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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 7, enero - abril, 2024 - Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
La democracia desafiada y la reconstrucción del estado y la sociedad salvadoreña
Challenged democracy and the reconstruction of the Salvadoran state and society
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Este trabajo tiene la licencia
Recibido: 10/01/2024 Aprobado: 19/03/2024 |
Ricardo Sol Arriaza[37] Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña
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Resumen
Se revisan las categorías más relevantes que hacen parte del concepto de democracia y su concreción histórica en regímenes políticos; así como los desafíos que se le plantean en la construcción y el análisis de regímenes concretos. Esto para, profundizar en el proceso salvadoreño, desencadenado luego de lo que el autor identifica como el fin del régimen de posguerra civil. Desenlace que quedó establecido con su ruptura en las elecciones presidenciales del 2019, en las que resultó electo el candidato Nayib Bukele, por una amplia mayoría de votos. Ruptura confirmada cinco años después, siempre por decisión popular, en las legislativas 2021, esto da amplia mayoría parlamentaria al Presidente Bukele. Proceso ratificado en las presidenciales y legislativas 2024, en la que los tradicionales partidos que gobernaron por 30 años en aquel régimen no lograron recuperar su hegemonía y, por el contrario, fueron reducidas a su mínima expresión.
Palabras claves: democracia, regímenes políticos, Nayib Bukele, elecciones presidenciales, partidos políticos.
Abstract
It is reviewed each of its most relevant categories that builds the concept of democracy and its historical concretion on political regime, as well as challenges brought by the construction and analysis of concrete regimes. To dive into the salvadoran process, triggered after what the author identifies as the end of the post civil war regime. Outcome that was established by the breaking off after the 2019 presidential elections, which turned into the elections of president Bukele by a vast majority of votes. Rupture was confirmed 5 years later, also by popular demand, at the legislative elections set for 2021, which allowed President Bukele to win a wider parliamentary majority. This process ratified at both presidential and legislatives of 2024, in which traditional parties who ruled for 30 years and the past regime, were not able to overlast its hegemony and on the contrary, were reduced to its minimal expression.
Keywords: democracy, political regimes, Nayib Bukele, presidential elections, political parties
Contexto y Conceptos
Contribuir al debate sobre el proceso político salvadoreño demanda revisar los conceptos a los que hoy día se recurre, en el discurso político o en la narrativa académica, para valorar o ponderan tanto los regímenes políticos, como los procesos o coyunturas en los países occidentales y latinoamericanos en particular, en los que sigue predominando la democracia liberal y las economías de libre mercado.
Sin lugar a dudas, en este momento histórico en Latinoamérica, el “inesperado” y disruptivo triunfo del Presidente Bukele[38] despierta enorme interés y pasiones. Su estilo de gobierno y las políticas públicas impulsadas, entre las que destacan las de seguridad, son objeto de críticas y elogios o análisis académicos.
En mi criterio, detrás de este debate se percibe una valoración o toma de posición sobre las decisiones políticas que la administración Bukele ha debido tomar para gobernar en el marco de una institucionalidad forjada y copada, por 30 años, por la clase política bipartidista que se estableció en la posguerra; ésta institucionalidad, no obstante sus debilidades y deficiencias, aparecía ante la comunidad internacional como un régimen democrático que, internamente. mantuvo un nivel de gobernabilidad entre las élites de poder, mientras la inseguridad ciudadana y la migración forzada carcomían la cohesión social y reinaba entre los más desprotegidos. Sin embargo, esta contradicción, no siempre se aborda con profundidad.
Esta contradicción entre la políticas y medidas impulsadas por el nuevo gobierno y la institucionalidad del viejo régimen de posguerra civil, fue descrita por el propio Presidente Bukele, como un conflicto necesario, “conflicto necesario porque para que entre lo nuevo hay que desplazar lo viejo, porque para remover la corrupción hay que remover a los corruptos” (Bukele, 2020)
Regímenes democráticos como referente
Dado que el debate se centra en torno el carácter disruptivo de las políticas impulsadas por el gobierno Bukele, sobre un régimen supuestamente democrático, se hace necesario empezar por reconocer que, en la actualidad, los regímenes democráticos, particularmente los que pueden identificarse como democracia liberal, están sometidos a una intensa crítica y presión, es decir a un apremio tanto conceptual como estructural. Esto se refleja, en una amplia y reciente literatura sobre el tema[39], referida tanto a países de Occidente como del Centro europeo y del Este, exsoviéticos; así como a Estados Unidos y a los Latinoamericanos.
La antinomia de Rosanvallon, que nos plantea que El ideal democrático no tiene rival, pero los regímenes que lo reivindican suscitan casi en todas partes críticas (Rosanvallon, 2007), nos coloca ante una primera y necesaria clarificación para el debate o análisis: ¿la reflexión que requieren las medidas o políticas del gobierno Bukele se hacen sobre la democracia como doctrina o propuesta teórica o se hacen tomando como referencia a un régimen político en particular, considerado democrático: el régimen político de posguerra civil, sus cinco gobiernos: tres de la Alianza Nacionalistas Republicana (ARENA) y dos del Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional (FMLN), funcionó desde 1992 -2019.
Ante esa pregunta, aunque parezca de Perogrullo, es importante destacar que en la anterior cita de Rosanvallon, hay dos conceptos que es necesario diferenciar, ya que en el lenguaje coloquial tienden a identificarse, una cosa es el ideal democrático y otra son los regímenes democráticos en los que el ideal se concreta históricamente, con sus aciertos y limitaciones. Esto por cuanto, reiteramos, la democracia, como entidad concreta no existe, lo que existe son teorías democráticas o incluso una entelequia o si se quiere una utopía; por otra parte, están los “regímenes democráticos” que pretenden concretar el ideal democrático, en países y momentos históricamente determinados.
En consecuencia, en este ensayo nos referiremos particularmente a la construcción de regímenes democráticos, aunque tendremos como referente las teorías democráticas o, aún mejor, el debate teórico sobre la democracia, de por si inacabado.
Para enfatizar sobre el momento que cruza la democracia en el mundo occidental, que es otro referente analítico de relevante valor, nos remitimos a Martin Wolf, Jefe de Economía del Financial Times, quien se refiere al momento actual de los regímenes democráticos en el mundo occidental, y sostiene: Cuando Francis Fukuyama escribió su ensayo “¿El Fin de la historia?” publicado cuando terminó la Guerra fría, en 1989, muchos coincidieron con él en que el sistema occidental de democracia liberal y libre mercado había cosechado una victoria decisiva sobre sus enemigos ideológicos… Hoy, ni la democracia ni el capitalismo de libre mercado parecen en absoluto triunfantes. Y eso no solo es aplicable a países en vías de desarrollo, emergentes o excomunistas, sino incluso a las democracias occidentales establecidas (Wolf, 2023).
Más adelante, este mismo autor recalca: Ahora la democracia liberal y el capitalismo de libre mercado están en entredicho, destacando que la derecha nacionalista, incluso cuando no están en el poder…[40] moldean –o han modelado– el debate político (Wolf, 2023).
Es este el contexto en el que se juzga o se valora el carácter democrático del gobierno actual de El Salvador y el signo de sus políticas. Sin embargo, en esos juicios o valoraciones, muy pocas veces se hace referencia a los antecedentes del momento actual, al régimen político de posguerra civil salvadoreña (1992 – 2019), lo que es indispensable, en todo análisis, mínimamente equilibrado.
Algunas características del Régimen de postguerra civil y su ruptura
En una apretada síntesis, colocamos algunos elementos clave, para entender las características de aquel régimen de posguerra civil.
Dicho régimen se construye sobre unos Acuerdos de Paz, con vigilancia internacional, que ciertamente ponen final a la guerra civil, en los que se identifican compromisos concretos en el campo militar, el sistema político institucional, el sistema judicial, los derechos humanos y medidas en lo que se llamó el tema “económico y social”. Este último, sin duda el más descuidado o mejor dicho ignorado por aquél régimen; no obstante ser reconocido como aqul en el que se hunden las raíces del conflicto.
Contrario al espíritu y la letra de Aquellos Acuerdos, se da un proceso de “captura del Estado por élites políticas y económicas. Como lo describe Waxenecker (2017) en su trabajo “Élites políticas y económicas en El Salvador: ¿Captura del Estado?”, para lograr esa “captura del Estado salvadoreño” las élites económicas en alianza con las políticas, recurren a distintos mecanismos, entre los que destacan:
Financiamiento de institutos políticos, interrelación crítica entre actores privados y partidos políticos;
Influencia en las decisiones políticas: a. poder de legislar o fuerza activa en las decisiones legislativas, b. representación legal en las instituciones estatales e influencia decisiva en las políticas públicas;
Negocios a través de compras y contrataciones, con un monto de 22.5% de los presupuestos públicos ejecutados entre el 2012 a 2016;
Corrupción, resaltan dos esferas: arbitrariedad en el uso de “partidas secretas” por la cúpula del ejecutivo y relaciones mercantiles entre la empresa privada y el Estado, adquisición pública de bienes y servicios, abuso de los fideicomisos públicos y “sobre sueldos”. Basado en un estudio de ICEFI (2017), este autor destaca que el costo de la corrupción en los gobiernos de posguerra, solamente en los casos más relevantes detectados, para el año 2015 ascendía a USD550 millones.
En este contexto, luego de firmados de los Acuerdos de paz, entre los cabecillas de los bandos en pugna en el conflicto armado, el pueblo salvadoreño, más que sentirse convocado a la construcción de una Estado incluyente, se vio empujado a identificar formas de sobrevivencia ante un proceso de descomposición social y precarización acelerado, que acompañó a dicho régimen político en la posguerra. Las expresiones más crudas de esta situación se observan en el abandono y consecuente la toma del centro histórico de la capital y de otras ciudades por el comercio informal y por el creciente desarrollo del fenómeno de las pandillas o maras que llegan a convertirse en una enorme legión de extorsionadores y sicarios, verdugos de esa población en informalidad o precariedad. Todo lo cual agudiza la migración masiva forzada.
