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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 9, septiembre - diciembre, 2024 - Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
Transformación democrática, económica y seguridad: Evaluación del Plan Control Territorial
Democratic, economic and security transformation:
Evaluation of the Territorial Control Plan
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Este trabajo tiene la licencia
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Colegio de Altos Estudios Estratégicos |
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Recibido: 23/09/2024 Aprobado: 20/11/2024 |
RESUMEN
El Plan Control Territorial (PCT) implementado por el gobierno de El Salvador desde 2019 ha sido fundamental para enfrentar el crimen organizado y la violencia relacionada con las pandillas. El plan, iniciado por el Gobierno Central a través de los Ministerios de Seguridad y de Defensa Nacional, sigue una estrategia por fases diseñada para recuperar el control sobre territorios dominados por organizaciones criminales. A través de los esfuerzos combinados de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), el plan ha dado resultados medibles, incluyendo la reducción de la tasa de homicidios y el desmantelamiento de estructuras pandilleras. Este articulo explora las lecciones aprendidas del PCT, enfocándose en su dirección multifásico y la modernización de las fuerzas de seguridad. Los principales desafíos incluyen la amenaza persistente del crimen organizado, como el narcotráfico. También se discute la sostenibilidad futura del PCT.
Palabras clave: Plan Control Territorial, El Salvador, Crimen organizado, Fuerzas de seguridad, Violencia de pandillas, Narcotráfico.
ABSTRACT
The Territorial Control Plan (PCT) implemented by the government of El Salvador since 2019 has been fundamental in confronting organized crime and gang-related violence. The plan, initiated by the Central Government through the Ministries of Security and National Defense, follows a phased strategy designed to regain control over territories dominated by criminal organizations. Through the combined efforts of the National Civil Police (PNC) and the Armed Forces of El Salvador (FAES), the plan has yielded measurable results, including the reduction of the homicide rate and the dismantling of gang structures. This article explores the lessons learned from the PCT, focusing on its multiphase direction and the modernization of security forces. Key challenges include the persistent threat of organized crime, such as drug trafficking. The future sustainability of the PCT is also discussed.
Keywords: Territorial Control Plan, El Salvador, Organized crime, Security forces, Gang violence, Drug trafficking.
Introducción
Desde la implementación del Plan Control Territorial (PCT) en 2019, El Salvador ha experimentado una transformación significativa en su lucha contra el crimen organizado y la violencia pandilleril. Durante décadas, el país estuvo marcado por altos índices de homicidios, extorsiones y el control territorial por parte de pandillas como la MS-13 y Barrio 18. Estas organizaciones criminales no solo imponían su dominio sobre comunidades enteras, sino que también desafiaban a las instituciones del Estado, dificultando los esfuerzos del gobierno por restablecer el orden y la seguridad.
El Plan Control Territorial fue concebido como una respuesta integral a estos desafíos, involucrando una serie de fases estratégicas diseñadas para abordar el problema del crimen desde múltiples frentes. La primera fase, conocida como la preparación y el control de los centros penales, tuvo como objetivo desarticular las operaciones de las pandillas dentro de las cárceles. Las autoridades desmantelaron redes de comunicación y financiamiento, debilitando así las capacidades de liderazgo y financiamiento de las pandillas.
A medida que el plan avanzaba, se centró en la modernización y fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, particularmente la PNC y la FAES, dotándolas de tecnología y equipamiento moderno que les permitiera operar con mayor eficiencia. La expansión de su presencia en áreas rurales y urbanas, muchas de las cuales habían sido dominadas por pandillas, fue clave para recuperar el control de territorios importantes.
Uno de los aspectos más destacados del Plan Control Territorial ha sido su enfoque en las causas subyacentes del crimen. El gobierno implementó programas sociales, como la creación de los estudios técnica de educación superior, que ofrecen a los jóvenes en riesgo la posibilidad de acceder a una educación y capacitación técnica, brindándoles alternativas fuera de la influencia de las pandillas.
Al atacar tanto las raíces sociales como los síntomas visibles del problema, el plan ha adoptado un enfoque más integral para la prevención y reducción de la violencia. A pesar de los avances, el país sigue enfrentando importantes desafíos. El narcotráfico, que aprovecha la ubicación estratégica de El Salvador como corredor para el tráfico de drogas entre América del Sur y Norteamérica, continúa siendo una amenaza seria para la seguridad nacional.
