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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 15, septiembre – diciembre 2026. Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
Política criminológica, política criminal o política pública en seguridad. Su importancia para América Latina
Criminological policy, criminal policy, or public security policy: Its importance for Latin America
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Este trabajo tiene la licencia
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Recibido: 15/06/2026 Aprobado: 21/08/2026 |
Ricardo Sosa[1]
Criminólogo y experto en victimología
https://orcid.org/0009-0005-1183-5446
Resumen
América Latina es la región más violenta del mundo según el informe de las Naciones Unidas que se encuentra en el informe de la Oficina Contra las Drogas y el Delito-UNODC publicado en Julio del 2019, superando las muertes por conflictos armados durante el año 2017, esta violencia tiene múltiples manifestaciones como feminicidios, homicidios, desapariciones forzadas, muertes violentas de niñas, niños y adolescentes, expresiones de violencia contra la Mujer, pandillas y crimen organizado; la respuesta primaria, privilegiada e imitada por varios países ha sido vía legislación combinada con política represivas denominadas “manodurismo” los resultados muy lapidarios, la tasa más alta de asesinatos del mundo con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes y niveles de hacinamiento en las cárceles. América Latina sufre de altas tasas de violencia en sus indicadores principales por que se ha preferido implementar políticas públicas de seguridad que buscan convencer a sus electores que están combatiendo al o los enemigos que se nos ha vendido, mientras el crimen organizado permea los Estados, fomentando la corrupción y la impunidad. Se sugiere y propone trascender a una política criminológica que supere las expectativas de la política criminal que en muchos países de nuestra América se fundamenta únicamente en los códigos penal y procesal penal, combinado con resolver los factores criminógenos por medio de una inversión social extraordinaria inédita en nuestro continente con enfoque de género y Derechos Humanos.
Palabras claves: política criminológica, política criminal, política pública en seguridad, criminología, ciencias forenses
Abstract
According to a July 2019 report by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Latin America is the most violent region in the world—surpassing even the death tolls from armed conflicts recorded in 2017. This violence manifests in various forms, including femicides, homicides, enforced disappearances, violent deaths of children and adolescents, violence against women, gang activity, and organized crime. The primary response—favored and emulated by several countries—has relied on legislation combined with repressive policies known as mano dura ("iron fist" or "tough-on-crime" approaches). The results have been devastating: the world's highest murder rate (17.2 homicides per 100,000 inhabitants) and severe prison overcrowding. Latin America suffers from high rates of violence because the preference has been for public security policies designed to convince voters that the state is combating the "enemy" (or enemies) portrayed in public discourse, while organized crime infiltrates state institutions, fueling corruption and impunity. It is proposed that the region move toward a criminological policy that transcends the limitations of standard criminal policy—which in many Latin American countries relies solely on penal and criminal procedural codes—and instead addresses criminogenic factors through an extraordinary level of social investment (unprecedented on the continent) grounded in a gender-sensitive and human rights-based approach.
Keywords: criminological policy, criminal policy, public security policy, criminology, forensic sciences
Introducción
El Presente trabajo pretende exponer sobre la realidad de gran parte de América Latina con altos niveles de delincuencia y criminalidad, que lo ubican como el continente con la mayor tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, además es la región con mayor número de feminicidios y asesinatos de niños, niñas y adolescentes, se genera cultivo y tráfico de drogas hacia el continente y el mundo, armas, tráfico de personas y otros delitos que generan altas ganancias lucrativas al crimen organizado, bandas criminales y las pandillas, todo debido a la ausencia, inexistencia de una Política Criminológica que permita ser a los Estados eficientes y eficaces para no tocar intereses de grupos políticos, poder económico, social, económico y grupos de poder fáctico que hacen que la denominada Política Criminal por medio de los códigos penal y procesal penal como de la persecución del delito solo alcance a los gobernados, al pueblo, y se orienta contra grupos criminales como pandillas, bandas o delincuencia común.