El debilitamiento de respuestas del Estado para generar y garantizar cohesión y ciudadanía social condujo al surgimiento de un fenómeno dual, dialéctico y perverso, como recurso de sobrevivencia de una población desarticulada, empobrecida y sin educación: la migración forzada y las pandillas organizadas (maras). Paradójicamente, en la migración se descubre la forma de sostenibilidad de las familias, pero no solo eso, sino del país mismo.
En consecuencia, la llegada a la presidencia de la República de El Salvador con un voto ampliamente mayoritario y una baja sensible del apoyo popular a los partidos del viejo régimen, desencadena lo que he calificado como una “ruptura del Estado” o, más específicamente, del régimen de posguerra. El punto de inflexión de esa ruptura queda plasmado en los primeros 10 meses en los que el Presidente Bukele ejerce la presidencia. En ese período, la Asamblea Legislativa está integrada por miembros de los partidos fundantes y dominantes en el “régimen de posguerra”, por lo que dicho poder legislativo, decide no financiar al ejecutivo en sus proyectos más significativos, principalmente el de “Control Territorial”, mientras la escalada de violencia criminal de las pandillas o “maras”, amenazaban la estabilidad del gobierno o, mejor dicho, del propio Estado.
En ese ambiente, el Presidente decide hacerse presente en la Asamblea Legislativa, con su escolta militar, ese acto se juzgó como un acto militarista; sin embargo, es claro que los acontecimientos no tomaron ese rumbo, por el contrario, el Presidente Bukele apostó a esperar el resultado de las elecciones de diputados del poder legislativo, que se celebrarían en febrero del 2021. En esa fecha, mientras los partidos políticos de oposición y la prensa nacional e internacional señalaban a Bukele como “golpista” por hacerse presente en la Asamblea Legislativa, escoltado por militares, el soberano salvadoreño, en elecciones conducidas por los partidos que controlaban la Asamblea y ahora en oposición y con un Tribunal Electoral nombrado por esos partidos, decidió apoyar al Presidente Bukele y entregarle amplia mayoría para respaldar su gestión y dar paso al despliegue de sus políticas públicas y particularmente del “Plan Control Territorial”, que traerá como resultado, desarticular las “Maras” y darle seguridad y paz a la ciudadanía.
Critica a conceptos y metodología desde la realidad de los regímenes políticos democráticos liberales
Como lo destacamos en este ensayo, el debate sobre la democracia, en la actual coyuntura mundial gira en torno a la “democracia liberal” su crisis, sus limitaciones y desafíos, prácticamente sin identificar otras alternativas de gobierno. Por tanto, los autores revisados en este breve estudio se refieren a los regímenes democráticos construidos en los países de Occidente, identificados como democracias liberales, sustentados en economías de libre mercado. A este tipo de regímenes se les identifica también con un número importante de calificativos: democracias modernas, democracias representativas, democracia constitucional, democracia pluralista, entre otros. Es en esta órbita de influencia en la que los países de América Latina y, para nuestro caso, El Salvador, han tratado de responder al desafío de construir regímenes democráticos.
Además de pretender contribuir a colocar una visión más ilustrada en este debate, nuestro propósito, en este artículo, es el de colocar en el tapete del análisis elementos conceptual, históricos y sociopolíticos que permitan identificar el camino para avanzar en la edificación y fortalecimiento de un régimen democrático que supere las experiencias fallidas en la construcción de este tipo de regímenes en El Salvador, aunque debo admitir que también asumo como referentes el resto de países del Istmo centroamericano.
Iniciamos por destacar, un punto de partida metodológico, generalmente obviado, que considero indispensable para lograr una visión más acertada sobre las particularidades del gobierno Bukele y lograr, abusando del término una exégesis de las medidas y políticas impulsadas, de cara a la institucionalidad preestablecida en el régimen de posguerra civil.
Ese punto de partida se refiere al antes y al después. Nos referimos, por tanto, al punto de partida y el de llegada. García Jurado (2003) critica a Huntington cuando define la democratización como el proceso de transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, pero homogeniza el tipo de democracia al que se llega (en términos de democracia minimalista), pero también homogeniza el punto de partida; es decir, ignora las características de los regímenes de los que se parte en ese proceso, los cuales son o pueden ser determinantes para los logros en el avance hacia la construcción del nuevo régimen. Este autor afirma: …es muy importante el tipo de gobierno autoritario que antecede a la democracia, ya que de ello depende no solo la facilidad del tránsito, sino también el tipo de instituciones políticas que se construyen en ese (el nuevo) Estado (García Jurado, 2003).
Para muchos autores, el régimen de posguerra civil instaurado en El Salvador debe ser reconocido como democracia fallida. Aunque sostenemos que ese concepto se queda corto, porque se centra en las fallas institucionales, y descuida otros factores cruciales en torno a los que gira la llamada, reiteradamente, crisis de los regímenes democráticos, como son su debilidad para construir y empoderar ciudadanía, ser garante de los derechos ciudadanos y asegurar la cohesión social, garantizar la voluntad popular sobre el poder de las élites, entre otras debilidades.
Con frecuencia, en Centroamérica, con el ánimo de formular análisis comparativos o generar una visión regional, se cae en esa imprecisión. De hecho, en el intento de democratización que se supuso deberían desarrollarse luego de los Acuerdos de Paz –tanto nacionales como regionales–, se descuidó o ignoró (particularmente en los análisis) la influencia que los regímenes políticos anteriores tendrían en la construcción de los pretendidos gobiernos democráticos que deberían generarse, el resultado, como es obvio hoy día, ha sido un conjunto de gobiernos con grandes déficits democráticos y de muy diferente configuración. En alguna ocasión escribimos sobre el peso de la historia o de la cultura política en los procesos políticos de los países o naciones. Por este motivo debe advertirse que no todos los procesos de democratización siguen la misma ruta, así como es diferente el punto de partida, también será diferente el punto de llegada (García Jurado, 2003).
A manera de reflexión, a propósito del punto de partida, recordemos qué en el caso de El Salvador, luego de los Acuerdos de Paz, es decir al fin de los gobiernos militares oligárquicos, no se cambió la Constitución Política de 1983, aprobada en plena guerra civil, unilateralmente por uno de los bandos en el conflicto y, en ese momento, en el poder del Estado. También perduraron mecanismo o instituciones del Estado contrainsurgente, como la famosa millonaria partida secreta que siguió siendo manejada, con total discreción, por el Presidente de la República, incluyendo los del FMLN, esto dio origen a actos grotescos de corrupción, compras de conciencias y al dolo.
Otro criterio que debe ser revisado, para fines de identificar y consolidar un recorrido hacia la democratización, es la tendencia en los análisis, particularmente empíricos, tipo encuestas y otros que se basan en la construcción de las indispensables categorías de análisis. En esos casos, para efectos de facilitar los estudios, se recure a simplificar los conceptos o categorías, con lo que se tiende a caer en la ya mencionada concepción minimalista de la democracia. De esa manera, esos análisis se centran en valorar la parte procedimental de las instituciones del Estado y las opiniones de las personas con respecto a estas, con el agravante de que a ese Estado se le supone democrático, por consiguiente, cuando las personas manifiestan opiniones contrarias o negativas, se asume que no están satisfechos con la democracia, obviando que el descontento o insatisfacción es con la incapacidad del Estado y, específicamente, del gobierno en el poder para garantizar la vigencia de los derechos de las personas. En el caso de El Salvador, y sus gobiernos de posguerra, la incapacidad grotesca para garantiza el principal derecho que es el derecho a la vida, como tampoco los derechos al trabajo, la educación la salud, entre otros, lo que obligó a migrar a un millón 500 mil ciudadanos, aproximadamente.
Otro factor esencial, a tomar en cuenta, en un esfuerzo por identificar una ruta hacia la democratización y valorar esas experiencias, es el hecho –demostrado históricamente– que este camino no es lineal. Si se revisa la historia de construcción de regímenes democráticos podemos observar que estos avanzan, pero también se estancan o retroceden. Dado ese proceso, es indispensable identificar los factores sociopolíticos que determinan su desarrollo, su retroceso o estancamiento para definir la forma de intervenir o actuar sobre ellos.
Obviamente, es importante también, revisar a fondo los conceptos a los que se recurre y las experiencias concretas en la construcción de ese tipo de regímenes, para lograr una mejor conceptualización y desagregar ese desafío, para así identificar esos factores que permiten el avance o el retroceso en la construcción de regímenes democráticos y que determinan sus limitaciones y aciertos, así como para superar los análisis someros que se basan en las definiciones minimalistas.
Por consecuencia, la reflexión y el debate sobre la democracia y procesos de democratización, debe de revitalizarse, pero a la luz de las experiencias y realidades de las sociedades occidentales, dando prioridad, desde nuestros intereses, a las latinoamericanas. No se trata de ignorar el amplio debate que se ha dado en América Latina sobre este tema, pero sí de reorientarlo, a la luz de los cambios originados luego de la caída del muro de Berlín, los procesos de globalización y la actual pugna entre esa globalización y los nacionalismos.
Para Centroamérica en particular se torna indispensable, considerar lo acontecido en los regímenes políticos del Istmo luego de los Acuerdos de Esquipulas, aquellos que propusieron hacer de Centroamérica una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo. Los logros en las tres primeras divisas de ese lema del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), luego de más de 35 años de proclamadas, son claramente deficitarios.
Es indispensable puntualizar que —en este ensayo, no podría ser de otra manera— para profundizar en casos particulares, en este caso el del Estado salvadoreño, debe tomarse como referencia, primordialmente, la democracia liberal o moderna, que se ha venido forjando, no exenta de contradicciones, luego de la caída del muro de Berlín, es decir después del hundimiento de la alternativa socialista como opción o aspiración. Es ésta la “democracia real” en el mundo occidental, lo que coloca al capitalismo liberal como alternativa sin oposición, para este lado del mundo[41].
