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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 8, mayo - agosto, 2024 - Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
La educación superior y la
investigación científica
en El Salvador±
Higher
Education and Scientific Research
in El Salvador
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Este trabajo tiene la licencia
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Editorial Nuevo Enfoque |
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Recibido: 31/05/2024 Aprobado: 16/07/2024 |
Resumen
En el presente artículo se parte de reconocer la urgencia y relevancia de impulsar el desarrollo de un Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SNESCyT), más allá de limitarse a suscribir una normativa que regule las universidades privadas y la pública. A manera de contribución, para impulsar esa iniciativa, se reflexiona sobre el rol de la educación superior, la ciencia y la tecnología en el desarrollo socioeconómico del país; a su vez se analiza la relación Universidad, Estado y desarrollo y se presenta unos cuadros sinópticos, para distintos períodos históricos, sobre la relación Universidad, Estado y Desarrollo en El Salvador. En seguida, se pasa a presentar algunos conceptos sobre lo que puede entenderse por un SNESCyT, reseñando en breves trazos, lo que es la actual estructura de la Educación Superior. Como referencia para destacar el aporte de las universidades a una SNESCyT, se desarrollan conceptualmente las funciones sustantivas de las universidades modernas, desde la perspectiva de las demandas de la sociedad del conocimiento y los avances actuales de la ciencia y la tecnología.
Palabras claves: Educación superior, Universidad de El Salvador, Universidad – Estado, Funciones de las universidades, Educación superior pública.
Abstract
This article recognizes the urgency and relevance of promoting the development of a National System of Higher Education, Science and Technology (SNESCyT), beyond merely subscribing to regulations governing private and public universities. As a contribution to promote this initiative, we reflect on the role of higher education, science and technology in the socioeconomic development of the country; at the same time, we analyze the relationship between University, State and development and present some synoptic tables, for different historical periods, on the relationship between University, State and Development in El Salvador. Next, some concepts about what can be understood as a SNESCyT are presented, outlining in brief outlines, what the current structure of Higher Education is. As a reference to highlight the contribution of universities to a SNESCyT, the substantive functions of modern universities are developed conceptually from the perspective of the demands of the knowledge society and the current advances in science and technology.
Keywords: Higher education, University of El Salvador, University - State, Functions of universities, Public higher education.
I. Una oportunidad irrenunciable
Recientemente circuló el Proyecto de Decreto Legislativo, fechado 1 de marzo de 2024, que contiene la “Ley de Educación Superior” suscrita por el Secretario Jurídico de la Presidencia de El Salvador. En ese contexto, con ánimo honesto y asumiendo la responsabilidad de aportar a superar el debate mediático y politizado que se ha centrado en uno o dos aspectos: el financiamiento de la universidad pública, la Universidad de El Salvador (UES) y su autonomía, en este artículo, se desarrollan algunos conceptos que espero puedan aportar a la toma de decisiones en torno a políticas públicas sobre Educación Superior, Ciencia y Tecnología.
Parafraseando el titular, de un artículo que circuló recientemente en la prensa internacional[31], podemos sostener que “La mejor política para el desarrollo es la del conocimiento”.
De dicho artículo retomo algunas tesis, que me atrevo a adaptar para destacar la relevancia de una política pública orientada a fortalecer la educación superior, la producción científica, la ciencia y la tecnología en El Salvador. Una de estas tesis se puede expresar de la siguiente manera: el país puede aspirar a ubicarse en la frontera tecnológica mundial, pero ese proceso llevará tiempo y hay que iniciar el camino; no hace falta estar en el top de producción científico técnica para obtener los beneficios propios del conocimiento, procesos y métodos creados en otros lugares; entre ellos el fortalecimiento de las capacidades nacionales, más y mejor productividad y competitividad económica, mejor distribución de la riqueza y seguridad alimentaria.
Pero, para aprovechar los beneficios del desarrollo mundial de la ciencia y la tecnología se debe tener “acceso al conocimiento y capacidad para absorberlo, esta es la clave de una sociedad próspera”, así se sostiene en el artículo mencionado, más adelante se reseña que países como Alemania o Japón, no obstante la destrucción que les causó la Segunda Guerra Mundial, se pudieron reconstruir gracias a que “contaron con numerosos ingenieros, científicos y administradores capaces de absorber, difundir, ampliar y extender el conocimiento avanzado” que se generó en la posguerra.
Ciertamente, El Salvador ha pasado por períodos críticos y sumamente destructivos, como la guerra civil, la incapacidad y la corrupción en los gobiernos de posguerra, la migración forzada y la criminalidad de las pandillas; no obstante, esas adversidades no lo han doblegado como pueblo y sigue luchando. De la misma migración forzada ha sacado fortalezas para que, una nueva generación, que de manera significativa se formó en el exterior, ahora tenga la oportunidad de contribuir, con su conocimiento y experiencia, a la recuperación del país y, los bienes económicos que acumularon fuera del país y las remesas, ahora se inviertan en la economía nacional. A su vez, las generaciones que crecieron, distantes de su país natal o del de sus padres, ahora retornan, ya sea como turistas o para reinsertar sus raíces en el terruño. También, las generaciones inhibidas por la inseguridad ciudadana ahora tienen la oportunidad de desplegar sus capacidades.
El camino por recorrer es aún largo y lleno de desafíos, pero no obstante las voces agoreras, el momento no se puede desperdiciar. Si la iniciativa de ley desemboca en la oportunidad para poner en ejecución una política nacional sobre estos temas: la Educación Superior, el desarrollo científico y tecnológico y su rol en el desarrollo del país, se habrá dado un gran paso. Puede percibirse que la posibilidad de procesos de reforma universitaria alineados con la transformación social, cultural, política y económica del país está abierta, esta oportunidad no se puede o no se debería desaprovechar.
Permítaseme señalar un punto de vista personal, pero de alguien que ha estado involucrado en estos temas como actor social: dirigente estudiantil durante la reforma universitaria de los años 60) y, como gestor del desarrollo de la educación superior: Secretario General del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), por casi 10 años. Sostengo, con convencimiento que, para lograr el máximo potencial de la Educación Superior, para el bien del país, no es suficiente una Ley, se requiere identificar el rol de ésta –y su vinculación con la ciencia y tecnología– para impulsar el desarrollo y así establecer el camino para potenciar un sistema de formación superior y de investigación científica, acorde a los tiempos.
La aseveración anterior se fundamenta en el principio o axioma de que la misión del sistema de la Educación Superior es educar, formar y realizar investigaciones y, en consecuencia, dada esa misión, su aporte al desarrollo de las naciones es incuestionable. Este apotegma adquiere más relevancia dado el alcance y el ritmo de las transformaciones actuales en el país y el mundo: la sociedad humana, cada vez más, tiende a fundarse en el conocimiento, razón por la cual, la educación superior y la investigación forman hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones.[32]
El Salvador, en el momento actual, se encuentra ante el desafío ineludible de su transformación social y política. Tiene ante sí el enorme reto de superar años de atraso y debilidad tanto institucional como de su tejido social y del modelo productivo. La Universidad, en tanto centro de formación del más alto nivel y de creación de conocimiento a través de la investigación científica está llamada, ética y vocacionalmente a contribuir a superar ese desafío.
Este desafío que implica contribuir a identificar y trazar la ruta de un desarrollo económico que supere esos viejos modelos productivos excluyentes; aportar a develar el camino para dejar atrás un Estado ineficiente que no respondió a su población, así como colaborar a fortalecer culturalmente la identidad nacional. Esto no es solo un asunto de demanda política, es una urgencia que va de la mano del desarrollo científico y tecnológico y la reconfiguración geopolítica del mundo. Esto, en consecuencia, es un enorme desafío para el sistema de la educación superior.