El planteamiento de este problema y enfoque tradicional afecta a los ciudadanos ya que el crimen organizado ha maximizado sus altas ganancias lucrativas con fondos provenientes de actividades ilícitas, criminales, que incluyen corrupción e impunidad para incluso favorecerse de negocios y actividades con el Estado, incluso con implicaciones transnacionales. Esto ha hecho que se genere un desencanto y cansancio en la población, ya que el Estado no adopta medidas coherentes con la Constitución, ni fundamentados en estudios e investigaciones criminológicas por lo que es imposible contar con una Política Criminológica que sea efectiva.
Se pretende hacer una aproximación a la necesidad que nuestra América Latina haga un giro por la utilización y empleo de la criminología y ciencias auxiliares para no continuar privilegiando al derecho penal y el castigo sólo para los gobernados, y que la Justicia sea pronta y cumplida sin excepción de personas, menos por su condición social, política, económica, o por pertenecer a un poder fáctico de esa sociedad.
Los países de América Latina deben trabajar para encontrar la ruta por medio de la sociedad civil, la participación ciudadana y un equipo de expertos en criminología, ciencias auxiliares y otras disciplinas la construcción de propuestas de una Política Criminológica que ayude y aporte elementos de valor con indicadores e investigación, multi e interdisciplinario, sin ideología partidaria política para hacer los cambios y reformas en la Política Criminal, y por supuesto en los códigos penal y procesal penal.
Por medio de una Política Criminológica se debe hacer un replanteamiento de los Planes de País, Plan Nacional de Desarrollo para abordar la prevención, disuasión, combate y represión del delito, de la delincuencia, de la denominada violencia social e intolerancia, tratamiento y reinserción de personas que cometieron delito, reformas judiciales y depuración, centros penales, sin dejar a un lado que la mejor de todas las Políticas Criminológicas debería de fundamentar sus acciones por una extraordinaria Política Social con atención en educación, salud, servicios básicos asistenciales, empleo de calidad, salud mental, jóvenes y atención en la primera infancia, en resumen un giro para invertir como nunca en la historia de nuestra América Latina en su gente de manera inédita y extraordinaria permitiendo el desarrollo humano y la reconstrucción del tejido social. Es posible una nueva América Latina con un modelo de prevención criminológica, y es tarea de todos y todas.
El artículo 167 numeral dos de la Constitución de la República de El Salvador establece que el Consejo de Ministros debe elaborar el Plan General del Gobierno, y el reglamento del órgano Ejecutivo contiene o debe contener los apartados de dicho Plan General del Gobierno, en términos generales se prefiere hablar de políticas por separado, como políticas de Seguridad Pública o políticas públicas de seguridad, Plan de Seguridad, Estrategia de Seguridad, en sustitución de una política criminológica; en El Salvador desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 hemos observado en las campañas presidenciales plataformas políticas donde se expone ideas, algunas acciones contra la delincuencia común, se privilegia nombres pomposos que cumplan con requisitos del marketing político, para vender a la población la expectativa que el “cambio” viene.
Luego al ganar las elecciones, ese programa se hace a un lado y dependerá usualmente de la figura del responsable de dirigir la política de seguridad pública, y el gabinete de seguridad, la plataforma que se presentó en campaña era eso, un instrumento para ganar las elecciones, y de paso debe ser un hombre de confianza del presidente electo y usualmente dirigente del Instituto político que ganó dichas elecciones, es deseable que adicional sea un militar en situación de retiro, abogado, y en algunos casos se ha llegado a nombrar porque es un aficionado a las armas o es un buen tirador. Además, se piensa que si baja los índices este funcionario puede ser un virtual candidato a presidente en las próximas elecciones.
Parte de los resultados y cifras lapidarias en El Salvador son 73,539 homicidios (Sosa, 2020) de 1998 al año 2019, sin incluir de 1992 a 1997 que ya se había firmado el Acuerdo de Paz, en El Salvador se han asesinado más ciudadanos post conflicto armado que fueron alrededor de 70,000 personas, y que decir de personas con denuncia desaparecidas; en sede fiscal se registraron sólo en la década anterior más de 32,000 personas desaparecidas, durante el conflicto armado se estimaron en 7,000.
En América Latina posee la tasa más alta de asesinatos del mundo con 17.2 homicidios por cada 100,000 habitantes (UNODC, Estudio, 2019) las desapariciones forzadas, violaciones, hurtos, robos a mano armada, secuestros, masacres, corrupción e impunidad forman parte de la carta de presentación de los estatus de la seguridad pública y los balances anuales.