Pero, tal como lo hemos reseñado antes, los regímenes de democracia liberal que imperan ahora, sustentados en economías de libre mercado y –contrario a lo esperado– han perdido legitimidad y están enfrentando serios cuestionamientos y evidencian debilidad para superar los desafíos de la sociedad moderna. En ese contexto, parecen predominar, las voces de alarma que advierten sobre la tendencia a configurar opciones políticas autoritarita y excluyentes; aunque existen excepciones notables.
En América Latina, se ha configurado también este fenómeno, que muchos llaman crisis, fatiga, descontento de la democracia; paradójicamente, las izquierdas, cuando han tenido la oportunidad de gobernar en países de la órbita de las democracias liberales y del capitalismo del libre mercado o han sido derrocadas o han perdido oportunidades, han fallado[42]. Esto ha contribuido, como lo podemos ver en América Latina de manera particular, al surgimiento y llegada al poder o al menos al ejecutivo, de gobiernos de derecha o ultraderecha, como es el caso de Bolsonaro en Brasil y más recientemente, de Milei en Argentina. Aunque esto no es una situación unidireccional, porque como ha sucedido con el Partido de los Trabajadores y su líder Lula, han vuelto a tomar –vía elecciones libres— las riendas del gobierno en Brasil, así también ha sucedido en Chile. A su vez, en Bolivia las izquierdas de ese país mantienen el control del Estado, dentro de los márgenes de la democracia liberal; más recientemente en Colombia, una modalidad de izquierda ha recibido el apoyo popular, en elecciones libres, para gobernar, pero siempre dentro de un régimen de democracia liberal.
Límites y desafíos a la democracia liberal
Ante estas realidades, surge el desafío conceptual y político a los “regímenes de democracia liberal”. Como lo hemos sostenidos, nos centramos en este tipo de sistemas políticos, porque es éste el modelo que, no obstante la llama crisis que se le reconoce, sigue presentándose como opción en nuestros países.
Nos parece relevante destacar que esa contradicción, recogida en el debate académico y el discurso político hegemónico, se explique por el hecho de que La tendencia dominante en nuestros días consiste en considerar la democracia de una forma que la identifica casi exclusivamente con el “Rechtsstaat”[43] y la defensa de los derechos humanos, dejando a un lado el elemento de soberanía popular, que es juzgado obsoleto. Esto ha creado un “déficit democrático” que, dado el papel central desempeñado por la idea de soberanía popular en el imaginario democrático, puede tener efectos muy peligrosos sobre la lealtad mostrada a las instituciones democráticas (Mouffe, 2016).
Como lo veremos más adelante, esta tendencia al desprecio a la soberanía popular no es nueva, nació con el mismo concepto de democracia. Ya Platón restringía el concepto democracia a la asamblea de los nobles, de los sabios. Es decir, la soberanía que ostentaba “el príncipe”, pasa a manos de la asamblea de notables.
Este fue también el dilema frente al vacío de poder dejado por el Rey, así como de la nobleza, ante su derrocamiento por movimientos populares[44]. ¿En quién se deposita el poder? La respuesta fue en el “demos”, en el pueblo. Pero el concepto pueblo es una abstracción, más aún su diversidad y complejidad lo hace un conjunto vacío; por tanto, requiere de interpretación y definición, interpretación que generalmente se hace desde una posición de poder económico, social o cultural.
La democracia, concepto en evolución ante demandas sociopolíticas y económicas históricas.
Según nuestras tesis, expuestas en las próximas páginas, lo acaecido en El Salvador en las elecciones del 2019 al 2024, obligan a reflexionar detenidamente sobre las formas tradicionales de analizar conceptualización hegemónica de la democracia y de analizar los regímenes que se pregonan democracias liberales. Como veremos, los desafíos son evidentes. Aunque para aceptar esta tesis debemos superar el complejo de inferioridad que significa la manera de pensar que presupone que, en un país pequeño como El Salvador, esto no puede ser posible. No se confunda esta reflexión con la idea de que El Salvador conducirá la renovación conceptual y práctica de la democracia, lo cual sería absurdo, lo que si sostenemos es que los últimos procesos electorales en El Salvador se deben interpretar dentro de lo que ampliamente se reconoce como “la crisis de la democracia” en los países de la cultura occidental. En ese marco, en contra de las tesis conservadoras que sostiene que la teoría y el tipo de régimen de democracia liberal son consumadas, sostenemos que aquella y éstos están en permanente evolución.
Cualquier revisión de la democracia conceptualmente hablando o en sus concreciones históricas, como regímenes políticos, nos conduce a concluir que ésta se mantiene en permanente debate y evolución, y se cimienta en diversos aportes teóricos, experiencias y condiciones históricas particulares. En consecuencia, no debería haber temor a una reflexión que conduzca a identificar aspectos de mejora o de aplicación específica en sociedades concretas.
Así, debe reconocer que la democracia surgió y se ha desarrollado para hacerle frente a la concentración de poder en pocas manos, el absolutismo de las monarquías, sustentadas en la autocracia como formas de gobierno y luego al fascismo en Europa y, más adelante, los intentos de desarrollo de regímenes democráticos en América Latina, como respuesta a las dictaduras militares, con la salvedad de que en Latinoamérica, ese ideal de la democracia ha sido frustrado, con las excepciones consabidas de Costa Rica y Uruguay.
También, el ideal democrático y los regímenes que han tenido éxito relativo, tanto en Europa, así como el caso de Costa Rica y Uruguay en nuestro continente y en su mejor momento Estados Unidos, han ampliado su horizonte a la par de las luchas contra la exclusión política, económica y social.
Es más que conocido el concepto de “olas de democracia”, en el que describe los momentos álgidos del desarrollo de ésta, así como sus caídas.
Quizás el avance más significativo para la democracia, lo fue su vinculación al surgimiento de la doctrina de los Derechos Humanos, el ideal democrático ha ido incorporando el reclamo a derechos humanos. Pero esta ampliación tampoco se ha logrado, de un momento para otro, debe hacerse notar que, en la formulación y desarrollo de los derechos humanos se identifican varias generaciones que corresponden a momentos históricos determinados. Esto también ha acompañado la conquista del derecho al voto universal, que inició siendo muy restrictivo, llamado sufragio “censitario” cuando votan solo hombres que cumplan una serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social.
La primera generación de los derechos civiles y políticos se vincula a la época de la Ilustración y la Revolución Francesa, cuando se buscaba limitar el poder del Estado y garantizar la libertad y la igualdad ante la ley. Es esta es la época o periodo histórico vinculado a las corrientes liberales y es lo que reivindican las distintas corrientes liberales o neoliberales modernas. Estos derechos se identifican como: el derecho a la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad privada y el derecho al debido proceso. En su evolución, de la doctrina de los Derechos Humanos, ha incorporado lo que se denominan derechos de segunda generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales que tienen como objetivo garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Actualmente se reconoce una tercera generación de derechos humanos: los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a la asistencia humanitaria.
Sobre el populismo
En una conferencia, dictada por Nayib Bukele a estudiantes de la sede de Oriente de la Universidad de El Salvador (UES), en el 2013, aproximadamente seis años antes de llegar a ser Presidente de la República, recurrió a una definición simple del populismo que se encuentra en el diccionario Larousse, que textualmente indica: “Doctrina Política que dice defender las aspiraciones del pueblo”, el entonces Alcalde expresó que: si nos atenemos a esta definición, yo me declaro populista.
Cinco años después, luego de ser electo y aún antes, en la campaña electoral, paradójicamente la acusación de “populista” se convirtió en el principal epíteto con el que se ha pretendido descalificarlo.
El calificativo “populista”, usado por lo general de manera despectiva o para descalifica gobiernos jefes de estado es muy frecuente en el lenguaje de los políticos o en los medios de comunicación, pero no deja de extrañar el uso y abuso del termino en ciertos académicos, seguramente por solidaridad con pares salvadoreños.
Las críticas a este recurso no son nuevas ni pocas. Precisamente Jacques Ranciere, uno de los filósofos críticos más reconocidos en Francia, identifica una serie de errores en el uso académico del concepto populismo.
Al respecto, al referirse a cómo analizar o cómo reflexionar sobre esas comunidades o masas que, dentro de ese concepto, siguen a los llamados líderes populistas, señala lo siguiente: Aquí acecha otra noción producida por la pereza satisfecha, la del populismo, que no invoca a un pueblo bueno e inocente, sino, al contrario a un pueblo frustrado, y envidioso, dispuesto a seguir a quien sepa encarar sus rencores y señalar su causa. (Ranciere, 2023)
Dentro de su reflexión plantea algunas afirmaciones o interrogantes que, hacen reflexionar, sobre el uso fácil o mal intencionado del término populista. Los cuestionamientos más relevantes que coloca este pensador, se refieren a las afirmaciones implícitas o explicitas que acompañan al dicho concepto:
Que las poblaciones que votan son mentes mediocres fácilmente convencibles con discursos. El supuesto de que el líder representa a sus votantes.
La necesidad de identificar la responsabilidad de las instituciones democráticas (o mejor de los regímenes democráticos) sobre el comportamiento de la ciudadanía.
Aferrarse a estas ideas y evadir la responsabilidad de deconstruir tales argumentos, conducen a lo que este mismo autor denomina “la segunda tabla de salvación del confort intelectual, la segunda figura del pueblo que tradicionalmente se le asigna el papel de actor irracional: ese pueblo frustrado y brutal simétrico al pueblo bueno e ingenuo” y agrega, Hay que cuestionar con mayor profundidad esta forma de racionalidad seudoerudita...
Como lo sostuvimos en un artículo anterior (Sol Arriaza, 2022): asumimos el doble desafío que señala Rosanvallon, e invitamos a analista y académicos a enfrentarlos también: Uno, “Antes de ser examinado como un problema, el populismo debe ser entendido como una forma de respuesta a los conflictos contemporáneos.” Es decir, como una condición surgida de la propia debilidad del régimen político al que se enfrenta. Dos, esforzarse por formular y proponer una propuesta alternativa, en tanto que, “dicha crítica solo puede cumplir de lleno su función si se prolonga en el esbozo de una propuesta concurrente”.