Si se piensa y actúa en consecuencia, El Salvador, y las autoridades del país, elegidas para conducir esa transformación tiene la responsabilidad, no solo de renovar el marco legislativo de la Educación Superior sino, perentoriamente, desarrollar las políticas indispensables y asegurar el financiamiento correspondiente para reformar y desarrollar la educación superior para esos propósitos; particularmente en lo referente a la Educación Superior pública.
Las universidades privadas también pueden o deben contribuir a ese desarrollo socioeconómico y el fortalecimiento de un Estado eficiente en la identificación, ejecución e implementación de políticas públicas y a construir una institucionalidad moderna, libre de corrupción; pero, en tanto instituciones privadas, su lógica, su financiamiento y su gestión son diferentes, aun cuando la misión sea semejante a la de la universidad pública. Sólo para señalar una diferencia esencial, sin duda de gran relevancia para la planificación de políticas públicas, las universidades privadas en América Latina y otros países occidentales, se financian, en primer lugar, por el pago de matrícula de sus estudiantes, de donaciones de la empresa privada u organismos filantrópicos, para becas o programas específicos, así como por contratos para transferencia de innovación, cuando tienen capacidad para ello y existe demanda. Si esto no es así y demandan subvenciones del Estado, no solo se genera una asociación impropia, sino se evidencia debilidad del sistema empresarial para transferirle fondos a una institución de su ecosistema.
El desafío no es nuevo, en 1998, ya estos temas y esta visión fueron identificados en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO. Los procesos de cambio, particularmente de reformas profundas en las universidades, en América Latina, ciertamente se remontan a la Reforma de Córdova (1918), pero que no se agota en ella. Esto, por cuanto tales exigencias de renovación retornan cíclicamente, en tanto las demandas de actualización, surgidas de los mismos procesos sociopolíticos y económicos así lo exigen. Para ello, las universidades, centros por excelencia de formación superior y la investigación científica, han recurrido a procesos de reforma universitaria. Ampliaré estos conceptos en un próximo artículo
II. Rol de la educación superior, la ciencia y la tecnología en el desarrollo socioeconómico
Premisa uno: La Educación Superior, en cualquier país, juega un rol esencial para el desarrollo integral de su sociedad. En consecuencia, si un país carece de instituciones universitarias idóneas y competentes, –orientadas a la formación profesional e investigación científica, profundamente vinculadas a la sociedad a la que sirven, capaces de formar una masa crítica de personas cualificadas en los campos profesionales que demanda el desarrollo socioeconómico y con la formación humanista que requiere la convivencia y la cohesión social– no podrá garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible.
A su vez, “la educación superior, la producción y el acceso al conocimiento científico y a las tecnologías, son derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas. Por tanto, el desarrollo de las mismas es un servicio público, inherente a la finalidad social del Estado.” [33]
Premisa dos: Este tipo de instituciones universitarias, con esas características, desde todo punto de vista, son indispensables y decisivas para aquellos países que evidencian un atraso en su desarrollo, con relación a los logros obtenidos por la humanidad y vigentes en los países más avanzados.
Corolario: Si para el caso, nuestro país, El Salvador, no desarrolla un robusto Sistema Nacional de Educación Superior e Investigación Científica (SNESCyT) no podrá alcanzar las condiciones necesarias para su desarrollo socioeconómico, acorde a las exigencias geopolíticas actuales, ni el desarrollo humano integral de su población.
La carencia de un SNESCyT, capaz de acompañar el desarrollo del país y su sociedad y de la fortaleza necesaria para dialogar e intercambiar con los centros universales de generación del conocimiento, la ciencia y la tecnología, condenará el país a la dependencia y a ir perpetuamente a la zaga de este proceso.
La tesis de la premisa uno, se torna más que evidente si se reflexiona (asunto sobre el que profundizaremos más adelante) sobre las funciones sustantivas propias de las instituciones universitarias. Estas han sido identificadas por la academia, en el transcurso de los siglos en los que han atendido las demandas propias de este nivel de educación y de la investigación científica. Estas funciones son la docencia, la investigación científica y la proyección social.
Pero no basta con enunciarlas, hay que repensarlas y precisarlas en el momento presente, porque estas funciones o responsabilidades universitarias están sometidas a procesos de cambio y transformación que las sociedades experimentan históricamente, tanto en el ámbito nacional como internacional. Esto exige procesos de planificación y actualización permanentes, en la actualidad más acuciantes dada la actual era del conocimiento y dado el exponencial desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como, de la biotecnología, la robótica y la inteligencia artificial, entre otros.
Además de estas exigencias del entono, debe reconocerse que la fortaleza con que se asuman y se definan tales funciones sustantivas en las instituciones universitarias en concreto, están condicionadas por las orientaciones y las calificaciones del cuerpo académico de las propias instituciones lo que exige un esfuerzo de cualificación permanente para su personal. Su definición también responde a demandas históricas y a la dinámica de la sociedad particular de la cual son depositarias, exigencias que una institución universitaria, atenta y responsable, debe identificar.
Para el caso, puedo sostener que, dado el conflicto social que la sociedad salvadoreña ha vivido a lo largo de su existencia y particularmente en el último medio siglo, las instituciones universitarias en El Salvador, deben de asumir como compromiso, correspondientemente como función sustantiva, la difusión de la cultura, orientada, particularmente a fortalecer la identidad nacional, basada en los valores, la ética y estética a fin de recuperar niveles de coexistencia y convivencia armónica. Esta es una función que ya muchas instituciones universitarias, en otros países, incluyen como uno de sus compromisos esenciales.
Reconocer lo anterior implica admitir que las funciones sustantivas de las universidades no son inmutables, deben repensarse e incluso pueden llegar a ampliarse, de acuerdo a las necesidades del país, en el actual momento histórico.
III. Relación Universidad, Estado y desarrollo en El Salvador
A continuación, se presenta un repaso esquemático, para distintos periodos históricos, sobre la correspondencia entre universidad, Estado y desarrollo socioeconómico y político en El Salvador, desde la perspectiva de interacción entre cuatro variables: i) Modelo económico o de producción predominante, ii) Régimen político, iii) Demandas del Estado y el régimen político a la universidad, iv) Oferta y rol de la universidad.
Estos períodos han sido identificados como: 1) postcolonial (1821/1880), que es cuando surge la Universidad de El Salvador (UES); 2) agroexportador (1880/1932); 3) transición del modelo agroexportador al de sustitución de importaciones (1932/1969); 4) Inversión extranjera e internacionalización del capital (1970/1990) y 5) neoliberal (1991/2019). El fin de cada uno de estos períodos y el inicio del siguiente está marcado, como veremos, por serios conflictos y crisis institucional y política.
En el caso particular que nos ocupa, el de El Salvador, debe tenerse en cuenta, que no es sino hasta pasada la mitad del Siglo XX, que surgen las universidades privadas, por lo que en el recuento de esta relación Universidad, Estado y Desarrollo, los tres períodos iniciales que se analizan, solo existe la universidad pública o la Universidad de El Salvador. La primera universidad privada, la Universidad Centroamericana (UCA) se funda hasta 1965, precisamente como un intento de contrarrestar la proyección que la UES adquirió con el desarrollo que la Reforma Universitaria de aquellos años.