Materiales y método
Este estudio se basa en un análisis cualitativo de las políticas implementadas bajo el Plan Control Territorial (PCT) en El Salvador desde 2019. La información se recopila a partir de informes oficiales emitidos por el gobierno salvadoreño, análisis de instituciones de seguridad, y estudios académicos que abordan las intervenciones contra el crimen organizado y la violencia pandilleril en el país. Se revisaron estadísticas sobre homicidios, capturas, y operaciones de seguridad a nivel nacional, con el fin de evaluar los resultados del plan.
Resultados
1.- Reducción de los índices de violencia y homicidios
El Plan Control Territorial, lanzado por el gobierno de El Salvador, tiene como objetivo principal la reducción de los índices de violencia y homicidios en el país. Este enfoque integral busca abordar tanto las causas subyacentes de la violencia como la respuesta inmediata a los delitos violentos. La implementación del plan ha mostrado una notable disminución en las tasas de homicidios, con una reducción significativa en los crímenes violentos reportados (Grupo Banco Mundial, 2024).
Desde la adopción del plan hay una mejora en la seguridad pública, lo cual se atribuye a un aumento en la presencia policial, así como a operaciones de seguridad más focalizadas en las áreas más afectadas por la violencia. Sin embargo, la evaluación debe considerar también la posible fluctuación de estos índices debido a factores externos como cambios económicos o sociales (Servicio Social Pasionista, 2024).
El éxito en la reducción de los índices de violencia y homicidios también puede reflejarse en la percepción pública de seguridad. Un entorno más seguro puede fomentar una mayor participación ciudadana en la vigilancia y prevención del crimen, además de impulsar el apoyo comunitario hacia las fuerzas de seguridad. La percepción de seguridad es crucial para la cohesión social y la recuperación de comunidades afectadas por la violencia (Garay, 2023).
2.- Desarticulación de estructuras criminales
Una de las principales metas del Plan Control Territorial ha sido la desarticulación de estructuras criminales organizadas, particularmente pandillas. A través de operaciones coordinadas entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES), se han logrado capturas significativas de líderes pandilleros y la desintegración de redes criminales. La captura de figuras clave dentro de las pandillas ha tenido un impacto directo en la reducción de su capacidad operativa y de expansión. Diversos operativos exitosos que han resultado en la captura de líderes y colaboradores de alto rango. Además, el desmantelamiento de estas redes ha llevado a una disminución en la incidencia de delitos relacionados, como extorsiones y tráfico de drogas (Garay, 2023).
Sin embargo, la desarticulación de estructuras criminales también puede provocar una reconfiguración de estas, con nuevas agrupaciones emergiendo para llenar el vacío. Por lo tanto, aunque la reducción de la actividad criminal es un avance positivo, es crucial monitorear la situación de manera continua para evitar que la criminalidad resurja bajo nuevas formas o estructuras.
Además, el desmantelamiento de redes criminales puede generar vacíos de poder que a menudo son ocupados por otros grupos o incluso por miembros disidentes de las mismas pandillas. Este fenómeno puede resultar en una fragmentación de las estructuras criminales, donde pequeños grupos independientes pueden proliferar. Por lo tanto, es esencial que las estrategias de seguridad no solo se enfoquen en la eliminación de líderes y redes, sino que también promuevan un enfoque integral que incluya la prevención de la formación de nuevas agrupaciones criminales. La colaboración con las comunidades locales para fomentar la participación en la seguridad y el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia también son cruciales para evitar que la criminalidad resurja en nuevas formas (Embajada de El Salvador en Austria, 2022).
3.- Recuperación del control territorial
El Plan Control Territorial ha sido implementado con el objetivo de recuperar áreas previamente bajo el control de las pandillas. La recuperación de estos territorios es esencial para restablecer el orden y la seguridad en zonas que habían sido dominadas por grupos criminales. Los resultados han mostrado avances significativos en esta área, con varias regiones recuperadas y restauradas a la autoridad Estatal.