Las políticas públicas de seguridad su ámbito es más reducido y no contemplan un amplio espectro del fenómeno criminal que incluye delitos cometidos por quienes están en el poder político, social y económico de una nación Se privilegia la persecución de ciertos delitos, existe una relación inversamente proporcional entre el incremento de la delincuencia y la destreza o capacidad de un Estado para contrarrestarla para ello existen políticas, programas, planes, estrategias y acciones que un Estado o un Gobierno debe planificar y preparar. Las políticas públicas de seguridad a la fecha han producido pobre resultados por lo que se puede establecer que han fallado no han logrado reducir los niveles de violencia y de criminalidad a niveles tolerables de inseguridad, pero se nos ofrece que en el próximo periodo presidencial se terminará con el crimen y delitos, sin contar con el diseño de una política pública.
La palabra criminal está más relacionada con la tradición anglosajona, el crimen es más dinámico, el delito está debidamente tipificado en los códigos penal y procesal penal, debe establecer el combate de grupos políticos sociales y económicos dominantes vinculados con el crimen organizado (Chincoya Teutli, 2013) le parece familiar en su país? Lamentablemente ha sido una constante y un eje transversal en muchos países de nuestra América Latina.
En el cometimiento de delitos la política criminológica es capaz de definir e identificar condiciones delictivas que dañan considerablemente a una sociedad, la política criminológica es un modelo de prevención social con acción comunitaria y participación ciudadana, no corresponde a un pequeño grupo élite que está en el poder, o un grupo de dirigentes de un partido político de turno, se debe dar paso al análisis científico social del fenómeno criminal, pero la participación de las Ciencias Forenses en los gobiernos de América Latina es ausente, en algunos países es incipiente, porque incomoda a los grupos de poder, y se ha preferido a propósito continuar en prueba y error.
La política criminal usualmente solo aborda y ataca a los gobernados, es decir al pueblo; la política criminológica por el contrario debe estar basada en evidencia en teorías, leyes, axiomas, principios, reglas, debe contener un análisis de estrategia que genera la sociedad civil (Chincoya Teutli, 2013), debe contener métodos de las ciencias sociales y un conjunto de políticas sociales y penales formuladas en conjunto por el Estado para prevenir las causas individuales y sociales de la delincuencia y violencia. El derecho penal es un recurso más no es el único.
La política criminológica dista mucho de ser una política de imposición de penas, pone el énfasis en referentes sociales e institucionales. La política criminal busca crear un enemigo común fácilmente identificable por la población, en el caso de El Salvador contra las pandillas y bandas criminales, si se abordan delitos relacionados con esta estructura todo estará bien, se apoyan los créditos y financiamiento, y será políticamente aceptable, aunque en lo secreto, en lo oculto se busque negociar, dialogar, conversar, pactar con estas estructuras a cambio de lograr llegar al poder o mantenerse.
Los Órganos legislativo y Ejecutivo deberían adoptar el término criminológico e incluirlo en el Plan General del Gobierno de la República de El Salvador y perseguir todos los delitos por igual, el sistema de Justicia penal es un pilar de la política criminológica, y de igual forma en los países de nuestra América Latina que todavía no lo han hecho. En la actualidad hay una ausencia de los centros penales incluidos dentro de esta política, los grandes objetivos del sistema de Justicia penal son la Seguridad Pública procurar la justicia, administración de la justicia y ejecución de las penas. El concepto de Seguridad Pública fue superado y rebasado por al menos tres conceptos como lo son: seguridad ciudadana, seguridad urbana y seguridad de los habitantes.
El concepto de Seguridad Pública se origina en el siglo XIX cuando existía la familia patriarcal, burguesa, en este escenario aparece lo público, en oposición a los espacios privados característicos de los órdenes feudales asociados con el estado. Seguridad Pública es la obligación del Estado moderno, se da en el exterior, en el mundo, en la calle, ante los ojos de todos, es un problema de seguridad por eso se le denomina Seguridad Pública, es decir si los Estados no son capaces de mantener lo visible en un estado manejable, cómo podrían enfrentar los delitos ocultos. La inseguridad en los espacios públicos altera el orden público son notorios, visibles, estos delitos a los ojos de la colectividad por tanto limitar delitos como las estructuras del Estado o corporaciones transnacionales son cobijados por la impunidad y la corrupción.