II.1. Síntesis histórica de relación Universidad, Estado y Desarrollo en El Salvador
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PERÍODO 1821 / 1880 |
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Modelo económico o de producción: Postcolonial
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Régimen político |
Demandas del Estado y el régimen político a la UES |
Oferta y rol de la universidad pública |
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Se desarticula el modelo productivo y político colonial, con la extinción de los ejidos y la transformación de la encomienda real, en apropiación privada de la tierra. De esta manera, se generan las condiciones para la economía agroexportadora: concentración de la tierra y mano de obra libre.
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Se inicia la conformación del Estado salvadoreño, sobre un régimen político inestable, élites en conflicto, caudillista, militarista. Contexto las guerras intestinas centroamericanas. Predomina la lucha por la hegemonía oligárquica, el control del Estado y de los recursos de la producción: tierras y mano de obra. Lo que se expresa en una larga pugna – con características particulares– entre las concepciones conservadoras y liberales. |
Escaza demanda de profesionales, poco interés en las élites oligárquicas por el desarrollo académico, científico y tecnológico de la Nación. |
En 1860 se fundada la UES controlada por la iglesia católica- Forma profesionales elitistas, ilustrados, pero de tendencia conservadora. Se propone cubrir una escaza demanda del Estado y del servicio profesional liberal, en campos indispensables para las funciones del nuevo Estado: leyes, medicina, filosofía y teología. |
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Crisis y Ruptura Como consecuencia de la ruptura del modelo colonial (extinción de los ejidos y transformación de la encomienda) se generará la proletarización y exclusión de población indígena y campesina, lo que dará inicio a un largo período de inestabilidad sociopolítica. |
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Período 1880 / 1932 |
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Modelo económico o de producción: Agroexportador
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Régimen político |
Demandas del modelo económico y el Estado a la UES |
Oferta y rol de la universidad pública, la UES, fundada en 1860 |
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En esta etapa surge y se desarrolla el modelo agroexportador de monocultivo, el café. Se consolida una estructura agraria asentada en el latifundio y el minifundio. La tensión intraoligárquica persiste; se agrava el conflicto social ante la falta de opciones para una población (indígena y campesina) que perdió su medio de subsistencia: la tierra |
Dada la inestable política, el Golpe de Estado es el recurso reiterado en la disputa por el poder. Los ejércitos son mercenarios y de caudillos.
Surge el ejército como estructura del Estado y la dictadura (autoritarismo militar) como alternativa de estabilidad y modernización.
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Este modelo no cambió el tipo de demanda a la UES. Se requerían, básicamente, profesionales para un Estado muy poco desarrollado, así como para la atención de un reducido sector con recursos para pagarlos y para los servicios de caridad. Las obras de infraestructura más relevantes fueron construidas recurriendo a profesionales extranjeros. |
La oferta universitaria no varía mucho, sin embargo, al tenor de las corrientes mundiales un núcleo de intelectuales encuentra, en algunas facultades de la UES, un espacio para la reflexión y organización. Grupos estudiantiles también encuentran espacio para la crítica social y la militancia. La UES sigue siendo un conjunto de Facultades dispersas.
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Crisis y ruptura La insurrección indígena campesina y su masacre fue el desenlace natural para un Estado sustentado en el control militar de una población mayormente excluida, debilitado por las permanentes crisis de gobierno; que, además, carecía de alternativas de inclusión para la población despojada de sus tierras. |
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Período 1932 / 1969 |
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Modelo económico o de producción: Del modelo agroexportador al de sustitución de importaciones |
Régimen político |
Demanda del Estado y el modelo económico a la UES |
Oferta y rol de la universidad pública, la UES |
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En la primera mitad de este período, amparado en un riguroso control militar y paramilitar de la población, la agroexportación alcanza su máximo desarrollo. Comienza una cierta diversificación agroindustrial: algodón, azúcar y ganadería. La acumulación de capital, que implica este desarrollo posibilita la expansión del comercio, la industrialización de manufactura y capital financiero. Surge el modelo de sustitución de importaciones y Mercado Común Centroamericano como alternativa de desarrollo. |
El orden social se estructura sobre regímenes caudillistas y un largo proceso de militarización de la sociedad, particularmente de la fuerza laboral. El Servicio Militar Obligatorio busca disciplinar a la población y los aparatos paramilitares y policiales represivos imponen el orden. Se recurre a la estructura y cultura castrense, como mediar entre las élites del poder y para controlar las demandas de la población. Por los años 1960, el régimen político militar autoritario, que se funda ante la crisis de 1930 y la represión de 1932, hace nuevamente crisis. Esto exige una recomposición de las estructuras autoritarias. |
En este caso, el cambio del modelo agroexportador al de sustitución de importaciones si va a generar una nueva demanda a la UES. El desarrollo del sistema financiero, la banca; el crecimiento del comercio y la industria agrícola demandará nuevas profesiones no liberales, sino de servicio a la empresa. A su vez, bajo el reformismo militar, surge un proceso de modernización del Estado, no siempre exitoso y muchas veces frustrado, pero genera nuevas estructuras; tal es el caso de las instituciones autónomas, algunos ejemplos: BCR,ISSS, ICR, CEPA. |
En este período, superado el oscurantismo del martinato, aun cuando bajo el reformismo militar, la UES inicia un proceso de expansión de su oferta académica. Por ej. la Facultad de Ingeniería, en los años 1950 se diversifica y ofrecerá Ingeniería Civil, Electromecánica, Agronomía y Arquitectura y en los años 60 Ingeniería Industrial, se crea la Facultad de Ciencias Agronómicas, el área de la economía –que estuvo restringida a la contaduría– pasa a conformarse como Facultad de Economía a partir de 1946. La Reforma Universitaria, que se inicia en los primeros años de la década de 1960, va a traducirse en un intento por ir más allá de una respuesta mecánica o refleja a las demandas de ese proceso modernizante del Estado y la sociedad salvadoreña, aunque entrará en conflicto con el autoritarismo de los gobiernos militares de ese período. |
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Crisis y ruptura Desde los años 1960, el régimen militar oligárquico, va a manifestar su agotamiento que culminará con la Guerra entre El Salvador y Honduras (1969). Paradójicamente, el proceso del mercado común, luego de un breve período de crisis, se consolida como espacio de intercambio de mercancías. Esta crisis se prolongará y expresará en golpes de Estado y propuestas reformistas, que las elites del poder económico bloquearon, impidiendo la modernización del Estado y procesos de inclusión social. De esa negación o fracaso político, van a surgir las condiciones para la guerra civil. |
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Período 1970 / 1990 |
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Modelo económico o de producción: Inversión extranjera e internacionalización del capital
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Régimen político |
Demandas del Estado y el modelo económico a la UES |
Oferta y rol de la universidad pública, la UES |
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El fracaso del modelo de sustitución de importaciones y de regionalismo, canalizará el modelo agroexportador hacia un proceso de transformación muy profundo. La crisis política de la década de 1970, esconde la mutación de ese modo de producción. La red económica hegemónica iniciará un proceso de modernidad y diversificación, pero siempre asentada en la histórica estructura agraria oligárquica, con un importante desarrollo del capital financiero y un fuerte componente de concentración y capitalización internacional. |
La tutela o cooptación del Estado por los militares se agudiza, particularmente en su faceta represiva. Predomina la doctrina de seguridad nacional (contrainsurgencia reformas). Se evidencia una muy poca flexibilidad e incapacidad para consolidar procesos de inclusión social. La guerra civil encuentra su sustento en este fracaso del reformismo militar. |
Desde la primera intervención militar de la UES 1972, se rompe el pacto social, entre la universidad pública (UES) y el Estado. Pacto que, aun cuando sustentado en la ley orgánica, en la autonomía y la erogación del presupuesto nacional, no se revitaliza ni se reconstruye sobre una demanda explícita de contribución, académica y científica al desarrollo socioeconómico. Antes bien, se sostiene sobre un mínimo interregno de conveniencia política. Esto, mientras el régimen y la clase política apuestan por las instituciones privadas de Educación superior. El proceso de reformulación de una nueva legalidad e institucionalidad, para la Educación superior, encuentra fundamento en una nueva realidad, particularmente, la “explosión” de la oferta de universidades privadas. |
No obstante, las reiteradas intervenciones y tomas por los gobiernos militares de este período, la UES (“Se niega a morir”) no puede ser sustituida y continúa prestando servicios de formación profesional a los sectores de limitados recursos y a aquellos que buscan posibilidades de ascenso o movilidad social. El Pacto Social Universidad Púbica/Estado –de por sí ya muy debilitado, se rompe de hecho. |
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Crisis y ruptura La guerra El Salvador Honduras evidencia las limitaciones del modelo de regionalismo y sustitución de importaciones y una clara inflexión en la preponderancia del modelo agroexportador. Los intentos de impulsar procesos reformistas controlados por el ejército fracasan reiteradamente. El capítulo de la Guerra civil culmina con los Acuerdos de Paz y el Pacto de amnistía, críticamente llamado de impunidad. |
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Período 1991 / 2019 |
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Modelo económico o de producción neoliberal |
Régimen político |
Demanda del Estado y el modelo económico a la UES |
Oferta y rol de la universidad pública, la UES |
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Paradójicamente, con el fin de la guerra civil, se consolida el modelo neoliberal, expresado en procesos de privatización, pero también de transnacionalización de capitales en el marco de la inversión extranjera. El modelo de apertura comercial y estímulo a la inversión extranjera directa, basado en la vieja red oligárquica modernizada, se convertirá en el nuevo modelo económico.