Desafío al Estado de derecho del régimen político de postguerra civil
La rebelión electoral en El Salvador,
A finales del año pasado reflexionaba, señalándolo en alguno de mis escritos, que una tercera votación masiva favorable al Presidente Bukele y su proyecto, tendría un peso político de enorme significado y trascendencia en el devenir del Estado y la sociedad salvadoreña. Pero no se trató de ninguna clarividencia ni revelación, simplemente me refería a lo que las investigaciones, de prácticamente todas las casas encuestadoras, revelaban sobre la tendencia del voto de la ciudadanía salvadoreña… y así sucedió.
Estamos pues ante un hecho consumado y las encuestas esta vez no fallaron, lo que revela que la población ha tenido clara su opción, sin ambigüedades.
Por tanto, el tema del impacto de éste altamente significativo hecho sociopolítico en el devenir del Estado y la sociedad salvadoreña tornan ineludible una reflexión a profundidad y apremiantemente novedosa. Arrastrados por el tsunami de la política electoral salvadoreña, mientras tratan de sacar la cabeza para apenas respirar, algunos analistas sociales, periodistas y ONG´s autoubicados en la oposición, no logran más que repetir los mismos (des)calificativos (populista, autoritario, inconstitucional). De esta manera, estos actores sociales, lejos de cumplir con su responsabilidad deontológica, se confunden con los políticos que el pueblo ya rechazó categóricamente, en una, dos, tres ocasiones. Por consiguiente, se carece de un análisis a profundidad y mucho más de algo novedoso.
Para superar esta debilidad, se vuelve imprescindible refrescar, renovar el acervo intelectual que en su momento sirvió para entender los hechos del pasado, pero que se queda corto para razonar sobre la implosión de una vieja realidad, el ancien regime, el de la posguerra civil y para empezar a comprender la nueva realidad que, reitero, es ya un hecho consumado. En consecuencia, como lo planteó Bourdieu, para los sociólogos, es momento de una “ruptura epistemológica”.
Sin embargo, el objetivo de ese decisivo ejercicio y lo más desafiante para el país en esta coyuntura es reflexionar y formular propuestas para el desarrollo y fortalecimiento del sistema político y socioeconómico al que se debe aspirar e identificar la senda por la que se ha de transitar para su plena vigencia, en el marco de la nueva realidad política de El Salvador.
De ser una hipótesis válida lo anteriormente formulado, estamos obligados a identificar qué categorías, de las que definen la democracia desde una perspectiva teórica, son las más cuestionadas por la realidad sociopolítica del fenómeno electoral salvadoreño y, desde que perspectiva, encontrar o reformular categorías que la expliquen.
Una muy obvia, para el caso salvadoreño, desde el punto de vista de las llamadas democracias electorales tiene que ver con el pluralismo. La teoría sostiene que siempre es mejor que exista competencia. Pero, qué sucede cuando la voluntad popular se decanta por una amplia mayoría, por una fuerza política, como en este caso. Cómo explicar esta realidad, el hecho de una votación cercana al 85% (84.6), mientras las fuerzas contendientes, representantes de los partidos políticos del viejo régimen, apenas se aproximaron al 6%; situación tan poco estudiado en las teorías y muy infrecuentes en otros.
Estados de democracia liberal.
Conocemos la muy difundida tesis de “Como mueren las Democracias” que sostiene que los enemigos de ésta ganan elecciones para luego burlar la institucionalidad. El libro de Levitsky y Ziblatt (2018) que lleva ese nombre analiza particularmente el caso de la elección y presidencia de Donald Trump en Estados Unidos, experiencia que se vuelve muy aventurado compararla con la de El Salvador, particularmente por la institucionalidad y años de vida del régimen democrático de USA; también, esos autores, hacen algunas comparaciones con el caso de Hugo Chávez en Venezuela que tampoco tiene ningún sentido compararlo con lo sucedido en El Salvador, particularmente por sus antecedentes, pero también por sus enormes diferencias ideológicas.
Más que preguntarse o intentar identificar el proceso político salvadoreño con esos casos, que solo puede hacerse desde una perspectiva política interesada y dado el reiterado apoyo masivo, en encuestas y en las urnas durante más de seis años consecutivos, cinco de los cuales son de gobierno del Presidente Bukele, lo que debe orientar la reflexión, es la pregunta: ¿En cuáles otras variables, además del pluralismo, se sostendría la democracia? Sería ilógico pensar que la propia y amplia voluntad soberana coloca a ese pueblo fuera de la democracia.
Otro desafío, que surge de la realidad y actual coyuntura política salvadoreña, muy obvia, relacionada también con el pluralismo, es la de que la democracia descansa sobre partidos políticos sólidos y representativos de corrientes de pensamiento y agrupan a diversos sectores sociales. ¿Qué sucede cuando las propias debilidades de los partidos políticos y por la mala gestión de sus gobiernos y la cosa pública merecen o se ganan el repudio popular y, por voluntad expresa del soberano se reducen a su mínima expresión dándole a un solo partido la autoridad y fuerza política para gobernar? ¿Se terminó el pluralismo? Es obvio que el pluralismo de una sociedad no responde a la existencia de partidos políticos, es propia de la estructura social. Por tanto, podría darse el caso de que un partido que tenga capacidad de convocar diversas clases o grupos sociales sea más plural y representativo que muchos partidos que sólo representan a un sector, por fuerte que éste sea. ¿Cabe entonces la posibilidad de que un partido multisectorial o pluriclasista tenga más éxito en configurar un –tan ansiado– proyecto país o proyecto nación y conducirlo con éxito? ¿Esta perspectiva coloca a ese país fuera de un régimen democrático?
Un tercer desafío a la teoría democrática, que plantea la realidad política salvadoreña tiene que ver con la separación de poderes. La teoría de los pesos y contrapesos, tal como se le invoca, parece descansar solo en el control por distintos partidos políticos de cada una de los poderes de la república. Sin embargo, en el caso salvadoreño, la voluntad popular, al entregarle el ejecutivo y el legislativo a un partido político, y dada la configuración de las leyes o normas institucionalmente establecidas en regímenes anteriores, este partido tiene la posibilidad de configurar el poder judicial. ¿Es esta una situación antidemocrática per se? En la realidad política, en todos los países que existen regímenes democráticos, esta posibilidad, aunque muy poco frecuente, es una aspiración legítima de todos los partidos políticos. En el caso de Estados Unidos, es una realidad que tanto los demócratas como los republicaos aspiran a tener una mayoría en el senado que les permita nombrar los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, sin duda queda pendiente la respuesta a la pregunta de cómo, en esta realidad (o inclusos en una de pluralidad de partidos) se puede lograr una democracia de pesos y contrapesos sólida y funcional. No siendo esta la oportunidad para desarrolla la repuesta esperada, puedo adelantar que el camino del fortalecimiento del profesionalismo de los recursos humanos y las prácticas de cada uno de estos poderes del Estado, debería dar luces para fortalecer los tan ansiados pesos y contrapesos.
Para iniciar un proceso de reformulación de categorías propongo que la primera evidencia/hecho, realidad empírica, a la que hay que darle todo el valor y significado que tiene es a la voluntad popular. Ésta se ha expresado y ratificado en estas últimas votaciones en El Salvador, tanto presidencial como legislativa (febrero 2024), que vienen a sumarse a lo que en su oportunidad identificamos como una “rebelión electoral” y cuyo concepto desarrollamos adelante. Nos referimos a esa rebelión que tumbó al régimen político de posguerra y sus alianzas en las elecciones presidenciales del 2019 y que le dio al Presidente Bukele una amplia mayoría legislativa en el 2021. Voluntad popular que encierra una exigencia de cambio sociopolítico y una esperanza[45], que como tal, adquiere sentido al convertirse en una herramienta de transformación social.
Reclamo esto por cuanto, en el enfoque predominante o hegemonista se privilegia el tema de la institucionalidad como categoría central del análisis, menospreciando al demos o la ciudadanía[46]. Así se hace evidente en la narrativa de la clase política defenestrada, para el caso de El Salvador, y en la de quienes –coincidentemente– desde ONG´s, la academia, la gran prensa internacional del mundo occidental y partidos políticos, le dan seguimiento y evalúan esta nueva realidad salvadoreña. Precisamente el periódico virtual el FARO publicó: Ante el triunfo del bukelismo en las elecciones estamos ante la manipulación de la voluntad popular, la gestión del país como una megaiglesia, la débil democracia representativa convertida en el gobierno de la turba”, opina en esta columna Jorge Cuéllar.[47]
El temor al “demos” no es nuevo, como lo hemos señalado, no es que esa opción sea nueva en la teoría de la democracia, por el contrario, nació con ella. Platón sostuvo que la ley democrática es el capricho del pueblo, con sus variaciones de ánimos y apetitos, e indiferente al «buen orden». También sostenía: en cuanto al [gobierno] de la multitud, todo es en él débil, y no es capaz de ningún gran bien ni de ningún gran mal comparativamente a los otros; porque el poder está dividido en mil partes, entre mil individuos.[48]
El año recién pasado, Martin Wolf (2023), para describir esta tendencia de descrédito al demos, señala: La vieja crítica de los ricos y formados (históricamente casi la misma gente) es que el electorado no sabe lo que está haciendo: los votantes no tienen buena formación, son estúpidos, emotivos y propensos a votar por razones que no tienen nada que ver con los problemas. Pero, Wolf hace recordar que, a pesar de estas críticas, Winston Churchill sostuvo, en el aforismo ya tan citado: Se han intentado y se intentarán muchas formas de gobierno en este mundo de pecado y aflicción. Nadie pretende que la democracia sea perfecta ni omnisciente. De hecho, se ha dicho que es la peor forma de gobierno con la excepción de otras formas que de vez en cuando se han intentado.