La política pública de seguridad es un término amplio, subjetivo, ¿a qué tipo de seguridad nos referimos? a la seguridad de la familia, a la seguridad personal, a la seguridad alimentaria, a la seguridad privada, a la seguridad nacional etc. si se habla de seguridad como una política la interpretación y lectura será por el conocimiento del ciudadano, por eso necesitamos que los gobiernos la hagan pública, se comprometan con indicadores para el período que han sido electos, cómo esperan entregar el país?, la Seguridad Pública permite ser manipulada por los distractores de los verdaderos problemas de una sociedad y caer en el extremo de que en El Salvador todo se le atribuye a las pandillas, no somos un estado “pandillelandia” (Sosa, Mitos sobre la Seguridad Pública en El Salvador , 2019) los grupos hegemónicos de poder utilizan la corrupción, el lavado de dinero, el comercio informal, contrabando de mercadería, acuerdos con el crimen organizado, desvío de recursos, narcotráfico, trata de personas, enriquecimiento ilícito, sicariato, entre otros, es decir los denominados espacios mal gobernados que facilitan sus operaciones y generan conflicto (Sosa, Los espacios mal gobernados, 2018).
La Oficina Contra las Drogas y el Delito en El Salvador-UNODC ha publicado recientemente un informe magistral sobre el desempleo, economía informal crimen organizado dentro de la crisis por la pandemia del Covid-19 y como este entorno adverso va a propiciar una mayor presencia de organizaciones criminales su vinculación con las economías informales y cómo el crimen organizado encontrará una ventana de oportunidad para extenderse y fortalecerse (UNODC E. S., 2020), y sumado a la ausencia de una política criminológica.
La misma le brinda y le permite a los Estados acciones integrales en materia económica, social, educativa, deportiva, laboral, salud pública, debe atender las causas que originaron estos factores de fenómenos delictivos y los factores de riesgo en las comunidades. En América Latina pero en particular en la micro región de Guatemala, El Salvador y Honduras es la más violenta del mundo sin encontrarse en conflicto armado, existe la presencia de las pandillas, han sido un excelente distractor del verdadero problema de nuestra región y que afecta otros países del continente como lo es el “crimen organizado”, las pandillas en primer lugar no son ajenas a nuestras sociedades, son parte de ella, y en cierta medida reflejan la violencia con la que nos desarrollamos día a día; vimos con indiferencia las causas estructurales, la marginación, exclusión social, falta o ausencia de servicios básicos asistenciales, educación, pobreza y pobreza extrema que han estado presentes en nuestras naciones desde el siglo anterior y que en resumen han impedido el desarrollo humano, y han obligado a nuestros ciudadanos a emigrar y buscar cumplir sus sueños y anhelos en otra tierra, pero me resisto a darle crédito a sus miembros que en su mayoría no tienen una educación y formación de primaria, algunos bachilleres, y uno que otro con estudios universitarios sean los verdaderos directores de estas estructuras.
Las pandillas surgen y se proliferan porque se generaron las condiciones para que desarrollaran, ahora iniciando esta tercera década del siglo XXI son también verdaderas estructuras delictivas, criminales y alguna delincuencia organizada transnacional.
La crisis epistemológica de la seguridad
En el debate contemporáneo sobre el control social y la violencia, pocos fenómenos son tan perjudiciales para el desarrollo de América Latina como la miopía conceptual. Tras más de veinticinco años de experiencia analizando, investigando, escribiendo, resulta evidente que el fracaso de múltiples estrategias estatales no radica únicamente en la falta de recursos o en la corrupción, sino en un error de diagnóstico desde el diseño mismo de la política estatal.
Al desarrollar un análisis criminológico integral, la fenomenología del delito en nuestra región exige respuestas multidimensionales. Sin embargo, para construir esa respuesta, el Estado debe primero hablar con precisión. Los conceptos de Política Criminológica, Política Criminal y Política Pública en Seguridad suelen ser utilizados como sinónimos intercambiables en los discursos oficiales, por los periodistas, en los medios de comunicación, ahora en las redes sociales y, de manera más alarmante, en los programas y plataformas de gobierno.
