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Publicación del Foro de Reflexión sobre la Realidad Salvadoreña – FORES–
No. 13, enero - abril, 2026 - Revista cuatrimestral. San Salvador, El Salvador, Centroamérica
El Salvador tiene nueva institucionalidad
El Salvador has a new institutionality
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Este trabajo tiene la licencia
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Recibido: 09/11/2025 Aprobado: 22/12/2025 |
Oscar Martínez Peñate[1]
Editorial Nuevo Enfoque
Director
https://orcid.org/0000-0002-0032-4895
Resumen
El Salvador desde 1992 hasta mayo de 2019 fue gobernado veinte años por la derecha -ARENA- y diez por la izquierda -FMLN-, y ambos partidos e ideologías tradicionales “gobernaron” el país junto con las maras o pandillas de la Mara Salvatrucha 13 y la del Barrio 18, se dividieron el país, el gobierno formal controlaba el 20 por ciento del territorio y las maras el 80, además, de tener más de cinco millones de ciudadanos en calidad de rehenes, es decir, el crimen organizado tenía control territorial y poblacional en un 90 por ciento, lo que significa que ambas cúpulas de los partidos tradicionales formaban parte de las estructuras criminales. Nayib Bukele cuando accedió a la presidencia el 1 de junio de 2019, le declaró la guerra a las organizaciones terroristas y al crimen organizado, y fue ganada sin derramamiento de sangre, situación que convirtió a El Salvador en unos de los 10 países más seguros del mundo, Bukele, asimismo, realizó reformas y cambios estructurales enfocados en lograr crear las condiciones económicas, políticas y sociales para brindar al ciudadano salvadoreño bienestar en un contexto democrático y respetuoso de los derechos humanos.
Palabras claves: Bukele, Corrupción política, Democracia, Estado, Gobierno.
Abstract
From 1992 to May 2019, El Salvador was governed for twenty years by the right-wing ARENA party and ten years by the left-wing FMLN party. Both parties and traditional ideologies “governed” the country alongside the Mara Salvatrucha 13 and Barrio 18 gangs, dividing the country between them. The formal government controlled 20 percent of the territory and the gangs controlled 80 percent. In addition, more than five million citizens were held hostage, meaning that organized crime controlled 90 percent of the territory and population, which means that both leaderships of the traditional parties were part of the criminal structures. When Nayib Bukele took office on June 1, 2019, he declared war on terrorist organizations and organized crime, and it was won without bloodshed, making El Salvador one of the 10 safest countries in the world. Bukele also carried out reforms and structural changes focused on creating the economic, political, and social conditions to provide Salvadoran citizens with well-being in a democratic context that respects human rights.
Keywords: Bukele, Political corruption, Democracy, state, Government.
ARENA-FMLN cogobernaron con las maras
El Salvador sufrió una metamorfosis de manera vertiginosa, se transformó en el año 2019, del país que se caracterizó históricamente por ser gobernado por presidentes y gabinetes del poder Ejecutivo corruptos, o sea, la criminalidad fue un eje transversal que atravesó la institucionalidad estatal. El país de 1989 a 2019 fue gobernado por dos poderes, el formal elegido a través de las elecciones y el informal constituido por el crimen organizado, en particular por las pandillas, mejor conocidas como maras.
El Salvador fue gobernado por el poder formal constituido por los partidos ARENA (1989-2009) y el FMLN (2009-2019), y era cogobernado por las pandillas Mara Salvatrucha -MS13- y la Barrio18. No obstante, para los defensores del crimen organizado y narcotráfico, en los gobiernos de los partidos tradicionales y cogobiernos de pandillas existía democracia, y al actual gobierno de Nayib Bukele lo consideran un “retroceso democrático”(Perelló & Navia, 2024, p. 6), porque “antes de Bukele, El Salvador era una democracia”(Diaz-Cayeros & Magaloni, 2025, p. 3). Incluso, afirman, que ARENA y el FMLN “fortalecieron, gradualmente la democracia”(Ibid 2024, p. 7), y que con el ascenso de Bukele se dio un “deterioro del régimen democrático que se había consolidado desde 1992”(Sermeño, 2023, p. 64).