Con esto, tanto Wolf como Churchill pretenden recordar e insistir en que lo esencial de la democracia sigue siendo la consulta y la voluntad popular.
Por estar fuera del interés de este artículo, dejamos para otro momento debatir sobre el tema del “Centralismo Democrático” impulsado por los partidos comunistas, grotescamente llevado a la práctica por las corrientes estalinistas o en la revolución cultural maoísta. Esta concepción idealizó a los cuadros del Partido como vanguardia iluminada[49], menospreciando a las masas populares. Esta propuesta de democracia, también tuvo su proyecto antagónico, que se identificó en las tendencias que reivindicaban la “democracia popular”.
Dando un salto hasta fechas más recientes, apuntando a las consecuencias académicas de estas opciones que desprecian a la ciudadanía, Constanza Moreira[50] sostiene que: Desde Schumpeter (1983) hasta las variadas versiones del institucionalismo, el elitismo parece haber ganado el corazón de la teoría de la democracia: la democracia tiende a asociarse fuertemente con los procedimientos para la formación de gobiernos. De hecho, las mediciones que se hacen de la democracia no superan un número limitado de variables que inicialmente referían básicamente a una dimensión procedimental para la formación de gobiernos —gobiernos electos, procedimientos de elección—, a la que se unía un catálogo más o menos extenso de libertades cívicas y poderes de control de gobierno. Finalmente, las mediciones de democracia incluyen una plataforma de derechos básicos que aparece, en general, disociada de un cuestionamiento a las bases económicas y sociales que condicionan su realización, desadvirtiendo las enseñanzas de Marshall al respecto (IDEA, 2019; Marshall, 1967), con algunas notables excepciones[51].
Más y mejor democracia: fortalecer al “demos”
Hoy día, ese temor al demos, y el reduccionismo de la democracia al institucionalismo, se le encubre con el uso indiscriminado del concepto de populismo (al que ya nos hemos referido antes) tan traído y llevado (incluso de los pelos) para calificar los más diversos regímenes, surgidos de realidades y procesos políticos gigantescamente diferentes, El Salvador y la Argentina por ejemplo.
Pero hay otro elemento esencial o sustancial que se descuida en esta opción institucionalista que menosprecia la indispensable construcción y fortalecimiento de la ciudadanía. Se trata de la relación entre ciudadanía y la esfera pública. Precisamente el Editor del Financial Time y profesor de Oxford, ya citado, amplía este concepto al afirmar que La salvaguarda más importante (refiriéndose a los regímenes democráticos) no son las palabras exactas de la constitución o de un corpus legal, que pueden politizarse y subvertirse. Lo que importa son los corazones y las mentes de la gente… En última instancia, — Continua— una sociedad libre y democrática descansa en los vínculos entre los ciudadanos y entre éstos y la esfera pública. A renglón seguido cita a Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, que reflexiona sobre lo que identifica la crisis contemporánea de la democracia, quien sostiene que Nuestro reto es salvar la brecha entre demos y la res publica, entre las personas y las instituciones de interés público, volviendo a tejer la trama que pueda reconectar el sistema político con las demandas de la sociedad. De sobra conocida es la pérdida de credibilidad en “los políticos” y los mismos partidos, así como muchas de las instituciones públicas que integran el Estado Nacional.
Desde esta perspectiva, cuando alguien repite, de manera bastante trillada, que “el remedio contra los males de la democracia en más democracia”, sin duda lleva razón, pero debe profundizarse seriamente en ese enunciado. Es muy probable que quien lo repita, sin explicitar que significado le atribuye a la idea de más democracia, este pensando en fortalecer la institucionalidad o en el cuerpo legal, principalmente. Pero, está también la otra posibilidad, la de fortalecer la otra cara, la del pueblo o ciudadanía, que está incluida en la etimología de la palabra democracia. Si se enfoca desde esta perspectiva, para tener más y mejor democracia, lo que tiene que lograrse es un fortalecimiento y empoderamiento de la ciudadanía por dos vías: una, su formación, preparación y organización autónoma para el ejercicio de participar en ese ámbito de las políticas públicas, y otra, su compromiso con el avance y construcción y vigencia efectiva de los derechos civiles, así como los derechos sociales, económicos, culturales.
Precisamente, esta es la tesis central de mi libro El desafío de la participación ciudadana en el Estado democrático de derecho. Avances y retos de la participación ciudadana en la gestión de políticas públicas (Sol, 2012). Debo aclarar que, en este estudio, no nos referimos a las modalidades de ampliación del ejercicio ciudadano vía plebiscito, referéndum u otro tipo de consulta amplia. Aunque esos son mecanismos válidos y relevantes, en el fondo son una especie de ampliación de las consultas electorales. Nos referimos, principalmente al tipo de participación ciudadana en la formulación, ejecución y supervisión de políticas públicas sectoriales, así como, en los espacios municipales o territoriales. De esta manera, el soberano estaría siendo fortalecido o empoderado para actuar decisivamente en asuntos que le atañen más directamente a él, a su familia y a su comunidad.
Adela Cortina, precisamente plantea dos conceptos que le dan sentido a la ciudadanía: la justicia y la pertenencia. Y sostiene que el hecho de saberse y sentirse ciudadano de una comunidad puede motivar a los individuos a trabajar por ella (Cortina, 2013). Esta noción puede orientar un estudio sobre la construcción de la identidad de los salvadoreños, particularmente luego de la llamada diáspora o gran migración por el mundo y explicar el interés que las propuestas del candidato y luego presidente Bukele generara en los salvadoreños. Si algo caracteriza a la migración salvadoreña que ha logrado asentarse no solo en Estados Unidos sino en muchos países, es su deseo de ayudar a los suyos. Las remesas no son el único signo de eso, sino su apego a las costumbres, a su añorado territorio y sus raíces. Esto pudo haber desarrollado una relevante salvadoreñidad, identidad que ningún régimen político ha podido desarrollar en El Salvador y que puede explicar ese 90% de apoyo que Bukele obtuvo de los votantes en el extranjero, orientado por esa ansiedad que genera la distancia, más cuando es adversa, de saberse y sentirse miembro de una comunidad y, consecuentemente, sentir motivación para apoyarla. En circunstancias semejantes, en palabras de Cortina, es posible apelar a la razón y al sentimiento de los miembros de esa comunidad. De ser así ¿podrían estas tesis explicar la masiva adhesión de la diáspora al Presidente Bukele? No tengo elementos para demostrarlo, pero si me parece un planteamiento que debería estudiarse.
Para profundizar en el concepto de ciudadanía y orientar el desafío de su empoderamiento y desarrollo, siempre apoyado en Adela Cortina, sintetizamos las siguientes nociones, que definen dicho concepto:
Para entender las distintas corrientes de la democracia (republicana, liberal, participativa y representativa) es importante reconocer el doble origen del concepto: uno griego, más de carácter político y el otro de latino, más de signo jurídico.
En la actualidad la noción de ciudadanía ha incorporado la noción de ciudadanía social de T.H. Marshall, que amplía los derechos individuales y civiles con los derechos económicos y sociales, aunque solo el Estado de bienestar ha sido capaz de satisfacer.
La noción de ciudadanía, tiende a ser restringida al ámbito político obviando la dimensión pública de la economía, como si ésta no precisara de una legitimación social.
La “sociedad civil” que inicialmente se consideró ajena a la ciudadanía, por relacionarse más con lazos sociales que políticos, se presenta hoy como escuela de civilidad… una autentica escuela de ciudadanía.
Los Estados nacionales deben responder a la coexistencia de grupos con distintas culturas y orígenes, por lo que tiene el desafío de construir ciudadanías multiculturales o interculturales.
Los proyectos de integración regional también desafían a los Estados Nacionales a responder a identidades transnacionales como es el caso de la Unión Europea o el SICA en Centroamérica.
La ciudadanía debe de entenderse como un proceso en construcción que empieza en la misma familia, como proceso informal y continua en la educación formal (la escuela).
Economía y democracia
Por otra parte, observo que, con evidente tendenciosidad, algunos intelectuales orgánicos del caduco[52] régimen político de la posguerra, intentando cercar al gobierno en un círculo vicioso o espiral sin fin, al reiterar como principal el desafío de “mantener la seguridad ciudadana” y, agregan con cierta morbosidad, “la economía”.
La tendenciosidad la encuentro en el hecho de que, dado que la lucha contra las pandillas ha sido un éxito incuestionable, y no pudiendo tapar “el sol con un dedo”; formulan su propuesta partiendo de esa realidad, a la vez que siembran la desconfianza sobre la posibilidad de que pueda mantenerse la paz social alcanzada. Por otra parte, “de manera inocente”, colocan otro “gran valladar”: la economía, esparcen la idea de que allí va a tropezar el gobierno del Presidente Bukele, la cizaña se esconde en el trasfondo de esa “simple enunciación”. Esto se presenta entonces, algo así como los grandes obstáculos en los relatos épicos: el Goliat para David o el Cíclope Polifemo para Odiseo. Sin embargo, no se presentan o proponen alternativas viables.
“El tema de la economía” es sin duda un tema muy controversial, con infinidad de enfoques, Entre las teorías más conocidas esta las de Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Alfred Marshall, Maynard Keynes, Joseph Schumpeter; para citar algunos economistas históricamente relevantes y no aburrir con una enumeración de los actuales; pero en la práctica. Ninguna de estas teorías tiene la solución para la economía salvadoreña, ni en ellas se encuentran la respuesta a ¿cuál es el camino para el desarrollo socioeconómico salvadoreño y su relación con la democracia? Esas teorías son solo referentes y puntos de partida. Por otro lado, está el desarrollo histórico de la propia estructura productiva y las relaciones de producción salvadoreña, que son sumamente determinantes.