La recuperación territorial no solo implica la liberación física de áreas, sino también la implementación de programas de prevención y reintegración para asegurar que estas zonas no vuelvan a ser tomadas por pandillas. Las autoridades han establecido una mayor presencia en estas áreas, realizando patrullajes constantes y colaborando con comunidades locales para fortalecer la seguridad. Además, se han implementado proyectos de desarrollo social y económico para mejorar las condiciones de vida y prevenir la reactivación de actividades criminales. A pesar de estos esfuerzos, es importante tener en cuenta que la recuperación del control territorial es un proceso continuo y que el éxito a largo plazo dependerá de la capacidad para mantener la seguridad y promover el desarrollo sostenible en estas áreas (Salmon, 2023).
La recuperación del control territorial también requiere un enfoque coordinado que integre a diferentes actores, incluyendo organizaciones no gubernamentales y entidades locales, para abordar las necesidades de las comunidades afectadas. La participación comunitaria en la vigilancia y la prevención del crimen es fundamental para garantizar la estabilidad a largo plazo. Además, los programas de desarrollo económico y social deben ser sostenibles y adaptados a las necesidades locales para asegurar una recuperación efectiva. Evaluar y ajustar las estrategias basadas en la retroalimentación de la comunidad y los resultados observados es crucial para mantener el éxito y prevenir la reaparición de la influencia de las pandillas en estas áreas recuperadas.
4.- Fortalecimiento de las fuerzas de seguridad
El Plan Control Territorial ha incluido un enfoque significativo en el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, particularmente la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada (FAES). Este fortalecimiento se ha logrado a través de la modernización de equipos, la mejora de las capacidades logísticas y el aumento de recursos tecnológicos. La incorporación de tecnologías avanzadas, como sistemas de vigilancia y equipos de comunicación, ha permitido una respuesta más eficaz y rápida a las amenazas de seguridad. Además, se han realizado entrenamientos especializados para mejorar las habilidades operativas del personal de seguridad.
Este incremento en las capacidades ha tenido un impacto positivo en la eficacia de las operaciones de seguridad, permitiendo una mayor precisión en la ejecución de intervenciones y una mejor coordinación en el terreno. No obstante, es fundamental que el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad no se centre únicamente en la mejora tecnológica, sino también en la formación continua del personal y en la implementación de estrategias que garanticen la protección de los derechos humanos y la efectividad en el combate contra el crimen (Presidencia de la República de El Salvador, 2022).
La modernización de las fuerzas de seguridad también implica la necesidad de adaptarse a nuevas tácticas y desafíos emergentes en el ámbito del crimen organizado. El avance en tecnologías y tácticas debe ir acompañado de una evaluación constante de su efectividad y de la implementación de mecanismos para la adaptación rápida a nuevas amenazas. Además, es crucial que las fuerzas de seguridad mantengan un enfoque equilibrado que no solo se centre en el aspecto represivo, sino que también promueva la confianza y la cooperación con las comunidades locales. La construcción de relaciones positivas con la ciudadanía puede facilitar la recolección de información y mejorar la colaboración en la prevención del crimen (Presidencia de la República de El Salvador, 2022).
5.- Impacto económico del Plan Control Territorial
La implementación del Plan Control Territorial ha tenido repercusiones notables en la economía local de las áreas afectadas. La disminución de la violencia y la reducción de extorsiones han contribuido a la mejora del clima de inversión y al fortalecimiento de la economía en las regiones impactadas. Con la disminución de actividades criminales, las empresas locales han experimentado un entorno más seguro para operar, lo que ha llevado a un aumento en la inversión y al crecimiento económico. Además, la reducción de extorsiones ha permitido a las empresas mantener sus recursos y aumentar su capacidad de desarrollo. Sin embargo, el impacto económico positivo no se limita únicamente a la reducción de crímenes; también se deben considerar los costos asociados con la implementación del plan, así como la necesidad de continuar con estrategias que fomenten el desarrollo económico sostenible. A medida que se avanza, es crucial evaluar si los beneficios económicos obtenidos se traducen en una mejora duradera en las condiciones de vida y en el desarrollo económico a largo plazo (Presidencia de la República de El Salvador, 2022).
La evaluación del impacto económico también debe considerar los efectos secundarios y las posibles inequidades en la distribución de los beneficios. Es importante analizar cómo los cambios económicos están afectando a diferentes sectores y comunidades dentro de las áreas recuperadas. El desarrollo económico sostenible requiere un enfoque integral que incluya la inversión en infraestructura, educación y salud, así como la promoción de oportunidades de empleo y emprendimiento. Hay que asegurar que las políticas económicas sean inclusivas y equitativas contribuirá a una recuperación más completa y a la prevención de futuras crisis económicas o sociales (Presidencia de la República de El Salvador, 2022).