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El renovado modelo económico urgía de un régimen político a la medida. La democracia se perfiló como esa opción, particularmente en lo concerniente a procesos de negociación y acuerdos legislativos y la alternancia; pero sustentado en el libre mercado, no en la construcción de ciudadanía, la inclusión y la cohesión social. Por consiguiente, este tipo de democracia se le llamó “inacabada” o “fallida” y, desde otra perspectiva, se le reconoce como régimen híbrido o semidemocrático, dada la alta concentración del poder en las élites económicas y políticas. |
El Estado, no obstante el desinterés del Régimen de Posguerra civil, sigue siendo la más importante fuente de empleo de los profesionales egresados de la UES. Aunque, en este período, como continuidad del anterior, sus egresados deben disputar el limitado mercado profesional, dado el desarrollo de las universidades privadas. Aunque en El Salvador no se realizan estudios de seguimiento de egresados, si existen indicios suficientes para sostener esa hipótesis. Baste para ello observar los sistemas públicos de salud, educación, el judicial, como también el desarrollo del municipalismo. En los últimos lustros también se han desarrollado amplios servicios privados de salud, educación y financieros, entre otros y que han abierto la posibilidad de un ejercicio profesional combinado entre lo privado y lo público. |
La UES, aún a pesar de los recortes neoliberales, mantiene su oferta de formación profesional, en aquellas áreas en que el Estado y la empresa privada lo demandan, con una muy limitada acción en la investigación científica. Su matrícula –30% del total del país– incluye, de manera significativa, a los sectores con limitados recursos. No obstante, amplios sectores de la juventud salvadoreña, en edad de cursar estudios universitarios, quedan al descubierto en el actual sistema de educación superior. Por ello, la nueva institucionalidad de la educación superior (MINED, DNES, CES y la legislación creada a partir de 1995), no puede prescindir de la UES, aunque si estimula y conduce el desarrollo de las universidades privadas. |
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Ruptura y Crisis La democracia fallida, o régimen de posguerra civil, llega a su fin cronológico con las elecciones presidenciales del 2019 y particularmente con las elecciones de diputados a la Asamblea legislativa del 2021, que pone fin al bipartidismo y consecuentemente a la clase política que gobernó en ese período. El desafío para un nuevo Pacto Universidad Pública/Estado salvadoreño está pendiente. |
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IV. Sobre un Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
Un Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, puede verse desde la realidad existente o como proyecto vinculado al desarrollo sociopolítico del país.
Partimos de aclarar lo que entendemos por un SNESCyT. Éste comprende las instituciones que prestan servicios de formación científica, profesional, humanística, artística y técnica del más alto nivel y contribuyen al desarrollo científico y la innovación tecnológica del país; sean éstas instituciones de carácter público o estatales o aquellas de carácter privado. Pero a su vez, en tanto “Sistema”, incluye las leyes o normativas que rigen su funcionamiento e interacciones; los planes y programas; distintas modalidades de financiamiento; así como, organismos que coordinan el logro de objetivos nacionales y aseguran la calidad y la pertinencia de los servicios que prestan dichas instituciones.
El Estado, a través de los organismos correspondientes, tiene la responsabilidad de promover y garantizar el fortalecimiento de la educación superior, así como el desarrollo de la producción científica y la innovación tecnológica. A su vez, debe velar por la calidad y la pertinencia de las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología, acorde a los avances académicos y científicos internacionales.
En un SNESCyT el financiamiento público o del Estado se torna indispensable, en razón de su deber, por una parte, con la equidad y la cohesión social, lo que demanda un compromiso orientado con la incorporación de los sectores más necesitados y vulnerables al desarrollo socioeconómico y facilitar su desarrollo humano integral. Por otra parte, el Estado tiene la exigencia de promover el desarrollo nacional, el cual demanda recursos humanos de alto nivel para la educación superior, la ciencia y la innovación tecnológica, que deben ser formados y actualizados, permanentemente, para impulsarlo y gestionarlo.
El destino y las modalidades de financiamiento público o del Estado hacia la Educación Superior, se ha definido históricamente según los principios y valores de los gobernantes y las limitaciones del propio desarrollo nacional. La lógica de que los fondos públicos deben canalizarse hacia instituciones públicas ha predominado en la historia de la educación superior en América Latina, pero no solo en esta región, también en Europa y Estados Unidos, los Estados han desarrollado y financiado Universidades públicas o del Estado para promover el desarrollo integral, socioeconómico y humanístico, de sus propias sociedades. En este esquema, las universidades privadas se consideran un complemento de estos esfuerzos de los Estados, impulsados por financistas o donantes particulares.
No obstante, en los últimos lustros, particularmente en América Latina, las universidades privadas compiten por los fondos del Estado, con las universidades públicas. Esto no responde solamente a doctrinas políticas y económicas, de manera concreta, responden al poco compromiso o limitadas capacidades de los grupos empresariales nacionales para aportar y financiar este tipo de instituciones de educación superior.
Ahora bien, esta institucionalidad tiene la particularidad de que aquellas que lo integran, particularmente las universidades, requieren autonomía para su mejor funcionamiento y el logro de sus propósitos y fines. La autonomía es principio y base consustancial de la naturaleza de las instituciones de educación superior, ciencia y tecnología. Está orientada a garantizar el principio de la libertad académica para la generación del conocimiento y la reflexión sobre las diferentes expresiones del pensamiento humano; así como, de la libertad de investigación y la enseñanza de la verdad científica. La autonomía se sustenta en el reconocimiento de que las Universidades, en cuanto centros de enseñanza de alto nivel, reúnen a los académicos más connotados o a los de más alto nivel, por lo que son ellos –sin interferencias políticas ni intereses creados– los que deben regir los destinos de la academia. Dadas esas particularidades la rectoría de las instituciones universitarias, debe salir de esa comunidad académica, al igual que la de los sistemas de aseguramiento de la calidad.