Además, esta pregunta no puede responderse sin considerar la interdependencia de la economía salvadoreña con la realidad mundial, en la que destacan una larga crisis en América Latina; un exacerbado conflicto en los llamados “globalistas” y “nacionalistas” en el ámbito mundial; un mundo multipolar en el que se han configurado fuerzas centrípetas entre los sistemas financiero de occidente y los BRICS[53]; la creciente incidencia en la economía mundial de China; y, las tendencias armamentistas y belicistas del “complejo militar industrial” que ha envuelto en la guerra ya muy importantes regiones del planeta.
La relevante pregunta sobre la relación entre economía y democracia tampoco puede responderse sin considerar las tendencias del cambio climático universal y sus expresiones locales; así como los paradigmas del desarrollo sustentable, que surgen de las necesarias respuestas a este cambio planetario y del problema del medio ambiente.
Desde el punto de vista interno, la propuesta no puede ser más que propia, sin temor a ser considerado ecléctico, un país como El Salvador no puede aferrarse a una sola ideología o paradigma. Observemos que ni los gobiernos del FMLN tuvieron la menor intención de ensayar el modelo socialista y los gobiernos de la ultraderecha de ARENA impulsaron el clásico modelo neoliberal, formulado por “tanques de pensamiento” o académicos ajenos a nuestra realidad, que desestructuró la sociedad salvadoreña conduciendo a la migración forzada a millones de connacionales y generó un Estado corrupto y una inseguridad o aumento de la criminalidad absolutamente desmedida.
En consecuencia, para avanzar en su desarrollo socioeconómico, El Salvador debe fortalecer su estructura productiva y proyectar su renovación a partir de las grandes transformaciones tecnológicas que ya están determinando la producción y la productividad mundial.
Existe una enorme responsabilidad de la clase empresarial del país en este desarrollo productivo, su renovación, transformación y modernización. Pero esa búsqueda del desarrollo productivo y social del país no puede garantizarse sin la presencia de un Estado sólido y capaz.
Desde esa perspectiva, sin duda, los desafíos para el Presidente Bukele, como jefe de Estado, son muy grandes. Sanamente, sólo se puede esperar que, así como se encontró el camino para controlar el históricamente “irresoluble” fenómeno de las pandillas o maras, en su modalidad salvadoreña, así como, para recomponer el Estado incapaz y corrupto que las anidaba, sanamente insisto, solo se puede aspirar y comprometerse con la búsqueda e implementación de la ruta que permita superar los desafíos del desarrollo humano integral, para la ciudadanía salvadoreña.
La responsabilidad ética de todos los interesados en el porvenir de la sociedad salvadoreña o el compromiso moral de los distintos actores debería de estar centrado en aportar soluciones para el desarrollo nacional.
Desde esa perspectiva, insisto, debe dársele todo el valor que tiene al hecho de que el protagonista de esa “rebelión electoral”, ha sido la ciudadanía salvadoreña que, en la elección del 4 de febrero 2024, legitimó la consolidación de un proceso nuevo proyecto político, porque lo que en apariencia (no por ello menos real) ha sido un masivo apoyo al presidente Bukele y su partido, en el fondo y concomitantemente a lo anterior ha sido un rechazo al viejo régimen político de posguerra civil.
Por tanto, dicho de otra manera, este último proceso electoral, no puede caracterizarse como un simple acto de reelección, se trata de la expresión de la voluntad popular sobre la continuidad del proyecto del gobierno del Presidente Bukele y del Partido Nuevas Ideas. De hecho, aunque la oposición no tuvo la capacidad de verlo así las elecciones 2024 fueron una especie de plebiscito de validación o un ejercicio de “revocatoria de mandato”, cuyos resultados han sido contundente, casi 99% de la diáspora y 85% de la ciudadanía residente en el país se pronunció por la continuidad del proyecto en el gobierno.[54]
Estas realidades, la voluntad popular expresada en 4 elecciones sucesivas, el incumplimiento de los acuerdos de Paz por las fuerzas políticas que se comprometieron a cumplirla, en deterioro y corrupción del régimen político de posguerra (o post Acuerdos si se quiere), la descomposición de los partidos políticos que conformaban la arquitectura de esos Acuerdos, el debilitamiento y sustitución de las organizaciones sociales por organizaciones sin base social (léase ONG´s) durante ese mismo período, la recomposición de las élites económicas del país, entre otras realidades relevantes de ese período de posguerra, obligan plantear, sin demora y con urgencia, la reconstrucción de un nuevo pacto social en El Salvador.
Para valorar en toda su dimensión esta demanda sociopolítica y el fenómeno político que la genera, de dimensiones sin precedentes en la historia sociopolítica salvadoreña, es necesario reflexionar y profundizar sobre tres factores constituyentes de la realidad actual salvadoreña: 1) conflicto social y rebelión social; 2) lucha ideológica y ruptura epistemológica y, 3) pacto social y Estado de derecho. Estos pueden abordarse desde categorías duales, aunque muy cercanas o casi sinónimos en un discurso cotidiano, pero significativamente diferente en el análisis sociológico. El primero nos permitirá identificar el carácter de la expresión y voluntad popular; el segundo obliga a repensar y rediseñar las categorías de análisis que nos permitirán analizar la nueva realidad de El Salvador y el tercero busca redefinir los componentes de un nuevo pacto social salvadoreño.
Conflicto o rebelión social
La laureada profesora del Instituto Universitario Europeo de Florencia y de la Universidad de Columbia en Nueva York, Nadia Urbinati (2023), en su libro denominado “Pocos contra Muchos”, destaca que las manifestaciones populares de descontento, propias del Siglo XXI, aunque por razones y con intenciones diferentes, (son todas) formas de rebelión contra la función de liderazgo tradicional que “unos pocos” han exigido y han logrado conquistar y mantener con el consentimiento general durante algunas décadas.
Aun cuando Urbinati hace referencia a movilizaciones callejeras, si se profundiza un poco, en el caso de El Salvador, también esta categoría de rebelión puede aplicarse a opciones electorales, cuyo resultado trae consigo el desplazamiento radical de la clase política y una quiebra de la institucionalidad establecida.
Según esta autora, estas “rebeliones” se diferencian de lo que tradicionalmente se reconoce como “conflicto social” en tanto este último está orientado a la consecución de un resultado y provocan rupturas que pueden recomponerse en el marco de procesos electorales, readecuación de contratos laborales o con reformas a determinadas leyes; es decir, en palabras de Nadia Urbinati, se desarrollan con la intención de mantener abierta la posibilidad de un acuerdo para reequilibrar las relaciones de poder; por el contrario, en lo que ella identifica como “rebelión” de los “muchos contra los pocos”, no se expresa una voluntad de negociar con los “pocos” que tradicionalmente han mantenido el liderazgo del Estado; por cuanto son movimientos espontáneos en los que priva el descontento, la indignación, la decepción o frustración y el enfado, más allá de una estrategia de lucha o propuesta de negociación o incluso propuestas programáticas. Esta referencia a los “pocos”, en la jerga política salvadoreña del momento, se expresa en frases como “el 3% o los mismos de siempre”.
Sin lugar a dudas, los liderazgos o la ausencia de éstos juegan un papel central en las formas de lucha que ese descontento o indignación social asume. La capacidad de Nayib Bukele para identificar ese estado de ánimo en la población salvadoreña, al cabo de 30 años de los regímenes de posguerra civil, ha sido lo que le permitió asumir el liderazgo de esa decepción, frustración y descontento acumulado durante dicho período, convertirlo un movimiento político y orientarlo a una estrategia electoral. Esto no es poca cosa, porque por lo general, las rebeliones populares desarrolladas en otras partes del mundo, como resultado de ese tipo de estado de ánimo, según la autora ya citada, carecen de estrategia de lucha y de liderazgo, al menos del tipo tradicional.
Reiteramos entonces, retomando las categorías ya enunciadas en este artículo, “El conflicto, en la sociedad democrática de masas estructurada por los partidos y los sindicatos, es como una estrategia de guerra que señala al adversario la fuerza potencial de la ofensa o la resistencia, con la intención (aquí el quid del asunto: con la intención) de mantener abiertas las posibilidades de acuerdo para reequilibrar las relaciones de poder entre dos partes…” Este no es el caso en del proceso político salvadoreño. Desde su llegada al ejecutivo Bukele ha evidenciado reiteramos que no tiene intención de un acuerdo con los políticos que gobernaron en la posguerra. Es esta la explicación principal de la enconada campaña de la clase política y sus aparatos ideológicos conformados en los 30 años de posguerra ¿Qué puede enojar más a un adversario que no encontrar salida o que lo dejen fuera del juego?
La espontaneidad con que el apoyo popular le permitió a Bukele estructurar su propuesta electoral y alcanzar el ejecutivo y el legislativo, en dos elecciones sucesivas supone, por parte de los ciudadanos salvadoreños, algo innegable: un profundo descontento con el establishment, particularmente con los políticos en el poder y sus partidos; en consecuencia, esto se traduce en un mandato popular (así lo ha expresado el propio Bukele) que le impide negociar con aquellos. Por consiguiente, profundizando en el planteamiento de Urbinati, este comportamiento deja de ser un “conflicto”, en los términos indicados para pasar a ser una “rebelión” y toda rebelión implica “descontento”, “indignación”, “frustración”, “enfado”; pero también un desafío al establishment y, como extensión, a la institucionalidad establecida y si se ahonda un poco más, al propio Estado de Derecho.