Para los detractores del sistema político democrático y del nuevo modelo económico de El Salvador, el actual gobierno no tiene validez ni legitimidad, sino se liberan a los pandilleros encarcelados en CECOT y en sistema penitenciario de El Salvador, porque consideran que es una violación a los derechos humanos encarcelar criminales, violadores, extorsionistas, secuestradores, etc. “El Salvador bajo Nayib Bukele que redujo criminalidad y reguló centros penitenciarios, proponiéndose como referencia -pese a controversias-para combatir corrupción y mejorar derechos de reclusos y ciudadanos” (Hernández Araúz, 2025, p. 358).
Los opositores políticos consideran inaudito que se haya destituido a los jueces y magistrados deshonestos, porque eran los garantes de la inmunidad y privilegios de los corruptos y criminales, de igual forma, están en contra de las modificaciones a los códigos penal y procesal penal, porque cierra los portillos jurídicos para impedir dejar en libertad a los delincuentes, y por tal razón consideran, que lo que existe en El Salvador es “un desmantelamiento de las instituciones democráticas”(González, 2025, p. 1). Además, en la lógica de los agentes políticos de oposición, todo delincuente, que “defienda” los derechos de los pandilleros, se purifica en automático y se borra con esa envestidura o rol todos los actos delincuenciales cometidos, por lo tanto, si se les aplica la ley, es una persecución política, y lo consideran como un “daño que Bukele le ha hecho a la institucionalidad democrática de su país”(Merino, 2024, p. 107), y según los opositores constituye un “proceso de des-democratización” y un “agravamiento de la crisis de derechos humanos”(Puig & Suárez, 2024, pp. 142, 146).
El objetivo de los enemigos del Modelo Bukele es desprestigiar y satanizar al presidente Bukele e invisibilizar y menospreciar todas las políticas públicas y gobernanzas emanadas del gobierno dirigidas a beneficiar a la población salvadoreña, con el propósito perverso de crear desconfianza y rechazo en la ciudadanía de Estados gobernados por corruptos y que cogobiernan con el crimen organizado y poderes fácticos.
Es decir, que ciudadanos de otros países se confundan al hacerles creer que en sus naciones de origen se vive la democracia y se respetan los derechos humanos, cuando es exactamente lo contrario; los escritores y periodistas mercenarios son asalariados con el propósito de que rechacen desde las salas de redacción de medios de comunicación y de oficinas de ciertas instituciones lo que en El Salvador se está construyendo, porque obviamente no les conviene y es un verdadero peligro (Roque, 2021, p. 251) para sus intereses.
Los periodistas y escritores mercenarios del crimen organizado llegan al absurdo kafkiano de describir a la democracia como dictadura y a esta última como democracia, en otras palabras, son apologistas de la distopía, en sus artículos, libros, comunicados, entrevistas, etc., tratan de convencer a los espectadores o lectores que ahora lo malo es bueno y hay que defenderlo, por ejemplo, declararle la guerra a la delincuencia es antidemocrático y podría acarrear graves problemas internacionales, como condenas de organizaciones no gubernamentales e instituciones “defensoras” de los derechos humanos y de la democracia. El planteamiento de George Orwell en su obra La Granja, cobra vida con estos mercenarios al tratar de hacer creer a las poblaciones que son rebaños de ovejas y que se sientan contentas de vivir en el matadero.
Con el fin de desprestigiar la democracia salvadoreña la comparan con la dictadura de Nicaragua (CONARE, 2025, p. 29), es del conocimiento general que Daniel Ortega tiene encarcelado a los dirigentes de la oposición política, incluso, les ha quitado la nacionalidad nicaragüense y los ha torturado, y en las últimas elecciones encarceló a todos los candidatos de oposición a su dictadura, y se impuso como tirano a través de la represión y el fraude, hecho reconocido y condenado regional e internacionalmente.
En El Salvador las elecciones son libres, no existe un político ni periodista de la oposición preso, torturado ni perseguido, los salvadoreños eligieron soberanamente al presidente y a los diputados. El poder Ejecutivo y el Legislativo tienen un alta representatividad ciudadana de más del 80 por ciento del cuerpo electoral, y esta decisión fue a través del sufragio, a esta realidad los opositores le denominan peyorativamente, entre tantos calificativos “hiperpresidencialismo” (Rodríguez, 2024, p. 178).