El cómo lograr que esto sea una realidad está vinculado con las propias fortalezas o debilidades del desarrollo institucional, de los procesos histórico-políticos y su incidencia en éstas, así como a las características de las políticas públicas que han impulsado o impulsen los gobernantes.
Debe sostenerse con rigor, que esta condición o especificidad de la autonomía no excusa a las Universidades, ni a otras instituciones de educación superior, de la necesaria transparencia en el ejercicio de sus funciones, más aún cuando se trata de fondos públicos. Pero incluso, aquellas que reciben fondos privados o sus ingresos provienen mayoritariamente de la matrícula o aranceles cobrados a los estudiantes deben apegarse a normas de trasparencia financiera y de gestión.
Por tanto, reiteramos, la autonomía no inhibe de la responsabilidad de rendición de cuentas ante las distintas instancias de financiamiento: Estado, donantes y hogares. En los últimos 25 años, se han perfeccionado metodologías y procesos que aseguran esta transparencia no solo para la administración y la gestión financiera, sino también –de manera relevante– para la evaluación de resultados. La evaluación institucional y la de programas pone énfasis en estos temas. Los criterios mayormente consensuados, desde la perspectiva de la gestión financiera, son cobertura, calidad, pertinencia e impacto
Dentro, de una propuesta de SNESyCT, el financiamiento público o del Estado para la educación superior, la ciencia y la tecnología, debe guardar una correlación directa con los planes nacionales de desarrollo y con las grandes avenidas internacionales del conocimiento. Por lo que no deben verse divorciado de las políticas públicas, planes y programas de los Estados.
No es posible ignorar que este ideal, para el caso de El Salvador, topa con la realidad de un conflicto endémico, entre los gobiernos y la universidad pública de manera más extendida, y puntualmente, en el caso de la universidad de los Jesuitas, en el período de la Guerra Civil, en el cual sus dirigentes asumieron la teología de la liberación y la doctrina social de la opción preferencial por los pobres. Esto terminó con el asesinato, por parte del régimen de turno, en 1989, de los sacerdotes jesuitas que constituían su dirección y habían asumido ese compromiso. Sin pretender asemejar los casos, sí puede establecerse cierto paralelismo con la intervención militar de la UES, en 1972, con la captura, encarcelamiento y posterior exilio de prácticamente toda la dirigencia universitaria, y la toma militar de sus instalaciones, lo que puso fin a la Reforma Universitaria iniciada siete años antes.
Se puede afirmar que la demanda de educación de alto nivel, de ciencia y tecnología, por parte de la sociedad salvadoreña y su Estado, como se demuestra en los cuadros síntesis del acápite anterior, ha sido históricamente pobre, en razón de la menguada dinámica socioeconómica del país. En términos generales, esto se ha dado por la endémica falencia democrática del Estado salvadoreño, la captura de éste por élites económicas y políticas, así como por el pobre desempeño de su economía. Ante esa situación el desarrollo del pensamiento crítico y la democratización (en cuanto a cobertura y equidad) de la enseñanza superior ha encontrado serios valladares para su desarrollo y explican los conflictos entre ésta y los gobiernos de turno.
Como hemos apuntado en otros trabajos, es notorio como el Estado Salvadoreño no tuvo capacidad de apropiarse los resultados de la Reforma Universitaria en la Universidad de El Salvador, de mediados de los años 1960, que amplió el acceso a la educación superior para la juventud salvadoreña, elevó su nivel de análisis científico, abrió su horizonte hacia el pensamiento humanista y crítico, todo lo cual chocó con la cerrada estructura económica, política, social y cultural del país, antes bien, el régimen respondió con represión desmesurada a esa propuesta.
En las condiciones de la actual coyuntura política en El Salvador, ese conflicto, gobierno y universidad pública, debe encontrar caminos de superación por el bien nacional. Una relación estratégica entre educación superior, ciencia y tecnología con planes y programas de desarrollo nacional debe constituirse en un horizonte a alcanzar. Este binomio, respetuoso de roles y especificidades, puede constituir una sinergia virtuosa, para superar las históricas debilidades de los regímenes políticos, de la fragmentación social y de los modelos productivos que han privado en el país.
Existe una amplia literatura y experiencias que pueden orientar la identificación de formas acertadas de financiamiento público de la educación superior, la ciencia y la tecnología, pero el país debe aún superar los fantasmas del pasado para identificar las condiciones nacionales para que existan políticas de Estado que aseguren las mejores prácticas para el financiamiento estatal de la educación superior, la ciencia y la tecnología y el rendimiento de cuentas por parte de la instituciones que reciben este aporte para el desarrollo de sus funciones, planes y programas.
V. Actual estructura de la Educación Superior
En el período de la guerra civil y la posguerra surge, en El Salvador, una nueva realidad en la institucionalidad de la educación superior, que prevalece en la actualidad. Esta se configura desde dos vertientes: una, la explosión del mercado de la educación universitaria privada, y otra, un prolongado deterioro del pacto social entre el Estado y la universidad pública. Ambas se traducen en un cambio en la relación de las instituciones de educación superior con el Estado salvadoreño o, lo que puede identificarse también como un reposicionamiento, un tanto equívoco o de resultados dudosos, del Estado frente a las instituciones de educación superior.
Todo ello bajo dos expresiones de la política estatal: en un primer período, la represión contrainsurgente durante la guerra civil, fundada en razones de seguridad nacional para intervenir la Universidad de El Salvador como respuesta –sin duda desproporcionada– al rol de esta institución en las luchas sociales de la época. Este fue el momento propicio para el surgimiento explosivo de universidades privadas. En un segundo período la educación superior, tanto pública (la UES) como privada, se desarrolla en el contexto de las políticas neoliberales que predominaron en la posguerra y que cambiaron la configuración del Estado salvadoreño y sus relaciones institucionales, particularmente con las instituciones de educación superior.
Dentro de esta apresurada apuesta neoliberal, se pueden observar dos tipos de políticas públicas. Una, las modalidades de regulación y supervisión de las instituciones de educación superior, desde la cúpula burocrática estatal y, otra, la propuesta de impulsar instituciones de educación superior o terciarias, de carácter técnico. Ciertamente, este es un fenómeno de menor magnitud en sus alcances concretos, pero relevante para comprender y valorar la eficacia de las políticas gubernamentales vigentes. Junto a esto, hasta ahora únicamente como acto normativo digno de ponerle atención cuidadosa, debe considerarse también la inclusión, en la Ley de Educación Superior, de la posibilidad de crear otras universidades estatales[34].
A los hechos históricos anteriores debe agregarse que, en los últimos años (2018 -2023), particularmente a partir de la nueva denominación del Ministerio de Educación, MINED, como Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología MINEDUCYT[35], por una parte y por otra del lanzamiento de una Propuesta de Política Pública de Educación Superior, se observa una iniciativa –de carácter declarativo hasta ahora– que pretende fortalecer el desarrollo de capacidades nacionales en el campo de la ciencia y la tecnología.
Lo anterior nos conduce a incorporar dichas categorías, en esta reflexión y análisis, particularmente desde la perspectiva de la capacidad de las instituciones de educación para generar conocimiento, lo que obviamente, trasciende la función docente de las universidades o la orientación profesionalizante, conocida como napoleónica en los análisis de la educación superior y nos coloca de cara a los desafíos de la universidad científica o humboltiana. Paradigmas que no necesariamente deben verse como antípodas, sino como complemento obligado. Esta aparente antinomia, solo puede resolverse de cara a las demandas del desarrollo nacional y por consiguiente de cara a un nuevo pacto social de las universidades con el Estado, particularmente de la universidad pública.