Acotación histórica
Cabe hacer una acotación histórica, las rebeliones en El Salvador y las respuestas políticas y represiva, como es tristemente conocido, no son nuevas, por el contrario, desde aquella famosa frase, en el acta de independencia, que señala que “el Sr. Jefe Político la mande a publicar para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo” (Numeral 1 del Acta de Independencia); a partir de entonces, el temor a la voluntad popular persiste en la clase política y las élites en el poder. En otro momento histórico, la rebelión indígena campesina de 1932 fue reprimida inmisericordemente y se instaura la dictadura de Hernández Martínez
La Huelga General de “brazos caídos” (1944), si bien logró en objetivo de expulsar al Dictador, fue cooptada rápidamente por un movimiento conservador, que instauró un régimen oligárquico militar, represivo, que duró prácticamente 50 años. Ya en 1980, aquel tipo de gobierno (y la influencia de corrientes políticas internacionales) generó, en jóvenes y algunos líderes estudiantiles, magisteriales y sindicales el convencimiento de que la única alternativa para derrocar esos gobiernos militares era la insurrección armada; así se abrió un período de sangrienta guerra civil (la matanzas de poblaciones enteras y la represión indiscriminada de dirigentes gremiales y políticos; junto al abuso del uso de las armas sobre sus propios compañeros y grupos poblacionales, por los dirigentes guerrilleros, así lo confirman no solo el asesinato de líderes connotados, sino actos que luego de la guerra han salido a la luz.
Si bien en este período, los grupos insurgente apostaban a la rebelión popular, y un sector importante de la población se sumó a esos esfuerzos para la toma del poder por la vía armada, las fuerzas armadas y los cuerpos policiales represivos los combatieron y reprimieron brutalmente. En consecuencia, la guerrilla no tuvo el éxito que esperaba llamando a la población a la rebelión, por lo que se orientó a la negociación que culminó, con los Acuerdos de Paz, enero de 1992, incorporándose a la vida política y renegando a sus ideales de rebelión popular.
Lucha ideológica y ruptura epistemológica
He reflexionado sobre diversas explicaciones que permitan comprender, el proceso del actual período político salvadoreño. Este esfuerzo no es fácil en una coyuntura caracterizado, por una parte, por un ambiente de lucha ideológica en el que, en un sector, predominan expresiones de descrédito al Presidente Bukele y una tajante desaprobación de su gobierno y en el bando del Presidente, se recurre a un discurso político que encuentra fundamento en los errores y comportamientos de los dirigentes de la clase política que gobernó en la posguerra civil, caracterizado por el bipartidismo, arreglo entre élites y casos generalizados de corrupción.
Si profundizamos en el primer caso, llamémosle opositores al gobierno del Presidente Bukele, no es difícil identificar que esas manifestaciones provienen de los miembros o allegados al viejo régimen político de posguerra civil, particular de sus aparatos ideológicos, medios masivos y “tanques” o centros de pensamiento. El ambiente es tal que, incluso en algunos ámbitos académicos (¿debería de extrañarme?) hasta las propuestas o intenciones de reflexionar desde una perspectiva sin juicio previo, merece el rechazo ad portas. Sin embargo, he reconocer que esa relación de afinidad, entre estos actores y el discurso opositor, radicalmente crítico, no me resulta suficiente para explicar esa radicalidad.
Entre otras explicaciones a analizar, para entender este comportamiento, están las que podríamos llamar obvias: intereses creados, pérdida de privilegios, solidaridad entre socios, homólogos o amigos y otras por el estilo. Pero tampoco me resultan suficientes o al menos, no las encuentro concluyentes para llegar al fondo del asunto; reconozco esto, aunque haya escrito algunos ensayos desde esas perspectivas.
En ese recorrido he encontrado, en el libro ya citado, de Nadia Urbinati (2023) una explicación más profunda, de ese férreo intento de descredito del gobierno y el fenómeno político de Bukele.
Para responder y explicar tal radical desautorización por parte de centros de pensamiento, medios tradicionales e incluso la academia (sin mencionar la vieja clase política cuya expresión es paupérrima) volvemos sobre algo ya señalado, esto es, lo que podemos identificar como la posición política más característica del gobierno Bukele y su movimiento: su negación a abrir cualquier posibilidad de negociación con los que ejercieron el poder político en los gobiernos de posguerra civil (es decir a aquellos que firmaron los Acuerdos de Paz e inmediatamente suscribieron la llamada Ley de “impunidad” o de Amnistía) los dirigentes de los partidos políticos ARENA y el FMLN.
Sobre los actores, medios y características del discurso de la oposición al proyecto Bukele, encontramos que ésta se manifiesta en los medios de comunicación nacionales, tradicionalmente hegemónicos, y sus análogos internacionales, incluyendo medios virtuales creados durante los gobiernos de posguerra, pero también, en universidades y ONG´s nacionales, que son replicadas por sus homólogos internacionales. Éstos formulan teorías y recurren a un discurso (narrativa gusta llamarla en estos días) para desautorizar, no solo a Bukele, sino todo el proceso político que explica su gobierno y el apoyo masivo que recibe.
Por otra parte, en esa palestra de la opinión pública, adquieren relevancia las manifestaciones en redes sociales de “youtuber”, de los llamados “creadores de opinión” o “influencer” y de programas en canales de televisión por cable, replicados en Internet, los cuales se expresan mayoritariamente a favor del proceso político generado con la candidatura y elección del presidente Bukele, proceso que se consolidó como ya indicamos con la elección mayoritaria de los candidatos a diputados del partido fundado por éste.
Las categorías políticas a las que más recurren los primeros u opositores son: autoritarismo y populismo como rasgos distintivos atribuidos al actual gobierno y reclaman, como opción política, un “retorno” a la democracia; en el otro bando se apela a los conceptos de corrupción e inseguridad, refiriéndose a los que prevaleció en el viejo régimen y sustentan su posición destacando la relevancia de garantizar gobernabilidad para el proyecto Bukele. No menos relevante, resulta una nueva antinomia que acompaña, aunque no desplaza el debate anteriormente descrito, ésta hace referencia a la esperanza en un mejor país frente a la negación de la validez de esa expectativa o ilusión para el pueblo salvadoreño.
En este artículo no profundizaremos, por no ser su objetivo, en una lectura crítica del contenido de estas categorías. Baste con señalar, para el caso de la narrativa de la oposición, su descontextualización tanto histórica como social. Por ejemplo, al reclamar un “retorno a la democracia” no se identifican las características de ese régimen político llamado democrático al que se pretende retornar; no se describen o reconocen los actores que hegemonizaban ese régimen político; no se pondera la situación ni la empatía (aceptación o rechazo) de la ciudadanía con aquel régimen político. La ideologización de esta propuesta radica en la apelación a la utopía de la democracia y no al régimen político que ha prevaleció en El Salvador, durante 30 años de posguerra civil.
En consecuencia, debe reconocerse que, si bien ese reclamo de retorno al pasado parece tener sentido para una clase política que disfrutó de privilegios en aquel régimen o para la intelectualidad orgánica que lo sustentó ideológicamente, éste no tiene asidero en la población que tuvo que emigrar para sobrevivir, que padeció la falta de seguridad que el Estado no le pudo garantizar y que sufrió el desamparo social e inequidad, traducido todo en una falta de cohesión social.
En cuanto al discurso oficial, relacionado con “garantizar la gobernabilidad”, aunque en lo concreto se traduce en una propuesta pragmática y eficientista: asegurar que los distintos órganos del Estado trabajen al unísono para impulsar el proyecto del presidente Bukele; se puede anticipar limitantes que urge precisar a fin de reconocer vacíos que, de consolidarse esta causa con el triunfo en un nuevo proceso electoral, se asuman como desafíos en la construcción de un régimen político que sustituirá definitivamente al ancien régime. De no profundizarse en esos vacíos como, por ejemplo, características del tipo de régimen político a fortalecer, organización de la sociedad civil y la construcción y empoderamiento de ciudadanía principalmente a través de su participación en la formulación y ejecución de políticas públicas y ejercicios de control ciudadano; los mencionados tales déficit conceptuales pueden llegar a traducirse en carencias permanentes de un estilo de gobierno con apoyo ciudadano, pero sin una ciudadanía empoderada políticamente.
Este debería ser el rol de la propuesta de una nueva constitución política, cuya propuesta básica e inicial ya fue entregada al Presidente Nayib Bukele, por su Vicepresidente que fue encargado de realizar ese proceso de reflexión.
Como lo hemos indicado, esta realidad política salvadoreña demanda profundizar en la reflexión sobre la urgente necesidad de superar ese ambiente de lucha ideológica; desafío por demás muy difícil, por su relación con la tradicional cultura política salvadoreña.
Para los científicos sociales, este desafío implica generar un proceso de “ruptura epistemológica”, que renueve el análisis y la comprensión de esta nueva realidad sociopolítica. Así como también, para lograr la identificación y definición de los desafíos que provienen del agotamiento y quiebra del viejo régimen político, su pacto social y su institucionalidad, y consecuentemente, sobre las características de un perentorio nuevo pacto social y su consecuente Estado de derecho o institucionalidad.
Ante estos hechos, a nuestro entender, la realidad del país exige renegar a los conceptos trillados e ideologizados que se repiten sin profundizar, más con la intención de desautorizar que con la intención de entender la situación. Sin ánimo pretencioso, pero si con el de llamar la atención a analistas sociales, debo reiterar que es un momento histórico que demanda ejercitar, lo que en sociología se reconoce como, una ruptura epistemológica.
Este giro o ejercicio debería conducir a profundizar en el proceso salvadoreño desde el prisma de categorías políticas que, dado el momento histórico, adquieren particular relevancia, pero que, aun siendo clásicas, éstas no son las preferidas de los analistas o académicos que siguen el proceso político salvadoreño. Hacemos referencia a voluntad popular, ciudadanía, legitimidad y legalidad. Esto, como indicamos, se vuelve mucho más perentorio de cara al proceso electoral que ya se inició.
Entiendo que este sería un camino que conduciría a distanciarse de la confrontación ideológica manifiesta en la sociedad salvadoreña.
Profundizando en estos desafíos políticos, desde las exigencias que se le plantean al análisis sociológico científico (valga la redundancia) y a la comunidad académica en momentos en los que el conocimiento existente ya no explica la realidad; o de otra manera, cuando las nuevas condiciones sociales exigen una nueva interpretación, lo que a su vez demanda una nueva teoría, todo lo cual debe dar paso a nuevos conocimientos.