A pesar, de toda la diatriba, calificaciones y descalificaciones en los medios de comunicación y revistas contra el Modelo Bukele, campaña mediática que tiene un costo de millones de dólares, los opositores no han logrado sus objetivos en la población salvadoreña, al contrario, el apoyo al presidente Bukele se mantiene y se fortalece, nueve de cada 10 salvadoreños confía y respalda al presidente Bukele y al gobierno, estos datos son según la última encuesta desarrollada por CID-Gallup en septiembre de 2025. Los opositores se consideran el universo, poseedores de la verdad absoluta y la razón universal, no obstante, son una insignificante minoría, que no representan a la ciudadanía, sino únicamente a los que los financian. Ante su desesperación e incomprensión se preguntan “¿Cómo interpretar esta aparente contradicción?”(IUDOP, 2025, p. 3).
Nayib Bukele sacó al país del Estado fallido
La población salvadoreña expulsó de la Asamblea Legislativa a través del sufragio en el año 2021 y en el 2024, a los diputados representantes del crimen organizado, maras o pandillas y del narcotráfico, el partido Nuevas Ideas tiene el 90 por ciento de los curules en la Asamblea, y el residuo o remanentes del pasado sangriento del país son una diminuta minoría, la población se refiere a ellos como diputados elegidos con el “voto de sangre”, es decir, hacen alusión por los que tienen relación directa o indirecta con la criminalidad, estos diputados siempre se oponen y votan en contra de la prolongación del régimen de excepción, lo cual es una manera más que subliminal de defensa a los pandilleros y a los demás delincuentes, pero lo irónico es que lo hacen, según ellos, en favor de la democracia y los derechos humanos.
En la actual Asamblea Legislativa la población honesta y trabajadora, ahora sí está representada, lo mismo podemos afirmar del Poder Ejecutivo, y por extensión del Judicial, en el país, por fin, la población tiene el control de los tres poderes del Estado. Los opositores, ante esta realidad, lejos de reconocerla, la denostan, y se refieren al cuerpo electoral como oficialismo, y con este término, según ellos deslegitiman y no reconocen la voluntad de los ciudadanos salvadoreños; por el hecho, de que los poderes del Estado ya no defienden, protegen ni blindan a los delincuentes y corruptos, entonces, para los opositores políticos no es democracia.
La decisión de la población salvadoreña de no regresar al pasado, se registra frecuentemente en la encuestas de opinión pública, la ciudadanía concibe a Nayib Bukele como el garante incontestable del actual desarrollo social, crecimiento económico, en un contexto de democracia y de respeto a los derechos humanos, por tal razón existía el clamor de los ciudadanos que Bukele se presentara como candidato presidencial de nuevo en la próxima elección para reelegirlo, y de esa manera profundizar las reformas y cambios estructurales en la base económica y en la superestructura de la sociedad salvadoreña.
No obstante, el principal obstáculo era la Constitución de El Salvador, se había convertido en una camisa de fuerza que impedía el deseo y voluntad de la inmensa mayoría de la población. Ante la petición de la ciudadanía, los diputados de Nuevas Ideas se vieron en la obligación de acatar la decisión de sus votantes, y el 31 de julio 2025, se eliminó ese candado constitucional, con 57 votos a favor de los 60 diputados que conforman la Asamblea Legislativa de El Salvador, es decir, contó con la aprobación del 95 por ciento de los diputados, con el objetivo de que cada uno de los salvadoreños pueda reelegir libremente y de forma indefinida a Nayib Bukele, hasta que la población así lo desee.
Sin embargo, los “escribidores” del antiguo régimen, agentes y opositores políticos, consideran que no es democracia, si no un hecho “antidemocrático”(Santos, 2025, p. 1), no obstante, más del 80 por ciento de los países del mundo se permite la reelección presidencial, y no se cuestiona el carácter del sistema político prevaleciente en esos Estado. Con esta decisión se acata el clamor del pueblo y se profundiza la democracia en el contexto de la refundación del Estado, al otorgarle el derecho a cada uno de los ciudadanos votantes el derecho de elegir libremente el futuro de El Salvador.