En ese contexto se constituye, para la educación superior en El Salvador, una arquitectura institucional diversificada, que incluye –hasta la fecha– la histórica Universidad de El Salvador, las universidades privadas y los Institutos técnicos y especializados. Institucionalidad a la que hay que agregar los órganos creados por ley y adscritos al Ministerio de Educación, es decir la Dirección Nacional de Educación Superior (DNES) y el Consejo de Educación Superior (CES) y sus respectivas normativas[36]. De esta manera se conforma lo que las autoridades gubernamentales, en su momento, bautizaron como un Sistema de Educación Superior (SES).
Merece poner atención a que las leyes salvadoreñas no mencionan ese concepto de Sistema de Educación Superior. Tanto en la Ley de Educación Superior, Art. 76, como en su Reglamento, en el Art. 18, se reconoce la autonomía de la Universidad de El Salvador y que esta se regirá por su propia Ley Orgánica. Por su parte, las universidades privadas, también conforman unidades independientes, tal como lo reconoce el Art. 26 de la Ley de Educación Superior. Desde un punto de vista sistémico propiamente dicho, la institucionalidad de la educación superior salvadoreña, no funciona como tal, en tanto entre estas instancias no existe complementariedad ni un plan que racionalice sus roles, en torno a un propósito común, que no puede ser menos que el desarrollo del país.
Lo anterior se deduce de la normativa, pero, como lo indicamos, sí existe una política pública impulsada por las autoridades gubernamentales, desde los gobiernos de posguerra. Ésta ha estado orientada a formalizar la institucionalización de ese pretendido sistema, aunque no a integrar un sistema propiamente tal. En este discurrir, en agosto del 2018, se presentó una propuesta denominada Política Nacional de Educación Superior (Machuca, 2018). Esta propuesta fue elaborada por los miembros del Pacto Multisectorial para la construcción de dicha política, integrado por: MINED, MINEC, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Universidad Don Bosco (UDB), Universidad Francisco Gavidia (UFG), Universidad Católica de El Salvador (UNICAES), Consejo de Educación Superior (CES), Comisión de Acreditación de Calidad del MINED, Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA), Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES), Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y la comisión legislativa de cultura y educación.
En esta propuesta de política, precisamente en el apartado de “Visión” se estipula que “se aspira a la creación de un Sistema de Educación Superior” (SNES) y se reconoce que el funcionamiento del SNES requiere de un marco jurídico actualizado y que “una institucionalidad rectora[37] es fundamental para dirigir de manera articulada la aplicación de esta propuesta, para ello se plantea la creación del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología, MESCYT” (Pacto Multisectorial para la Construcción de la Política Nacional de Educación Superior, 2018).
Esta propuesta, que requiere un mayor análisis, no incorpora las categorías de ciencia y tecnología por lo que, a falta de un mayor análisis de esa propuesta, al menos podemos señalar esa seria debilidad, que indica y reconoce que las universidades y los dirigentes involucrados en esa política no consideran a sus instituciones universitarias como centros de desarrollo científico y tecnológico.
VI. Repensando las funciones sustantivas de la Universidad
La argumentación que, hasta aquí hemos desarrollado, puede considerarse un punto de partida básico para atender la urgencia de lo que en nuestro criterio debe ser un pilar estratégico para el desarrollo de El Salvador un plan de fortalecimiento y desarrollo de una Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Pero, para una mayor comprensión de esta urgencia debe incorporarse también, una caracterización actualizada de las funciones sustantivas de las universidades.
En los párrafos siguientes, en un primer esfuerzo de significación de estas funciones sustantivas, se pasa a desarrollar una aproximación conceptual de éstas, desde las demandas actuales del desarrollo socioeconómico y las demandas perentorias de desarrollo humano integral, siempre de cara a la realidad nacional y a los avances del conocimiento, la ciencia y la tecnología mundial.
Función sustantiva I, la docencia, prominentemente orientada a formar, profesionalmente, los recursos humanos de alto nivel que el desarrollo requiere para los distintos ámbitos de la reproducción y el progreso de cada sociedad. Después de un largo período histórico en el que el concepto de desarrollo se asoció a la economía, se ha pasado a aceptar que “el desarrollo” incluye tanto los ámbitos de la producción o la economía como la convivencia social, política y cultural de la nación. De allí, que el concepto de formación profesional, de viejo cuño napoleónico, hoy incorpora la formación humanista. Desde esta función, las universidades deben de atender cambios permanentes en la currícula de su oferta académica, pero también, dar una respuesta actualizada a las demandas del desarrollo, entendido –como lo hemos indicado– de manera integral.
Qué desafíos representa esto para la oferta académica universitaria de un país, como El Salvador, que se exige superar un modelo o modo de producción y generación de riqueza que evidencia serias debilidades de productividad y de modernización tecnológica para satisfacer las demandas de desarrollo humano de su población; una sociedad que enfrenta déficit históricos de identidad, cohesión y equidad social; de un Estado cuya institucionalidad y cultura política ha sido debilitada por años de conflictos de poder y corrupción; de un país cuyo sistema educativo acumula años de retraso en cobertura, en calidad y en pertinencia; un nación cuyo sistema de salud pública y seguridad social no alcanza a cubrir ni a la mitad de su población.
Dadas estas realidades, la exigencia de renovación de la oferta académica y actualización curricular, para las universidades, viene de viejos y nuevos desafíos: 1) compromiso con la formación de liderazgos, 2) respuesta a actores sociales concretos (Estado, sector productivo, instituciones sociales, culturales y políticas, entre otras) en su demanda de recursos profesionales especializados, técnicos, de administración o gestión y dirección 3) formación de investigadores para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Pero los cambios profundos y actuales de la humanidad son las que exigen un cambio urgente en las universidades. Estos se han identificado con el nombre de IV revolución industrial, esto incluye la incorporación a la convivencia social, tanto en la economía como en las distintas facetas de la reproducción y desarrollo de la sociedad, la biotecnología, la informática, la robótica, la nanotecnología, la mecatrónica y la inteligencia artificial que, como lo han señalado diversos actores, facilitan, hacen accesibles, economizan y masifican el acceso a bienes, servicios, conocimiento, comunicaciones transporte y manejo de la energía, entre un universo de aplicaciones, que van desde la medicina de precisión a la biónica, a la agricultura de precisión e ingeniería al internet de las cosas.
No solo estos cambios desafían la renovación curricular de la oferta académica de las universidades, también nuevos paradigmas como la descarbonización y consecuentemente la generación de energías limpias: solar. eólica, hidráulica, geotérmica, entre otras. En términos más amplios estos desafíos acompañan el paradigma del desarrollo sostenible, entendido como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Función sustantiva II, la investigación científica, tanto básica –indispensable para el desarrollo del conocimiento– como la aplicada orientada a la innovación y el desarrollo, constituyen un proceso dual, íntimamente interrelacionado. En la investigación científica se da una relación simbiótica entre la investigación básica y la tecnología y ambas avanzan cada vez con más rapidez debido a la influencia que cada una ejerce sobre la otra. Esto es indispensable para descubrir y generar entregas que promueven beneficios para la sociedad y a la misma universidad. Tales como conocimientos y productos: procedimientos, métodos, técnicas y tecnología. Esta dialéctica, fortalece y actualiza los procesos de enseñanza aprendizaje. Desde esta perspectiva, como se concluyó en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO (1998) La investigación científica y tecnológica y la innovación se constituyen motores del desarrollo humano, social y económico y las universidades –aunque no las únicas– son centros idóneos para su desarrollo.