Esta confusión no debe tomarse a la ligera ya que es el germen del fracaso operativo. No se puede prevenir lo que solo se castiga, ni se puede gestionar policialmente lo que tiene raíces estructurales. Este documento tiene como objetivo demarcar las fronteras de estas tres disciplinas de intervención estatal, explicar el origen de su manipulación en las campañas políticas electorales y justificar por qué su correcta diferenciación es una cuestión de supervivencia democrática y paz social para América Latina.
Demarcación conceptual: atendiendo los instrumentos del Estado
Para que un Estado funcione como garante de la paz y el bienestar, debe operar en distintos niveles de temporalidad, antes, durante y después del delito. Cada una de las políticas analizadas obedece a un momento, a un paradigma y a un conjunto de herramientas diametralmente distintas.
La Política Criminológica: la prevención y la etiología del delito
La Política Criminológica es el conjunto de estrategias, acciones y programas del Estado y la sociedad civil orientados a intervenir sobre los factores generadores del delito (la etiología criminal). Su objetivo principal no es castigar, ni siquiera atrapar al delincuente, sino evitar que el delito ocurra atacando sus causas estructurales, sociales, económicas, culturales y psicológicas.
· Naturaleza: Proactiva, preventiva y holística.
· Herramientas: Programas de retención escolar, intervención comunitaria, diseño urbano situacional, políticas de salud mental, tratamiento de adicciones, fortalecimiento del tejido familiar y social, y reinserción social efectiva.
· Temporalidad: Largo plazo. Sus resultados se miden en generaciones, no en ciclos electorales. Esto es lo que no les gusta a los políticos.
La política criminal: el ejercicio del Ius Puniendi
La Política Criminal es la respuesta jurídica y formal del Estado frente a las conductas que ya han sido tipificadas como delitos. Es la forma en que el Estado administra su facultad de castigar (Ius puniendi). Define qué es un delito, cómo se procesa al infractor y cuál es la sanción correspondiente.
· Naturaleza: Reactiva, punitiva y coercitiva.
· Herramientas: El Código Penal, el Código Procesal Penal, el sistema de administración de justicia (jueces y fiscales) y el sistema penitenciario.
· Temporalidad: Mediano plazo. Funciona a través de la amenaza de la pena (prevención general) y la ejecución del castigo (prevención especial).
La política pública en seguridad: la operacionalización del orden
La Política de Seguridad (Pública o Ciudadana) se refiere al conjunto de intervenciones administrativas y operativas dirigidas a mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de los ciudadanos, y garantizar el libre ejercicio de los derechos frente a amenazas inminentes o en curso. Es el brazo táctico del Estado en las calles.
· Naturaleza: Operativa, disuasiva y de contención.
· Herramientas: Despliegue policial, patrullaje preventivo, inteligencia operativa, uso de tecnología (cámaras, centros de monitoreo, mapeo delictivo), y respuesta a emergencias.
· Temporalidad: Corto plazo e inmediatez. Se evalúa en función de tiempos de respuesta, tasas de victimización y percepción de seguridad.
La anatomía de la confusión: el populismo punitivo en las campañas políticas
Si las diferencias académicas y técnicas son tan claras, surge una pregunta ineludible: ¿Por qué se confunden sistemáticamente estos términos en la esfera pública latinoamericana? La respuesta reside en la instrumentalización político-electoral del miedo, fenómeno conocido en criminología como populismo punitivo. En tiempos de campaña, los candidatos enfrentan a una ciudadanía agotada por la violencia, la impunidad y el miedo. El ciudadano exige soluciones inmediatas. En este contexto, la Política Criminológica (la única que realmente soluciona el problema a largo plazo) es "in-vendible" electoralmente. Prometer resultados para dentro de quince años no gana elecciones. Por lo tanto, la clase política fusiona los conceptos para crear una ilusión de control:
1. Venden Política Criminal como Política Criminológica: Se le dice a la población que «aumentar las penas» o «bajar la edad de imputabilidad» prevendrá el delito. Esto es criminológicamente falso. Un delincuente no revisa el Código Penal antes de accionar su arma; el aumento de penas no tiene efecto disuasorio en contextos de marginalidad extrema y crimen organizado.