Las organizaciones defensoras del garantismo jurídico que protegía a los criminales se manifestaron en contra, por ejemplo Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Meléndez, 2025, p. 3), este cambio constitucional lo tergiversan y hacen creer que Bukele se quedará de forma indefinida en poder político sin la necesidad de las elecciones (Diaz-Cayeros & Magaloni, 2025, p. 1).
Contrario sensu a lo expresado y descrito por los opositores políticos, con la llegada de Nayib Bukele como presidente de El Salvador, sacó al país de un Estado fallido en que se encontraba, y dio paso al fortalecimiento institucional y cualificar la competencia del funcionariado, lo puso en función única y exclusivamente en interés del ciudadano, al proporcionarle una atención y servicio de calidad, ético y con calidez, gracias a las capacitaciones del talento humano y a la modernización con tecnología de punta de los ministerios y entidades gubernamentales autónomas, lo que permite una simplificación de los trámites haciéndolos más expeditos al reducir los tiempos de respuesta en más del 50 por ciento(Rivera, 2025, p. 26), para dar un mejor servicio al cliente, en un contexto de transparencia, eficiencia y eficacia.
Como parte de la estrategia de modernizar los diferentes servicios del Gobierno, la plataforma SimpleSV se posiciona como una herramienta clave para facilitar el acceso a trámites esenciales de forma ágil, segura y sin filas. El presidente Nayib Bukele propuso desde el inicio facilitar a la población salvadoreña una sola plataforma para hacer todos los trámites. Además, la plataforma cuenta con más de 30 instituciones integradas y más de 90 trámites digitalizados, permitiendo una gestión más eficiente para miles de usuarios dentro y fuera del país (Redacción, 2025, p. 45).
Dentro del concepto de refundación del Estado, también se contempla la creación de instituciones que respondan a las nuevas demandas y desafíos, que constituyen parte de la visión holística de la modernización del Estado, en donde, no se limita a satisfacer necesidades y resolver problemas de la ciudadanía, sino a brindarlos con altos estándares internacionales, que sean no solo igual a lo privado, sino mejor, y literalmente así se ha realizado. El hecho de modernización y creación de nueva institucionalidad aleja a El Salvador, de un Estado clientelista con visión de corto plazo, y lo sitúa como un Estado posmodernista dirigido por millennials y centennials con visión de futuro y con la utopía de construir día a día un país en vías de desarrollo social y crecimiento económico.
La nueva institucionalidad de El Salvador
Algunos escritores tienden a realizar absolutizaciones, o mejor dicho, simplismos, al tomar a Nayib Bukele como sinónimo de población salvadoreña, obviamente, se debe al alto índice de votación de un 85 por ciento del total del cuerpo electoral, por ejemplo, cuando afirman que Nayib “controla la principales instituciones del Estado”(Marroquín & Rivera, 2025, p. 124), al traducir esta afirmación, significa, que es la ciudadanía, a través de su presidente que observa el buen cumplimiento de la institucionalidad del Estado en beneficio exclusivo e integral del ciudadano salvadoreño, las instituciones gubernamentales han creado las condiciones para favorecer una relación inter activa entre usuario e institución, en donde, el ciudadano observa y percibe en la cotidianidad el servicio público ofrecido con celeridad, profesional, transparente y amigable, en conclusión, lo que prevalece en El Salvador es un sistema político democrático y moderno.
El gobierno de Nayib Bukele con el propósito de hacer más eficiente y eficaz la institucionalidad estatal, y con el objetivo fundamental de profundizar la democracia en el contexto de la refundación del Estado ha creado nuevas instituciones públicas al servicio y beneficio del ciudadano salvadoreño.