Desde esta perspectiva, ante la responsabilidad del Estado en la construcción de un sistema de ciencia, tecnología e innovación, la función universitaria de investigación debe considerarse como “una actividad académica dirigida fundamentalmente a generar conocimientos o resolver problemas con pertinencia, impacto y consecuencia tecnológica en atención a los intereses del desarrollo socioeconómico del país…” (Miquilena, 1999; Vásquez, 2001)[38]. “De esta manera, pasaría a tener una mayor relevancia y apoyo económico, social y de divulgación, y sus productos tendrían efectos inmediatos y directos en los programas de gobierno para garantizar el bienestar de los habitantes” (IDEM).
Función sustantiva III, la proyección o extensión social, concebida como relación permanente de la universidad con la comunidad con el fin de nutrirse de la propia sociedad y a su vez entregar conocimientos, por medios que no son la formación profesional formal. Así, la extensión constituye un proceso de comunicación con la sociedad, en la que la Universidad se posiciona, dialoga, construye relaciones con la diversidad de actores económicos, sociales y culturales nacionales y territoriales. La diversidad de las modalidades de proyección social depende de las propias capacidades institucionales y de las valoraciones que éstas hacen de su responsabilidad social, pero se vuelven esenciales para la vida académica en tanto posibilitan el diálogo entre universidad y sociedad.
VII. Desafíos para implementar las funciones sustantivas
Los desafíos y dificultades para cumplir con estas funciones sustantivas, han sido identificados en la literatura y se refieren a la financiación institucional, la oportunidad e igualdad de condiciones en el acceso a los estudios y el transcurso de éstos, la capacitación permanente del personal académico, la actualización e innovación de la calidad de la enseñanza, la formación basada en competencias, el fortalecimiento permanente de la investigación y su relación con la docencia y con la entrega de innovaciones y servicios; la pertinencia de los programas, la empleabilidad de sus egresados, el establecimiento de acuerdos de cooperación académica y científica internacional eficaces y la igualdad de acceso a los servicios de esta.
La educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías en todos los niveles de los sistemas de enseñanza.
El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las nuevas tecnologías pueden brindar nuevas oportunidades de reducir esta disparidad.
VIII. Propuesta para una reforma universitaria de la UES
Las razones para una reforma universitaria, particularmente de la universidad pública, la UES, son de peso, urgentes y, porque no, obvias, enumero las más destacables.
De sus ya más de 180 años de existencia y a 60 de su última gran Reforma Universitaria (1962 -1972), los últimos 50 años de la Universidad de El Salvador han estado marcados por el conflicto. La Universidad de El Salvador fue intervenida militarmente en los años 1972, 1980 y 1989. Durante esos procesos, la UES sufrió períodos de lógica perturbación y desorganización, incluso fue varias veces cerrada, su presupuesto se redujo de manera significativa. A esto hay que agregar que, en 1986, la Ciudad Universitaria fue parcialmente destruida por un terremoto.
Con la primera ocupación militar de 1972 se interrumpió definitivamente, la notable Reforma Universitaria de los años 60; la cual no solo cercenó –en el acto– la cúpula de las autoridades universitarias[39] y saqueó sus valores más preciados, bibliotecas, laboratorios, equipos científicos y material docente; a la vez, trajo consigo el deterioro de sus instalaciones, edificios, auditorios, aulas y áreas verdes. Pero no debe considerarse solo el saqueo y el deterioro físico de su infraestructura, sino también, lo más difícil de cuantificar, la pérdida del cuerpo académico altamente calificado y el proceso para su renovación y actualización.
Luego del asesinato del Rector Ing. Felix Ulloa, 1980, la UES sufre una nueva intervención militar, que duró hasta 1984. Como señala Valle Monterrosa, reproduciendo las palabras del Rector Mártir, “período en el cual la Universidad se negó a morir y funcionó, aunque con muchas dificultades, en instalaciones alquiladas o prestadas por diversas instituciones.” (Valle, 1991).
El 12 de noviembre de 1989, dentro del contexto de la ofensiva insurgente lanzada por el FMLN, el día anterior, la UES fue objeto de una última intervención militar que la mantendría cerrada hasta el año siguiente.
Podría suponerse que este calvario de la UES debió haber empezado a cambiar a finales de aquella guerra civil, particularmente a partir del proceso de negociación y firma de los Acuerdos de Paz; por el contrario, a partir de ese momento la universidad pública, encarnada en la UES, ha debido subsistir en un ambiente político particularmente adverso para las instituciones públicas de servicio; es decir, a procesos de desmantelamiento del Estado, privatización de instituciones y control burocrático estatal. Con el agravante de que, en ese lapso de la posguerra civil, aflora una compleja conflictividad interna institucional, que tiene su explicación en aquel largo drama.
De hecho, coincidiendo con el fin de la guerra civil se inició el segundo período rectoral (1991-1995) del Dr. Fabio Castillo Figueroa, quién –como es harto conocido– había liderado la épica Reforma Universitaria de los años 60. Pero este intento de recuperación de la UES, ubicado en el marco de la posguerra va a ser limitado, no solo por ese ambiente externo de políticas neoliberales, sino también por valladares propios de las dinámicas sociopolíticas institucionales heredadas de su subsistencia en condiciones de guerra civil.
Entre esas dinámicas, heredadas del agudo conflicto político militar que prevaleció durante la guerra civil, se identifican procesos de politización e ideologización o sectarismo y gremialismo endogámico cooptado políticamente; así como procesos de burocratización y existencia de élites políticas privilegiadas que manipulan las bases universitarias. Estas condiciones se traducen en escasos logros para recuperar su fortaleza y liderazgo académico. Situación que se mantendrá, durante el transcurso de los 30 años de los gobiernos de posguerra de ARENA y el FMLN.
El propio Dr. Fabio Castillo, cuyo nombre lleva hoy la Ciudad Universitaria, sostiene en el Prefacio de la Segunda Edición del folleto “Balance y perspectivas de la Universidad de El Salvador”, (Castillo Figueroa, 1995): “Esta propuesta de trabajo presentada en 1991, contiene interesantes e importantes planteamientos orientados particularmente a la reestructuración académica y al desarrollo científico de la Universidad, proponiendo además, que esta institución contribuyese a transformar el sistema educacional del país” . Pero en seguida añade: “Algunos de los sectores de la Comunidad Universitaria, en vez de estudiar y discutir el contenido de esta propuesta, concibieron el desarrollo de un Congreso Universitario, que debía haber sido orientado hacia el cumplimiento de un plan de desarrollo científico. No obstante, algunos grupos lo orientaron hacia la obstaculización del trabajo, y muchos lo concibieron como un medio que eventualmente podía serles útil para destituir al Rector…”
Ciertamente, en medio de estas realidades, no es posible dejar de anotarlo, la UES ha encontrado algunos caminos para resarcir esa destrucción sufrida durante la guerra civil (1972 – 1991) y la indolencia gubernamental durante la posguerra (1992 – 2019). Estos esfuerzos se observan en lo concerniente a infraestructura; al desarrollo de programas de excelencia, vinculados a cooperación con centros académicos internacionales; el desarrollo de sedes regionales o Facultades Multidisciplinarias; así como, seguir siendo la institución de Educación Superior con la mayor población universitaria, 30% de la matrícula. Pero eso no ha ido suficiente, para recuperar su vocación de un ente rector de la Educación Superior, ser un alcázar de la ciencia, impulsar programas de innovación y desarrollo, apoyar el sistema educativo nacional y contribuir al desarrollo socioeconómico y al fortalecimiento de la institucionalidad política democrática y la identidad nacional como factor de cohesión social.