Discusión
1.- Evaluación del impacto a largo plazo del Plan Control Territorial
La evaluación del impacto a largo plazo del Plan Control Territorial es crucial para determinar su eficacia y sostenibilidad. Aunque los resultados iniciales muestran una reducción significativa en la violencia y el crimen, es necesario realizar un análisis continuo para garantizar que estos cambios sean duraderos. La sostenibilidad de la reducción de la violencia dependerá de factores como la continuidad en la aplicación de políticas, el mantenimiento de recursos y la capacidad de las fuerzas de seguridad para adaptarse a nuevas formas de criminalidad. Además, se debe considerar cómo la situación económica y social puede influir en la perpetuación de estos resultados positivos. La intervención debe ser adaptativa y ajustarse a las dinámicas cambiantes de la seguridad y el crimen. La implementación de estrategias a largo plazo y la colaboración con la comunidad local son esenciales para asegurar que los avances en la reducción de la violencia se mantengan y se fortalezcan con el tiempo (Comision Nacional Antidrogas, 2021).
Es fundamental también considerar el impacto de la intervención en el tejido social y la cohesión comunitaria. Las políticas de seguridad deben ser complementadas con programas que promuevan la inclusión social y el desarrollo comunitario para garantizar que las áreas afectadas por la violencia puedan reconstruirse de manera efectiva. La participación activa de la comunidad en la implementación y evaluación del plan puede proporcionar información valiosa sobre sus necesidades y percepciones, facilitando ajustes en las estrategias y promoviendo un entorno más resiliente frente a posibles desafíos futuros (Presidencia de la República de El Salvador, 2023).
2.- Críticas y limitaciones del Plan Control Territorial
Es importante considerar también el impacto en la percepción pública y en la confianza hacia las instituciones de seguridad. Las críticas y limitaciones pueden afectar la legitimidad y el apoyo al plan, por lo que es esencial establecer mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en la ejecución de las estrategias. La participación de organismos de derechos humanos y la implementación de auditorías independientes pueden contribuir a una mayor transparencia y a la corrección de posibles abusos. El diálogo constante con la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil puede facilitar una evaluación más equilibrada y mejorar la eficacia general del plan (Rodríguez, 2022).
3.- Comparación con otras estrategias de seguridad en la región
El Plan Control Territorial debe ser evaluado en el contexto de otras estrategias de seguridad implementadas en América Latina. Comparado con enfoques similares en países como Colombia y México, el Plan Control Territorial presenta diferencias en términos de tácticas y objetivos. Mientras que algunos países han adoptado estrategias centradas en el uso intensivo de la fuerza y la militarización de la seguridad, otros han enfatizado la importancia de programas de prevención social y desarrollo comunitario. La comparación de estos enfoques puede proporcionar información valiosa sobre la efectividad relativa de diferentes estrategias y ofrecer lecciones aprendidas que podrían aplicarse para mejorar el Plan Control Territorial.
Es fundamental considerar cómo la combinación de medidas represivas y preventivas puede contribuir a un enfoque más equilibrado y sostenible para la seguridad en la región.
Además, la comparación internacional puede revelar cómo la cooperación regional y la integración de políticas de seguridad pueden fortalecer los esfuerzos nacionales. Las estrategias de seguridad exitosas a menudo involucran colaboraciones entre países para enfrentar problemas transnacionales como el narcotráfico y el crimen organizado. La implementación de acuerdos regionales y la coordinación entre fuerzas de seguridad de diferentes países pueden mejorar la eficacia de las estrategias y proporcionar un enfoque más integral para la seguridad en la región.
a.- Política integral de convivencia y seguridad ciudadana para Honduras 2011-2022 (Honduras)
Se centra en la prevención del delito y la mejora de la seguridad pública mediante un enfoque integral. Este programa busca abordar las causas subyacentes de la criminalidad a través de estrategias que incluyen la promoción de la cohesión social, la rehabilitación de espacios públicos y el fortalecimiento de las comunidades. Al involucrar a diversos actores, como organizaciones no gubernamentales y la comunidad misma, se pretende crear un ambiente más seguro y propicio para la convivencia pacífica (Secretaria de Seguridad de Honduras, 2011).