Nuevas Instituciones de Estado en gobierno Bukele
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Nombre |
Función principal |
Fecha de creación |
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Secretaría de Innovación de la presidencia |
Es la encargada de impulsar la Agenda Digital Nacional, que es el conjunto de acciones que busca integrar a todos los actores que participaron en el desarrollo del país por medio de la innovación y la aplicación de la información y comunicación -TIC-
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02-06-2019 |
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Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas |
Es la entidad rectora del sector energético en El Salvadore. Tiene como finalidad establecer directrices y políticas orientadas al acceso universal a servicios energéticos limpios y asequibles para toda la población |
26-10-2021 |
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Dirección Nacional de Obras Municipales -DOM- |
Se encarga de impulsar el desarrollo económico y social de los municipios |
2021 |
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Oficina Nacional del Bitcóin |
Diseñar, diagnosticar, planificar, programar, coordinar, dar seguimiento, medir, analizar y evaluar planes, programas y proyectos relacionados con bitcóin para el desarrollo económico de El Salvador. La Ley Bitcóin fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 8 de junio de 2021
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17-11-2022 |
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Comisión Nacional de Activos Digitales |
Es la encargada dey de Emisión de Activos Digitales, reglamentos y demás reglas de ofertas públicas de activos digitales, así como de la promoción, de la innovación y la competitividad Tiene autonomía económica, financiera y administrativa.
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11-01-2023 |
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Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador – APLAN-
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Entidad encargada de proteger, preservar y regular el área delimitada del Centro Histórico de San Salvador. |
30-03-2023 |
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Dirección Nacional de Integración |
Encargada del diseño, la implementación y ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la disminución de los niveles de pobreza y mejora de las condiciones sociales, humanas y económicas, y diseñar programas de formación y capacitación vocacional. |
14-11-2023 |
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Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear |
Formular, dirigir y ejecutar planes y políticas para la introducción de la energía nuclear como una fuente de generación de energía eléctrica y de calor. También promover la preparación del personal que trabajará en el tema. |
02-07-2024 |
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Agencia Nacional de Inteligencia Artificial |
Impulsar el desarrollo, la investigación y aplicación de la inteligencia artificial o tecnologías similares para incorporarlas al sistema educativo e incentivar al sector privado a invertir en programas de capitación sobre este campo de la ciencia. |
26-02-2025 |
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Dirección de Mercados y Locales Comerciales Ubicados en Espacios Públicos |
Fortalecer la estructura física y administrativa de los mercados, así como el funcionamiento administrativo y financiero.
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05-06-2025 |
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Instituto Especializado Hospital El Salvador |
Es un espacio para el desarrollo de competencias y fortalecimiento de la atención primar, especialidades y formación continua del equipo multidisciplinario de salud. |
13-06-2025 |
Fuente: Elaboración propia
Algunos medios de comunicación extranjeros tienen dificultad para interpretar el abrumador respaldo de casi el 100 por ciento de la ciudadanía al gobierno de Nayib Bukele, ese apoyo de los salvadoreños es el resultado de la máxima expresión de la democracia, pero, como en los países de origen de los periodistas extranjeros, una situación parecida a la salvadoreña, es considerada imposible y que jamás sucedería, entonces, automáticamente por antonomasia califican la decisión libre y soberana del pueblo salvadoreña como dictadura (Puig & Suárez, 2024, p. 143).
No obstante, de ser así, sería por primera vez en la historia universal, que no es de arriba para abajo, sino lo contrario; y como, ni en sus países ocurriría y no está contenido en ningún libro o manual de sociología, historia, política o antropología; de forma simplista, llegan ligeramente a la conclusión que es un Estado no democrático. Para los detractores de la democracia salvadoreña y de los escritores mercenarios, ante su incomprensión teórica y práctica, recurren a la descalificación o negación, llegando al extremo de calificar el modelo Bukele como “terror de Estado”(Diaz-Cayeros & Magaloni, 2025, p. 2), y si en El Salvador existe terrorismo de Estado, entonces, como explicar el apoyo y respaldo casi de toda la población al gobierno salvadoreño.
Los enemigos de El Salvador, en su interés, de restaurar la “democracia”, en donde prevalecía la corrupción, y los gobiernos de ARENA y del FMLN eran parte de las estructuras criminales y cogobernaban con los pandilleros y el narcotráfico, en esa “democracia” que ellos añoran tienen nostalgia del garantismo jurídico que prevalecía y que protegía a los victimarios, sobre las víctimas. En esta lógica perversa, es una injusticia que se hayan metido en prisión a los terroristas y demás delincuentes, además, consideran justo que los políticos de oposición y periodistas mercenarios, que violen la ley, deben tener impunidad como la que detentaban en los gobiernos de los partidos tradicionales (CIDH, 2025, p. 1), y aplicarles la ley es un acto de “persecución”(Dammert, 2023, p. 3,12).
