

Figura I.

Saldo de Balanza Comercial con todos los Países: Agricultura, ganadería, servicultura y pesca, desde enero hasta noviembre de cada año en millones de US$

Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR, 2020b)

El sector agrícola, en lugar, de mostrar crecimiento, decrece, por ejemplo, en empleo formal del sector privado trabajadores cotizantes en planilla al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el sector agropecuario de enero-octubre 2018 y 2019, tuvo un déficit de -9.5 por ciento, en el 2018 hubo 14,993 trabajadores y el siguiente año 13,571(BCR, 2019, p. 9).

Una de las medidas para incrementar la producción y productividad en el sector rural, y a la vez, elevar el índice de empleo agropecuario es la distribución de tierras, como parte de una política pública, lo cual está respaldado jurídicamente por la Constitución de la República de El Salvador, en Art. 105, inciso seis;

Las tierras que excedan la extensión establecida por esta Constitución podrán ser transferidas a cualquier título a campesinos, agricultores en pequeño, sociedades y asociaciones cooperativas y comunales campesinas. La transferencia a que se refiere este inciso deberá realizarse dentro de un plazo de tres años. Una ley especial determinará el destino de las tierras que no hayan sido transferidas, al finalizar el período anteriormente establecido.

La Constitución fue promulgada en el año 1983, se dio un plazo de tres años, ya pasaron casi cuatro décadas y la tierra no se distribuyó, por lo tanto, no se emitió la ley especial a la que se hace referencia. Según la Carta Magna, ahora lo que procede es la expropiación, de acuerdo con el Art.267.

Si la tierra que excede los límites máximos establecidos en el artículo 105 de esta Constitución, no fuere transferida en el plazo que allí se contempla por causa imputable al propietario, podrá ser objeto de expropiación por ministerio de ley, y la indemnización podrá no ser previa.

Según la búsqueda que se realizó, 235 inmuebles aplican, se tiene el consolidado de los datos siguientes:

Tabla 4  Inmuebles que tienen como propietarios el Estado, personas Naturales y Jurídicas para el mes de febrero del año 2019
N°	Departamento	Persona Natural			Persona Jurídica			El Estado
		Cantidad	Extensión en Hectáreas	Extensión en Manzanas	Cantidad	Extensión en Hectáreas	Extensión en Manzanas	Cantidad	Extensión en Hectáreas	Extensión en Manzanas
1	Ahuachapán	7	3,909.28	5,584.68	7	2,650.59	3,786.56	6	3,815.11	5,450.16
2	Cabañas	2	1,324.50	1,892.14	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3	Chalatenango	5	1,732.61	2,475.16	1	302.55	432.21	7	4,080.15	5,828.78
4	Cuscatlán	1	267.02	381.46	0	0.00	0.00	2	953.96	1,362.80
5	La Libertad	4	4,882.39	6,974.84	12	7,520.43	10,743.47	6	4,212.46	6,017.79
6	La Paz	1	279.53	399.32	5	5,074.37	7,249.10	6	3,228.68	4,612.40
7	La Unión	12	12,058.60	17,226.57	5	4,311.86	6,159.80	9	7,202.00	10,288.57
8	San Miguel	7	5,027.17	7,181.67	7	3,539.84	5,056.91	5	5,183.90	7,405.57
9	Morazán	6	4,887.32	6,981.89	0	0.00	0.00	1	966.00	1,380.00
10	San Salvador	0	0.00	0.00	9	4,015.91	5,737.02	1	728.42	1,040.61
11	San Vicente	9	4,562.82	6,518.31	0	0.00	0.00	4	2,044.01	2,920.02
12	Santa Ana	13	5,192.17	7,417.38	10	7,976.56	11,395.08	7	5,632.91	8,047.01
13	Sonsonate	8	6,543.32	9,347.60	20	13,250.65	18,929.50	4	2,836.60	4,052.28
14	Usulután	8	3,617.44	5,167.77	9	5,624.70	8,035.29	9	8,883.42	12,690.61
TOTAL		83	54,284.16	77,548.80	85	54,267.45	77,524.93	67	49,767.62	71,096.60

 

Fuente: elaboración propia, de datos obtenidos de escrituras de propiedad, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registro de El Salvador (CNR)

 

Fuente:  elaboración propia, datos obtenidos de las escrituras en el Centro Nacional de Registros (CNR)