Una de las características clave del programa es su enfoque en la colaboración entre las fuerzas de seguridad y la población civil. Esto se traduce en la implementación de iniciativas que fomentan la participación ciudadana en la vigilancia y prevención del delito, así como en la promoción de valores de respeto y solidaridad. Además, el programa incluye campañas de sensibilización y capacitación para empoderar a las comunidades, fortaleciendo así su capacidad para enfrentar y reducir la violencia y la delincuencia en sus entornos (Secretaria de Seguridad de Honduras, 2011).
Los resultados reales del Programa de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Honduras han sido mixtos. En las áreas donde se implementó de manera más efectiva, se ha observado una mejora en la cohesión social y una reducción en ciertos tipos de delitos, como robos y actos de vandalismo. Las iniciativas de participación ciudadana y las campañas de sensibilización lograron aumentar la colaboración entre la policía y la comunidad, lo que ha contribuido a un ambiente más seguro.
No obstante, los resultados no han sido uniformes en todo el país, y algunas comunidades siguen enfrentando altos índices de criminalidad. A pesar de los avances en la rehabilitación de espacios públicos y en la capacitación comunitaria, persisten desafíos significativos en la sostenibilidad a largo plazo de estas mejoras, especialmente en regiones con limitados recursos y presencia institucional.
b.- Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito (Guatemala)
Este plan busca abordar la violencia de manera integral mediante la integración de políticas de seguridad y desarrollo social. Este enfoque reconoce que la prevención de la violencia no puede limitarse a medidas punitivas, sino que debe incluir estrategias que promuevan el desarrollo económico, la educación y la inclusión social. A través de la colaboración entre diversas instituciones gubernamentales y la sociedad civil, el plan se propone crear un entorno que fomente la paz y la convivencia armónica (Ministerio de Gobernacion de Guatemala, 2017).
Una de las prioridades del plan es fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar la violencia mediante la promoción de programas de educación y empleo, así como la mejora de la infraestructura en áreas vulnerables. Además, se busca aumentar la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas, asegurando que las voces de las comunidades sean escuchadas y consideradas. Este enfoque participativo no solo busca reducir los índices de criminalidad, sino también construir una cultura de paz que beneficie a todos los guatemaltecos (Ministerio de Gobernacion de Guatemala, 2017).
Sin embargo, los resultados reales del Plan Nacional de Prevención de la Violencia en Guatemala han mostrado un impacto moderado en la reducción de la criminalidad y la mejora de la cohesión social en las áreas más vulnerables. Tras su implementación, se ha registrado una disminución en ciertos delitos violentos, como los homicidios, particularmente en las comunidades que participaron activamente en los programas de desarrollo social y capacitación. Sin embargo, los avances no han sido uniformes en todo el país, y algunos sectores continúan enfrentando altos niveles de violencia. A nivel social, el plan ha logrado incrementar la participación ciudadana y la colaboración entre instituciones públicas y privadas, lo que ha fortalecido el tejido comunitario y mejorado las condiciones de convivencia en algunas áreas, aunque los desafíos persisten en regiones con limitados recursos.
4.- Relación entre el narcotráfico y las pandillas
El narcotráfico sigue siendo una amenaza significativa para la seguridad en El Salvador y tiene una relación compleja con las pandillas. Las pandillas a menudo están involucradas en el tráfico de drogas, y la actividad narcotraficante puede contribuir a la persistencia de la violencia y el crimen organizado. Aunque el Plan Control Territorial ha logrado avances en la reducción de la violencia, el narcotráfico sigue representando un desafío importante. La interrelación entre pandillas y narcotráfico puede complicar los esfuerzos para mantener el orden y la seguridad. Es esencial que las estrategias de seguridad incluyan enfoques específicos para abordar el narcotráfico, como la desarticulación de redes de tráfico y la implementación de políticas que reduzcan la demanda de drogas. Abordar esta relación es crucial para lograr una solución integral a la violencia y el crimen organizado (Comision Nacional Antidrogas, 2021).