2. Confunden Seguridad Pública con Política Criminal: Prometen «meter a todos en la cárcel» mediante el despliegue del ejército o la policía, ignorando que las fuerzas de seguridad solo detienen; es el sistema de justicia (Política Criminal) el que procesa y condena. Al saturar el sistema con detenciones sin una política criminal adecuada, se genera hacinamiento carcelario, que a su vez se convierte en un multiplicador del crimen.
En América Latina, la confusión semántica ha dado a luz a políticas de «Mano Dura» que tienen como fundamento el marketing político. Estas políticas son, en esencia, hipertrofias de la Política de Seguridad Pública (patrullajes sin técnica, sin inteligencia, sin un plan) y de la Política Criminal (penas de larga duración, prisiones de máxima seguridad), mientras que la Política Criminológica queda raquítica, con presupuestos ínfimos y en la mayoría de nuestros países no están diseñadas. El político confunde a la población haciéndole creer que dotar a la policía de mejores patrullas (Seguridad) es sinónimo de comprender y desactivar las causas del sicariato y otros delitos graves (Criminología). Cuando la política pública falla debido a este error de diseño, el político culpa a los jueces o a los derechos humanos, perpetuando el ciclo de ignorancia y violencia.
Importancia crítica de la diferenciación para América Latina
América Latina es la región más desigual del planeta y ostenta las tasas de homicidio más altas del mundo fuera de zonas de guerra o conflictos armados declarados. La convergencia de pobreza estructural, economías ilícitas (narcotráfico, minería ilegal, extorsión), debilidad institucional y fácil acceso a armas de fuego, crea un ecosistema donde la confusión de políticas públicas resulta letal. Integrar adecuadamente las diferencias conceptuales, como bien propugna la visión de este ensayo es vital por las siguientes razones:
La optimización del presupuesto estatal
Cuando un Estado latinoamericano no distingue entre estos conceptos, invierte mal. Gasta el 90% de su presupuesto de seguridad en comprar armas, construir mega-cárceles y pagar juicios interminables (Seguridad y Política Criminal). Si reconociera la importancia de la Política Criminológica, entendería que invertir un dólar en prevención temprana (educación, deporte en zonas de riesgo, alumbrado público, salud mental) ahorra hasta siete dólares en los sistemas penal y penitenciario a futuro.
La contención de la delincuencia organizada
La delincuencia organizada transnacional (cárteles, maras, comandos, grupos criminales, bandas) no puede ser derrotado únicamente con Política de Seguridad Pública (enfrentamientos armados en las calles) ni con Política Criminal (leyes RICO o antimafia locales). Estas organizaciones operan como empresas que reclutan en las bases sociales donde el Estado no existe, nunca llego la presencia de los servicios básicos asistenciales o se retiró. Sin una Política Criminológica que compita con la delincuencia organizada por la cooptación de la juventud —ofreciendo movilidad social, identidad y protección—, el Estado siempre estará persiguiendo un objetivo móvil. Podrá arrestar o abatir a cien pandilleros o sicarios hoy (Seguridad Pública), y procesarlos (Política Criminal), pero mañana la estructura habrá reclutado a doscientos más porque las condiciones criminógenas permanecen intactas.
La crisis de la administración de justicia y el sistema penitenciario
La confusión de campañas políticas ha convencido a la sociedad de que «más privados de la libertad equivalen a más seguridad». Esto ha llevado a un uso abusivo de la prisión preventiva. El resultado en América Latina son prisiones con un 200% o 300% de hacinamiento, que han dejado de ser centros de Política Criminal (rehabilitación o castigo controlado) para convertirse en los centros de mando y control operativo (Seguridad Pública) de las propias mafias o estructuras criminales. Entender la diferencia permite aplicar medidas alternativas al encarcelamiento para delitos menores, reservando el sistema penitenciario para quienes realmente representan un riesgo alto es decir pandillas, delincuencia organizada, sicarios, extorsionistas entre otros.