En el pensador francés Pierre Bourdieu encontramos reflexiones sobre esos momentos en los que el conocimiento existente (teorías y explicaciones de la realidad) pierden capacidad para dar cuenta o respuesta a nuevas realidades; esto sucede cuando se dan rupturas sociales que trastocan el orden existente, en cuanto dichos conocimientos se construyeron a partir de teorizaciones sobre realidades históricamente superadas. En esos procesos, resulta curioso, pero diáfanamente comprensible, observar el apego y defensa a ultranza de dichas teorías por parte de académicos y políticos que, con base en ellas, mantuvieron una hegemonía ideológica y aseguraron cierto equilibrio de poder o forma de gobernanza.
Notas sobre la izquierda académica
La dificultad de lograr esta ruptura tiene que ver con la reconfiguración de la izquierda y el acomodo de sus valores. En el prólogo a “Los treinta ingloriosos” de Jacques Rancier (2023), se señala “Frente a una izquierda institucional y académica, instalada en la meritocracia y el clasismo, y que previsiblemente va a comprar en el futuro gran parte de la ideología averiada de la extrema derecha, como ha hecho en Francia, y que sostiene que la inteligencia política e intelectual es inherente e igual a toda condición humana. Sin tenerlo claro, y defenderlo como axioma irrenunciable, la derrota está garantizada.”
Pacto social y estado de derecho
Se vuelve imperioso, frente al proceso político salvadoreño, también profundizar en estos dos conceptos ya enunciados: Estado de derecho y pacto social desde la perspectiva del desafío que implica los procesos de rebeldía social, al que hicimos mención en el primer acápite.
La propia autora antes citada Nadia Urbinati (2023) señala que el concepto de rebeldía se escapa de los “intelectuales pertenecientes a las culturas políticas tradicionales”, porque este tipo de manifestaciones sociales o movimientos sociales, han sido comúnmente analizados en términos de manifestaciones de clase o de luchas o reivindicaciones de carácter económico. En este caso, se trata de manifestaciones más difusas y heterogéneas; pero, lo más crítico de este proceso social, radica en lo que se manifiesta como rechazo a la clase política gobernante y consecuentemente a su institucionalidad y forma de hacer política o, si se quiere, a sus modalidades de gobernanza.
En el caso de El Salvador, la indignación se expresa, insistimos, como un descontento y frustración con la clase política. Clase política que abusó de la democracia formal y de una supuesta competencia partidista, a la vez que evidenció, desde la élites económicas, su incapacidad para cumplir con la oferta de un crecimiento individual, basado en el rebalse de la riqueza generada por una economía boyante y, en el otro, desde los dirigentes de la vieja insurgencia armada, expresado en su insolvencia para honrar lo que en el imaginario social figuraba como la ruta a una sociedad mayormente distributiva y justa, conceptos, aún mas más difícil de identificar dada la pobreza ideológica de esas organizaciones y la perdida de sociedades concretos referentes, que permitan visualizar la concreción de esa utopía.
Todo lo anterior agravado por casos patéticos de corrupción y el abuso del poder político para beneficio personal. Mientras la amplia mayoría de la población se veía forzada a la migración y a depender de las remesas y, cada día con mayor amplitud, era sojuzgada por el crimen organizado: extorsión y sicariato.
Pero hay otra característica de esta “rebelión social salvadoreña”, esto es, como ya hemos dicho, que se ha canalizado por la vía electoral, lo que se convierte en un reclamo democrático que debería entenderse como una vos que grita al unísono: “es el demos que ha hablado”, a la vez que expresa también el reconocimiento de que las otras “formas de lucha”, experimentadas en sangre propia, han caducado y demostrado serias debilidades.
Son estos hechos, sin duda, muy relevantes para un pueblo sufrido y crucificado por una larga (20 años) y despiadada (30 mil muertos) guerra civil que irónicamente, luego de unos acuerdos de paz y sin solución de continuidad, pasa a enfrentar un largo período de inseguridad (30 años), tan cruel o más que el anterior (40 mil muertos), en el que la población fue sometida por el crimen organizado (las maras), período en el que el Estado fue incapaz de garantizar el primero y más elemental de los Derechos Humanos: el derecho a la vida.
Es de esa opción del pueblo salvadoreño que surge un desafío ineludible y profundo: la necesaria ciudadanización de ese demos. Cuestión que siempre se le ha negado, porque los regímenes políticos que han prevalecido en El Salvador no solo han fallado en la protección de la vida, sino también en la tutela y garantía de los otros derechos que convierten a una persona en un verdadero ciudadano, esto es los derechos que hacen posible el desarrollo humano integral: los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Cuando hablamos de ciudadanización o de demos no lo hacemos desde una perspectiva homogeneizadora, por el contrario, desde el reconocimiento de la diversidad de ese conglomerado social y sus variados intereses, pero con capacidad de expresar y luchar por sus derechos.
Por lo anterior, dado que el gobierno del Presidente Bukele reconoce –muy acertadamente, por cierto– que no puede negociar con los que gobernaron el país en las décadas anteriores, también tiene que reconocer, como mandato, la responsabilidad para construir una ciudadanía sobre la base de la vigencia de sus derechos.
Hay otra característica que henos mencionado, de este proceso político, que está detrás del gobierno del Presidente Bukele y sobre la que es necesario profundizar porque, sin lugar a dudas, es una característica desafiante.
Algunas referencias a esta particularidad lo identifican como gobernanza o condiciones para la gobernanza. Pero el asunto va más allá, por cuanto, se vuelve innegable que lo que está en juego es un jaque al estado de derecho establecido luego de los acuerdos de paz entre las facciones que protagonizaron la guerra civil, sustentado en una constitución (1981) aprobada en plena guerra civil y elaborada por quien ha sido señalado reiteradamente como el actor intelectual de crímenes de lesa humanidad. Es evidente que esas facciones, de pensamiento militarista, una que optó por la lucha armada para la toma del poder y, otra, por la represión y la guerra contrainsurgente encontraron en la política de “consenso” (Consultar Jacques. Rancier, Chantal Mouffe) un juego político cómodo, de élites capaces de ponerse de acuerdo; electorera en cuanto las elecciones –sustentadas en el marketing político– se orientaban estrictamente legitimar la cúpula de las élites. El régimen político que surgió de este proceso, se basado en la ilusión de una democracia sin conflicto, ignorando las demandas y diferencias sustantivas de los distintos grupos sociales, tanto políticas como sociológicas, propias de toda sociedad; como consecuencia no logaron manejar las contradicciones sociales, que es y debe ser la esencia de la democracia, necesariamente plural y diversa.
La legalidad de aquel régimen de posguerra civil, fue minándose desde dos vectores, la distancia de ese aparato institucional de los grupos sociales que integran la sociedad salvadoreña, particularmente de los más marginales o excluidos, y la dinámica interna de acuerdos entre élites, proclive a la corrupción sin voluntad para detener y menos castigar ese tipo de conductas. Pero también entre otras variables identificamos: la perdida de fe, por la izquierda tradicional, de lo que era sin duda su piedra filosofal: “la idea de que el tiempo de los dominados estaba a su vez inscrito en un tiempo más esencial, el de una evolución histórica que destruiría las propias dominaciones que ella misma había generado, el del desarrollo de las fuerzas productivas que terminaría por enterrar a la clase burguesa que la había generado.” (Ranciere, 2023).
Pero esta pérdida de fe, condujo a dirigentes de izquierda y su aparto ideológico, a una “…contrarrevolución intelectual que, o bien ha rechazado todos los valores progresistas tradicionales, o bien los ha convertido en lo contrario de lo contrario de lo que eran.” (Ranciere, 2023).
Retomando el tema del pacto social y el Estado de derecho, vigente en el Régimen de guerra civil, se hace patente, a lo largo de sus 30 años de vigencia, un proceso continuo de exclusión social en el primero y una legalidad e institucionalidad debilitada, incapaz de mantener al primero, por la normativa e institucionalidad de ese Estado de derecho.
Bukele ha iniciado un proceso de cambio de institucionalidad, basado en los recursos que esa propia institucionalidad establecida le han permitido. Su finalidad ha sido lograr gobernabilidad para impulsar sus políticas e iniciativas de gobierno. Esto basado en la voluntad popular expresada en las urnas (2019 y 2021), pero ahora con el resultado de la tercera elección consecutiva (febrero 2024), puede fortalecer su legitimidad e impulsar una nueva legalidad, una nueva institucionalidad republicana, con una base social más incluyente y actores sociales que respeten la voluntad popular. De nuevo, aquí se evidencia la relevancia del debate y aprobación de una nueva constitución. Me atrevo a sugerir, que es este caso no se haga desde la perspectiva de “temas clave” para distintos grupos sociales que integran la sociedad salvadoreña, incorporando actores diversos (con metodología de consultas de grupo) y no solo desde una perspectiva de derecho constitucional comparado.
Rememorando profecías
Hay relaciones que pueden parecer curiosas, pero que no se deben pasar de lado en un análisis político o sociológico. En el libro ya mencionado de J. Ranciere (2023) se destaca que, en 1991, se publicó el libro que causó un gran revuelo en el ámbito político y en las ciencias sociales, “El fin de la historia y el último hombre” de Francis Fukuyama, precisamente el día después del colapso del imperio soviético en el que Fukuyama anunciaba el reino global de la democracia liberal, que la era de las ideologías y de los conflictos sangrientos que se achacaban a eras había terminado, entrando a la edad del realismo y la consideración desapasionada de los problemas sociales. “Treinta años después, -señala- es fácil constatar el fracaso de esas profecías.”
Se me antoja, y más que como antojo, veo ineludible comparar, al observar las fechas de los acuerdos de paz y el fin del régimen de posguerra 30 años después, que esto hechos, esperanzas y fracasos también incidieron y se presentaron (con las particularidades sociopolíticas del caso) en El Salvador en esos años que duró el gobierno de posguerra; por supuesto, parafraseando aquella conocida frase: los hechos históricos se presentan y repiten, en un caso como tragedias y en el otro como tragicomedias.
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