5.- Reformas judiciales necesarias para complementar el Plan Control Territorial
Para asegurar el éxito a largo plazo del Plan Control Territorial, es fundamental implementar reformas judiciales complementarias. El sistema judicial debe ser fortalecido para garantizar que los delincuentes sean procesados de manera justa y eficiente, y que las sentencias sean proporcionales a los delitos cometidos. Las reformas pueden incluir mejoras en la capacitación de jueces y fiscales, y la implementación de mecanismos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, es necesario abordar problemas como la congestión de los tribunales y la lentitud en el sistema judicial, que pueden socavar la eficacia de las políticas de seguridad. La colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial debe ser estrecha para asegurar que las evidencias recolectadas en las operaciones de seguridad sean adecuadamente presentadas en los tribunales y que se evite la impunidad.
Asimismo, es crucial fomentar la reforma de las leyes relacionadas con el crimen organizado y la corrupción para adaptarse a las nuevas tácticas y estructuras criminales. Solo con un sistema judicial robusto y adaptado a los desafíos actuales se podrá garantizar la estabilidad y el éxito duradero del Plan Control Territorial.
Un aspecto adicional para considerar es la implementación de sistemas de monitoreo y evaluación de la eficacia del sistema judicial. La adopción de tecnologías y métodos avanzados para la gestión de casos y el seguimiento de procesos puede mejorar significativamente la eficiencia y la transparencia del sistema. Además, la promoción de una cultura de rendición de cuentas dentro del sistema judicial, con mecanismos claros para abordar la corrupción y las prácticas indebidas, es esencial para mantener la confianza pública y asegurar que la justicia se administre de manera equitativa y eficaz. La integración de reformas judiciales con estrategias de seguridad fortalecerá el impacto positivo del Plan Control Territorial y contribuirá a la construcción de un sistema de justicia más robusto y confiable.
Conclusiones
En cuanto a la reducción de la violencia y homicidios, el Plan Control Territorial ha logrado disminuir significativamente los índices de homicidios y crímenes violentos en El Salvador. Esto se ha atribuido a un incremento en la presencia policial y a operaciones de seguridad focalizadas en áreas con alta incidencia delictiva. Sin embargo, la estabilidad de estos avances puede verse afectada por factores externos, como cambios económicos o sociales. El impacto en la percepción pública de seguridad ha sido positivo, con una mejora en la cohesión social y un aumento en el apoyo comunitario hacia las fuerzas de seguridad.
Sobre la desarticulación de estructuras criminales, el Plan ha enfocado esfuerzos en desmantelar las redes pandilleras, logrando la captura de líderes clave y debilitando la capacidad operativa de las pandillas. No obstante, este tipo de desarticulación puede conllevar a la reconfiguración de las estructuras criminales, dando lugar a nuevos grupos o la fragmentación de los ya existentes. Por lo tanto, es crucial mantener una vigilancia constante y fomentar un enfoque integral de seguridad que incluya la prevención de la formación de nuevas organizaciones delictivas.
Sobre la recuperación del control territorial, el Plan ha
permitido la recuperación de territorios dominados por pandillas,
restableciendo el control
Estatal en estas áreas. Este avance ha sido complementado por programas de
prevención y reintegración que buscan evitar que estos territorios vuelvan a
caer en manos de pandillas. Sin embargo, el éxito a largo plazo de esta
estrategia depende de la capacidad del Estado para mantener una presencia
constante, promover el desarrollo económico y social, y garantizar la
participación comunitaria en la vigilancia y prevención del crimen.
En lo relativo al fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, a través de la modernización de equipos y tecnología, ha sido clave para mejorar la capacidad operativa frente al crimen organizado. No obstante, este fortalecimiento debe ir acompañado de una formación continua y una estrategia equilibrada que también considere la construcción de confianza con la ciudadanía. La colaboración entre fuerzas de seguridad y comunidades locales es esencial para una seguridad más eficaz y sostenida a largo plazo.
Para finalizar el impacto económico del Plan Control Territorial refleja la reducción de la violencia y la disminución de extorsiones ha mejorado el clima económico en las áreas más afectadas, atrayendo inversión y fomentando el crecimiento empresarial. Sin embargo, para asegurar un impacto económico duradero, es necesario continuar con políticas que promuevan el desarrollo sostenible, evitando desigualdades en la distribución de los beneficios. A largo plazo, el éxito del plan dependerá de la capacidad del país para consolidar estas mejoras económicas y convertirlas en bienestar social.
Referencias
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