Como hemos desarrollado a lo largo de este ensayo junto la solución para América Latina no radica en abandonar una política a favor de otra, sino en su articulación armónica. Un Estado gobernado y administrado de manera inteligente y moderno diseña un modelo tridimensional:
1. Aplica una Política Criminológica robusta y financiada que reduzca sistemáticamente el mercado de jóvenes vulnerables al reclutamiento criminal, mejore el diseño urbano y ataque los mercados ilícitos desde la demanda.
2. Mantiene una Política de Seguridad Pública profesional, y de proximidad, basada en inteligencia policial y análisis de datos, que contenga el crimen que la prevención no logró evitar, disuadiendo mediante la certeza de que el delincuente será capturado.
3. Ejecuta una Política Criminal racional y garantista pero implacable, donde el castigo sea proporcional, rápido y orientado a la reinserción social para evitar la reincidencia, sin ceder el control del sistema penitenciario de acuerdo con los delitos y si pertenece a una estructura de delincuencia organizada que requiere de un sistema penitencia de máxima seguridad
La confusión entre Política Criminológica, Política Criminal y Política Pública en Seguridad es el humo detrás del cual se esconde el fracaso institucional de América Latina. Las campañas políticas seguirán utilizando atajos cognitivos para conseguir votos rápidos, ofreciendo «plomo y cárcel» como remedios universales.
Sin embargo, desde la academia, el análisis estratégico y la criminología aplicada, nuestra obligación es encender las alertas. Mientras los tomadores de decisiones no comprendan que enviar una patrulla policial no es prevenir el crimen, y que firmar una ley más dura no modifica el comportamiento social estructural, la región seguirá atrapada en un ciclo de violencia reactiva. La verdadera seguridad ciudadana nacerá el día en que la Política Criminológica deje de ser el pariente pobre de las finanzas estatales, para convertirse en el pilar maestro del desarrollo latinoamericano.
Pero el crimen organizado en nuestra América Latina ha permeado las estructuras de los Estados y ha utilizado el recurso más usual, el acceso a la clase política y grupos económicos como poderes fácticos, y hemos tenido temor de exponerlo y decirlo. Y existe evidencia jurídica, casos con condenas, otros con capturas en proceso de imputación, cientos de casos en investigación, y otros que murieron sin ser procesados y otros tan siquiera investigados.
Ha llegado el momento para nuestra América Latina de trascender, de marcar un antes y un después, todos debemos aportar para visibilizar la necesidad de un verdadero cambio dando paso a las ciencias forenses y auxiliares, a la investigación académica y científica, a los indicadores cualitativos y cuantitativos, a Observatorios de Justicia y Seguridad, al desarrollo de las carreras de pre grado en ciencias forenses para privilegiar la investigación científica técnica pericial pero también para la formulación de políticas criminológicas que desde la sociedad se impulsen para que los tomadores de decisión de nuestras naciones las consideren y hagan los cambios trascendentales en la política criminal, que ocurra las modificaciones y reformas que sean necesarias en los códigos penales y procesas penales, y por supuesto esto incluye una adecuada y técnica elaboración de una Política Pública de Seguridad Ciudadana y no basarse en momentos políticos partidarios, en donde exista y sea eficaz una pronta y cumplida justicia con respeto a los Derechos Humanos y fundamentales de los ciudadanos.
Los miembros de la delincuencia organizada, bandas organizadas y las pandillas criminales no temen a las propuestas y modificaciones de incrementos de penas o condenas, sino a una investigación que inicie con la imputación, captura y condena, es decir que funcione el sistema, y los grupos hegemónicos de poder y fácticos se han encargado que esto no funcione por medio de la corrupción y su hermana siamesa la impunidad.
Los gobiernos que avanzarán son aquellos que no pacten con el crimen para llegar o mantenerse en el poder y que trabajen en una verdadera política criminológica integral. La política criminológica como conjunto de medidas, acciones, adoptadas por el Estado para ejercer un control social, debe basarse en la criminología y ser una política integral del Estado dirigida a superar las causas estructurales de la inconducta social, desde el punto de vista educativo, laboral, sanitario, de vivienda, entre otros; y no una política meramente penal, dirigida a las causas coyunturales y destinada a reprimir a la persona humana con todo el poder estatal y social (Dr. Gino Rios, 2013)
Conclusiones
- América Latina en términos generales ha priorizado las políticas públicas, planes o proyectos de marketing político para enfrentar los problemas de inseguridad, crimen y delito; dichos planes han estado fundamentado en decisiones de políticas de combate y represión conocidas popularmente como manodurismo.