Incluso, a pesar, de toda la evidencia aportada por organismos nacionales, regionales e internacionales especialistas en seguridad ciudadana, que sitúan a El Salvador, como el país más seguro de hemisferio occidental, los opositores políticos afirman que “no el país no es seguro (Dammert, 2024, p. 12), cuando la ignorancia o mala intención se manifiesta de un pretendido autor o escritor deja al descubierto la falta de ética y honestidad académica.
El Salvador es democrático y respetuoso de la libertad de prensa
El presidente Nayib Bukele en el 79º período de Sesiones de la Asamblea General de la ONU, en el 2024, afirmó categóricamente ante el mundo. “En El Salvador, no encarcelamos a nuestra oposición. No censuramos opiniones. No confiscamos los bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador, su libertad de expresión siempre estará protegida”.
Es irónico para los ciudadanos salvadoreños escuchar, leer y ver a los enemigos de El Salvador hacer afirmaciones, que nada tienen que ver con la realidad cotidiana de la población nacional, es como si hablaran de otro país diferente al que habitan, pero, es más irónico, porque estos detractores del gobierno y enemigos gratuitos del presidente Bukele, ni siquiera residen en El Salvador, es más, algunos ni conocen el país (Santos, 2025, p. 1).
El presidente Bukele en actos oficiales y en conferencias de prensa, cuando los periodistas de medios de comunicación financiados por George Soros plantean preguntas tendenciosas, y el presidente al no caer en el juego mal intencionado de estos reporteros, y demás, el mandatario revela el origen del medio de “información” y quienes los financia, estos periodistas pre pago, se dan por ofendidos y se hacen las víctimas, y lo toman como un ataque a la prensa, realmente estos periodistas, además, de mercenarios son activistas y agentes políticos de oposición (Sabasta, 2024, p. 3).
En El Salvador existe libertad de expresión, no hay ningún preso político ni persecución a la prensa, mucho menos se ha dado el cierre o censura de algún medio de comunicación mercenario ni panfleto de los opositores políticos a la democracia salvadoreña. El hecho de que los ratings de los programas de los opositores sean bajísimos y la escaza o nula publicidad se debe a que los ciudadanos saben, que estos medios en cuestión, lo que realizan son difamaciones, noticias falsas y campañas de desprestigio contra el presidente Nayib Bukele, al final, terminan cerrando, porque no les es rentable la violación al código deontológico del periodismo, por ser antiéticos y deshonestos, no obstante, terminan echándole la culpa al gobierno salvadoreño. Estos periodistas, que están en contra de la democracia salvadoreña forman parte del tres por ciento, que constituye la oposición al gobierno del presidente Bukele (Landeros, 2021, p. 86).
Los medios de comunicación aliados con las maras o pandillas, en determinado momento se convirtieron en sus voceros oficiales, y los periodistas eran el vaso comunicante entre los pandilleros encarcelados y los que estaban libres, incluso, por medio de estos periodistas se enviaban a menazas a muerte a los fiscales, jueces y magistrados, para que los dejaran en libertad. Pero cuando el gobierno salvadoreño le hizo reformas al Código Procesal Penal, para prohibir que estos medios realizaran apología de las pandillas y de los crímenes que cometían, le llamaron ley mordaza, lo consideraron violación a la libertad de expresión y a la prensa (Barceló Resa, 2024, p. 29).
Esta situación ha dado como resultado que el periodismo de oposición política haya perdido credibilidad y esté desacreditado. Incluso, algunos opositores políticos con el propósito de desprestigiar al gobierno democrático de El Salvador lo comparan con la dictadura de Nicaragua y afirman que en ambos países, “la libertad de expresión ha sido prácticamente borrada”(CONARE, 2025, p. 30), en El Salvador existe plena libertad de expresión, pensamiento, circulación, ningún medio ha sido cerrado, clausurado o vetado por ser de oposición política, aunque afirmen lo contrario (IUDOP, 2025, p. 5).