El diagnóstico está hecho, aunque falta la decisión, la voluntad y la determinación para impulsar un programa de reforma universitaria orientado a los fines anteriormente descritos.
En lo referente al diagnóstico de la UES, los aspectos críticos o debilidades llamadas a superarse por esta casa de altos estudios se encuentran en documentos oficiales, generados en su propio seno, particularmente en los ejercicios institucionales de autoevaluación y acreditación de la UES:
1) Autoevaluación Institucional Sede Central 2010-2012 (UES, 2012)
2) Informe sobre la acreditación institucional otorgada a la Universidad de El Salvador 2019-2021 (UES y HCÉRES, 2021)
En estos documentos se reflejan serias debilidades institucionales y se recogen recomendaciones de mejora o de cambio que surgen de esos ejercicios.
Entre algunos puntos críticos identificados por la Comisión de Evaluadores Externos, con base en el autoestudio presentado por las propias autoridades universitarias en, “Autoevaluación Institucional Sede Central 2010-2012” (UES, 2012) destacan los siguientes:
● Existencia de una cultura institucional deformada por el conflicto sociopolítico, organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones estudiantiles y gremiales) cooptadas por partidos políticos y vacío de liderazgo.
● Falta de apoyo e indiferencia de los gobiernos de posguerra y obstaculización a iniciativas propias impulsadas por las autoridades de la UES.
● Bajo presupuesto estatal para la universidad pública.
● Creciente demanda de ingreso a la universidad nacional. Desfase entre demandas y proceso de recuperación de las condiciones académicas para atenderlas.
● Alta percepción, en la propia comunidad universitaria, sobre un significativo déficit en la gestión y funcionamiento administrativo de la UES.
● Significativo nivel de desconfianza, por parte de la comunidad universitaria, sobre la capacidad de las autoridades para el ejercicio de sus funciones, tanto para la gestión académica estratégica, como administrativa y financiera. Un porcentaje relevante de la comunidad universitaria encuentra debilidades en la capacidad institucional para cumplir con las funciones sustantivas de la universidad, tanto en la docencia como en la proyección social, pero de manera más significativa en la investigación científica.
● Demanda de fortalecimiento de los servicios de apoyo académico, particularmente del Sistema de información documental o bibliotecas.
● Necesidad de actualizar y fortalecer el cuerpo académico en el ámbito docente y científico.
● Alcanzar una mayor coherencia entre objetivos y políticas de proyección social y la practica real.
● Mejorar la capacidad de generar conocimiento, fortaleciendo la investigación científica y las condiciones para desarrollarla.
● Asegurar un presupuesto estatal coherente con el servicio que la universidad pública le presta al país.
Por su parte, en el ejercicio de Acreditación (UES y HCÉRES, 2021) se destacan los siguiente Ejes de renovación académica para una renovación y fortalecimiento de la educación superior pública en El Salvador y de la UES en particular:
● Renovación de la estructura de gobierno y la gestión universitaria, particularmente orientada a una representación equilibrada de los actores reales de la comunidad universitaria y, según su incidencia, en las funciones sustantivas de la universidad. Estos son: los docentes y los estudiantes que deberán ser representados paritariamente y una representación del personal administrativo, en una proporción de 2, 2, 1 respectivamente, por cada unidad académica.
● Desarrollo de una gestión por vicerrectorías, según las funciones sustantivas y servicios esenciales de la universidad: Docencia, Investigación y Posgrado, Proyección social, Vida estudiantil y Planificación y gestión.
● Estudio y Planificación estratégica de la educación superior: con base en identificación y planificación de programas y proyectos de desarrollo académico y científico, de cara al desarrollo nacional; con objetivos y metas identificadas que permitan una sana y transparente rendición de cuentas.
● Modernización de la administración financiera, que coadyuve al logro de los programas y proyectos, y fortalezca la transparencia y la fiscalización por la propia comunidad universitaria y la comunidad nacional.
● Fortalecer alianzas que permitan canalizar la producción académica y científica a la comunidad nacional para el desarrollo del país; pero de manera particular para atender las urgentes necesidades de los estratos sociales más necesitados, desde sólidos programas de proyección social.
● Actualizar la oferta de formación profesional de la UES, de grado y posgrado y el fortaleciendo de centros de excelencia para la Investigación científica.
● Desarrollar programas de actualización, apoyo, fortalecimiento y renovación del personal académico; en alianza con universidades de reconocido prestigio y desarrollo científico en el ámbito internacional.
● Establecer sólidas y permanentes alianzas con centros académicos de alto nivel, orientadas a actualizar la generación de conocimiento, fortalecer la docencia, la investigación científica y la innovación, a través del intercambio de estudiantes, de docentes e investigadores; así como la incorporación a redes académicas internacionales, particularmente en aquellas áreas que puedan contribuir al desarrollo del país y al desarrollo humano integral de la población salvadoreña.
● Potenciar la regionalización territorial de la oferta académica: docencia, investigación y proyección social, fortaleciendo los centros regionales y generando una estructura nacional de educación superior pública, desconcentrada, pero altamente cohesionada por su misión e identidad.
● En concordancia con el fortalecimiento de la oferta académica desconcentrada, formular un plan de largo plazo que contemple la ampliación de la matrícula y el nuevo ingreso.
● Avanzar en la digitalización de los servicios y recursos de apoyo a los estudiantes, particularmente de las bibliotecas o unidades de información, los programas de becas de apoyo a los sectores de escasos recursos, así como comedores y espacios deportivos y recreativos, sino también en una propuesta de apoyo a la digitalización.
Hasta aquí, las propuestas ya identificadas en la propia UES, desde sus autoridades centrales, no obstante, esto debe traducirse en planes de desarrollo, respaldando así la decisión y voluntad de una reforma universitaria acorde a los tiempos actuales.
IX. Conclusión y propuesta final
Como contribución al espíritu de estas líneas de acción y de una Reforma Universitaria de cara al Siglo XXI, que responda a las demandas de desarrollo socioeconómico y cultural del país y las transformaciones profesionales, científicas y tecnológicas de éste Siglo me permito proponer, asumiendo la responsabilidad que mi experiencia como gestor de la Educación Superior en la región centroamericana me ha conferido que, con el fin de potenciar una real desconcentración territorial de la Universidad Pública, sería oportuno crear un consorcio descentralizado de Universidades Públicas.
A partir de las propias sedes de la Universidad de El Salvador: la Central y las regionales de Oriente, Occidente y Paracentral, descentralizadas territorialmente y con énfasis programáticos acordes a las demandas de sus poblaciones y la economía regional, dirigido estas por las máximas autoridades de cada sede, en calidad de rectores, las que conformarían un Consejo de Rectores de la Educación Superior Pública de El Salvador (CRESPES); a su vez, deberá de integrarse consejos de vicerrectores, para cada una de las funciones sustantivas de las universidades: Docencia, Investigación y posgrado, Vida estudiantil, Proyección social y Difusión cultural.
En cada una de estas áreas se trabajaría con base en planes de desarrollo y proyección que incluyan metas, resultados, recursos humanos y financieros. Este tipo de coordinación podrá desarrollarse a otros niveles, de manera que su desarrollo permita constituir un verdadero consorcio de universidades públicas en El Salvador, aportar al desarrollo de un Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y generar una sólida rectoría de este, basado en la comunidad académica y proyectada al desarrollo nacional.