- Se prefiere y se da prioridad a planes de seguridad o políticas de seguridad que persigan delitos de delincuencia común, pandillas, extorsiones, robos y hurtos, que son los que en términos generales afecta el patrimonio de los ciudadanos y se enfoca en estas prioridades para cautivarlos y que voten por su proyecto político, no es prioridad el crimen organizado y sus estructuras que involucran al poder político, económico, social y fáctico de dichos países.
- El crimen organizado ha permeado la estructura de Estados de muchos países en nuestra América Latina, lo que representa millonarias pérdidas que afectan el desarrollo humano.
- Se enfoca las soluciones de crimen, violencia e inseguridad en incrementar las penas, no se trabaja en resolver y combatir los problemas estructurales de una Nación. La política criminal se dirige y enfoca a los gobernados excluye a los gobernantes.
- Se prefiere trabajar política criminal y de seguridad pública por personas que en su mayoría carecen de conocimiento de seguridad ciudadana, ciencias penales, ciencias forenses, criminología, Derechos Humanos pero que gozan de respaldo y confianza de los partidos políticos y grupos de poder.
Recomendaciones
- Implementar e incorporar el término de «Política Criminológica» en sustitución de política criminal o política pública de seguridad en los países de América Latina y construir el marco jurídico para su cumplimiento por parte de los Estados, como parte de un verdadero y completo Plan de Nación o Plan General de Gobierno para que incluya e incorpore a los gobernantes y tomadores de decisiones, considerando el crimen organizado para considerar a todo el amplio espectro criminal y delictivo, para que las Naciones puedan enfrentar y combatir de manera eficaz y efectiva.
- Una política criminológica debe basarse y fundamentarse en la criminología, ciencias auxiliares y en evidencia empírica, y convertirse en una política integral y multifocal de un Estado, que permita solucionar las causas estructurales y factores criminógenos de una sociedad, lo que implica que sea elaborada, propuesta, desarrollada e implementada por profesionales expertos de las Ciencias Forenses y Ciencias Penales y a fines, mediante la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional con un equipo técnico de profesionales, expertos y especialistas.
- Los países de Latinoamérica deben trascender del enfoque represivo y privilegiar el derecho penal, que en muchas ocasiones genera reformas reactivas ante crisis, y que resulta en la mayoría de los casos extemporáneo al crimen y delito. La criminología permite conocer las causas estructurales y comportamiento del delito, criminal o delincuente, la víctima, y sobre todo el control social y prevención, es el mejor recurso para en primer lugar prevenir, corregir, controlar, disminuir o erradicar el crimen.
- Desarrollar cambios constitucionales para incrementos sustanciales de los presupuestos anuales y extraordinarios de las Fiscalía General de la República o Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Procuradurías General de la República, y se fortalezca el trabajo técnico científico pericial para la prueba científica con equipo de última generación y la capacitación del talento y capital humano.
Referencias
Chincoya Teutli, H. (2013). Politica Criminal, politica criminológica o políticas publicas en seguridad. Alegato N.83, 99-116.
Dr. Gino Rios, G. (2013). Implicaciones de una politica criminologica ineficiente e ineficaz. Perú.
Sosa, R. (16 de Noviembre de 2018). Los espacios mal gobernados.
Sosa, R. (martes 16 de Julio 2019 de Julio de 2019). Mitos sobre la Seguridad Pública en El Salvador .
Sosa, R. (2020). Balance de Homicidios en El Salvador. Resumen ejecutivo , San Salvador , San Salvador. Recuperado el 1998
UNODC. (2019). Estudio. Organizacion de las Naciones Unidas , Oficina Contras las Drogas y el Delito, Viena.
UNODC, E. S. (2020). Desempleo, economía informal y crimen organizado. UNODC , San Salvador.