La población salvadoreña al darse cuenta de las campañas de desinformación y propaganda negra de los medios de comunicación opositores al gobierno salvadoreño, los ciudadanos reaccionan en las diferentes redes sociales, a través de comentarios donde expresan reclamos, rechazo e indignación, contra las falsedades y difamaciones de esos medios de desinformación; tengamos en cuenta, que según las últimas encuestas de opinión pública nueve de cada diez salvadoreños apoyan y respaldan el presidente Nayib Bukele, lo que significan que son cientos de miles de personas que defienden al presidente salvadoreño en las redes sociales, ante esta reacción popular, los medios de comunicación adversos al gobierno se hacen las víctimas, y afirman que las reacciones de los ciudadanos salvadoreños son troles pagados por el presidente Bukele, y las califican como, “agresiones digitales”(Marroquín & Rivera, 2025, p. 128).
Los medios de comunicación opositores políticos al gobierno, llegan al extremo de tergiversar y censurar hasta las entrevistas que le realizan a personalidades culturales, políticas, culturales, etc., cuando se refieren a la democracia y el respeto a los derechos humanos que prevale en El Salvador, por ejemplo, cuando el medio opositor de la Prensa Gráfica entrevistó al actor de los Estados Unidos de origen salvadoreño Gerardo Celasco, quien denunció en sus redes sociales que, “La Prensa Gráfica censuró y manipuló su entrevista por haber hablado bien del presidente de la república, Nayib Bukele”(Redacción, 2925, p. 12).
Los periodistas agentes políticos de la oposición están en contra de lo que beneficia al pueblo, para ellos en términos absolutos todo está mal, las descripciones narrativas que redactan en sus medios impresos y digitales sitúan al país de forma apocalíptica y aterradora, tratando de imponer la opinión pública que El Salvador está a punto de colapsar en lo económico, financiero y comercial, estos periodistas se erigen en oráculos del desastre nacional, cuando los indicadores dicen exactamente lo contrario.
En esta lógica de oposición a todo, estos periodistas critican que el presidente Bukele se comunique con los ciudadanos salvadoreños a través de las redes sociales, cadenas nacionales, transmisiones en vivo, de igual manera, que Bukele se reúna con dirigentes mundiales, con youtubers nacionales e internacionales, artistas y empresarios, llegando al absurdo de criticar que los funcionarios del gobierno sean entrevistados y participen en entrevistas (Ávalos, 2025, p. 137, 138).
En El Salvador se garantiza la libre expresión
El sistema político salvadoreño garantiza la libertad de prensa y los derechos humanos, aunque los detractores tienen otra lectura de la realidad nacional, los opositores políticos lamentan, protestan y denuncian que se les aplique el régimen de excepción a los terroristas, narcotráfico y crimen organizado consideran que con esta acción que le puso punto final a la impunidad, y además, se protege al ciudadano honrado y trabajador se produce una “reducción de las libertades constitucionales o violación a los derechos humanos” (Maydeu, 2023, p. 1).
El Salvador, ahora es uno de los países más seguros del mundo, después de haber sido la capital mundial del crimen, y por este hecho histórico los opositores políticos, descalifican y desacreditan al gobierno salvadoreño por ejercer la violencia estatal contra los terroristas(Castro, 2025, p. 4); el respeto de los derechos humanos es un pilar fundamental en un Estado democrático de derecho, lo que significa, que no deben de primar los derechos de los delincuentes sobre sus víctimas, porque cuando esa situación ocurre estamos en presencia de un Estado con vínculos con el narcotráfico, crimen organizado y con la corrupción de los poderes fácticos nacionales e internacionales, en síntesis, ese Estado es democrático en términos formales y no reales, exactamente como ocurría en El Salvador antes de la llegada al poder político de Nayib Bukele en 2019, hay autores que sostienen que velar por los derechos de las víctimas, no se justifica aunque beneficien y tenga el respaldo popular(Hernández & Hernández, 2025, p. 25).