Tabla 5

Inmuebles mayores a 245 hectáreas, año 2019, que aparecen ubicados en el mapa

 

 

Fuente: elaboración propia, de datos obtenidos de escrituras de propiedad, del Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, del Centro Nacional de Registro de El Salvador (CNR)

La reactivación del agro conllevará a lograr el desarrollo local, en particular de las zonas agrícolas, generará fuentes de trabajo, la población mejorará la capacidad adquisitiva, que le permitirá optimizar sus condiciones de vida, este progreso económico con incidencia social redundará a nivel macro, al engrandecer el sistema productivo nacional. Los trabajadores del campo, al aumentar su capacidad de compra de bienes y servicios, incrementará la producción nacional, asimismo, se percibirá un mayor ingreso en la hacienda pública, situación que permitirá llevar a cabo obras sociales en beneficio de la población.

La reactivación del agro, no se reduce a la distribución del excedente de tierras, contempla también programas complementarios, que son necesarios para cumplir el objetivo, por ejemplo: créditos a tasas preferenciales, entrega de semillas, fertilizantes y pesticidas, construir infraestructura vial rural, crear programas de capacitación permanente a los agricultores, modernizar y tecnificar los estudios de bachillerato y licenciatura en agricultura, de igual forma, actualizar la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez (ENA), invertir en mejorar la infraestructura de investigación científica del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA), en este mismo orden, establecer convenios con centros de educación superior extranjeros, para ofrecer becas a los estudiantes más destacados en esta disciplina, y a través de cooperación académica crear programas de intercambio de docentes investigadores.

Además, el Estado brindará a los beneficiarios:

·       Asesoría técnica planificada y sistemática para la siembra, cultivo, recolección de las cosechas.

·       Asesoría para la distribución de los productos en el mercado nacional, y para la exportación del excedente de las cosechas

·       Programas especiales de créditos.

·       Asistencia técnica en la administración financiera.

·       Asistencia técnica en la diversificación agropecuaria.

·       Asistencia y capacitación en la utilización de instrumentos de trabajo modernos y tecnológicos.

·       Elaboraración el Código Agrario que contemple: la igualdad de oportunidades de género; la formación de los tribunales agrarios; que tome en cuenta los tratados internacionales sobre esta materia y que contribuya a la reactivación y sostenibilidad del sector agrícola (Martínez, 2015, p. 177).

La distribución de tierras a los trabajadores del campo organizados en cooperativas como propósito de reactivar el agro, debe ser contenida en una política pública, para lograr conseguir la soberanía y seguridad alimentaria de El Salvador. En donde, los agricultores minifundistas dedicados al cultivo de subsistencia también sean tomados en cuenta, en el goce de los mismos beneficios que recibirán los favorecidos de la distribución de la tierra.

 

Conclusiones

La distribución de la tierra per se, no resolverá el problema de la pobreza en el campo, tampoco la insuficiencia alimentaria, tal y como lo pretendieron solventar algunos gobiernos en el pasado, razón por la cual, todas las distribuciones de tierra fueron un fracaso. Es increíble, que las distribuciones de la tierra tuvieran de factores del fracaso a los mismos denominadores comunes, y aun así, continuaban cometiendo el mismo error.

La distribución del excedente de la tierra de las 245 hectáreas a los asalariados del campo, para garantizar el éxito, esta vez, se debe circunscribir como uno de los elementos de una política pública, encaminada a disminuir y en el mejor de los casos a eliminar la dependencia que el país tiene del extranjero de la importación del 70 por ciento de los alimentos que la población salvadoreña consume.

La soberanía alimentaria no se logrará fuera de una política pública que no contemple la distribución del excedente de las 245 hectáreas, acompañada de ordenanzas que permitan la coordinación y sincronización de las instituciones del Estado, sociedad civil, empresa privada y organismos internacionales. La independencia alimentaria es una visión estratégica que contribuirá al bienestar económico y social de la población.

En la política pública de la reactivación del agro se contempla la producción de subsistencia, el excedente para consumo nacional y para exportación, lo que requerirá entre otros, la modernización de los instrumentos de trabajo y la industrialización del sector agropecuario. Excedentes de las 245 hectáreas a nivel nacional existen, y la Constitución de la República de El Salvador, mandata que se distribuyan.