En los Estados no democráticos de derecho existe un ordenamiento jurídico que tiene lagunas o vacíos jurídicos sutiles, que permite y justifica legalmente a los aplicadores de justicia, como jueces y magistrados dejar en libertad o no aplicar la normativa jurídica a los delincuentes, con el agravante de la existencia de la corrupción en los tres poderes del Estado, significa, que existe el caldo de cultivo perfecto, ausencia de leyes completas y la corrupción, no se justifica, desde ningún punto de vista la presencia de bandas, pandillas, terrorismo y que estos cogobiernen con los partidos políticos corruptos. A estos gobiernos los opositores le llaman democracia y a la democracia dictadura(Alfie, 2024, p. 6), incluso llaman a defender el estatus quo del antiguo régimen, en su afán de que El Salvador regrese al pasado, donde las maras o pandillas controlaban más del 80 por ciento del territorio nacional y tenían un control social sobre el 90 por ciento de la población (DPLF, 2025, p. 1).
El gobierno precedido por Nayib lideró a través la fuerza armada y de la policía nacional civil le declaró la guerra al terrorismo con resultados positivos, porque se logró la victoria al vencer y doblegar el crimen organizado y liberar el territorio nacional y eliminaron el control que los mareros tenían sobre los ciudadanos, de esta manera Bukele dignificó a los ciudadanos al recuperar la soberanía territorial y social del Estado salvadoreño.
Sin embargo, el hecho de que la fuerza armada haya participado en la liberación del territorio nacional tiene fundamento constitucional porque según la Constitución en el Art. 212. “La fuerza armada tiene por misión la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio…”. Además, en el Art. 168.- se especifica en las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República: inciso 4º “Mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio”. No obstante, la legalidad y justicia de la recuperación del territorio, de la soberanía y la liberación de más de cinco millones de habitantes que estaban en calidad de rehenes de los mareros, los opositores políticos califican la participación de la fuerza armada como “remilitarización que erosiona el sistema democrático salvadoreño”(Escánez et al., 2020, p. 224).
La Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” -UCA-, a través del Informe Anual 2024, de su Observatorio Universitario de Derechos Humanos en El Salvador -OUDH-, critica “la seguridad pública, el control y la vigilancia territorial”, por considerar que tiene efectos negativos en la ciudadanía (OUDH, 2024, p. 146), la UCA después de tener como opción preferencial los pobres, ahora son los delincuentes.
Conclusiones
Los partidos ARENA y el FMLN cogobernaron con las maras o pandillas, situación que no fue una simple complicidad, sino que fue más allá, al brindarles financiamiento, armas, prestarles polígonos de tiro, etc., incluso confabularse para cometer fraudes electorales. Los treinta años de esos gobiernos de ambos partidos fue la instalación de terrorismo de Estado y a la corrupción le dieron el rango de política de Estado, y como si este pasado reciente no hubiera sido suficiente, ambos partidos le llaman a sus gobiernos democracia perfecta, claro, para sus dirigentes, pero para el ciudadano salvadoreño fue un verdadero martirio, que se puede cuantificar en los miles de millones que se robaron, los miles de asesinatos, emigraciones, violaciones y extorsiones, etc.
Nayib Bukele al momento de acceder al poder político en el 2019, le declaró la guerra al crimen organizado y a la corrupción, está contienda fue ganada sin derramamiento de sangre, Bukele le puso fin al Estado de terror y a la corrupción institucionalizad en los organismos gubernamentales, instaurado un sistema político democrático y respetuoso de los derechos humanos, al mismo tiempo, creó las condiciones favorables para lograr desarrollo social y crecimiento económico. El éxito del gobierno de Bukele trascendió las fronteras y se ha convertido en un modelo o paradigma.
Bajo el liderazgo del presidente de El Salvador se dio un cambio de 180 grados en las instituciones del Estado, al modernizarlas con tecnología de última generación y capacitación del funcionariado con el propósito de convertir los órganos gubernamentales en más eficientes, eficaces y éticos, para dar al ciudadano un servicio rápido, oportuno y con calidez, es decir, ahora las instituciones estatales ya no está al servicio de los poderes fácticos nacionales e internacionales, sino que única y exclusivamente en interés del ciudadano salvadoreño.
En El Salvador existe un respeto irrestricto a la prensa y a los generadores de contenidos en las distintas plataformas y redes sociales, significa. que hay libertad de expresión y de pensamiento, por lo tanto, no hay persecución ni mucho menos encarcelamiento de ningún periodista nacional o extranjero.
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